Solo hace dos días, distintas agrupaciones civiles que creen en la democracia, se prepararon para lo que será una gran marcha programada para este sábado 2 de diciembre, teniendo como punto de concentración la Plaza San Martín, para pedir que “se vayan todos”.

Sin embargo, varios grupos de izquierda radical serán la contraparte.

En esa línea, el integrante de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), Raúl Ariste, anunció tres marchas nacionales el 7,8 y 9 de diciembre para pedir que se vayan la presidente Dina Boluarte y el Congreso.

En una entrevista con Exitosa, el representante de la organización CNUL, señaló que los tres puntos principales de la plataforma de lucha son la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente.

Con respecto, al tercer punto, se puede vislumbrar, que la mencionada coordinadora no cesa en su discurso de elaborar una nueva Constitución.

“Pedimos que se vaya Dina Boluarte, que se cierre este Congreso, pedimos asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución”, declaró.

Asimismo, señaló que la manifestación buscará que se haga justicia para las víctimas fallecidas en las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.

“Exigimos sanción ejemplar, que no quede impune los 70 asesinados, hijos del pueblo”, mencionó.

Ariste, señaló que la población se encuentra disgustada con Boluarte Zegarra y con el Congreso de la República, quienes tendrían más del 90% de ilegitimidad.

“Es el mismo Ejecutivo, Congreso y, ahora, la Fiscalía que están petardeando, azuzando más al fuego. Las condiciones se presentan mucho mejor para ir con más ganas a este 7 de diciembre”, culminó.

Los ciudadanos capitalinos solo esperan que estas marchas no sean un “camuflaje” de la izquierda radical, para pretender nuevamente protestas violentas para destruir propiedad privada y pública, como lo que sucedió en las tristemente célebres y denominadas: “Tomas de Lima”.

Sale a la luz nuevo audio de Jaime Villanueva, ex asesor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides y sin duda, servirá como medio probatorio para las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales de Lucha contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), en el caso ‘Fiscal y su cúpula de poder’.

En el archivo, se escucha la voz de Villanueva coordinando el tiempo para “dilatar” un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, de modo que no interfiera ni afecte la votación del Congreso, respecto de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El objetivo era que dicho pronunciamiento no influyera en los votos del pleno. 

Texto del audio:  

“Buenos días, lo que pasa es que ella (Zoraida Ávalos) primero solicitó esa junta extraordinaria como le comenté. Se la devolvimos negándosela porque el Reglamento dice que tiene que ser con la firma de dos fiscales supremos. El día de ayer consiguió la firma de Villena Campana, que es el otro fiscal supremo. Y ya con eso, según Reglamento, no se puede evitar tener la junta. Se ha programado la junta para hoy día a las 4:30 de la tarde.

La posición va a ser, en todo caso, sacar el comunicado que ya se sacó antes, pero la estrategia es haber convocado a la junta, a las 4:30 de la tarde, para el comunicado sacarlo recién mañana en la tarde. Lo queremos demorar todo lo posible, para que no interfiera con la decisión que tome el Congreso. Esa es la situación”, concluyó Villanueva.

Sin duda, en esta conversación, se devela cómo desde la Fiscalía de la Nación, liderada por Patricia Benavides retrasaron al máximo el comunicado para que ello no influyese en el ámbito mediático y evitar así lograr menos votos para obtener la cabeza de Zoraida Ávalos.

La congresista Patricia Chirinos de la bancada Avanza País, hoy dio declaraciones a diferentes medios en el Congreso y reconoció que sí se reunió con el ex asesor de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva Barreto y con los otros dos ex asesores (Abel Hurtado Espinoza y Miguel Ángel Girao Isidro, y argumentó que ellos le pedían información sobre sus denuncias y en especial en la de Zoraida Ávalos, justo antes que ese caso lo resolvieran en el pleno.

La legisladora refirió que ellos se acercaron a ella, y después, durante el debate de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), reconoció que le enviaron un documento que era una “ayudamemoria”, precisamente sobre la JNJ; pero aduce que no le sirvió de nada, porque ya había presentado tres denuncias constitucionales contra dicho órgano.   

La señora Chirinos se despachó con todo, y reveló que no solo se reunió con el detenido Jaime Villanueva, ella manifestó que coordinó con “perro, gato, pericote y mono”, e incluso, con periodistas…

“Coordiné con perro, gato, pericote y mono y eso incluye a todos los coordinadores de la Fiscalía, de Educación, del sector Defensa— a todos — y con periodistas también— con todo el mundo. Yo tengo todo el derecho como congresista y está en mis facultades, poder coordinar con las distintas bancadas y con todos los congresistas del Perú, para conseguir votos para mis denuncias”.

(Sobre Jaime Villanueva) “Por lo menos dos veces me he reunido presencialmente y lo he visto en el Congreso de la República, pero no solo a él — a todo el grupito —venias los tres. Ellos me han preguntado por mis denuncias y estoy diciendo que he coordinado con todos los coordinadores parlamentarios”.

Además, negó que ella haya tenido el “bloque magisterial”, como se lee en los chats de la investigación de la Operación Valquiria V:

“Dice el sr, Villanueva que yo tenía al bloque magisterial. Yo no tenia a ningún bloque magisterial —aquí están las votaciones, porque votaron unos a favor, otros en contra y otros en abstención — y, por último, si yo lo hubiera tenido, hubiera sido enhorabuena para mi denuncia —yo tengo derecho a hablar con todos los congresistas, no es delito”.

Asimismo, negó haberse reunido alguna vez con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides y refirió que no tuvo nada qué ofrecerle. Y si es culpable que renuncie y si no, entonces que arremeta contra la mafia caviar.

“La Fiscalía no tiene nada que ofrecerme a mí —ni yo a ellos — jamás me he reunido con la Fiscal de la Nación. Yo solamente una vez la vi en el pleno y me acerqué y le dije muchas gracias por ayudarnos a sacar a Castillo. Yo he dicho, si la señora Patricia Benavides es culpable, que renuncie — pero si no es culpable que se defienda y aguante y arremeta contra esta mafia caviar que está armando todo un globo y pretendiendo hacerlo como una bomba. Yo he puesto veintidós denuncias constitucionales—yo las he trabajado con mi grupo de asesores— y — cuando empecé con Zoraida Ávalos no existía Patricia Benavides”, refirió la parlamentaria.   

Chirinos Venegas se reafirmó en su idea de que la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos sería nociva para el aparato fiscal y para el Perú; así como la presencia del expresidente Martín Vizcarra y también arremetió contra los fiscales del Grupo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez.  Asimismo, aprovechó para revelar que el coronel PNP, Harvey Colchado ordenó hacerle un seguimiento y conoce todos los lugares a los que ella frecuenta. 

“Sería lo peor que le pudiera pasar al Perú que vuelva Zoraida Ávalos con su amigo Vizcarra, y sus fiscales Vela (que ayer me han dicho que se ha mudado en altas horas de la noche de su casa… ha salido como una rata), Domingo Pérez y la JNJ también.

Recibí información de unos agentes de la Policía de Inteligencia y me confirmaron que el señor Harvey Colchado tiene acceso a un registro y sabe todos lugares donde voy — y yo he visto indicios de estos seguimientos.

Yo soy una mujer que a pesar que tengo 20 años en política, no tengo ningún proceso fiscal y ninguna denuncia — y no hay nada que yo quiera de la Fiscalía”.

El XII pleno jurisdiccional de las salas penales, permanente, transitoria y especial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha concluido que la Ley 31751, también conocida como la ‘Ley Soto’ aprobada por el Congreso de la República, resulta inconstitucional y que los jueces “no deben aplicarla”.

Según el Acuerdo Plenario 05-2023/CIJ-112, la relación entre entidad del delito y complejidad de su esclarecimiento no puede verse “limitada irrazonablemente” por plazos breves, en este caso un año.

Refirió que ante procesos en curso por delitos contra la administración pública, crimen organizado o económicos es obvio que no puede sostenerse que los plazos “pueden erigirse en motivo de olvido del hecho punible o que éste se convirtió en historia”.

Precisa que la declaración de prescripción importaría, a final de cuentas, una “causa irrazonable de impunidad con lesión de la justicia”, pues no da “oportunidad razonable” al sistema de justicia para detectar, esclarecer, juzgar y decidir si un ciudadano ha cometido un delito o no y, en su caso, imponer la sanción penal que corresponda.

“La Ley 31751 es desproporcionada y, por consiguiente, inconstitucional. Por ello, los jueces, conforme al artículo 138, segundo párrafo, de la Constitución, no deben aplicarla; deben preferir la norma constitucional referida a la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional –en este caso de la víctima”, subraya.

Como se recuerda, en mayo pasado, el Congreso aprobó, con el voto de 87 legisladores de distintas bancadas, la llamada ‘Ley Soto’ que modificó el plazo de suspensión de la prescripción de casos judiciales.

La Ley No 31751 -que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal- reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción para todos los procesos penales. Como consecuencia de esa modificatoria, el presidente del Congreso y Joaquín Ramírez se salvaron de procesos penales en su contra.

Precisamente Soto Reyes votó a favor de la norma y se acogió a la misma, pues permitió la prescripción de un proceso en su contra por el presunto delito de estafa en agravio de la empresa Waynapicchu S.A., en Cusco.

“Señor Magistrado, se debe tomar en consideración y tomar en aplicación la retroactividad benigna de la ley penal, dado que la Ley N° 31751 implementó modificaciones de naturaleza material, lo cual es plenamente aplicable retroactivamente a los procesos en trámite por ser más beneficioso”, se lee en el documento entregado por el abogado de Alejandro Soto. 

la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, debía presentarse este jueves a las 08:00 a.m. en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, para responder a los parlamentarios diversas preguntas relacionadas a su presunta vinculación a una organización criminal, la cual operaría en la Fiscalía de la Nación.

La indagación está relacionada con las denuncias periodísticas sobre presuntos actos de corrupción identificados como el caso: “La Fiscal y su cúpula de poder–Operación Valkiria V”.

Sin embargo, la titular del Ministerio Público no asistió y presentó un documento ante el grupo de trabajo en el que solicitó “precisiones y delimitaciones”, respecto al motivo de su presencia en el Parlamento. Además, Benavides Vargas, pidió formalmente a la Comisión de Fiscalización y Contraloría que reprograme su cita, para la próxima semana.

Agenda Relevante Congreso de la República, Hoy jueves 30 de noviembre

Hora: 08:00 am

Comisión de Fiscalización y Contraloría

Tema

1. Presentación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, Fiscal de la Nación.

Para que responda sobre:

Presunta vinculación a una organización criminal, la cual operaría en la Fiscalía de la Nación, relacionada con las diversas denuncias periodísticas sobre presuntos graves hechos de corrupción identificados como el caso: “LA FISCAL Y SU CÚPULA DE PODER – OPERACIÓN VALKIRIA”.

No asistió.

Hora: 09:00 am

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno Desarrollo Alternativo y Luchas contra las Drogas

Hora: 10:00 am

Pleno del Congreso de la República

Sobre el Caso Valkiria V 

La tesis de la investigación policial-fiscal señala que la “cúpula delictiva”, estructurada en la alta dirección del Ministerio Público, tuvo como principal objetivo impedir que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituya a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, a cambio de archivar denuncias contra un grupo de congresistas. Las pesquisas también sostienen que habría un trato para la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, y ante una eventual destitución de todos los miembros de la actual JNJ, este defensor presidiría la Junta Especial que designaría a los nuevos magistrados de este órgano fiscalizador.

Asimismo, refieren que en el Congreso de la República, con acuerdo de la fiscal Benavides, habrían promovido “ilegalmente la inhabilitación” de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para impedir que retorne al cargo.

Se va armando el rompecabezas. Los días siguen pasando y los efectos de la operación ‘Valquiria V’ continúan destapando más pruebas de la presunta organización criminal dentro del mismísimo Ministerio Público (MP), la cual estaría conformada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, sus asesores, y una treintena de congresistas de la República.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanaron el pasado lunes las oficinas de la fiscal Benavides y la de sus asesores más cercanos, encontrando documentación que podría servir para hundirlos.

De acuerdo con el acta de allanamiento, descerraje, incautación y lacrado sobre este caso, conocido como ‘La Fiscal y su cúpula de poder’, los magistrados y agentes revisaron dos ambientes, con cuatro escritorios cada uno, aunque solo en una oficina hallaron “documentación relevante para la investigación”.

El despacho de Jaime Villanueva (mano derecha de la fiscal de la Nación), según ese documento, albergaba un texto de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del MP en el que se puede leer el apellido de Marita Barreto, quien fue cesada de la coordinación del equipo a cargo de la investigación, pese a que es una de las fiscales de mayor prestigio en el país.

En ese mismo ambiente hallaron también una lista de seguimiento a iniciativas legislativas, a informes de comisiones y a acusaciones constitucionales relacionadas con el caso Los Niños ―que implica a congresistas— y la ex fiscal Zoraida Ávalos, entre otros.

En la oficina de Abel Hurtado, coordinador parlamentario de la Fiscalía, aparecieron pedazos de documentos claves, entre ellos un borrador de la destitución de Barreto, así como un DVD con el rótulo de ‘Porky’ ―como se hace llamar el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga―, sobres con dinero (dos mil soles) y documentos de procedimientos de la JNJ, que abrió un proceso disciplinario inmediato contra Benavides.

Este es el acta de allanamiento de la oficina de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Este documento contiene 27 páginas con todo lo encontrado en el piso 9 del Ministerio Público ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/9QMz2fTatq

— Canal N (@canalN_) November 29, 2023

El acta de allanamiento incluye, además, el reporte de un váucher del Banco de Crédito del Perú (BCP) con inscripción “de Carlos Pérez Sánchez, importe de 250 dólares”, siete conceptos de pago a Miguel Ángel Girado —implicado en la pesquisa— y un cuaderno titulado “Ataques o cuestionamientos del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación”.

Por su parte, la titular del MP, ha solicitado suspender el proceso disciplinario inmediato abierto en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como parte de la ampliación de la medida cautelar dictada a su favor por la jueza Jacqueline Tarrillo, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima.

Hoy el Poder Judicial confirmó la incautación del libro ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’ (2004), coescrito por la presidenta Dina Boluarte, por la investigación fiscal que enfrenta por el presunto delito contra los derechos de autor.

La medida impuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial en Delitos Tributarios, Aduaneros, contra la Propiedad Intelectual y Ambiental de Lima, dice en la resolución:

“Resulta idónea, dado que es una fuente obtenida de la propia Biblioteca Nacional” y “porque su eventual extravío o manipulación podría significar [una] obstaculización de la actividad persecutora del Ministerio Público”.

Hace cuatro meses, tras un reportaje de Punto Final, el fiscal Miguel Puicón, ingresó a la Biblioteca Nacional para analizar un ejemplar del libro y de acuerdo al informe periodístico, en el año 2007, cuando Dina Boluarte postuló a una plaza como asesora de la alta dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), consignó la obra como suya, en su hoja de vida académica.

El libro ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’, tiene 176 páginas, y fue escrito por otras siete personas y no consigna sello editorial, ni tiraje, y tras someterlo al software antiplagio Turnitin, se obtuvo un hallazgo contundente: un 55% del contenido en el texto, proviene de fuentes no citadas.

Resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial en Delitos Tributarios, Aduaneros, contra la Propiedad Intelectual y Ambiental de Lima.

De acuerdo con la resolución judicial, más de 20 páginas incluyen contenido plagiado del mexicano David Sower Valencia Duran, de la argentina Gisele Jaquenod de Giusti, y hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; incluso, la conclusión del libro, fue copiada íntegramente.

No obstante, cuando Dina Boluarte asumió el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021, eliminó la publicación de su trayectoria laboral en su hoja de vida y desde entonces, permaneció oculta hasta la emisión del reportaje.

Lo más sorprendente, es que luego del destape periodístico, la mandataria se mantuvo en silencio y no quiso hablar sobre el caso.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, declaró que con el fallo (auto) de su institución, que rechaza pedidos de aclaración, determinan la inmediata ejecución de la sentencia que concede la libertad al exdictador Alberto Fujimori.

“(¿Debe ser liberado?) Sí, porque esta resolución de aclaración que hemos dictado lo que hace es despejar el camino para que se cumpla esta sentencia del año pasado que estableció la inmediata libertad de Alberto Fujimori”, afirmó Morales Saravia a RPP.

Con esta posición, el titular del TC, contradice frontalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al aseverar que las sentencias de su colegiado deben acatarse, sobre las resoluciones de la Corte Interamericana:

“En este caso, la que tiene prevalencia es la sentencia del TC. Las decisiones de la Corte Suprema (IDH) y su jurisprudencia las valoramos mucho, pero nosotros no nos hemos pronunciado sobre ese punto. En todo caso puede haber un debate sobre el alcance o no de esa decisión (de la Corte IDH). Depende ya de las autoridades penitenciarias de proceder con la excarcelación”.

Asimismo, afirmó que el Tribunal Constitucional no pretende generar una distracción sobre otros temas de coyuntura, como los cuestionamientos contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Lo podemos probar. La resolución de aclaración tiene fecha 21 de noviembre. Ese día lo debatimos y lo votamos. Lo que pasa es que las votaciones son reservadas. Luego de eso vino este problema que estamos enfrentando, toda esta situación terrible y dramática. Pero nosotros tenemos que seguir nuestros procedimientos. No podemos decir porque hay algo no podemos publicar. Ese ha sido el temperamento de todos. Los 6 hemos firmado, sea mayoría o sea voto singular”.