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Denuncia penal contra Natalia Majluf y funcionarios del Ministerio de Cultura por daño al Patrimonio

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En el 2016 la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura, autorizó el préstamo de diez pinturas de la escuela cuzqueña al Museo de Arte de Lima (MALI), con motivo de la exposición temporal titulada Escuela Cuzqueña de Pintura, que se expuso del 20 de setiembre del 2016 al 29 de enero del 2017. Lamentablemente las pinturas que son Patrimonio Cultural de la Nación, retornaron al Cusco gravemente dañadas. Motivo por el cual se denunció penalmente a Nalatia Majluf (ex directora del MALI) y a diversos funcionarios del Ministerio de Cultura.

La denuncia contra Natalia Majluf y los funcionarios del Ministerio de Cultura fue presentada por la Comisión de Juristas contra la corrupción y por la defensa social de Cusco, y se encuentra en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco. El caso 1470-2018 tiene como agraviado a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y se investiga a Natalia Majluf Brahim por los delitos de daño agravado, daño simple, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, omisión de denuncia y encubrimiento personal.

Denuncia penal contra Natalia Majluf y funcionarios del Ministerio de Cultura.

Los funcionarios denunciados penalmente del Ministerio de Cultura fueron Edwin Benavente García, Luisa Vetter Parodi, Víctor Vidal Pino Zambrano, Rosa Martínez Navarro, Nathalie Quispe García, Ninoska Avendaño, Eugenio Huapayo Zelaya, Manuel Guevara Valencia, Dany Abad Cruz Condori, Amed Velásquez Ttito y Patsy Gonzales Vergara.

Las diez pinturas pertenecientes al Museo Regional del Cusco, fueron entregadas el 25 de abril del 2018, previa coordinación con Ninoska Avendaño, jefa del Área Funcional de Museos.  De las diez pinturas que son Patrimonio Cultural de la Nación, ocho se recibieron con los siguientes daños.

San Ignacio Obispo, Mártir de Antioquia”, del artista Bernardo Bitti, presenta levantamiento de la capa pictórica en la zona central superior. Fisura en la barba del personaje y esquina inferior derecha. Perdida de pintura en la zona central inferior.

“Misa de San Gregorio”, autor Gerónimo Gutiérrez de las Casas. presenta perdida puntual de capa pictórica.

“Coronación de la Virgen de los Ángeles”, autor anónimo, presenta fisura en el marco y Lienzo destensado.

“Virgen del Rosario”, autor anónimo, presenta fisura en la capa pictórica.

“Gloria de Santos y Mártires autor Antonio Huillca Huallpa”, familia del Brigadier Mateo Pumacahua.  Presenta grieta en el ángulo de la esquina inferior izquierda del marco

“San Miguel Arcángel con santos y santas”, autor anónimo, presenta fisura en la zona superior central. Presencia de puntos de pintura blanca en la esquina superior derecha.

“San Eloy Obispo”, autor anónimo, presenta perdida de la capa del marco en la esquina superior derecha e izquierda. Embolsado en el lado izquierdo superior inferior. Fisura del marco en la esquina inferior derecha.

“Mater inviolata”, autor Santiago Juárez. Presenta fisura del marco en la esquina inferior izquierda y esquina superior derecha.   

Coronación de la Virgen de los Ángeles, autor Bitti. Foto: Lima Gris.
Coronación de la Virgen de los Ángeles, autor Bitti.. Foto: Lima Gris.

El traslado de estos importantes bienes artísticos e históricos de la ciudad de Cusco a la ciudad de Lima, estuvo a cargo de la Comisaria Rosa Julia Martínez Navarro, quien es conservadora del Museo Nacional de Antropología e Historia del Perú. El retorno de estas importantes piezas de arte de Lima a Cusco, estuvo a cargo de Nathalie Lisbheth Quispe García, Comisario representante del Ministerio de Cultura, quien tenía el deber de evaluar el estado de conservación de las obras de arte antes de su traslado.

Nathalie Quispe García, presentó su informe final de la entrega de las diez pinturas al Museo Histórico Regional el 09 de julio del 2017, en el informe señaló que al revisar el estado de conservación de estos objetos se habría evidenciado daños en las piezas culturales, siendo de conocimiento de los demás denunciados, los mismos que no actuaron conforme a sus atribuciones y al Reglamento a la Ley General del Patrimonio.

Denuncia señala responsabilidad de Natalia Majluf.

Hay que señalar que Ninoska Avendaño,  la Jefa funcional de Museos de la DDC-CUSCO conociendo que las obras habían sufrido daños y alteraciones en su estado de conservación y presentaban perdida de tensión en la estructura de los materiales constitutivos, según el informe de la Comisaria Natalie Quispe García, ante estos hechos la jefe funcional de Museos,  ordenó que el Sr. Eugenio Felipe Huayapo Zelaya, realice labores de conservación, limpiando la policromía en la obra de Bitti, (San Ignacio, Obispo, Mártir de Antioquia) tratando de restaurar el levantamiento de la capa pictórica, la fisura en la barba del personaje y esquina inferior derecha. La pérdida de pintura en la zona central inferior, causó grave daño a la obra, por ser de valor artístico, histórico y cultural, habiendo usado solventes comprometiendo la policromía adicionada en la restauración, con conocimiento de sus compañeros de trabajo. 

EMPRESA N. LEIGH Y EL TRASLADO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN AL CUSCO

La empresa encargada para entregar al Cusco las diez pinturas que son Patrimonio Cultural de la Nación, fue N. Leigh Transporte de Arte”. Lo que sorprende es que las diez pinturas fueron enviadas vía terrestre en un camión no climatizado. Por qué Natalia Majluf y los funcionarios del Ministerio de Cultura pusieron en riesgo nuestro patrimonio. ¿Acaso pretendieron ahorrar dinero?

Empresa N. Leigh http://www.nleigh.com.pe

Recordemos que la empresa N. Leigh fue la misma que se usó para la exposición Nasca, la cual se transportó en avión a Madrid. En cambio, para las obras de la escuela cuzqueña, se usó un camión que no estaba climatizado, y que ni siquiera tenía sensores dentro para controlar las condiciones a las que estuvo expuesto nuestro Patrimonio Cultural de la Nación.

MINISTERIO DE CULTURA NO RESPONDE

El 08 de enero del 2019, el congresista Marco Miyashiro, envió un oficio N° 0224-2018-2019-MMA/CR al cual tuvimos acceso, dirigido a Luis Nieto Degregori, Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. En el documento el congresista menciona que ha recibido denuncias sobre temas relacionados al Patrimonio Cultural de la Nación, y señala que su despacho viene investigando el convenio suscrito entre el Museo de Arte de Lima (MALI) y el Ministerio de Cultura. En la documentación agrega la denuncia penal contra Natalia Majluf y pide que se le alcance un informe detallado sobre la referida denuncia y las acciones que viene efectuando la DDC de Cusco hasta la fecha. Hasta el día de hoy, Luis Nieto Degregori no ha respondido.

Luego de tres semanas, el 31 de enero del 2019, el congresista Miyashiro, envió el oficio N° 0226-2018-2019-MMA/CR al ministro de Cultura Rogers Valencia, en el documento el congresista menciona que solicitó información al director de la DDC de Cusco, sobre el caso 1470-2018 y adjunta documentación al respecto. Hasta la fecha tampoco el ministro de Cultura ha respondido a la solicitud de información del Congresista de la República.

Es preocupante conocer el daño a las pinturas cuzqueñas y ver la irresponsabilidad con la que se traslada nuestro Patrimonio Cultural de la Nación, además, sorprende que los involucrados denunciados penalmente tengan un doble discurso, ya que por un lado pretenden no hacerse responsables del daño cometido contra nuestro patrimonio, y por otro lado andan solicitando firmas para salvar Chinchero. Y en medio de todo esto, es indignante el silencio cómplice del Ministerio de Cultura.

Este fue el video que hizo el MALI sobre la muestra de pintura cuzqueña.


La empresa N. Leigh, a pesar de la irresponsabilidad de transportar nuestro Patrimonio Cultural de la Nación en pésimas condiciones, ha sido premiada nuevamente por el Estado, ya que la mencionada empresa es también la encargada del embalaje y transporte de obras de arte de la delegación peruana para la Feria ARCO en Madrid, por el cual el Ministerio de Cultura le está pagando 290 mil 665 soles.

Reporte de otorgamiento de la buena pro.

Aquí el proceso del otorgamiento de la buena pro a la empresa N. Leigh

Acta de Otorgamiento de Bue… by on Scribd

En su página web la empresa N. Leigh publicita nuestro patrimonio y menciona “Contamos con un equipo humano altamente calificado en el embalaje y transporte de obras de arte, capacitado constantemente, motivado, meticuloso y confiable, que comparte nuestro amor por lo que hacemos y plenamente consciente de nuestro compromiso y responsabilidad en el cuidado de objetos delicados, confiados a nuestra empresa por sus propietarios o creadores”.

Natalia Majluf. Foto: El Comercio.

La realidad es totalmente distinta a las palabras mencionadas por la empresa, ya que, por transportar nuestro Patrimonio Cultural de la Nación, en un camión que no contaba con las condiciones necesarias, en la actualidad están denunciados penalmente Natalia Majluf y diversos funcionarios del Ministerio de Cultura.

De la misma forma vemos que el Ministerio de Cultura mira a un costado e ignoran la denuncia contra Natalia Majluf, ya que en el 2017 fue designada por Salvador del Solar, como miembro de la Comisión Consultiva Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura. Y en el 2018 la ex ministra Patricia Balbuena, la designó como integrante del Consejo Consultivo del Bicentenario 2021.

Para finalizar, el señor Edwin Benavente García, Director General de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien también se encuentra denunciado penalmente, acaba de renunciar a su cargo el 31 de enero del 2019.

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Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

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Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

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Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

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El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

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Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

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Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

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En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

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Técnicos de la FAP son investigados por robar componentes aeronáuticos en Iquitos

Grave escándalo en la Fuerza Aérea del Perú: red de corrupción, robo de componentes aéreos y presuntos vínculos con sicarios comprometen al Grupo Aéreo N.º 42 en Iquitos.

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Por Jorge Linares

El pasado 7 de enero del presente año fue hallado el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario en una situación comprometedora con una caja conteniendo diversas piezas pertenecientes a las aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de uno de los almacenes del Grupo Aéreo N° 42 en la ciudad de Iquitos.

Asimismo, se pudo comprobar que no es la primera vez que el TIP FAP Meléndrez incurre en estos actos perniciosos contra la Fuerza Aérea del Perú, como consta en la carpeta fiscal N° 1328-2024, donde se le investiga por ser el único responsable de la pérdida de 4 componentes aéreos: 2 unidades FCU (unidad de control de combustible) y 2 unidades gobernadores de hélices, valorados aproximadamente en medio millón de dólares.

Según las investigaciones de este caso, llama la atención que dos de los testigos claves —el TIP FAP Ronal Borbor Reátegui y el TC3 FAP César Vega Paredes— expresan contradicciones con respecto a la presencia de ambos en un área restringida como es el almacén de alto costo.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público, se viene descubriendo más nombres relacionados a otros hechos similares y se puede vincular con una organización criminal dentro de la institución aérea, porque estas personas se han valido de los servicios de un sicario para atentar contra la vida del personal denunciante o de cualquier persona que atente contra sus intereses. Esta afirmación lo corroboró el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho en una colaboración notarial (16 de julio de 2024) al verse descubierto y ser parte de esta estructura criminal, como consta en la carpeta fiscal 17-2025, derivada de la carpeta fiscal 1161-2024.

El SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien en su momento fue abogado de los implicados, manifestó que había dejado de llevar la defensa legal del SO3 FAP Anghelo Albornoz Córdova porque era indefendible ante las evidencias que hay en su contra por haber envenenado al perro guardián para ingresar sin autorización al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N° 426 del Grupo Aéreo N° 42 el 13 de julio del 2024 a las 3:40 a.m. y que contó con la participación de los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el sicario, quien hasta la fecha no está identificado; pero hay una probabilidad de que sea un mal miembro de la PNP del grupo terna. Burgos también aseveró que este robo de piezas de aviones es una práctica antigua en el Grupo Aéreo N° 42.

Desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha, ninguno de los investigados se presentó a dar sus declaraciones, dejando entrever una posición obstruccionista y sospechosa para esclarecer estos hechos execrables que son materia de investigación, a excepción del SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien se ratificó de su primera manifestación en la sede policial y fiscal. Todos los implicados pertenecían al área de mantenimiento de motores del Grupo Aéreo N° 42 y ya fueron dados de baja, a excepción del TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien pidió de manera voluntaria su pase a retiro, despertando mayor sospecha en su persona ya que tenía una carrera militar ascendente.

Es de mucha valía que las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú, brinden importancia a este escándalo de corrupción dentro de la institución aérea, porque más allá del evidente robo millonario que le vienen haciendo al país estos malos efectivos, perjudican de manera directa la gran labor social que realiza el Grupo Aéreo N° 42 en la Amazonía peruana.

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Pisaq y Tipón bajo amenaza: turistas defecan en nuestro patrimonio por falta de baños

Una denuncia ciudadana revela que, por falta de baños y señalización, turistas estarían utilizando zonas arqueológicas como letrinas

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Hay actos que no solo denotan ignorancia, sino un desprecio inconsciente –y por eso más brutal– por la historia que nos sostiene. Lo que está ocurriendo en los Parques Arqueológicos de Pisaq y Tipón no es una simple anécdota escatológica, como algún burócrata desganado podría resumir en un parte olvidable. Es, en verdad, una forma sutil y cruel de profanación.

El 29 de junio, según denuncias de guías turísticos, visitantes defecaron y orinaron entre las piedras sagradas de nuestros ancestros. Y no lo hicieron por rebeldía o vandalismo gratuito, sino porque no hay baños. Así de sencillo. Así de grotesco.

La escena sería cómica si no fuera tan trágica: turistas desesperados, buscando dónde aliviarse, mientras la brisa andina arrastra los ecos de un pasado glorioso convertido en letrina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un país que se llena la boca hablando de su riqueza patrimonial no sea capaz de instalar un baño seco, una letrina digna, un mísero cartel que diga “por aquí no”?

El problema no es nuevo. Lo nuevo es la frecuencia con la que se repite, la indiferencia con la que se recibe, y la absoluta desidia de quienes deben solucionarlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano que debería velar por estos santuarios, parece vivir en un letargo administrativo. La escasa señalización, la falta de personal de resguardo y la inexistencia de puntos de información para los visitantes no son fallas técnicas: son síntomas de una renuncia institucional a proteger lo que nos define.

Pero la responsabilidad no termina ahí. El Ministerio de Cultura, que debería ser la conciencia vigilante del país, se ha convertido en una oficina de trámites opacos, más preocupada en sostener convenios insólitos con asociaciones ufológicas que en evitar que las ruinas se llenen de heces.

Lo que ocurre en Pisaq y Tipón no es solo un atentado físico contra las piedras: es una erosión simbólica. Cada micción entre muros incas es una bofetada a nuestra identidad. Cada excremento, una prueba de que el Estado se desentiende de su misión civilizatoria. Porque eso es, al final, el patrimonio: un recordatorio de que venimos de algo más alto que nosotros mismos.

No basta con declarar la indignación. Urge que el Estado reaccione, que asigne presupuesto, que entienda –de una buena vez– que la defensa del patrimonio no es un lujo, sino una urgencia nacional. Que los caminos del turismo no pueden estar sembrados de basura, ni los templos ancestrales convertidos en urinarios.

Si no somos capaces de proteger ni siquiera las huellas de quienes nos precedieron, ¿cómo aspiramos a dejar alguna huella nosotros?

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Respuesta a Carta Notarial de Hotel Casa República

El gerente general del ‘Hotel Casa República’ envió una carta notarial requiriendo que se rectifiquen las supuestas expresiones falsas y difamatorias publicadas en una nota periodística del 17 de junio en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

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Llegó a nuestra redacción una carta notarial fechada el 25 de junio de 2025, recibida con fecha 2 de julio del presente, enviada por el gerente general del Hotel Casa República, señor Juan José Mendoza Arredondo, en la que se nos requiere la rectificación de una nota periodística publicada el 17 de junio de 2025 en el portal digital de la revista Lima Gris, titulada: “Barranco y el ruido del Hotel Casa República”, bajo el argumento de que la misma contendría afirmaciones «falsas y difamatorias».

Al respecto, como medio de comunicación debidamente constituido y en ejercicio legítimo de la libertad de prensa, respetuosamente expresamos lo siguiente:

  1. Libertad de información y de expresión protegidas constitucionalmente

La publicación realizada por Lima Gris responde a la labor periodística de informar sobre hechos de interés público, en este caso, las quejas y preocupaciones de vecinos del distrito de Barranco respecto al impacto de ciertas actividades nocturnas en su entorno urbano y patrimonial. Esto se encuentra amparado por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a «buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de comunicación». Este derecho no solo ampara a los periodistas, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a ser informada.

  • Veracidad y sustento de la información publicada

Contrario a lo afirmado en su carta notarial, la publicación en mención no contiene expresiones difamatorias ni afirmaciones falsas. La información difundida ha sido elaborada con base en fuentes verificables, incluyendo testimonios directos de residentes, material audiovisual y reportes ciudadanos disponibles en redes sociales y otras plataformas. En ningún momento se ha atribuido de manera maliciosa o con intención de dañar, la generación de «escándalos nocturnos» al hotel sin fundamento fáctico.

  • No existe animus difamandi

El contenido publicado se enmarca en un ejercicio legítimo de crítica y fiscalización periodística. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debate público admite expresiones incluso severas cuando se trata de asuntos de interés común. La publicación no ha tenido como propósito afectar la imagen de su representada, sino evidenciar un problema urbano percibido por un sector de la comunidad.

  • Exigencia desproporcionada y amedrentamiento a la prensa

La amenaza de iniciar acciones penales y civiles en caso de no acceder a un pedido de «rectificación total en 24 horas» constituye una forma de censura indirecta y presión indebida sobre la libertad de prensa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta preocupante que un actor privado pretenda condicionar la labor informativa mediante la judicialización de contenidos críticos.

  • Posibilidad de réplica o descargo

Como corresponde a un medio que respeta el pluralismo, reiteramos que el Hotel Casa República pudo ejercer su derecho a réplica en el mismo portal, en vista que pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente Juan José Mendoza Arredondo, y cuyas versiones fueron debidamente transcritas en la misma publicación en calidad de descargo.

Por lo tanto, no existe obligación legal de rectificar contenidos que han sido redactados de buena fe, con base en hechos y bajo un interés informativo legítimo. En consecuencia, rechazamos el requerimiento de rectificación exigido en su carta notarial.

Sin otro particular, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo independiente, crítico y respetuoso del estado de derecho.

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Sujeto embiste su camioneta en conocido restaurante porque local lo había expulsado debido a que se encontraba presuntamente bajo los signos del alcohol [VIDEO]

Miguel Ángel Requejo Astochado ahora será denunciado por tentativa de homicidio.

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Un demente al volante. La noche de ayer, comensales del restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en el distrito de La Molina, previo el incidente, indicaron que Miguel Ángel Requejo (51 años), había discutido con los mozos del local, quienes procedieron a expulsarlo ya que el sujeto había ingerido bastante alcohol y estaba incomodando a los demás comensales.

Minutos después, el sujeto se sube en su moderna camioneta para conducir sin frenos hasta la fachada del local, colisionando sin importarle que adentro se encontraban personas consumiendo.

Producto del salvaje impacto resultaron heridas dos personas, además del daño material ocasionado por el irresponsable conductor.

Uno de los afectados mencionó que procederá a denunciar penalmente a Requena, calificando el hecho de tentativa de homicidio, tildando además de “enfermo mental” al ebrio chofer, quien no paraba de gritar en todo momento, relata el agraviado, que era un magnate y podía hacer cualquier cosa.

«Ya está detenido. Es un enfermo mental. Esto es un intento de homicidio. Nosotros estamos pidiendo la cuenta y pagando. En un principio estaba sentado y me levanté no sé cómo segundos antes de que el carro se empotre por eso que estaba a un costado e igual me hizo volar», detalló a Canal N.

fuente: latina.

En tanto, el restaurante ‘El Charrúa’, lamentó el incidente ocurrido anoche, manifestando que colaborará directamente con la Policía para suministrar las grabaciones dentro del local.

«Desde ‘El Charrúa’, reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes y colaboradores. Como medida preventiva y con el objetivo de reforzar nuestros protocolos internos, hoy miércoles 3 de julio permaneceremos cerrados», indicaron.

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