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¿DESPUÉS DE LAS MARCHAS QUÉ?
Escribe Francisco León
Hace unos días, se han realizado marchas de distinta índole, pero todas como una muestra de rechazo a la CLASE POLÍTICA PERUANA. No podemos obviar además, y de modo paradójico, la intención de beneficiar a otros grupos políticos que están detrás de las convocatorias.
Retomemos, hablamos de la misma clase política que llevó a que la mayoría del país, aunque no quiera recordarlo, apoyara el cierre del Congreso por parte de Alberto Fujimori, debido el asco que ella le inspiraba. Esa clase política que es, por cierto, culpable de la aparición de un fenómeno social como el Fujimorismo, y de su contrario: el anti-fujimorismo. Esa misma clase política que se recicla, que pasa de un bando a otro.
El tema central, y desde siempre, ha sido el tema del Poder. ¿Quién lo ha ejercido en el Perú? ¿Para qué y en beneficio de quiénes? ¿Hasta cuándo lo va a mantener el mismo grupo, grupos, sociales? ¿Cuáles son las consecuencias a futuro de gobiernos que están al servicio del capital y no de las personas?
Si es que no queremos verlo, enfrentarnos a estas cuestiones, todo intento de “cambio” será una farsa. No estamos descubriendo la pólvora, a dichas preguntas ya se formularon, desde José Carlos Mariátegui a Julio Cotler, por mencionar algunos. Sin embargo, ¿por qué se ha hecho tan poco? ¿Por qué el ciudadano de a pie no quiere comprometerse, iniciar un proceso revolucionario? ¿Tan fuerte ha sido el triunfo de la derecha a nivel de conquista del universo simbólico de las personas? ¿Tan felices son los pobres de “derecha”? Existe una frase atribuida a Albert Einstein que dice: si haces siempre lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Deberían tenerla en cuenta aquellos que siguen apostando por nuestra “democracia” tal y como está, y ha sido, los que invocan a salvaguardar nuestra institucionalidad, como si no supiesen que ella está podrida desde la raíz.
A lo mejor el caso Odebrecht nos fuerza a mirarnos tal y como somos, aún en contra de nuestra voluntad. Nos confronta contra esa fantasía llamada Perú. Porque aceptémoslo: no somos una nación, persiste una asimetría criminal entre los que poseen toda y aquellos que nada tienen, y que sin embargo deben sufrir en silencio, so riesgo de ser llamados “terroristas”, “antisistema”, “antimineros”, “antidesarrollo”.
Que lo digan los niños envenenados con plomo en las regiones mineras del Cusco, los tuberculosos que hacen cola para no ser atendidos en el hospital nacional 2 de Mayo, aquellas familias a las que las compañías mineras les quitan sus tierras y llegan a Lima a padecer en las plazas para que ninguna autoridad las atienda. Que lo digan los jubilados que perciben un sueldo de hambre, los maestros mal pagados, los policías llevados a la corrupción por el sistema. El problema aquí señores es el STATU QUO PERUANO, y si queremos que algo cambie, debemos tratar de cambiarlo. Esta es una oportunidad histórica, si la desaprovechamos, las cosas seguirán igual y peor… A lo mejor es así y debemos aceptarlo: somos una sociedad corrupta, que ha sido degenerada por sus gobernantes, que padece además de un cinismo crónico. Fin de la historia y a comer nuestra rica comida y ver a la selección en el mundial. Pues como dice el tango: al mundo nada la importa, yira, yira…
La pregunta principal sería, valga la cuasi paráfrasis de MVLL, ¿en qué momento se envileció el país? La respuesta es dura. Nunca sucedió. Puesto que jamás hubo un momento un tiempo, un punto exacto, de quiebre, la inflexión que determine un “antes” en el que se estuvo mejor, “bien” por decirlo de alguna manera, en el que fuimos un país de ciudadanos, con igualdad de derechos y deberes ante la ley. No, eso no pasó.
Desde su creación como república “independiente”, un 28 de julio de 1821, el país nació viciado, parcializado, con marcados segmentos de diferencias y desigualdad. Se dejó inconclusas las grandes tareas de reforma; que de modo teórico, al menos, se plantearon los próceres y “libertadores”. Miembros ellos, no debemos olvidarlo, de una clase social criolla, liberal, hija de la Revolución Francesa. Esta clase, buscó la “independencia”, y no solo en el Perú, basada en sus intereses económicos e ideales, propios de su tiempo. Nada más que eso, utopías cuasi librescas, que no se llevaron a la práctica. La “independencia” no volvió ciudadano ni al indio, ni al negro, y luego “trajo” al chino como siervo.
De esta manera, el Estado peruano, y su aparato institucional, fueron creados por un grupo privilegiado, con la finalidad de servirse de este. Sí, tal vez exagero y esa no fue la intención primigenia. No obstante, ello sucedió en lo concreto, en el hecho, el día a día, hasta la actualidad, en que tal situación solo ha empeorado. Así, desde el nacimiento del Perú, el pueblo quedó fuera de los planes estatales.
No vaya a creerse que la situación que vivimos es solo una peculiaridad peruana. Sin embargo, frente a problemas similares la población de otros países reaccionó de distinta manera. A continuación cito un texto aparecido en La Freternité, de 1845, aparecido en el libro Vigilar y Castigar de Michel Fouacult.
Mientras la miseria cubre sus pavimentos de cadáveres, y sus prisiones de ladrones y de asesinos, ¿qué estamos haciendo frente a los estafadores del gran mundo? […] los ejemplos más corruptores, el cinismo más indignante, el bandidaje más desvergonzado […] ¿No temen que el pobre a quien se lleva al banquillo de los criminales por haber arrancado un trozo de pan a través de los barrotes de una panadería llegue a indignarse lo suficiente, algún día, para demoler piedra a piedra la BOLSA, antro salvaje donde se roban impunemente los tesoros del Estado y la fortuna de las familias?[1]
Para el caso del Perú, deberíamos, reemplazar el término BOLSA, que figura en el texto, por la palabra MAQUINARIA ESTATAL, tal y como ha sido concebida, y deberíamos volver a preguntar: ¿cuándo nos indignaremos lo suficiente? Si el caso Odebrecht no nos hace ver, de una vez por todas, cuál es el objetivo de los que ansían llegar a formar parte de la “maquinaria estatal”, solo nos queda suponer que somos una sociedad cínica. Lo que sí podemos afirmar es que somos una sociedad enferma, pues el Fujimorismo no vino del espacio, ni surgió de la nada.
El problema ni siquiera es de personas. No se trata de reemplazar a fulanito por sutanito, o de esperar a nuestro Inkarrí o salvador. El mal es sistémico, estructural. Tenemos, por un lado un “aparato estatal” (Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, SUNAT, Fuerzas Armadas, etc. etc.) diseñado para el beneficio de unos pocos, con normas y leguleyadas que posibilitan el enriquecimiento de los funcionarios, como Odebrecht nos ha mostrado. Este “aparato estatal”, a su vez, no tiene ningún mecanismo, efectivo, que posibilite su control, y vigilancia, por parte del pueblo. Por otro lado, tenemos una supuesta “democracia” que es mantenida, y mantiene, es la razón de ser, de la existencia, de aquel “aparato estatal” cuyo objetivo es el hurto, y cuya excusa es la ejecución de obras en pos de la mejora en la calidad de vida de las personas.
Otro problema es la amnesia inducida que sufrimos como sociedad. ¿No recuerdan al “demócrata” y gobernante de “lujo” PPK saqueando las arcas del Perú desde las épocas de Juan Velasco Alvarado, en beneficio de petroleras estadunidenses? Un hombre que decía, con orgullo, que su primer trabajo había sido como administrador en una hacienda de la sierra, antes de la Reforma Agraria. Esto es, como parte de un sistema de explotación, en el que los indios vivían en condiciones lindantes con la esclavitud y frente al cual jamás dijo esta boca es mía. Sí, ese mismo señor que se sumó a Keiko en la campaña contra Humala.
Al final, lo eligieron Presidente debido a la desesperada situación de “fabricar” un anti-Fujimori. Pero al viejito le quedó grande el papel. Él es solo un lobista sin patria, sin otro amor y función, en la vida, que el dinero. Lo que molesta es la “inocencia” de aquellos que lo erigieron como adalid de esa cosa abstracta que se denomina “democracia” en el Perú. ¿Democracia?
ALGUNAS “CURIOSIDADES” DE NUESTRO “DEMOCRÁTICO” PAÍS
Esbozaré solo algunas “claves”, pues el intento es a futuro, de realizar un arqueología, en el sentido que Michel Foucault da a ese término, para tratar de visualizar el tiempo, o los tiempos, en el cual, lo que se instaura en ese momento son las condiciones de posibilidad (Foucault dixit), de la existencia de una situación de corrupción y desigualdad sistémicas en la que transcurre la historia del Perú y como he mencionado se situaría en el nacimiento mismo de éste y que incluso podría ser rastreado desde muchísimo antes. Mostremos solo hechos más modernos.
El nacimiento del siglo XX encontró al país en una nueva etapa, donde los descendientes de los conquistadores aunados a “socios” extranjeros se dieron a la tarea de modernizar “su” país. Por ello, generaron vías de comunicación e instituciones, que les permitiesen extraer mejor las riquezas de la tierra.
La derrota militar de los caudillos, la emergencia de los civilistas al poder y el desarrollo de las empresas extranjeras propiciaron la instauración de un régimen liberal-oligárquico –la “república aristocrática”– que impulsó el crecimiento y la penetración del aparato estatal en la sociedad en detrimento de los poderes locales, de la inserción capitalista en la agricultura costeña y en la minería serrana, con la consiguiente expansión de las exportaciones y del capitalismo urbano.[2]
Este proceso, “benefició”, como un efecto colateral, a la “otra gran parte”, esto es los que descendían de los despojados del imperio. Pero solo a poblaciones que tenían un cierto aire de urbanidad, y en mucho menor, o nula, medida a las comunidades campesinas, quechuas y aymaras. Éstas, como menciona Matos Mar representaban un 75% mudo e “inmovil” dentro de la estructura estatal, la cual no había sufrido modificaciones desde la colonia.
Tras el desastre producido por la Guerra del Pacífico, las inversiones capitalistas, primero inglesas y luego estadunidenses, impelieron al Estado peruano, un monstruo centralista y parasitario, a buscar la manera de que los capitales foráneos puedan invertir al menor costo generando mayor rentabilidad. ¿Nacía el llamado “mito del progreso”?, que siempre fue eso, un mito. Puesto que como menciona Matos Mar:
Si bien las inversiones extranjeras dinamizaron la economía, por el lado de los sectores marginados tuvo efectos negativos. Por el auge de la lana y otros productos los gamonales ampliaron sus haciendas, arrebatando tierras comunales a los indígenas y arrinconándolos a los peores lugares.
Por el caucho, los indígenas de la selva, que hasta ese momento no habían sido afectados, fueron sometidos a explotación y muerte, de manera semejante a lo soportado por los indios de la sierra al momento de la conquista española. También la propiedad monopólica o de enclave se extendió abusivamente en el agro, la minería y la industria urbana. La mayoría de los valles costeños estaba en manos de un grupo pequeño, base de la oligarquía nacional.[3]
La expansión del latifundio fue en esos años, y desde finales del siglo XIX, un factor preponderante en la migración desde el campo hacia las ciudades. La gran propiedad no solo absorbió a comunidades enteras como mano de obra semi esclava, sino que buscaba:
[…] conseguir tierras para llevar a cabo una lucrativa producción para el mercado mundial. En la sierra ocurrió esto fundamentalmente con los pastos. La expansión latifundista mermó visiblemente la capacidad de los campesinos para lograr el manejo óptimo de ciclos agropecuarios simultáneos, tanto en razón de la ocupación de pisos altitudinales por los latifundios (especialmente los pastizales de la puna), como por los requerimientos de mano de obra para la producción destinada al mercado mundial. Estos procesos venían impidiéndose por mecanismos múltiples.[4]
En la sierra, el crecimiento de la hacienda no encontró resistencias puesto que el campo se hallaba prácticamente sin habitantes, a causa de las plagas y epidemias que asolaron la región.
La aparición de nuevos enclaves, el acelerado movimiento industrial, el apogeo y modernización de los latifundios costeños, el auge sin precedentes de las exportacioens primarias (agricultura, ganadería, pesca), acrecentaron las diferencias regionales en beneficio de la costa y las ciudades, desplazando a la actividad agropecuaria tradicional a un segundo plano en el producto bruto interno. Como no podía ser de otra manera el agro serrano entró en descomposición arrastrando en su crisis a la clase terrateniente y quitándole protagonismo político. Estos empobrecidos propietarios se sumaron al inagotable caudal de campesinos migrantes, pasando a engrosar las nuevas clases urbanas.[5]
Donde sí se operó una transformación provechosa para el pueblo, a raíz de la “modernización”, fue en lo social; como lo demuestra la emergencia de movimientos sociales de masas. Que al representar un peligro para el Estado, y los intereses de las clases dominantes, fueron reprimidos con brutalidad a lo largo del país.
Si bien es cierto, esto sucedía en periodos de gobiernos autoritarios, como el de Leguía, y dictaduras militares, los llamados gobiernos “democráticos” no mejoraron las cosas a favor de los oprimidos. Siempre ha existido un único beneficiario: la oligarquía y los grupos de poder. Si bien esta como clase social ya no existe, eso no quiere decir que haya desaparecido, solo ha mutado, se ha transformado, pero sigue presente en la cabeza de la pirámide del poder.
En los años sesenta, la mayoría de la población peruana vivía en el campo, trabajando en la agricultura y en la pesca. Sin embargo, la urbanización tomaba cada vez más fuerza. Cuando en 1940 el 64.6% de la población vivió en el campo, en 1961 la cifra disminuyó a 52.6%. En 1961 el 51.8% de la población económicamente activa trabajaba en la agricultura.
La situación del campesinado fue penosa. Los campesinos no tenían derechos políticos porque ellos fueron analfabetos, es decir, no hablaran castellano, sino quechua o aymará. Ninguna escuela les enseñaba a leer ni a escribir. Como consecuencia, solo 20% de todos los peruanos con derecho a sufragar pudieron votar. La distribución de la tierra fue otro problema: el 12% de los propietarios tenían el 95% de las tierras. También la distribución de los ingresos fue en general muy desigual. En 1961 unas 61,300 personas se apropiaron del 44% del ingreso nacional. Un millón y medio de obreros en el campo, 44% de la población económicamente activa, recibieron el 13% del ingreso producido en el Perú. Y mientras en la capital del Perú (Lima), por cada 2,000 habitantes había un médico, en el departamento de Cuzco, uno de los centros de las actividades revolucionarias, la cifra fue un médico por cada 40,000 habitantes.[6]
No debemos cegarnos. Al final, creo que Odebrecht le ha abierto los ojos hasta al más testarudo. La “democracia” en el país jamás ha servido al pueblo. Y lo digo aun sabiendo, y lo recalco, que el mayor número de gobiernos que hemos tenido han sido autoritarios, y en segundo lugar dictaduras.
Así, y en esta clave de “ironía” podríamos seguir mencionando “curiosidades” de cada gobierno “democrático”, como la matanza de los ashaninkas, que apoyaban al MIR, en el primer gobierno de Belaunde, la masacre de los penales cometida por Alan García, las masacres militares contra la población civil de la sierra en el segundo gobierno del “Patricio demócrata” Fernando Belaunde, el asesinato de la Cantuta, el Baguazo, los crímenes de dirigentes y manifestantes antimineros, etc. etc. etc.
CONTINUEMOS…
El caso Odebrecht, solo ha sacado a la superficie una situación que no queríamos ver: LA INVIABILIDAD DEL PERÚ COMO PAÍS tal y como ha sido pensado, edificado, desde que San Martín proclamara la “independencia”. ¿Qué debemos hacer? Buscar replantearnos el país, no nos queda otra salida. Debemos dejar de babear conceptos como: “democracia”, “mercado”, “estabilidad”, “institucionalidad”, “responsabilidad”, tal si estos fuesen valores eternos que han beneficiado de modo tangible a la gente. No es que la democracia sea mala, o yo esté a favor de las dictaduras, sino que en el Perú JAMÁS ha existido la Democracia de manera real. A ella debemos aspirar, ¿pero cómo si el aparato estatal no está diseñado para eso?
Entonces, debemos plantear una agenda política nacional urgente, aquí unas sugerencias:
- Buscar el consenso de las fuerzas vivas del país, sobre todo de las menos manchadas, en una especie de Cabildos Multitudinarios, para elegir un representante que, en nombre del pueblo, llame a elecciones transparentes, en las que se IMPIDA la participación del fujimorismo y del aprismo. Pues ellos son los causantes de esta crisis y son la fatualización de la corrupción, además de ser mafias.
- CAMBIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993.
- Exigir la reforma de la ley de partidos políticos.
- Guerra a la corrupción caiga quien caiga, más allá de que sean anti-fujimoristas o de izquierda.
- Muerte civil para todos los políticos corruptos.
- Limpieza total del poder judicial, para sacar a los apristas enquistados allí.
¿Planteamientos ideales? ¿Anhelos? ¿Sueño revolucionario? Son solo sugerencias, al pueblo organizado le corresponde desarrollar sus alternativas. Pero las soluciones deben ser radicales o no lo serán.
Nos queda esclarecer que: es cierto, el objetivo principal de la lucha contra la corrupción en el Perú es acabar con el Fujimorismo, y el aprismo. Son facciones dedicadas, conformadas, para delinquir. La sola existencia de personajes como Keiko Fujimori y Alan García son una muestra de que el crimen no paga, que la impunidad es posible. Son un ejemplo nocivo que se filtra hacia abajo, es decir hacía las capas sociales que no se encuentran en las instancias de toma de decisión y las pervierte.
Aquí reaparece, de nuevo, el tema del poder. ¿Cómo lograr transformaciones desde “afuera”, sin tener, sin ejercer, el poder? Debemos empezar a pensar: ¿cómo lograr los cambios mencionados con un Congreso tomado por los fujimoristas? ¿Con un Poder Judicial tomado por los apristas? ¿Con un Presidente corrupto? ¿Con una policía inmoral? ¿Qué harán las fuerzas armadas, que a excepción del gobierno de Velasco, siempre han servido para reprimir al pueblo?
El planteamiento central es, en apariencia, simple: o una revolución total, entendida en la amplia acepción del término y sin reducirla al ejercicio de la violencia, que modifique el país de modo estructural, o el cinismo… que nos posibilitará algunos años más de “tranquilidad”. Pero esta, no se sostendrá en el tiempo. Por ello, nos queda preguntar ¿después de las marchas qué?
[1] FOUACULT Michel, Vigilar y Castigar, Siglo XXI editores, tercera reimpresión, Argentina, 2010, P.335.
[2] COTLER Julio, Clases, Estado y Nación en el Perú. 5ta reimpresión, febrero de 2016. P. 39.
[3] MATOS MAR José, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, UNESCO, Lima 1990, P.7.
[4] GOLTE Jürgen, Cultura, racionalidad y migración andina, Instituto de Estudios Peruanos, IEP, 1ra. Edición, mayo 2001 PP. 69-70.
[5] MATOS MAR José, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, UNESCO, Lima 1990, P.17.
[6] VRIJER Peter, La lucha guerrillera en el Perú: los vibrantes años sesenta. 21/06/07. Artículo aparecido en: http://www.nodo50.org/mariategui/laluchaguerrilleraenelperu.htm
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Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor
Reunión genera fuertes cuestinamientos contra directora de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
La participación de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú, en una reunión en Condorcanqui – Amazonas junto a Rosemary Pioc Tenazoa, presidente del Consejo de mujeres Awajún y Raúl Shimpukat Tuyas —destituido en el 2025 por presunto hostigamiento sexual a una menor de 12 años cuando era director de una IE, ha generado serios cuestionamientos.
El pasado 8 de julio de 2025, en el distrito de Nieva (Condorcanqui, Amazonas), se llevó a cabo una jornada de trabajo interinstitucional que reunió a diversas entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú y representantes de SAIPE, SERNANP, Waisam (vicepresidente) Matut Impi Ismiño del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), el Ministerio de Cultura, el Plan Binacional Perú- Ecuador y organizaciones de representación indígena, como el Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, liderado por la profesora Rosemary Pioc Tenazoa.
La reunión se llevó a cabo en la Maloca de la asociación, en la reunión estuvo presente el docente Raúl Shimpukat Tuyas, quien cuenta con una sanción administrativa de destitución vigente dispuesta por la UGEL Condorcanqui, mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03462-2024-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, emitida el 21 de octubre de 2024.
Dicha resolución, notificada al docente el 21 de enero de 2025 mediante Cédula de Notificación N.º 0250-2024, establece en su primer artículo:
“Sancionar al administrado Raúl Shimpukat Tuyas, docente nombrado en la IEP N.º 16311-Comunidad de Bajo Pupuntas y designado como director de la IEP N.º 16304 – Ideal, del distrito de Nieva, por presuntos actos de hostigamiento sexual en agravio de una menor de 12 años, con la medida de destitución del servicio de la función docente”.
Según refiere una fuente en la Ugel Condorcanqui. Tras recibir la notificación, el docente no interpuso recurso impugnatorio contra la decisión administrativa. Y meses después la entidad hizo el registro en el Registro Nacional De Sanciones Contra Servidores Civiles en abril del 2025.
Investigación penal en curso
Además de la sanción administrativa, el Ministerio Público —a través de la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui— mantiene abierta la Carpeta Fiscal N.º 300-2024, desde el 8 de julio de 2024, por la presunta comisión del delito de acoso sexual en agravio de una menor de edad en el año 2019. Esta investigación preliminar, actualmente se encuentra a cargo del Fiscal Ayala Flores Américo desde mayo del 2025 y estaría relacionada con hechos durante la permanencia del docente en la Institución Educativa Primaria N.º 17090, del Centro Nativo Bajo Canampa, también en el distrito de Nieva. A pesar del tiempo transcurrido, preocupa que, hasta la fecha, la investigación penal aún se mantenga en etapa preliminar.
Reacciones y cuestionamientos
Durante el evento realizado el 9 de julio, se observó al docente Raúl Shimpukat Tuyas, docente sancionado y actual presidente del Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva, participando activamente y bailando una danza tradicional junto a la profesora Rosemary Pioc quien se encuentra actualmente afiliada al partido político Primero la gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Tenazoa quien ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de más de 500 casos de violencia sexual en Condorcanqui-Amazonas durante el 2024, exigiendo respuestas firmes y ejemplares por parte del Estado.
Es además, quien cuenta con el antecedente de una sanción por abandono de cargo, impuesta mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03615-2023-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, de fecha 21 de diciembre de 2023, por: “abandonar cargo injustificadamente al no presentarse en su centro de trabajo desde el día 08 al 11 de agosto del 2013” en la IE N.º 16302 – Achoaga – Condorcanqui (Amazonas) durante el año 2023. Según refiere una fuente consultada en la Ugel Condorcanqui, la sanción quedó firme al no haber sido impugnada administrativamente dentro del plazo legal.
La escena resulta particularmente preocupante. ¿Dónde estaban los filtros institucionales? ¿Quién autorizó su participación? ¿Quién optó por mirar a otro lado? La presencia de los docentes Raúl Shimpukat Tuyas y Rosemary Pioc Tenazoa en actividades oficiales organizadas por UNESCO – Perú podría interpretarse como una forma de validación social, a pesar de los antecedentes que pesan sobre ambos.
Según fuentes locales, el encuentro se realizó en la maloca del Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, ubicada en un terreno que pertenecería a la familia de Rosemary Pioc Tenazoa. Esta situación plantea serias dudas sobre la neutralidad del espacio y las verdaderas intenciones detrás de su uso. ¿Se busca acaso consolidar su permanencia como presidente de la organización?
La maloca es una gran casa comunal indígena que representa mucho más que una vivienda: “una síntesis del universo […] el útero de la madre tierra, la casa del sol y de la luna o el receptáculo del rayo celeste” (Martin von Hildebrand, 2019). Su estructura refleja la cosmovisión amazónica, funciona como templo, calendario solar y espacio de transmisión del saber ancestral.
Cabe señalar que la maloca, se encuentra ubicado en el Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva zona donde Raúl Shimpukat ejerce autoridad local, lo que podría evidenciar una estrecha coordinación entre ambos actores. Esta relación, en un contexto marcado por cuestionamientos éticos, refuerza la necesidad de mayor transparencia y vigilancia sobre los actores que participan en espacios institucionales vinculados a organismos internacionales como la UNESCO. ¿Cómo es posible que una organización como UNESCO – Perú, con 30 años de experiencia, protocolos internacionales, termine subordinando su agenda a figuras locales cuestionadas? Este caso evidencia la necesidad urgente de revisar y reforzar los protocolos de verificación y participación en eventos públicos de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú. De lo contrario podría entenderse que existe un doble discurso, con una mano proteges y con la otra legitimas a personas cuestionadas.
Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor.@UNESCOperu pic.twitter.com/6VNj8VULFt
— Revista Lima Gris (@Limagris) July 17, 2025
Vídeo del baile entre la directora de UNESCO, Ministerio de Cultura, profesora Rosemary Pioc Tenazoa y docente cuestionado del 9 de julio de 2025.
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Indecopi: A un mes de inaugurado, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez acumula más de 400 reclamos
Fallas operativas, demoras y cancelaciones de vuelos marcan el arranque del nuevo terminal aéreo. Lo que evidencia que el cambio de infraestructura no ha venido acompañado de una mejora real en el servicio.
Apenas ha transcurrido poco más de un mes desde la inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y ya se han registrado 402 reclamos formales de pasajeros, según datos proporcionados por Luis Naranjo, jefe de la sede de Indecopi en el aeropuerto. El número es alarmante si se considera que esta infraestructura fue presentada como un símbolo de modernidad y eficiencia, pero que hoy enfrenta críticas crecientes por su funcionamiento deficiente.
Los problemas más recurrentes siguen siendo los mismos de siempre: cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones de vuelos, mayoritariamente atribuibles a las aerolíneas. Sin embargo, para muchos usuarios, el nuevo terminal no ha logrado mejorar la experiencia aeroportuaria, y en algunos casos, incluso ha empeorado la atención al pasajero.
Durante una entrevista, Naranjo detalló que, en lo que va del 2025, Indecopi ha tramitado cerca de 2,000 reclamos en todo el aeropuerto. De ese total, más del 20% corresponde solo al nuevo terminal, una cifra preocupante si se considera su corta operación. Además, el funcionario reportó más de 10 mil orientaciones brindadas en ese mismo periodo, lo que da cuenta del descontento y la falta de claridad que enfrentan los viajeros.
Infraestructura moderna con los mismos vicios del pasado
El principal problema no parece estar en la infraestructura, sino en la gestión. El nuevo terminal aéreo fue construido con la promesa de transformar el Jorge Chávez en un “hub regional”, pero la realidad muestra una operación marcada por las mismas deficiencias que afectaban al antiguo edificio: mala comunicación, falta de información, largas esperas y poca respuesta de las aerolíneas ante los inconvenientes.
Si bien Indecopi ha reforzado su presencia con una oficina permanente y un canal de atención las 24 horas, vía WhatsApp- Aeropuerto (985 197 624), la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿habrá finalmente una mejora estructural en la protección del pasajero o solo se está maquillando una problemática crónica?
Una deuda pendiente con los usuarios
Naranjo recordó que, ante retrasos, los pasajeros tienen derecho a refrigerios, llamadas, compensaciones económicas, hospedaje y alimentación, según el tiempo de espera. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas sigue dependiendo, en la práctica, de la presión que los usuarios ejerzan.
La modernidad del nuevo aeropuerto no puede reducirse a un ‘diseño arquitectónico’ si no va acompañada de transparencia, buena gestión y respeto por el usuario. Por ahora, queda claro que los problemas del Jorge Chávez no se resolvieron con un edificio nuevo.
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Corporación Wong buscaría adquirir el Grupo El Comercio
Negociaciones se encontrarían muy avanzadas, teniendo como principales postores a la familia Wong, dueña de Willax TV, y Zest Capital.
Como diría una popular canción de Calamaro: “no se puede vivir del amor” y en el medio periodístico no se puede subsistir de canjes, subscripciones o coleccionables. Para nadie es novedad que el papel viene cayendo rendido al mundo digital y el tiraje de los otroras medios poderosos son tan ínfimos que a las justas se puede pagar a uno que otro redactor o practicante.
Desde hacer más de una década el diario El Comercio viene sufriendo un duro revés en sus cuentas y atrás quedaron los días dorados de bonanza y prestigio, teniendo como consecuencia directa que la familia Miró Quesada sea una de las más poderosas del país, otorgándoles barrigas llenas y días de prosperidad. Para mala fortuna de alguno de sus integrantes, los tiempos cambian y la inextinguible fuente de riqueza luego de varias décadas finalmente pudo mostrar lo que había al final del envase, ocasionando la alarma de ese clan.
Viendo que ahora no pueden costear su fastuosa y acomodada vida, muchos de ellos han vuelto la mirada hacia su “gallina de los huevos de oro” preguntándose por qué ya no produce como antes. La respuesta, obviamente, se encuentra en el crecimiento exponencial de las redes sociales que de manera paulatina, pero agresivamente, les han ido quitando marcas auspiciadoras. Es por ello que antes de que el barco termine por hundirse los accionistas del Grupo El Comercio (GEC) vienen evaluando venderlo al mejor postor.
Una fuente de la revista Semana Económica indica que las negociaciones ya se encuentran en la etapa de ofertas no vinculantes, teniendo como a los principales postores la Corporación Wong, dueña de Willax Tv, y la gestora Zest Capital.
El caso del GEC resulta muy particular, pues cuenta con muchos accionistas, muchos de ellos viviendo de manera parasitaria, viviendo de las utilidades de lo que fuese la gran casa del periodismo peruano, impidiendo muchas veces llegar a un acuerdo consensuado entre los demás accionistas. Sin embargo, cuenta la citada fuente de Semana Económica, los accionistas finalmente habrían llegado a un acuerdo para vender el GEC, viendo año a año que sus cifras tienen una triste tendencia a la baja.
Gran parte de la decisión de vender se explica por el actual momento del negocio del conglomerado de medios. Y es que el Grupo El Comercio atraviesa una de las situaciones financieras más difíciles del último tiempo. Su EBITDA, por ejemplo, cayó de más de S/130 millones en 2022 a apenas S/42 millones en 2024. Pese a ello, el holding ha mantenido una política constante de reparto de dividendos. “Financieramente, esos números no son buenos. Indican que están perdiendo capacidad de generar resultados propios y la proporción de la deuda sobre la capacidad de pago está aumentando”, explica el docente de finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang.
Por su parte, la presidenta del directorio de Plural Tv (que abarca América TV y Canal N), Maki Miró Quesada, consultada por una posible venta, respondió no tener “conocimiento de ninguna negociación”. El asunto es cuánto tiempo más pretenderán ocultar el sol con un dedo.
Actualidad
Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística
Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.
Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.
Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran
Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.
«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.
La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.
Actualidad
Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales
La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.
La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.
Una estrategia judicial
Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.
Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.
Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.
Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).
Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).
Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).
Demandas por beneficios millonarios
El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.
Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.
Por ejemplo:
Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.
Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.
Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.
A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.
En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.
¿Les corresponde por ley?
La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.
Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.
Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.
En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.
Reincorporados, no nuevos contratados
Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).
Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.
Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.
Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.
En busca de más millones
La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.
Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.
Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.
Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.
El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:
Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.
Serafín López Fabián: S/ 479,368.34
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.
Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.
Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.
Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.
Total estimado:
S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.
Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.
¿De dónde saldrá el dinero?
El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.
Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.
Una ejecución presupuestal en crisis
La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.
Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.
Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.
El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?
Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.
Eva López.
El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.
Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.
Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.
Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.
Actualidad
El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel
Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.
El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.
Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.
Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.
Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.
No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.
Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.
¿Un viaje de “interés nacional”?
Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?
Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.
La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.
Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.
También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.
Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.
Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?
Un distrito que espera soluciones
Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.
La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.
Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.
Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.
El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.
Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.
¿Turismo disfrazado de gestión?
El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.
El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?
El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.
¿Una nueva tendencia en la política local?
Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.
Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.
En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?
La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.
En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?
Actualidad
Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave
Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.
En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.
El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.
Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.
“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.
Exigencias al Estado
Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:
- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.
Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.
Un paro con raíces sociales y económicas
La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.
La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.
La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.
Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.
El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.
Actualidad
Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’
Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.
Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.
La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.
Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.
La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.
Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.
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