No quieren dar puntada sin hilo. Este mediodía, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República debatirá el próximo 15 de abril un Informe Preliminar para solicitar facultades investigadoras en el caso que se le sigue a la jefa de Estado, Dina Boluarte, por el presunto abandono del cargo cuando estuvo sometida a cirugía estética. De aprobarse el petitorio de dicho grupo de trabajo posteriormente se tendrá que ratificar ante el Pleno.

De esta manera, se propone otorgar facultades de comisión investigadora con el fin de desarrollar las labores de fiscalización «de manera más acorde a las prerrogativas» que estas funciones requieren. Esto busca garantizar el acceso a la información y evitar obstrucciones en el proceso.

“Esta medida permitiría superar los obstáculos surgidos durante la indagación y fortalecer las capacidades del Congreso en el ejercicio de su labor de fiscalización. Asimismo, el otorgamiento de dichas facultades contribuiría a garantizar el acceso oportuno a la información relevante y evitar actos de obstrucción que limiten el control parlamentario sobre la gestión pública», señala el documento.

Asimismo, se propone una reforma del Reglamento del Congreso, específicamente del artículo 88, para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría pueda operar de manera permanente con facultades especiales de investigación, similar a una comisión investigadora, sin necesidad de solicitar autorización caso por caso.

Cabani se acogió al secreto profesional

Más temprano, el médico cirujano Mario Cabani acudió a la Comisión de Fiscalización, limitándose solo a responder datos técnicos correspondientes a su profesión, mas no a detalles sobre la intervención quirúrgica que le realizó a la mandataria, aduciendo acogerse al secreto médico profesional.

«Lamentablemente, no podemos informar porque esperamos el pronunciamiento del Poder Judicial que levante el secreto profesional médico, y que estimamos autorizará el deslacrado y la declaración de testimonios para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación preliminar (…) Estoy imposibilitado de pronunciarme», indicó el galeno.

La educación en el Perú no está en crisis. Está muerta. Morgan Quero Gaime, el ministro de Educación que pasará a la historia como el arquitecto de la ignorancia nacional. Con sus frases: ¡Qué viva el autismo!, “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, “No necesitamos docentes de inglés en colegios” y la más controversial “Violaciones sexuales en comunidades amazónicas como práctica cultural” al referirse a los abusos sexuales en comunidades indígenas. Lamentablemente del otro lado encontró a una débil y deslegitimada líder Awajún que abandonó el cargo y dejó sin clases a sus estudiantes en el 2023 y que fue excluida por el Ministerio del Interior de la investigación por su rol de sub prefecta en el 2022 por no otorgarme garantías personales.

Mientras que el miserable OFICIO MÚLTIPLE N.º 00039-2025-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA piden a las regiones «celebrar de acuerdo a sus posibilidades» una celebración con pompa vacía los 20 años de la Educación Básica Alternativa (EBA), sin presupuesto. Sin plan. Sin vergüenza.

Según cifras del Ministerio de Educación (Minedu), mencionadas por CARE (2023), hoy dirigida por la Ex ministra de Educación Marilú Martens Cortés, sí la que no pudo manejar la huelga magisterial del año 2017 y que producto de ello nació el dirigente ex presidente Pedro Castillo Terrones. La taza de deserción escolar anual es del 6,3%.

De acuerdo al Censo Educativo 2023 de la Unidad de Estadística Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación, la matrícula total en Educación Básica asciende a 9,412,823 estudiantes, considerando la taza de deserción solo en el 2023, han abandonado sus estudios 593, 612 estudiantes aproximadamente. Lo que significaría es que habría una deserción estimada en los dos últimos años: de 1 millón de estudiantes quienes abandonaron las aulas. ¿Y cuál fue la respuesta oficial? Ninguna.

Cada estudiante que deserta es una tumba más en este camposanto llamado Perú. El abandono escolar no es una estadística. Es una sentencia.

Mientras usted lee estas líneas, tres estudiantes más acaban de abandonar el sistema educativo. Para cuando termine este artículo, serán decenas. Al finalizar el día, cientos. Y el Ministerio de Educación sigue jugando con sus PowerPoints y sus cifras maquilladas, como quien pinta las paredes de un mausoleo.

Lo he visto con mis propios ojos. He recorrido las comunidades Awajún, Wampis entre otras, donde los jóvenes prefieren migrar a las ciudades para malvivir en subempleos antes que desperdiciar su tiempo en escuelas fantasma, sin profesores, sin internet, sin futuro. He conversado con madres adolescentes que jamás volverán a pisar un aula porque el sistema no tiene espacio para ellas.

¿Dónde está la política de reinserción para los millones de peruanos que no han completado su educación básica? ¿Dónde están las campañas de comunicación para dar a conocer los servicios de la EBA? ¿Dónde diablos está el presupuesto? No existe.

Sepa que la Educación Básica Alternativa (EBA) brinda el servicio educativo a través de tres formas de atención: presencial, semipresencial y a distancia. En la modalidad presencial, el estudiante asiste al CEBA según un horario previamente acordado, dirigida a personas, peruanas o extranjeras, desde los 14 años. Las modalidades; semipresencial y a distancia están dirigidas a mayores de 18 años; en la primera, el estudiante combina la asistencia presencial con procesos autónomos de aprendizaje, y en la segunda, desarrolla su aprendizaje de manera autónoma utilizando medios tecnológicos, electrónicos y digitales. Esta última puede ser virtual, si se cuenta con acceso a internet, o itinerante, si se reside en zonas sin conectividad o de difícil acceso geográfico. La modalidad EBA atiende a través de tres ciclos: inicial, intermedio (equivalente al nivel primaria) y avanzado (al nivel secundaria), cuenta con un programa de alfabetización, incluso pueden culminar sus estudios personas privadas de su libertad.

Si usted o un familiar no ha concluido sus estudios de primaria o secundaria, acérquese al CEBA más cercano a su domicilio y descubra una nueva oportunidad de superación.

¿Sabe usted si existe un CEBA cerca de su casa, en su distrito o provincia? Probablemente no. Porque a este gobierno no le interesa que lo sepa. Porque un ciudadano educado es un ciudadano peligroso para quienes viven del atraso y la ignorancia. Este gobierno ha convertido la pandemia educativa en una epidemia crónica. Ya no es el COVID lo que mantiene a los estudiantes fuera de las aulas. Es la pobreza. Es el desinterés oficial. Es la incompetencia ministerial elevada a política de Estado.

La educación alternativa agoniza en la UCI mientras el ministro reparte migajas. Solo 1,112 CEBA públicos para atender a millones de jóvenes y adultos que necesitan completar su educación. Una broma macabra.

Y la mayoría ni siquiera tiene local propio. Son nómadas educativos que mendigan espacios en IE del nivel secundaria, como parientes pobres a los que se tolera por obligación.

Mientras Netflix produce películas como «Escuela Nocturna» que retratan con humor y humanidad la importancia de la educación de adultos, en Perú la EBA se marchita en el olvido burocrático. Hasta la ficción norteamericana entiende mejor que nuestros funcionarios la importancia de dar segundas oportunidades educativas.

La deserción escolar no es un accidente. Es el resultado directo de un sistema diseñado para fracasar, operado por burócratas cuyo único talento es justificar el desastre. Un sistema que permite que niñas y adolescentes embarazadas abandonen sus estudios sin mayor escándalo nacional. Un sistema en el que más de 500 estudiantes en Condorcanqui (Amazonas) sufrieron violencia sexual y violencia física en las escuelas que deberían protegerlos, esto durante los últimos 10 años y que ahora los ex ministros de educación se rasgan las vestiduras ocultando que son parte de ese abandono ¿Esta es la educación que queremos?

La educación peruana es hoy un féretro donde Boluarte y Quero arrojan, pala tras pala, los restos de lo que alguna vez fue un proyecto de nación. Cada cifra de deserción es una palada más de tierra sobre nuestras esperanzas colectivas. Y mientras tanto, los CEBA, no tienen ni motivos ni recursos para celebrar. En cambio, sí celebran los traficantes de la ignorancia, los mercaderes del subempleo, los políticos que prefieren ciudadanos desinformados y los empresarios que necesitan trabajadores desesperados, dispuestos a aceptar cualquier salario.

Las escuelas rurales languidecen en el abandono. Solo 184 servicios de EBA en zonas rurales, donde precisamente se concentra la mayor necesidad. Una estadística criminal.

La Educación Básica Alternativa no necesita aniversarios ni discursos. Necesita presupuesto. Necesita infraestructura propia. Necesita una campaña nacional de comunicación para que cada peruano que abandonó sus estudios sepa que existe una oportunidad para retomarlos. Si Boluarte y Quero no son capaces de entenderlo, deben dar un paso al costado. La educación peruana no puede permitirse ni un día más de este abandono institucionalizado. Porque mientras los sepultureros sigan a cargo del cementerio educativo, el Perú seguirá enterrando, uno a uno, los sueños de sus ciudadanos. Y eso, compatriotas, es algo que ninguna nación puede sobrevivir.

¡Viva la Educación Básica Alternativa!

El Congreso de la República aprobó el texto consensuado que modifica la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, a fin de incorporar la pistola eléctrica o de electrochoque como medio de defensa del sereno.

El dictamen recaído en los proyectos de ley 7874 y 10075, obtuvo 88 votos a favor y 6 en contra, evidenciando el amplio consenso sobre la urgencia de fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país. Enseguida, la propuesta fue exonerada de segunda votación, con lo cual será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Esta incorporación fortalecerá la labor del serenazgo municipal, permitiendo que sus funciones se desarrollen con mayor eficacia y seguridad, tanto para los serenos como para la ciudadanía en general”, afirmó la congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, y Lucha contra las Drogas.

A su turno, la congresista Ana Zegarra Saboya (SP), presidenta de la Comisión de Descentralización, destacó que el uso de estos dispositivos estará sujeto a capacitaciones rigurosas, que incluirán entrenamientos en campo, simuladores y polígonos de tiro.

Además, indicó que el dictamen establece que el Ministerio del Interior evaluará si el uso de armas de electrochoque deberá estar acompañado por cámaras corporales activas, con el objetivo de garantizar transparencia y prevenir eventuales abusos.

El texto señala que el Poder Ejecutivo, con el refrendo del ministro del Interior, adecuará el Reglamento de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, en un plazo máximo de 60 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor.

A propuesta de la congresista Martha Moyano (FP) se incluyó, en una disposición complementaria final, la exención de responsabilidad penal en ejercicio de la legítima defensa. “El personal de serenazgo municipal que, en el cumplimiento de sus funciones y haciendo uso de un medio de defensa en forma reglamentaria, cause daño contra la vida, el cuerpo y la salud, está exento de responsabilidad penal de conformidad con el numeral 9 del artículo 20 del Código Penal, Decreto Legislativo 635”.

Diversos Proyectos de Ley (PL) presentados por los legisladores Alejandro Muñante, José Luna Gálvez, Roberto Chiabra, o Juan Burgos, ha sido aprobados recientemente por el Congreso de la República con la clara intención de endurecer las penas contras los adolescentes de 16 y 17 años que comentan delitos considerados como graves.

Esta decisión incluye la posibilidad de imponer penas de hasta cadena perpetua a menores de edad que cometan crímenes como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual, entre otros. Cabe mencionar que la reconsideración de la segunda votación del dictamen fue finalmente rechazada.

Uno de los autores de los PL, José Luna Gálvez, indicó que esta reforma busca responder a la creciente crisis de inseguridad ciudadana y al aumento de la violencia delictiva en el país. “No podemos mantenernos impasibles ante esta ola de criminalidad. Es necesario aplicar medidas severas para restablecer el principio de autoridad y proteger a nuestros jóvenes de ser utilizados por organizaciones criminales”, afirmó el legislador.

Condena para menores como adultos, pero tratamiento diferenciado

El congresista explicó que, aunque los adolescentes serán juzgados como adultos, el sistema penitenciario aplicará un tratamiento diferenciado para los internos de entre 16 y 21 años. Este enfoque, conocido como sistema de individualización científica, busca separar a los jóvenes de los reclusos de mayor edad dentro de los penales, con el objetivo de evitar influencias negativas y promover su rehabilitación. “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”, opinó.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) criticó la postura del Parlamento, advirtiendo que la norma establece que “las y los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos”. “Ellos/as están en una etapa de desarrollo y por ende deben ser juzgados y sancionados dentro del Sistema Penal Judicial Juvenil especializado que está orientado a garantizar su reinserción social”, mencionaron en noviembre del año pasado.

Con el firme objetivo de destrabar proyectos y acelerar mejoras urgentes en la infraestructura de Loreto, el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Dr. Juan Pío Flores Tang, sostuvo una importante reunión en Lima con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. A la cita también asistieron la congresista Ana Zegarra, el alcalde provincial de Alto Amazonas Roy Saldaña, y los alcaldes distritales Lagunas y Teniente César López.

Durante el encuentro, se abordaron temas claves relacionados con el desarrollo vial y aeroportuario de la región. Uno de los puntos centrales fue la situación del aeródromo de Yurimaguas, donde el MTC se comprometió a revisar los procedimientos para convocar nuevamente el proyecto de reparación de la pista de aterrizaje, así como otras mejoras necesarias.

El gerente Juan Pío Flores, quien ha venido trabajando incansablemente por mejorar la conectividad en la región, solicitó al ministro la emisión urgente de las fichas técnicas para el mejoramiento de cuatro vías de penetración fundamentales en la carretera Iquitos–Nauta: Ángel Cárdenas, Ex Petroleros, 10 de Octubre y El Milagro. Estas rutas son vitales para el tránsito diario, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico de las comunidades locales.

Además, Flores Tang puso sobre la mesa la necesidad de reactivar el mejoramiento de la carretera Napo–Putumayo, una obra estratégica que responde al mensaje a la Nación anunciado por la presidenta Dina Boluarte. Para ello, solicitó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que articule acciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa y el Ejército del Perú.

Esta reunión demuestra el compromiso del gerente Juan Pío Flores con el desarrollo de Loreto, y su liderazgo en la gestión de proyectos que buscan cerrar brechas de infraestructura y mejorar la calidad de vida de miles de loretanos.

El canciller peruano Elmer Schialer manifestó durante una entrevista que el Perú se viene preparando para presentar ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta de resolución para declarar como “organización terrorista regional” al grupo criminal venezolano el ‘Tren de Aragua’, por la ola de criminalidad que viene sembrando en distintos países de Latinoamérica.

“Vamos a presentar en la próxima asamblea general de la OEA, que será en junio próximo, un proyecto de resolución para que se declare organización terrorista a nivel regional, es decir, interamericano, al tren de Aragua, porque lo que genera en el país, lo que genera en la población, en las madres de familia, en el hombre honesto, es terror, y así no se puede construir ningún país, y eso lo tenemos que decir claramente y en voz alta, todos los gobierno de la región”, declaró el canciller este último miércoles en Radio Nacional.

Schialer informó que la inseguridad ciudadana, inmigración, entre otros, fueron parte de los temas que abordó en su reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien agradeció a Perú por el apoyo brindado en la recepción de los connacionales deportados de Estados Unidos, por asuntos migratorios.

La autoridad nacional se mostró confiado de alcanzar en la OEA el consenso suficiente para aprobar la resolución, incluso por unanimidad, al recordar que Ecuador ya declaró al Tren de Aragua organización terrorista criminal, y que, incluso Estados Unidos ha desplegado una serie de intervenciones contra esta banda, con algunos de sus miembros enviados a cárceles en El Salvador.

Disminución de deportaciones

Por otro lado, el canciller Elmer Schialer también se refirió al flujo de peruanos deportados desde Estados Unidos, en razón de la política migratoria aplicada por el presidente Donald Trump desde su llegada al poder en enero pasado.

Al respecto, comentó que “curiosamente” se observa una baja en el ritmo de deportaciones en la era Trump respecto a la administración Biden, que hace, de enero a la fecha, alrededor de 400 connacionales deportados.

«Tenemos curiosamente una baja en el ritmo de las deportaciones de peruanos, a diferencia de otros países y de otros momentos en el pasado del Perú, con Estados Unidos”, comentó.

Con el objetivo de acercar el mundo de las telecomunicaciones a los más jóvenes, el Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y con el respaldo de la Dirección Ejecutiva de Comunicaciones, llevó a cabo una serie de charlas educativas en colegios ubicados a lo largo de la carretera Iquitos–Nauta.

Más de 200 estudiantes de primaria y secundaria de las instituciones educativas N.º 60110 (Quistococha) y N.º 601586 (Mi Refugio), en la ciudad de Nauta, participaron con entusiasmo en estas sesiones didácticas. Durante las charlas, se abordaron temas clave sobre la importancia de las telecomunicaciones en la vida diaria, su impacto en la educación, el trabajo y la conectividad en nuestra región.

Estas actividades forman parte de un compromiso firme del Gobierno Regional de Loreto liderado por su gobernador René Chávez y su gerente Pio Flores Tang, con la finalidad de construir una ciudadanía digital más preparada e inclusiva. Apostando por la educación desde las aulas, se busca que niños, niñas y adolescentes comprendan el papel fundamental que juega la tecnología en el desarrollo de sus comunidades.

¿Compras directas para una institución salpicada de corrupción? Nadie puede negar que la Policía Nacional del Perú (PNP) carece de muchos implementos para combatir la delincuencia, como patrulleros, chalecos, armamento o logística; sin embargo, dotarle de acceso inmediato a las arcas del Estado es sumamente riesgoso, sobre todo si no hay la confianza necesaria de parte de sus representantes.

El Congreso de la República ha aprobado, por unanimidad, un dictamen que declara en emergencia la PNP por un plazo de 180 días calendario, esto como parte de una estrategia legislativa orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar el crecimiento de la criminalidad.

La norma aprobada tiene su origen en los proyectos de ley 07567/2023-CR, 10044/2024-CR, y otras iniciativas, y establece un conjunto de medidas extraordinarias para modernizar operativamente a la PNP y dotarla de mayores recursos.

El rol de la Contraloría para el acceso directo de bienes para la PNP

Durante este periodo de emergencia, que tendría un plazo de 180 días, se autoriza la intervención inmediata del Ministerio del Interior (Mininter), así como de los gobiernos regionales y locales, para que adquieran bienes y servicios sin procesos administrativos ordinarios, con el fin de ejecutar acciones urgentes contra la inseguridad. Estas contrataciones estarán bajo control concurrente de la Contraloría General de la República.

La ley también autoriza una asignación económica adicional para el personal policial que, de forma voluntaria, realice patrullajes a pie o motorizados, así como operaciones focalizadas de investigación en el marco de esta emergencia.

Asimismo, el Mininter tendrá 90 días de plazo para presentar una evaluación situacional sobre el estado de la PNP a fin de que se desarrolle una reestructuración de las dos mencionadas instituciones.