La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso presidida por la apepista María Acuña Peralta (APP) archivó la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra y cuatro de sus exministros por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y 2023, tras su asunción al poder.

Con once votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, el grupo parlamentario concluyó que la acusación no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 89° del Reglamento del Congreso.

La denuncia, impulsada por la congresista Ruth Luque, también involucraba al exjefe del gabinete Pedro Angulo, al exministro de Defensa Alberto Otárola, al excomandante general de la PNP César Cervantes y al exministro de Justicia, José Tello. A todos se les señalaba por su presunta responsabilidad política y penal en la represión de manifestaciones que dejaron decenas de muertos y heridos.

El informe de calificación aprobado señala que no se logró establecer una relación directa entre los hechos denunciados y posibles infracciones constitucionales o delitos como homicidio calificado o lesiones graves. En ese sentido, la Subcomisión determinó que no era procedente admitir la denuncia para dar inicio a un proceso político-penal.

La decisión generó opiniones divididas en el Congreso. Mientras algunos legisladores respaldaron el sustento técnico del informe, otros denunciaron un posible blindaje a las más altas autoridades del país ante hechos graves ocurridos durante la crisis social y política que siguió a la vacancia de Pedro Castillo.

El Parlamento aún tiene pendientes otras denuncias contra Boluarte Zegarra. Una de ellas, presentada por el congresista Jaime Quito, la acusa de haber asumido irregularmente la jefatura del Estado. Esta será evaluada en próximas sesiones.

Además, se revisan informes preliminares sobre otras autoridades, como el juez supremo Víctor Ticona, denunciado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible cuando presidía el Jurado Nacional de Elecciones. La Subcomisión continúa evaluando otros informes de calificación.

Todo suma para mejorar la ‘Tierra del Eterno Sol’. En un esfuerzo conjunto entre el congresista de Alianza por el Progreso (APP) Jorge Marticorena, el gobernador de Ica, Jorge Hurtado y el Poder Ejecutivo, se aprobó el Decreto Supremo n.° 119-2025 -EF, que autoriza la transferencia de S/77,647,154.00 millones para financiar actividades de limpieza y descolmatación de cauces, conformación de dique con material propio, perfilado y refine de talud de dique, y acarreo de material excedente en zonas declaradas en Estado de Emergencia por impacto de daños ante intensas precipitaciones pluviales en la región de Ica.

El representante de la región Ica destacó la importancia de dicha transferencia que permitirá al gobernador de Ica, Jorge Hurtado y a su gerente general, Abel Osorio, realizar intervenciones de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres desde la unidad ejecutora de agricultura y otros proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad y el desarrollo económico de la región.

«Me siento orgulloso de haber podido contribuir a este logro significativo para la región de Ica. Lo seguiré sosteniendo, la articulación y coordinación entre las autoridades es fundamental para lograr resultados concretos y beneficiosos para nuestros hermanos iqueños, tantas veces olvidados. Para lograr que Ica sea grande, aquí todos debemos sumarnos. Agradezco al gobernador de Ica, Jorge Hurtado, a su gerente general y a los medios de comunicación de Ica y del país por estar marcándonos la cancha porque gracias a ello podemos seguir perseverando con la ruta de trabajo que debemos impulsar desde el Congreso de la República», señaló Marticorena.

El también vocero de APP detalló que en el Decreto Supremo se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el mismo que se encuentra amparado en el Decreto Supremo n.° 021-2025, prorrogado mediante el Decreto Supremo n.° 050-2025-PCM y el Decreto Supremo n.° 066-2025-PCM, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

No era un ministro ‘escudero’ de Boluarte. El área de Prensa o las personas más cercanas al despacho de Dina Boluarte se confundieron con un estudiante de 16 años, quienes le habrían entregado un discurso ya elaborado para que solo lo lea, pero se confundieron pues no se trataba de un ministro o funcionario que sigue al pie de la letra todo lo que indica la jefa de Estado.

Y es que José Guerrero Ordinola, un estudiante de 16 años del colegio Ignacio Merino de Talara confesó que quisieron utilizarlo como ‘vocero’ del gobierno, pero él, con apoyo de su familia, decidieron modificar el discurso que iba a pronunciar horas después.

Conocido por encarar a la mandataria durante la inauguración de su colegio, recientemente declaró que no quiso repetir un guion, sino que la noche anterior optó por rehacerlo, demostrando en esa nueva versión la verdadera problemática de su ciudad y las dificultades de miles de estudiantes.

«Me agarraron a última hora. En hora de salida me dijeron ‘vas a dar tú el discurso’. Me dieron una plantilla, de la misma empresa, pero no me gustó mucho porque básicamente agradecía todo a la presidenta Dina Boluarte y entonces hablé con mi familia y redactamos el guion«, contó en declaraciones al medio local Talara TV.

“Junto con mi familia, nos basamos en la problemática que vivimos todos los días. Todos los jóvenes no nos sentimos escuchados. Muchas mentiras por parte del gobierno. Existe mucha corrupción”, acotó. Así, el discurso que finalmente pronunció el joven distaba del tono complaciente sugerido en el guion inicial y se enfocó en exponer los retos concretos que viven los alumnos.

Tras concluir el discurso, el estudiante se acercó a Dina Boluarte y le ofreció un abrazo, momento en el cual la presidenta le recomendó aprovechar la infraestructura del colegio y le agradeció por sus palabras. El propio alumno aseguró que la respuesta de la mandataria fue cordial, con un deseo de éxitos para él y su generación. “Me dijo muchas gracias y espero que te vaya bien. Muchos éxitos. Esas fueron las palabras de la Presidenta”, relató el joven.

Desde que asumió el cargo, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, ha mantenido una relación particularmente cercana con la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Una cercanía que se ha vuelto visible no solo en actos protocolares, sino también en el uso frecuente de las instalaciones de esta universidad privada como escenario para eventos municipales.

El 5 de mayo de 2023, a pocos meses de haber iniciado su gestión edil, Jessica Vargas Gómez visitó la sede de la UTEC y sostuvo reuniones con sus directivos para conocer sus planes institucionales y su proyección hacia el distrito. Desde los canales oficiales de la municipalidad se presentó esta visita como el inicio de una alianza que —se dijo— traería beneficios para los vecinos. ¿Pero cuáles han sido esos beneficios concretos?

Poco después, el 23 de junio, la alcaldesa participó como ponente en el evento “Warmikay 2023” por el Día Internacional de la Mujer Ingeniera, organizado por la misma universidad. El 27 de febrero de 2024, nuevamente asistió a un acto institucional dentro de UTEC, esta vez en un evento de Defensa Civil, junto a funcionarios de la Municipalidad de Lima, como el Gerente de Riesgos y Desastres, el subordinado de López Aliaga, Mario Casaretto, y directivos académicos como el decano Enrique Stiglich.

En marzo, la regidora oficialista Katia Tajaje representó a la alcaldesa en un taller sobre el rol de la inteligencia artificial (IA), también desarrollado en la UTEC. Y en abril, la propia alcaldesa volvió a la universidad para participar en una mesa de trabajo con sus autoridades universitarias, reafirmando la alianza, con la promesa de capacitar a docentes de colegios del distrito.

A lo largo de este tiempo, Jessica Vargas ha estado acompañada constantemente por sus regidores de confianza, entre ellos los incondicionales Katia Tajaje y Juan Mariluz, en actividades institucionales dentro de UTEC. Si bien no es cuestionable que una municipalidad establezca convenios con instituciones privadas, cabe preguntarse si esta reiterada preferencia por una sola universidad es realmente estratégica o si responde a afinidades personales o políticas. ¿En qué medida esta relación beneficia de manera tangible y equitativa a la población barranquina?

Cabe recordar que la UTEC fue construida sobre los restos de la Huaca La Viñita, el último vestigio arqueológico precolombino de Barranco, desaparecido tras una resolución del INC que generó amplio rechazo vecinal. La universidad pertenece al acaudalado empresario Eduardo Hochschild, también presidente del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y miembro del patronato y del Consejo del Museo de Arte de Lima (MALI).

Frente a este contexto, es legítimo preguntarse si la cercanía institucional de la alcaldesa con esta universidad privada responde al interés público o si, por el contrario, proyecta una imagen de parcialidad que debilita la neutralidad que exige el ejercicio del poder edil.

Lo madrugaron. A primeras horas del día, integrantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP), allanaron 16 inmuebles en Lima, Cajamarca, Trujillo, Chimbote y Huaura con motivo del sonado caso ‘Qali Warma’. Fue en uno de esos inmuebles, ubicado en el distrito de Jesús María, donde miembros de la Fiscalía detuvieron a Michael Burga, hijo de Nilo Burga, fallecido dueño de Frigoinca.

Además de Michael Burga también se encuentran detenidos preliminarmente por  15 días Edgar Capani, Miguel Ángel Rosales y demás investigados. Al respecto, el fiscal Reynaldo Abia, encargado de las diligencias, mencionó que se había solicitado la orden de detención de ocho involucrados, pero solo se pudo dar con el paradero de 6.

«Se ha pedido ocho detenciones. Hasta el momento se ha ubicado a seis personas. Obviamente, es un trabajo reservado y la Policía nos está apoyando árduamente. Son distintos funcionarios», indicó.

Finalmente, Abia detalló que ya hay cinco personas con prisión preventiva con 36 meses y que las seis personas detenidas hoy de manera preliminar serán dirigidas a exámenes antes de que el Ministerio Público solicite dicha medida coercitiva.

A Michael Burga se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

De acuerdo con la Fiscalía, Michael Burga habría tenido conocimiento de que uno de los trabajadores de Frigoinca tenía reuniones con representantes de Qali Warma; ello, cuando Dina Boluarte era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el director de este programa era el vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien también forma parte de la investigación.

El caso Qali Warma se dio a conocer luego de que en distintas partes del país padres de familia denunciaron que las conservas con las que eran alimentados sus hijos no estaban aptas para el consumo humano.

Ninoska Chandía Roque presentó su renuncia a la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Según nuestra fuente interna, Chandía no asistió a su oficina desde el martes 17 de junio, y su salida se da en medio de crecientes presiones políticas desde el Congreso.

El detonante habría sido el contrato millonario para el alquiler de un nuevo local provisional del IRTP por 16 millones de soles. La contratación se realizó de manera directa —sin concurso público—, para un edificio antiguo, desocupado desde hace años, ubicado en inmediaciones de la cuadra 4 de la avenida Arenales. Esto ocurre justo cuando sectores del Parlamento impulsan una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, hermana de Nicanor Boluarte, muy cercano a Chandía.

La gestión de Chandía ha sido duramente cuestionada por trabajadores. David Panta, secretario general del Sindicato de Trabajadores CAS del IRTP, declaró en un reportaje televisivo: “La gestión de la señora Chandía es la peor que hemos vivido en estos largos años”.

Además de los despidos realizados durante su gestión, se le acusó de contratar a los allegados de Nicanor Boluarte y realizar viajes de carácter turístico. Para muchos, bajo su mandato, el canal del Estado dejó de ser “el canal de todos los peruanos” para convertirse en “el canal de los amigos de Nicanor”.

Según nuestra fuente, quien reemplazará a Ninoska Chandía sería un exgerente del propio IRTP.

Ya falta poco para el 1 de agosto, fecha fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la presentación de alianzas de aquellos partidos políticos que llegaron a inscribirse, entre los cuales se encuentra Avanza País. Entre sus afiliados se encuentra nada menos que el polémico conductor televisivo Phillip Butters, quien pertenece al partido del tren desde junio del año pasado, estando, en teoría, habilitado para participar de las elecciones primarias del 30 de noviembre. Quince días después, el JNE proclamará a los candidatos presidenciales, donde podría estar el nombre del poco simpático conductor.

Durante las últimas semanas, Butters Rivadeneira, trujillano de 58 años, se ha venido paseando por distintos programas de Youtube donde se otorga un espacio para hablar de política y realidad peruana. Es ahí donde el conocido ‘Sabelón’ viene desarrollando su pensamiento crítico, confrontando, muy a su estilo, a los conductores que mayoritariamente no comulgan con él, muchos ellos de tendencia de izquierda y progresista.

Son precisamente aquellos conductores los que le vienen recordando sobre sus ácidos comentarios. Por ejemplo, la vez en que dijo que agrediría físicamente a dos homosexuales por besarse en la puerta de su casa; o aquella ocasión en que dijo que no dudaría en patear a dos lesbianas si las veía besándose en la puerta del nido de su hija. Tales comentarios se llevaron la crítica por el gremio LGBTI+, calificándolas como homofóbicas.

Amado u odiado en partes poco equitativas, Butters, de tendencia ultraconservadora, representa para muchos ciudadanos el candidato de la derecha. A propósito, hace unos días, durante una entrevista en Willax, manifestó que si él no ganaba las elecciones del 2026 lo iba a hacer un comunista. “Si yo no gano, ganará un comunista”, indicó el aún no oficializado candidato presidencial de Avanza País.

Y es que tras el nefasto gobierno de izquierda de Pedro Castillo y el errático mandato de Dina Boluarte (vicepresidenta de Castillo Terrones) todos los focos apuntan a un personaje que devuelva la estabilidad al país, aunque ello resulte una tarea titánica. Con un Congreso dominado por el fujimorismo y Alianza para el Progreso (APP) puede que el próximo presidente, de repetirse esa mayoría en la cámara de senadores y diputados, el futuro presidente del Perú goce de total apoyo para la promulgación de leyes que puedan llegar a afectar algunos derechos fundamentales o algunas convenciones internacionales.

La campaña electoral para algunos personajes de la política ya inició desde hace tiempo, y tal como lo hiciera Antauro Humala, Butters viene ‘madrugando’ a algunos veteranos en la política, visitando esos espacios poco convencionales, pues sabe que la mayoría de votantes, muchos de ellos jóvenes de 18 a 33 años, son consumidores habituales de esos programas.

Hay que reconocer que el ‘Sabelón’ sabe escoger bien sus batallas y por el momento, aunque no esté nada confirmada su postulación, su estrategia le viene dando resultado. ¿Serán los ‘progres’ capaces de visitar algún set de un canal de derecha?

La crisis en el Ministerio Público ha dejado de ser un asunto institucional para convertirse en un show político lamentable. La pugna entre Delia Espinoza y Patricia Benavides, ambas decididas a no ceder ni un milímetro en su disputa por el control de la Fiscalía de la Nación, refleja no solo el colapso del liderazgo dentro del órgano autónomo, sino también la politización descarada del sistema de justicia. En medio de esta tormenta, la derecha parlamentaria, lejos de exigir orden y legalidad, ha optado por tomar partido y profundizar el conflicto.

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció que su bancada presentará una denuncia constitucional contra los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y no menos cuestionados: Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. ¿El motivo? Haber desobedecido —según sus propias palabras— la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispone la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Es decir, para esta ala política, el retorno de Benavides Vargas no es una cuestión jurídica discutible, sino un mandato incuestionable que se debe ejecutar de inmediato, sin debate ni procedimiento.

Lo más grave es que la defensa férrea y “militante” de Benavides Vargas por parte de sectores de la derecha no responde a principios institucionales, sino a afinidades políticas. La fiscal suspendida fue funcional a los intereses del Congreso en sus investigaciones selectivas, y su retorno representa para varios sectores una garantía de continuidad en ese alineamiento. No olvidar que Rafael López Aliaga en 2023 condecoró a Patricia Benavides y le entregó una medalla bañada en oro de 18 quilates valorizada en más de 8 mil soles.

Por eso, ahora que su poder está en entredicho, sus aliados en el Parlamento no dudan en atacar a la Junta de Fiscales Supremos, acusándolos de «atrincherarse» y «desacatar» la ley, cuando lo que realmente hacen es esperar un acto formal colegiado que determine con claridad la situación legal.

Norma Yarrow incluso comparó a Delia Espinoza con Pedro Castillo, insinuando que intenta «perpetuarse en el poder». La ironía es evidente: mientras cuestionan a Espinoza por presuntamente resistirse a una orden, callan cuando Patricia Benavides irrumpe en la sede de la Fiscalía acompañada de abogados y policías, autoproclamándose fiscal de la Nación sin un acto oficial que la respalde. ¿Esa acción no merece el mismo nivel de crítica?

Esta doble moral no solo daña aún más al Ministerio Público, sino que desenmascara la instrumentalización de la justicia para fines políticos. El enfrentamiento entre Espinoza y Benavides es profundamente dañino, pero más preocupante aún es cómo desde el Congreso se exacerban las divisiones y se utiliza la crisis para perseguir a fiscales que no se alinean con determinados intereses.

En lugar de buscar una solución institucional, u organizar una reforma integral, la derecha opta por la confrontación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa perdiendo legitimidad ante una ciudadanía harta de ver cómo los más altos cargos de justicia se comportan como enemigos de una guerra partidaria, y no como guardianes del Estado de derecho.