El cuestionado Ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez anunció que no renunciará al cargo, a pesar de los alarmantes indicadores de inseguridad que ponen en zozobra al país, por causa de la incesante ola criminal que se encuentra enquistada en todos los rincones del Perú.   

Santiváñez Antúnez, en una entrevista para Exitosa, remarcó que su despacho ministerial, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú (PNP), viene realizando un trabajo «denodado» en la lucha contra la criminalidad.  

«Yo no voy a renunciar porque para mí una renuncia significaría rendirme. Nosotros en el despacho del Interior, conjuntamente con la Policía Nacional, estamos haciendo un trabajo denodado en la lucha contra la criminalidad. Somos una gestión que ha inaugurado comisarías, estamos comprando armamento, hemos logrado la donación de nueve helicópteros blancos de Estados Unidos», expresó el ministro.

Asimismo, y debido a las evidencias que muestran su estrecho vínculo y cercanía con la mandataria Dina Boluarte, negó ser el presidente del Consejo de Ministros «de facto» y aseguró que el líder de la PCM es Gustavo Adrianzén.

«Nosotros en el Consejo de Ministros tenemos un líder muy claro; un jefe del Consejo de Ministros que es el doctor Gustavo Adrianzén. Nosotros nos debemos a los lineamientos que nuestro líder nos dicta y yo soy sumamente respetuoso con él», añadió como respuesta.

Acusó a la Fiscalía de liberar criminales

Asimismo, el ministro Santiváñez Antúnez responsabilizó al Ministerio Público del distanciamiento con su institución el Mininter y los acusó de liberar delincuentes luego de que la PNP los captura.

«Yo no he presentado una demanda de inconstitucionalidad para querer tumbarme una norma que establece que la Policía tiene las prerrogativas para investigar. Nosotros no hemos iniciado el conflicto de esta supuesta guerra mediática. Nosotros no somos los que liberamos a los delincuentes cuando los capturamos», remarcó, respecto de la Fiscalía. Sin embargo, aclaró que tiene una buena relación con el Poder Judicial y que incluso, han trabajado en los juzgados de flagrancia.

«Nosotros estamos trabajando conjuntamente con todos los poderes del Estado. Mira nuestra relación con el Poder Judicial, es excelente. Desde que estaba el Dr. Arévalo en la Presidencia, nosotros incentivamos los juzgados de flagrancia. juzgados donde el Ministerio Público nunca pisó. Ahora con la señora presidenta del Poder Judicial estamos igualmente incentivando propuestas», culminó el cuestionado ministro.

Alto el crimen. La organización criminal ‘Tren de Aragua’ desde hace aproximadamente 10 años se encuentra en nuestro país, extendiéndose por diversas regiones para extorsionar y asesinar a cuanta persona caiga en sus redes, implementando redes de prostitución y demás negocios ilícitos. Con el pasar del tiempo muchos de sus integrantes del más alto rango han decidido asentarse en el Perú al ver que la justicia nacional es poco estricta y permisiva, corrompiendo a distintos funcionarios e incluso efectivos de la Policía para que los dejen operar con tranquilidad.

Desde el Ejecutivo se ha dicho en reiteradas ocasiones que vienen combatiendo a las distintas organizaciones criminales, pero no se ven resultados palpables en las calles, apreciándose que aún continúan las extorsiones a los emprendedores, sean estos grandes o chicos.

Ahora, desde la bancada de Fuerza Popular se viene impulsando una moción para declarar al ‘Tren de Aragua’ como una organización terrorista internacional.

El objetivo de esa declaratoria es que se mejore la cooperación entre nuestro país y los demás países donde también se encuentra dicha organización criminal venezolana. Si la moción es aprobada se crearían mecanismos legales y judiciales más efectivos para desarticularla.

En el documento también se plantea la creación de una comisión especial multipartidaria que trabajará en conjunto con el Ministerio del Interior y otras entidades en la formulación de estrategias prioritarias de seguridad.

Esta comisión trabajaría por un plazo de 180 días a fin de fortalecer la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

En la moción se exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que coordine con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancias regionales y países de la región, como Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay, para que se sumen a Perú y Ecuador en la designación del Tren de Aragua como organización terrorista internacional.

Así, con la moción que deberá seguir su trámite en el Congreso, se busca activar mecanismos de cooperación internacional para restaurar el orden y reforzar la seguridad en la región.

Tras hacerse público que el alcalde recurre a las redes sociales para responder a sus detractores que lo atacan por no aparecer en el lugar de los hechos donde ocurre el siniestro, el grupo de trabajo presidido por Juan Burgos, lo convocó para que responda si adoptó medidas preventivas antes que se desatara el incendio en Barrios Altos.

El legislador Juan Burgos Oliveros, a través de la Comisión de Fiscalización del Congreso convocó al alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, para que responda sobre las medidas que se habrían adoptado ante el incendio que se viene registrando desde el lunes 3 de marzo, en el edificio de seis pisos de la cuadra 4 del jirón Cangallo en Barrios Altos, en el centro histórico de Lima.

Sin embargo, sucedió algo inesperado. La sesión no se desarrolló debido a la falta de quórum, a pesar de la urgencia que exige el tema.

Burgos Oliveros, contó que citaron a López Aliaga con el objetivo de conocer las acciones de contingencia y evacuación que se habrían aplicado en el centro histórico, así como el control de licencias de construcción y fiscalización de las edificaciones en las zonas aledañas al siniestro. “Hemos citado en forma extraordinaria al alcalde de Lima y a la Compañía de Bomberos”, indicó el parlamentario.

Hasta el momento, más de 50 unidades de los Bomberos Voluntarios del Perú vienen trabajando en la zona siniestrada con apoyo de cisternas de agua de Sedapal.

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán Calderón, ha salido a defender con “dientes y uñas” al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tras los señalamientos que lo ponen como responsable de la falta de fiscalización en los almacenes donde viene ocurriendo el incendio en Cercado de Lima, e indicó que las masivas críticas, simplemente son respuestas al liderazgo del burgomaestre en las encuestas. “Estarían aprovechando el momento político», expresó el parlamentario celeste.

«Los que quieren señalar como el responsable al alcalde Rafael López Aliaga, lo único que quieren es aprovechar el momento político. A todos les queda claro que en los últimos meses está liderando las encuestas. Acá es una responsabilidad compartida», expresó.

Asimismo, señaló que la responsabilidad por el incendio en el Cercado de Lima es compartida y que Indeci también tendría un rol importante dentro del proceso de fiscalización de los almacenes.

«Acá es una responsabilidad compartida. (…) Indeci debería garantizar (la seguridad) y los Bomberos tendrían que tener el equipamiento para que combatan el siniestro», añadió con afán de justificar a la autoridad edil. Y desde su punto de vista, considera que el alcalde López Aliaga, está cumpliendo con cada una de sus promesas de manera firme y que los grandes proyectos están ejecutándose.

“Creo que él está cumpliendo cada una de las promesas de manera firme; los grandes proyectos de Lima están saliendo, se están avanzando; ha sacado a Lima de un proceso de recesión. Hoy está cumpliendo con Lima; tiene presupuesto de la Municipalidad de Lima. Está trabajando a través de Prolima con el tema de las casonas que está refaccionando y, además de ello, ha cumplido con el tema de las motos a cabalidad. Hoy no tiene quién más recibir las motos. El alcalde de Lima se está haciendo responsable de su promesa», culminó Bazán Calderón.

Diego Bazán, congresista de Renovación Popular, ante ausencia de RFL durante incendio en centro de Lima: Los que quieren señalar como el responsable al alcalde Rafael López Aliaga, lo único que quieren es aprovechar el momento político. pic.twitter.com/g9hkSe6qCS

— Revista Lima Gris (@Limagris) March 5, 2025

El titular de la cartera de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, mediante Resolución Suprema n.° 006-2025-MC, primero aceptó la renuncia de Jamer Nelson Chávez Anticona del cargo de Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, quien desde el 11 de octubre del 2024 fue designado a dicho cargo y además anteriormente se desempeñó como Decano Nacional del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú.

Y seguidamente, mediante la Resolución Suprema n.° 007-2025-MC se designó en reemplazo de Chávez Anticona, en el mismo cargo de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, a la arqueóloga, Moira Rosa Novoa Silva y quien anteriormente se desempeñó como directora de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, ubicada en el tercer piso de la sede central.

La nueva viceministra Moira Rosa Novoa Silva, es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y fue vicedecana del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Asimismo, a través de su empresa privada ‘ANDISPANA CONSULTORES S.A.C’ fue proveedora del Estado, al que hoy pertenece. Su consultora elaboró Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el sector turismo, específicamente para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según nuestra fuente del Mincul, Novoa Silva es una funcionaria cuestionada y formaría parte del “grupo” que tiene “manejando” el Ministerio de Cultura. Entre tanto, su ingreso en el Viceministerio de Patrimonio Cultural, no solamente sería para reemplazar al exviceministro Jamer Chávez Anticona, sino por un tema de intereses en el patrimonio cultural. 

Mala sangre. La ex congresista fujimorista Alejandra Aramayo, quien recientemente se desempeñaba como jefa de la Oficina de Comunicaciones de Imagen Institucional del Congreso, presentó su carta de renuncia a dicho cargo luego que se difundiera un reportaje sobre la demanda civil que presentó contra su madre, Vilma Gahona, para exigir ser incluida en la repartición de un inmueble en Puno, un bien que fue cedido en calidad de herencia anticipada a otros miembros de la familia.

“Adopto esta medida como un acto de desprendimiento al trabajo encargado (…) Debo señalar que soy una convencida de que las instituciones están por encima de las personas y, por esta razón, creo necesario y pertinente dar un paso al costado en la función encomendada”, se lee en una misiva enviada al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana.

La exlegisladora fujimorista lamentó que la disputa familiar haya sido “expuesta” por los medios de comunicación, ya que, según su declaración, se trata de un tema que corresponde “al ámbito íntimo, privado y familiar, lo que ha llevado a desnaturalizar los hechos y a faltar a la verdad”.

En el mismo documento, agradeció la colaboración del equipo de trabajo del Congreso, que apoyó sus “esfuerzos para mejorar la imagen”, a pesar del reciente escándalo sobre una aparente red de prostitución que operaba dentro de la institución. “Hago votos por el éxito de su gestión, en la que, las facilidades en la labor periodística han sido manifiestas, gracias a la política de puertas abiertas implementada por su administración”, agregó.

Según un informe difundido por el dominical Cuarto Poder, la ahora ex funcionaria había recibido dos automóviles, dinero en efectivo y una casa en Arequipa. Sin embargo, la disputa surgió debido a la cesión de un edificio de cuatro pisos a sus otros hermanos (Mónica, Jorge y Adriana).

Mediante el Oficio n.° D000765-2025-PCM-SSCPP, el Subsecretario I de la Subsecretaría de Coordinación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Marco Antonio Pajares Delgado, “presiona” a la secretaria general del Ministerio de Trabajo, Teresa Angélica Velásquez Bracamonte, para que se nombre al nuevo mandamás de EsSalud.  

El asunto del documento lleva por título: “Se solicita se nombre como Presidente Ejecutivo de ESSALUD a un funcionario de planta”.

Por lo visto, Alianza para el Progreso (APP), no solo se conforma con el control del Ministerio de Salud (Minsa), a través de su ministro apepista César Vásquez. Y ya puso la mira en el Seguro Social de Salud (EsSalud), para lograr su eventual control.

Movidas en EsSalud

Como se sabe, en EsSalud apareció un vendaval de sorpresivas movidas y cambios. Primero destituyeron a su presidenta ejecutiva, María Aguilar del Águila. Luego como para “cubrir el puesto” pusieron a un requisitoriado muy afín a Alianza para el Progreso (APP), se trataba de Constantino Vila Córdova. Y tras percatarse de la gran “patinada”, también lo sacaron de la Presidencia Ejecutiva y pusieron a una “encargada” que ignora el campo de la salud.

Se trata de Lelia Lourdes Lazo Cornejo, una abogada experta en derecho municipal y registral (ex militante de Fuerza Popular) y que aún “reposa” como presidenta interina en el Seguro Social, hasta que se designe al nuevo titular.

En ese sentido, los tentáculos de César Acuña Peralta ya no solo pretenden manejar la administración del Ministerio de Salud, con el ministro acuñista César Vásquez; sino también, las riendas del Seguro Social del Perú (EsSalud); y en caso que lo logren, tendrían la hegemonía de todo el sistema de salud y sanitario estatal del país.   

Arroz con mango para todos. Los aspirantes a convertirse en gobernadores, congresistas o presidentes, desde hace ya varios años, han visto sumamente lucrativo convertirse en autoridades del Estado, pues mágicamente su patrimonio se incrementa de manera considerable, pasando, además, de usar aretes y pulseras de fantasía a adornar sus muñecas con costosísimos relojes Rolex.

Y como todos pueden postular libremente, según lo estipulado en nuestro Constitución Política, sin que se requieran títulos o logros, hasta el ‘hijo del vecino’ puede convertirse en un futuro ‘Padre de la Patria’ para luego gozar de buffets, bonos, viajes pagados, y demás facilidades que se le brinda a un funcionario del Estado.

Es por eso que en las próximas Elecciones Presidenciales del 2026 se estima que van a participar al menos 50 organizaciones políticas sin una ideología definida ni vocación de servicio. A muchos de ellos solo les interesa ocupar una curul o estar dentro del Ejecutivo.

A propósito de ello, Roberto Burneo, presidente del JNE; Piero Corvetto, jefe de la ONPE; Y Carmen Velarde, jefa del Reniec, se presentaron ayer ante la Comisión de Constitución del Congreso para exponer los avances que sus respectivas instituciones vienen implementando para las Elecciones Generales 2026.

En esa línea, Burneo señaló que 42 organizaciones políticas ya están habilitadas para participar en dichos comicios, pero que la cifra podría incrementarse si logran culminar su proceso de inscripción otros partidos. Además, indicó que las elecciones podrían tener un aproximado de 10 mil candidatos. 

Por su parte, Corvetto calificó a los próximos comicios como «la elección más retadora de la historia de la república», considerando la cantidad de postulantes a cargos de representación nacional y los recursos logísticos que ello implica.

En un momento de su alocución, Corvetto se acercó a Fernando Rospigliosi, presidente de la comisión, para mostrarle las maquetas de lo que serán las cédulas de sufragio. No obstante, indicó que esto podría variar en caso el Congreso aprobara la implementación del voto electrónico.

“En caso ustedes aprueben el uso de voto electrónico no presencial para FF.AA. y PNP podríamos trabajar solo con una cédula [que] responde a nuestra tradición histórica nacional, no subnacional. Nos permitiría reducir tiempos en aproximadamente una hora u hora y media”, indicó. 

«Esta lógica del voto digital es fundamental. Es la elección más compleja de la historia», puntualizó.