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¿DESPUÉS DE LAS MARCHAS QUÉ?
Escribe Francisco León
Hace unos días, se han realizado marchas de distinta índole, pero todas como una muestra de rechazo a la CLASE POLÍTICA PERUANA. No podemos obviar además, y de modo paradójico, la intención de beneficiar a otros grupos políticos que están detrás de las convocatorias.
Retomemos, hablamos de la misma clase política que llevó a que la mayoría del país, aunque no quiera recordarlo, apoyara el cierre del Congreso por parte de Alberto Fujimori, debido el asco que ella le inspiraba. Esa clase política que es, por cierto, culpable de la aparición de un fenómeno social como el Fujimorismo, y de su contrario: el anti-fujimorismo. Esa misma clase política que se recicla, que pasa de un bando a otro.
El tema central, y desde siempre, ha sido el tema del Poder. ¿Quién lo ha ejercido en el Perú? ¿Para qué y en beneficio de quiénes? ¿Hasta cuándo lo va a mantener el mismo grupo, grupos, sociales? ¿Cuáles son las consecuencias a futuro de gobiernos que están al servicio del capital y no de las personas?
Si es que no queremos verlo, enfrentarnos a estas cuestiones, todo intento de “cambio” será una farsa. No estamos descubriendo la pólvora, a dichas preguntas ya se formularon, desde José Carlos Mariátegui a Julio Cotler, por mencionar algunos. Sin embargo, ¿por qué se ha hecho tan poco? ¿Por qué el ciudadano de a pie no quiere comprometerse, iniciar un proceso revolucionario? ¿Tan fuerte ha sido el triunfo de la derecha a nivel de conquista del universo simbólico de las personas? ¿Tan felices son los pobres de “derecha”? Existe una frase atribuida a Albert Einstein que dice: si haces siempre lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Deberían tenerla en cuenta aquellos que siguen apostando por nuestra “democracia” tal y como está, y ha sido, los que invocan a salvaguardar nuestra institucionalidad, como si no supiesen que ella está podrida desde la raíz.
A lo mejor el caso Odebrecht nos fuerza a mirarnos tal y como somos, aún en contra de nuestra voluntad. Nos confronta contra esa fantasía llamada Perú. Porque aceptémoslo: no somos una nación, persiste una asimetría criminal entre los que poseen toda y aquellos que nada tienen, y que sin embargo deben sufrir en silencio, so riesgo de ser llamados “terroristas”, “antisistema”, “antimineros”, “antidesarrollo”.
Que lo digan los niños envenenados con plomo en las regiones mineras del Cusco, los tuberculosos que hacen cola para no ser atendidos en el hospital nacional 2 de Mayo, aquellas familias a las que las compañías mineras les quitan sus tierras y llegan a Lima a padecer en las plazas para que ninguna autoridad las atienda. Que lo digan los jubilados que perciben un sueldo de hambre, los maestros mal pagados, los policías llevados a la corrupción por el sistema. El problema aquí señores es el STATU QUO PERUANO, y si queremos que algo cambie, debemos tratar de cambiarlo. Esta es una oportunidad histórica, si la desaprovechamos, las cosas seguirán igual y peor… A lo mejor es así y debemos aceptarlo: somos una sociedad corrupta, que ha sido degenerada por sus gobernantes, que padece además de un cinismo crónico. Fin de la historia y a comer nuestra rica comida y ver a la selección en el mundial. Pues como dice el tango: al mundo nada la importa, yira, yira…
La pregunta principal sería, valga la cuasi paráfrasis de MVLL, ¿en qué momento se envileció el país? La respuesta es dura. Nunca sucedió. Puesto que jamás hubo un momento un tiempo, un punto exacto, de quiebre, la inflexión que determine un “antes” en el que se estuvo mejor, “bien” por decirlo de alguna manera, en el que fuimos un país de ciudadanos, con igualdad de derechos y deberes ante la ley. No, eso no pasó.
Desde su creación como república “independiente”, un 28 de julio de 1821, el país nació viciado, parcializado, con marcados segmentos de diferencias y desigualdad. Se dejó inconclusas las grandes tareas de reforma; que de modo teórico, al menos, se plantearon los próceres y “libertadores”. Miembros ellos, no debemos olvidarlo, de una clase social criolla, liberal, hija de la Revolución Francesa. Esta clase, buscó la “independencia”, y no solo en el Perú, basada en sus intereses económicos e ideales, propios de su tiempo. Nada más que eso, utopías cuasi librescas, que no se llevaron a la práctica. La “independencia” no volvió ciudadano ni al indio, ni al negro, y luego “trajo” al chino como siervo.
De esta manera, el Estado peruano, y su aparato institucional, fueron creados por un grupo privilegiado, con la finalidad de servirse de este. Sí, tal vez exagero y esa no fue la intención primigenia. No obstante, ello sucedió en lo concreto, en el hecho, el día a día, hasta la actualidad, en que tal situación solo ha empeorado. Así, desde el nacimiento del Perú, el pueblo quedó fuera de los planes estatales.
No vaya a creerse que la situación que vivimos es solo una peculiaridad peruana. Sin embargo, frente a problemas similares la población de otros países reaccionó de distinta manera. A continuación cito un texto aparecido en La Freternité, de 1845, aparecido en el libro Vigilar y Castigar de Michel Fouacult.
Mientras la miseria cubre sus pavimentos de cadáveres, y sus prisiones de ladrones y de asesinos, ¿qué estamos haciendo frente a los estafadores del gran mundo? […] los ejemplos más corruptores, el cinismo más indignante, el bandidaje más desvergonzado […] ¿No temen que el pobre a quien se lleva al banquillo de los criminales por haber arrancado un trozo de pan a través de los barrotes de una panadería llegue a indignarse lo suficiente, algún día, para demoler piedra a piedra la BOLSA, antro salvaje donde se roban impunemente los tesoros del Estado y la fortuna de las familias?[1]
Para el caso del Perú, deberíamos, reemplazar el término BOLSA, que figura en el texto, por la palabra MAQUINARIA ESTATAL, tal y como ha sido concebida, y deberíamos volver a preguntar: ¿cuándo nos indignaremos lo suficiente? Si el caso Odebrecht no nos hace ver, de una vez por todas, cuál es el objetivo de los que ansían llegar a formar parte de la “maquinaria estatal”, solo nos queda suponer que somos una sociedad cínica. Lo que sí podemos afirmar es que somos una sociedad enferma, pues el Fujimorismo no vino del espacio, ni surgió de la nada.
El problema ni siquiera es de personas. No se trata de reemplazar a fulanito por sutanito, o de esperar a nuestro Inkarrí o salvador. El mal es sistémico, estructural. Tenemos, por un lado un “aparato estatal” (Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, SUNAT, Fuerzas Armadas, etc. etc.) diseñado para el beneficio de unos pocos, con normas y leguleyadas que posibilitan el enriquecimiento de los funcionarios, como Odebrecht nos ha mostrado. Este “aparato estatal”, a su vez, no tiene ningún mecanismo, efectivo, que posibilite su control, y vigilancia, por parte del pueblo. Por otro lado, tenemos una supuesta “democracia” que es mantenida, y mantiene, es la razón de ser, de la existencia, de aquel “aparato estatal” cuyo objetivo es el hurto, y cuya excusa es la ejecución de obras en pos de la mejora en la calidad de vida de las personas.
Otro problema es la amnesia inducida que sufrimos como sociedad. ¿No recuerdan al “demócrata” y gobernante de “lujo” PPK saqueando las arcas del Perú desde las épocas de Juan Velasco Alvarado, en beneficio de petroleras estadunidenses? Un hombre que decía, con orgullo, que su primer trabajo había sido como administrador en una hacienda de la sierra, antes de la Reforma Agraria. Esto es, como parte de un sistema de explotación, en el que los indios vivían en condiciones lindantes con la esclavitud y frente al cual jamás dijo esta boca es mía. Sí, ese mismo señor que se sumó a Keiko en la campaña contra Humala.
Al final, lo eligieron Presidente debido a la desesperada situación de “fabricar” un anti-Fujimori. Pero al viejito le quedó grande el papel. Él es solo un lobista sin patria, sin otro amor y función, en la vida, que el dinero. Lo que molesta es la “inocencia” de aquellos que lo erigieron como adalid de esa cosa abstracta que se denomina “democracia” en el Perú. ¿Democracia?
ALGUNAS “CURIOSIDADES” DE NUESTRO “DEMOCRÁTICO” PAÍS
Esbozaré solo algunas “claves”, pues el intento es a futuro, de realizar un arqueología, en el sentido que Michel Foucault da a ese término, para tratar de visualizar el tiempo, o los tiempos, en el cual, lo que se instaura en ese momento son las condiciones de posibilidad (Foucault dixit), de la existencia de una situación de corrupción y desigualdad sistémicas en la que transcurre la historia del Perú y como he mencionado se situaría en el nacimiento mismo de éste y que incluso podría ser rastreado desde muchísimo antes. Mostremos solo hechos más modernos.
El nacimiento del siglo XX encontró al país en una nueva etapa, donde los descendientes de los conquistadores aunados a “socios” extranjeros se dieron a la tarea de modernizar “su” país. Por ello, generaron vías de comunicación e instituciones, que les permitiesen extraer mejor las riquezas de la tierra.
La derrota militar de los caudillos, la emergencia de los civilistas al poder y el desarrollo de las empresas extranjeras propiciaron la instauración de un régimen liberal-oligárquico –la “república aristocrática”– que impulsó el crecimiento y la penetración del aparato estatal en la sociedad en detrimento de los poderes locales, de la inserción capitalista en la agricultura costeña y en la minería serrana, con la consiguiente expansión de las exportaciones y del capitalismo urbano.[2]
Este proceso, “benefició”, como un efecto colateral, a la “otra gran parte”, esto es los que descendían de los despojados del imperio. Pero solo a poblaciones que tenían un cierto aire de urbanidad, y en mucho menor, o nula, medida a las comunidades campesinas, quechuas y aymaras. Éstas, como menciona Matos Mar representaban un 75% mudo e “inmovil” dentro de la estructura estatal, la cual no había sufrido modificaciones desde la colonia.
Tras el desastre producido por la Guerra del Pacífico, las inversiones capitalistas, primero inglesas y luego estadunidenses, impelieron al Estado peruano, un monstruo centralista y parasitario, a buscar la manera de que los capitales foráneos puedan invertir al menor costo generando mayor rentabilidad. ¿Nacía el llamado “mito del progreso”?, que siempre fue eso, un mito. Puesto que como menciona Matos Mar:
Si bien las inversiones extranjeras dinamizaron la economía, por el lado de los sectores marginados tuvo efectos negativos. Por el auge de la lana y otros productos los gamonales ampliaron sus haciendas, arrebatando tierras comunales a los indígenas y arrinconándolos a los peores lugares.
Por el caucho, los indígenas de la selva, que hasta ese momento no habían sido afectados, fueron sometidos a explotación y muerte, de manera semejante a lo soportado por los indios de la sierra al momento de la conquista española. También la propiedad monopólica o de enclave se extendió abusivamente en el agro, la minería y la industria urbana. La mayoría de los valles costeños estaba en manos de un grupo pequeño, base de la oligarquía nacional.[3]
La expansión del latifundio fue en esos años, y desde finales del siglo XIX, un factor preponderante en la migración desde el campo hacia las ciudades. La gran propiedad no solo absorbió a comunidades enteras como mano de obra semi esclava, sino que buscaba:
[…] conseguir tierras para llevar a cabo una lucrativa producción para el mercado mundial. En la sierra ocurrió esto fundamentalmente con los pastos. La expansión latifundista mermó visiblemente la capacidad de los campesinos para lograr el manejo óptimo de ciclos agropecuarios simultáneos, tanto en razón de la ocupación de pisos altitudinales por los latifundios (especialmente los pastizales de la puna), como por los requerimientos de mano de obra para la producción destinada al mercado mundial. Estos procesos venían impidiéndose por mecanismos múltiples.[4]
En la sierra, el crecimiento de la hacienda no encontró resistencias puesto que el campo se hallaba prácticamente sin habitantes, a causa de las plagas y epidemias que asolaron la región.
La aparición de nuevos enclaves, el acelerado movimiento industrial, el apogeo y modernización de los latifundios costeños, el auge sin precedentes de las exportacioens primarias (agricultura, ganadería, pesca), acrecentaron las diferencias regionales en beneficio de la costa y las ciudades, desplazando a la actividad agropecuaria tradicional a un segundo plano en el producto bruto interno. Como no podía ser de otra manera el agro serrano entró en descomposición arrastrando en su crisis a la clase terrateniente y quitándole protagonismo político. Estos empobrecidos propietarios se sumaron al inagotable caudal de campesinos migrantes, pasando a engrosar las nuevas clases urbanas.[5]
Donde sí se operó una transformación provechosa para el pueblo, a raíz de la “modernización”, fue en lo social; como lo demuestra la emergencia de movimientos sociales de masas. Que al representar un peligro para el Estado, y los intereses de las clases dominantes, fueron reprimidos con brutalidad a lo largo del país.
Si bien es cierto, esto sucedía en periodos de gobiernos autoritarios, como el de Leguía, y dictaduras militares, los llamados gobiernos “democráticos” no mejoraron las cosas a favor de los oprimidos. Siempre ha existido un único beneficiario: la oligarquía y los grupos de poder. Si bien esta como clase social ya no existe, eso no quiere decir que haya desaparecido, solo ha mutado, se ha transformado, pero sigue presente en la cabeza de la pirámide del poder.
En los años sesenta, la mayoría de la población peruana vivía en el campo, trabajando en la agricultura y en la pesca. Sin embargo, la urbanización tomaba cada vez más fuerza. Cuando en 1940 el 64.6% de la población vivió en el campo, en 1961 la cifra disminuyó a 52.6%. En 1961 el 51.8% de la población económicamente activa trabajaba en la agricultura.
La situación del campesinado fue penosa. Los campesinos no tenían derechos políticos porque ellos fueron analfabetos, es decir, no hablaran castellano, sino quechua o aymará. Ninguna escuela les enseñaba a leer ni a escribir. Como consecuencia, solo 20% de todos los peruanos con derecho a sufragar pudieron votar. La distribución de la tierra fue otro problema: el 12% de los propietarios tenían el 95% de las tierras. También la distribución de los ingresos fue en general muy desigual. En 1961 unas 61,300 personas se apropiaron del 44% del ingreso nacional. Un millón y medio de obreros en el campo, 44% de la población económicamente activa, recibieron el 13% del ingreso producido en el Perú. Y mientras en la capital del Perú (Lima), por cada 2,000 habitantes había un médico, en el departamento de Cuzco, uno de los centros de las actividades revolucionarias, la cifra fue un médico por cada 40,000 habitantes.[6]
No debemos cegarnos. Al final, creo que Odebrecht le ha abierto los ojos hasta al más testarudo. La “democracia” en el país jamás ha servido al pueblo. Y lo digo aun sabiendo, y lo recalco, que el mayor número de gobiernos que hemos tenido han sido autoritarios, y en segundo lugar dictaduras.
Así, y en esta clave de “ironía” podríamos seguir mencionando “curiosidades” de cada gobierno “democrático”, como la matanza de los ashaninkas, que apoyaban al MIR, en el primer gobierno de Belaunde, la masacre de los penales cometida por Alan García, las masacres militares contra la población civil de la sierra en el segundo gobierno del “Patricio demócrata” Fernando Belaunde, el asesinato de la Cantuta, el Baguazo, los crímenes de dirigentes y manifestantes antimineros, etc. etc. etc.
CONTINUEMOS…
El caso Odebrecht, solo ha sacado a la superficie una situación que no queríamos ver: LA INVIABILIDAD DEL PERÚ COMO PAÍS tal y como ha sido pensado, edificado, desde que San Martín proclamara la “independencia”. ¿Qué debemos hacer? Buscar replantearnos el país, no nos queda otra salida. Debemos dejar de babear conceptos como: “democracia”, “mercado”, “estabilidad”, “institucionalidad”, “responsabilidad”, tal si estos fuesen valores eternos que han beneficiado de modo tangible a la gente. No es que la democracia sea mala, o yo esté a favor de las dictaduras, sino que en el Perú JAMÁS ha existido la Democracia de manera real. A ella debemos aspirar, ¿pero cómo si el aparato estatal no está diseñado para eso?
Entonces, debemos plantear una agenda política nacional urgente, aquí unas sugerencias:
- Buscar el consenso de las fuerzas vivas del país, sobre todo de las menos manchadas, en una especie de Cabildos Multitudinarios, para elegir un representante que, en nombre del pueblo, llame a elecciones transparentes, en las que se IMPIDA la participación del fujimorismo y del aprismo. Pues ellos son los causantes de esta crisis y son la fatualización de la corrupción, además de ser mafias.
- CAMBIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993.
- Exigir la reforma de la ley de partidos políticos.
- Guerra a la corrupción caiga quien caiga, más allá de que sean anti-fujimoristas o de izquierda.
- Muerte civil para todos los políticos corruptos.
- Limpieza total del poder judicial, para sacar a los apristas enquistados allí.
¿Planteamientos ideales? ¿Anhelos? ¿Sueño revolucionario? Son solo sugerencias, al pueblo organizado le corresponde desarrollar sus alternativas. Pero las soluciones deben ser radicales o no lo serán.
Nos queda esclarecer que: es cierto, el objetivo principal de la lucha contra la corrupción en el Perú es acabar con el Fujimorismo, y el aprismo. Son facciones dedicadas, conformadas, para delinquir. La sola existencia de personajes como Keiko Fujimori y Alan García son una muestra de que el crimen no paga, que la impunidad es posible. Son un ejemplo nocivo que se filtra hacia abajo, es decir hacía las capas sociales que no se encuentran en las instancias de toma de decisión y las pervierte.
Aquí reaparece, de nuevo, el tema del poder. ¿Cómo lograr transformaciones desde “afuera”, sin tener, sin ejercer, el poder? Debemos empezar a pensar: ¿cómo lograr los cambios mencionados con un Congreso tomado por los fujimoristas? ¿Con un Poder Judicial tomado por los apristas? ¿Con un Presidente corrupto? ¿Con una policía inmoral? ¿Qué harán las fuerzas armadas, que a excepción del gobierno de Velasco, siempre han servido para reprimir al pueblo?
El planteamiento central es, en apariencia, simple: o una revolución total, entendida en la amplia acepción del término y sin reducirla al ejercicio de la violencia, que modifique el país de modo estructural, o el cinismo… que nos posibilitará algunos años más de “tranquilidad”. Pero esta, no se sostendrá en el tiempo. Por ello, nos queda preguntar ¿después de las marchas qué?
[1] FOUACULT Michel, Vigilar y Castigar, Siglo XXI editores, tercera reimpresión, Argentina, 2010, P.335.
[2] COTLER Julio, Clases, Estado y Nación en el Perú. 5ta reimpresión, febrero de 2016. P. 39.
[3] MATOS MAR José, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, UNESCO, Lima 1990, P.7.
[4] GOLTE Jürgen, Cultura, racionalidad y migración andina, Instituto de Estudios Peruanos, IEP, 1ra. Edición, mayo 2001 PP. 69-70.
[5] MATOS MAR José, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, UNESCO, Lima 1990, P.17.
[6] VRIJER Peter, La lucha guerrillera en el Perú: los vibrantes años sesenta. 21/06/07. Artículo aparecido en: http://www.nodo50.org/mariategui/laluchaguerrilleraenelperu.htm
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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO
La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.
Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.
Siete carreteras bloqueadas
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:
Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.
Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.
Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.
Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.
Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.
Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.
Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.
La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.
Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.
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Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia
La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.
En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.
La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.
Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?
Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.
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Técnicos de la FAP son investigados por robar componentes aeronáuticos en Iquitos
Grave escándalo en la Fuerza Aérea del Perú: red de corrupción, robo de componentes aéreos y presuntos vínculos con sicarios comprometen al Grupo Aéreo N.º 42 en Iquitos.
Por Jorge Linares
El pasado 7 de enero del presente año fue hallado el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario en una situación comprometedora con una caja conteniendo diversas piezas pertenecientes a las aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de uno de los almacenes del Grupo Aéreo N° 42 en la ciudad de Iquitos.
Asimismo, se pudo comprobar que no es la primera vez que el TIP FAP Meléndrez incurre en estos actos perniciosos contra la Fuerza Aérea del Perú, como consta en la carpeta fiscal N° 1328-2024, donde se le investiga por ser el único responsable de la pérdida de 4 componentes aéreos: 2 unidades FCU (unidad de control de combustible) y 2 unidades gobernadores de hélices, valorados aproximadamente en medio millón de dólares.
Según las investigaciones de este caso, llama la atención que dos de los testigos claves —el TIP FAP Ronal Borbor Reátegui y el TC3 FAP César Vega Paredes— expresan contradicciones con respecto a la presencia de ambos en un área restringida como es el almacén de alto costo.
De acuerdo con las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público, se viene descubriendo más nombres relacionados a otros hechos similares y se puede vincular con una organización criminal dentro de la institución aérea, porque estas personas se han valido de los servicios de un sicario para atentar contra la vida del personal denunciante o de cualquier persona que atente contra sus intereses. Esta afirmación lo corroboró el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho en una colaboración notarial (16 de julio de 2024) al verse descubierto y ser parte de esta estructura criminal, como consta en la carpeta fiscal 17-2025, derivada de la carpeta fiscal 1161-2024.
El SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien en su momento fue abogado de los implicados, manifestó que había dejado de llevar la defensa legal del SO3 FAP Anghelo Albornoz Córdova porque era indefendible ante las evidencias que hay en su contra por haber envenenado al perro guardián para ingresar sin autorización al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N° 426 del Grupo Aéreo N° 42 el 13 de julio del 2024 a las 3:40 a.m. y que contó con la participación de los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el sicario, quien hasta la fecha no está identificado; pero hay una probabilidad de que sea un mal miembro de la PNP del grupo terna. Burgos también aseveró que este robo de piezas de aviones es una práctica antigua en el Grupo Aéreo N° 42.
Desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha, ninguno de los investigados se presentó a dar sus declaraciones, dejando entrever una posición obstruccionista y sospechosa para esclarecer estos hechos execrables que son materia de investigación, a excepción del SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien se ratificó de su primera manifestación en la sede policial y fiscal. Todos los implicados pertenecían al área de mantenimiento de motores del Grupo Aéreo N° 42 y ya fueron dados de baja, a excepción del TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien pidió de manera voluntaria su pase a retiro, despertando mayor sospecha en su persona ya que tenía una carrera militar ascendente.
Es de mucha valía que las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú, brinden importancia a este escándalo de corrupción dentro de la institución aérea, porque más allá del evidente robo millonario que le vienen haciendo al país estos malos efectivos, perjudican de manera directa la gran labor social que realiza el Grupo Aéreo N° 42 en la Amazonía peruana.
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Pisaq y Tipón bajo amenaza: turistas defecan en nuestro patrimonio por falta de baños
Una denuncia ciudadana revela que, por falta de baños y señalización, turistas estarían utilizando zonas arqueológicas como letrinas
Hay actos que no solo denotan ignorancia, sino un desprecio inconsciente –y por eso más brutal– por la historia que nos sostiene. Lo que está ocurriendo en los Parques Arqueológicos de Pisaq y Tipón no es una simple anécdota escatológica, como algún burócrata desganado podría resumir en un parte olvidable. Es, en verdad, una forma sutil y cruel de profanación.
El 29 de junio, según denuncias de guías turísticos, visitantes defecaron y orinaron entre las piedras sagradas de nuestros ancestros. Y no lo hicieron por rebeldía o vandalismo gratuito, sino porque no hay baños. Así de sencillo. Así de grotesco.
La escena sería cómica si no fuera tan trágica: turistas desesperados, buscando dónde aliviarse, mientras la brisa andina arrastra los ecos de un pasado glorioso convertido en letrina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un país que se llena la boca hablando de su riqueza patrimonial no sea capaz de instalar un baño seco, una letrina digna, un mísero cartel que diga “por aquí no”?
El problema no es nuevo. Lo nuevo es la frecuencia con la que se repite, la indiferencia con la que se recibe, y la absoluta desidia de quienes deben solucionarlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano que debería velar por estos santuarios, parece vivir en un letargo administrativo. La escasa señalización, la falta de personal de resguardo y la inexistencia de puntos de información para los visitantes no son fallas técnicas: son síntomas de una renuncia institucional a proteger lo que nos define.
Pero la responsabilidad no termina ahí. El Ministerio de Cultura, que debería ser la conciencia vigilante del país, se ha convertido en una oficina de trámites opacos, más preocupada en sostener convenios insólitos con asociaciones ufológicas que en evitar que las ruinas se llenen de heces.
Lo que ocurre en Pisaq y Tipón no es solo un atentado físico contra las piedras: es una erosión simbólica. Cada micción entre muros incas es una bofetada a nuestra identidad. Cada excremento, una prueba de que el Estado se desentiende de su misión civilizatoria. Porque eso es, al final, el patrimonio: un recordatorio de que venimos de algo más alto que nosotros mismos.
No basta con declarar la indignación. Urge que el Estado reaccione, que asigne presupuesto, que entienda –de una buena vez– que la defensa del patrimonio no es un lujo, sino una urgencia nacional. Que los caminos del turismo no pueden estar sembrados de basura, ni los templos ancestrales convertidos en urinarios.
Si no somos capaces de proteger ni siquiera las huellas de quienes nos precedieron, ¿cómo aspiramos a dejar alguna huella nosotros?
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Respuesta a Carta Notarial de Hotel Casa República
El gerente general del ‘Hotel Casa República’ envió una carta notarial requiriendo que se rectifiquen las supuestas expresiones falsas y difamatorias publicadas en una nota periodística del 17 de junio en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.
Llegó a nuestra redacción una carta notarial fechada el 25 de junio de 2025, recibida con fecha 2 de julio del presente, enviada por el gerente general del Hotel Casa República, señor Juan José Mendoza Arredondo, en la que se nos requiere la rectificación de una nota periodística publicada el 17 de junio de 2025 en el portal digital de la revista Lima Gris, titulada: “Barranco y el ruido del Hotel Casa República”, bajo el argumento de que la misma contendría afirmaciones «falsas y difamatorias».
Al respecto, como medio de comunicación debidamente constituido y en ejercicio legítimo de la libertad de prensa, respetuosamente expresamos lo siguiente:
- Libertad de información y de expresión protegidas constitucionalmente
La publicación realizada por Lima Gris responde a la labor periodística de informar sobre hechos de interés público, en este caso, las quejas y preocupaciones de vecinos del distrito de Barranco respecto al impacto de ciertas actividades nocturnas en su entorno urbano y patrimonial. Esto se encuentra amparado por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a «buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de comunicación». Este derecho no solo ampara a los periodistas, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a ser informada.
- Veracidad y sustento de la información publicada
Contrario a lo afirmado en su carta notarial, la publicación en mención no contiene expresiones difamatorias ni afirmaciones falsas. La información difundida ha sido elaborada con base en fuentes verificables, incluyendo testimonios directos de residentes, material audiovisual y reportes ciudadanos disponibles en redes sociales y otras plataformas. En ningún momento se ha atribuido de manera maliciosa o con intención de dañar, la generación de «escándalos nocturnos» al hotel sin fundamento fáctico.
- No existe animus difamandi
El contenido publicado se enmarca en un ejercicio legítimo de crítica y fiscalización periodística. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debate público admite expresiones incluso severas cuando se trata de asuntos de interés común. La publicación no ha tenido como propósito afectar la imagen de su representada, sino evidenciar un problema urbano percibido por un sector de la comunidad.
- Exigencia desproporcionada y amedrentamiento a la prensa
La amenaza de iniciar acciones penales y civiles en caso de no acceder a un pedido de «rectificación total en 24 horas» constituye una forma de censura indirecta y presión indebida sobre la libertad de prensa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta preocupante que un actor privado pretenda condicionar la labor informativa mediante la judicialización de contenidos críticos.
- Posibilidad de réplica o descargo
Como corresponde a un medio que respeta el pluralismo, reiteramos que el Hotel Casa República pudo ejercer su derecho a réplica en el mismo portal, en vista que pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente Juan José Mendoza Arredondo, y cuyas versiones fueron debidamente transcritas en la misma publicación en calidad de descargo.
Por lo tanto, no existe obligación legal de rectificar contenidos que han sido redactados de buena fe, con base en hechos y bajo un interés informativo legítimo. En consecuencia, rechazamos el requerimiento de rectificación exigido en su carta notarial.
Sin otro particular, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo independiente, crítico y respetuoso del estado de derecho.
Actualidad
Sujeto embiste su camioneta en conocido restaurante porque local lo había expulsado debido a que se encontraba presuntamente bajo los signos del alcohol [VIDEO]
Miguel Ángel Requejo Astochado ahora será denunciado por tentativa de homicidio.
Un demente al volante. La noche de ayer, comensales del restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en el distrito de La Molina, previo el incidente, indicaron que Miguel Ángel Requejo (51 años), había discutido con los mozos del local, quienes procedieron a expulsarlo ya que el sujeto había ingerido bastante alcohol y estaba incomodando a los demás comensales.
Minutos después, el sujeto se sube en su moderna camioneta para conducir sin frenos hasta la fachada del local, colisionando sin importarle que adentro se encontraban personas consumiendo.
Producto del salvaje impacto resultaron heridas dos personas, además del daño material ocasionado por el irresponsable conductor.
Uno de los afectados mencionó que procederá a denunciar penalmente a Requena, calificando el hecho de tentativa de homicidio, tildando además de “enfermo mental” al ebrio chofer, quien no paraba de gritar en todo momento, relata el agraviado, que era un magnate y podía hacer cualquier cosa.
«Ya está detenido. Es un enfermo mental. Esto es un intento de homicidio. Nosotros estamos pidiendo la cuenta y pagando. En un principio estaba sentado y me levanté no sé cómo segundos antes de que el carro se empotre por eso que estaba a un costado e igual me hizo volar», detalló a Canal N.
En tanto, el restaurante ‘El Charrúa’, lamentó el incidente ocurrido anoche, manifestando que colaborará directamente con la Policía para suministrar las grabaciones dentro del local.
«Desde ‘El Charrúa’, reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes y colaboradores. Como medida preventiva y con el objetivo de reforzar nuestros protocolos internos, hoy miércoles 3 de julio permaneceremos cerrados», indicaron.
Actualidad
Clínica Delgado-Auna responde a sanción de Susalud por filtración del historial médico de Shakira
Centro de salud privado indicó que el caso se encuentra en “proceso de revisión” y que apelará multa de más de 600 mil soles.
Quieren ir hasta las últimas. La Clínica Delgado-Auna recientemente emitió un comunicado respondiendo a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) por el caso que los involucra con la cantante colombiana Shakira. Al respecto, indicaron que dicho caso aún se encuentra en “proceso de revisión”, pues no existe hasta el momento una resolución final.
Como se recuerda, en febrero pasado, el historial clínico de la cantante barranquillera fue divulgado públicamente por personal de ese centro de salud privado, constituyéndose una grave vulneración a la confidencialidad de los datos de las personas, sean nacionales o extranjeras.
Es así que Susalud le impuso una multa a la clínica equivalente a S/668,750 por la difusión no autorizada del parte médico de la cantante Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira.
Al respecto, la Clínica Delgado-Auna también indicó que apelará la millonaria sanción, argumentando que el caso se encuentra bajo evaluación por el Tribunal de Susalud, contando para ello con 15 días hábiles para presentar formalmente su impugnación.
“Clínica Delgado presentará la impugnación correspondiente para que el caso sea evaluado por el Tribunal de SuSalud, conforme lo establece el debido proceso, confiando en la solidez de los argumentos que nos respaldan. Cabe señalar que contamos con un plazo de 15 días hábiles para impugnar”, concluye el comunicado.
Actualidad
Fiscalía investiga a Johny Isla y a Jeanette Águeda Gutiérrez por caso ‘Líneas de Nasca’
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los dos funcionarios de la DDC de Cultura de Ica y el alcalde de Nasca, William Jorge Bravo Quispe, por presunto atentado contra las Líneas y geoglifos de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco.
El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, a cargo del fiscal provincial José Alejandro Meléndez Curasi, ha iniciado una investigación preliminar de 60 días —con posibilidad de ampliarse— contra dos funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca. Están siendo investigados por los presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad, en agravio del Estado Peruano.
Los involucrados son la arqueóloga Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica, Johny Augusto Isla Cuadrado, arqueólogo responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de dicha dirección; y William Jorge Bravo Quispe, actual alcalde de Nasca.
La investigación se origina tras la modificación del área de reserva arqueológica de las Líneas y geoglifos de Nasca y Palpa, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Esta zona protegida fue delimitada inicialmente en 1993 y reafirmada en 2004, cubriendo un total de 5,633.47 km². Sin embargo, una reciente resolución viceministerial —la N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada a fines de mayo por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva— redujo esta área a solo 3,235 km². Es decir, se recortaron 2,397 km² de territorio protegido.
La denuncia sostiene que esta reducción no cumplió con los procedimientos legales requeridos. Además, acusa que la resolución habría sido emitida como una “maniobra falaz” para encubrir posibles irregularidades.
El Ministerio Público investiga si la resolución favoreció intereses mineros. Se han detectado petitorios mineros en las zonas que quedaron fuera de la protección, así como posibles vínculos familiares y políticos entre los involucrados. También se denunció la exclusión de más de 100 sitios arqueológicos, y se presume la existencia de una red político-económica que habría actuado para facilitar la reducción del área protegida con fines de lucro y tráfico de terrenos.
Este caso surge semanas después de que el ciudadano Leonardo Favio Rojas Escajadillo denunciara ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa a varios altos funcionarios, incluyendo al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y a la viceministra Novoa Silva.
En la acusación también figuran el director de la DDC de Ica, Injante Tipismana; Miriam Moquillaza Ramos; Johny Isla; Henmer Alva Neyra; el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera; Javier Borjas Olaechea; el alcalde William Bravo Quispe y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo. Sin embargo, la Fiscalía por el momento inició investigación preliminar contra las tres personas indicadas en la introducción de esta nota.
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