Libre de toda sospecha. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó —por unanimidad — la sentencia absolutoria dictada contra el empresario y ex dirigente deportiva Edwin Oviedo por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo el 22 de agosto del año pasado.

Oviedo Picchotito, junto a otros procesados, fue declarado inocente, en dos instancias, de los homicidios en agravio de Manuel Rimarachin Cascos y Percy Waldemar Farro Witte. En la audiencia, el colegiado determino que la Fiscalía no presentó pruebas de cargo que demuestren la culpabilidad de los acusados.

Como se recuerda, la investigación y acusación fue realizada por el ex fiscal Juan Carrasco Millones. Esta fue criticada por el juzgado a cargo del juicio, así como por la sala que revisó y confirmó la sentencia absolutoria.

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— Willax Televisión (@willaxtv) April 9, 2025

Al respecto, el abogado César Nakasaki confirmó que fueron los tres jueces de la Sala de Apelaciones quienes declararon por unanimidad la inocencia de Oviedo, al determinar que el caso se construyó bajo «un pésimo uso de la colaboración eficaz», sin pruebas de corroboración.

«Después de diez años de persecución penal arbitraria y más de 550 días preso, finalmente el Poder Judicial en dos instancias reconoce la inocencia por la cual él luchó desde el primer día junto a su familia», aseguró.

De acuerdo al letrado, el PJ determinó que hubo una “actuación indebida” del fiscal Carrasco, por lo cual se ordenó que se investiguen las razones por las cuales se construyó el caso en su contra usando “mecanismos arbitrarios indebidos”, tras lo cual evaluarán las acciones legales pertinentes.

“Lo primero, lograr que se ejecute la sentencia del Poder Judicial y que inicie la investigación por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Y nosotros podemos sumar una acción de responsabilidad civil por una actuación indebida del fiscal, dependiendo de que se vaya determinando ante el órgano de control», sostuvo.

La congresista del bloque de los ‘No agrupados’, María del Carmen Alva Prieto presentó el proyecto de Ley n.° 10737/2024-CR, que modifica la Ley n.° 31814, “Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, con el fin de fortalecer el uso ético e inclusivo de la inteligencia artificial (IA)”.

Sin embargo, en el artículo 1° que señalaba el objeto de la ley, se mencionaba a las Ollas comunes, a pesar que esta se refería a modificaciones en la Ley de IA.

Alva retiró proyecto de ley que hablaba de ‘Ollas comunes’ pese a ser para inteligencia artificial

En tal sentido, la iniciativa legal presentada por María del Carmen Alva tuvo que ser retirada por un error en su primer artículo, el cual hacía referencia a un tema ajeno al resto del contenido normativo, (Ollas Comunes) situación que generó duras críticas y dejó en evidencia la falta de rigor legal y revisión técnica antes de presentar iniciativas legales. Es decir, algunos parlamentarios ni siquiera revisan las propuestas de sus textos sustitutorios y todo el trabajo escrito generalmente se lo encomiendan a sus asesores cercanos. 

La decisión fue tomada aludiendo a un «error material» en la redacción de la primera página, apenas cuatro horas después de haber sido presentada. Ese mismo día, lunes 7 de abril, a las 3 de la tarde, la legisladora Alva Prieto solicitó al cuestionado oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, el retiro de su Proyecto de Ley 10737/2024-CR, argumentando la existencia de un «error material en la redacción del artículo 1°, referido al objeto de la ley». por su parte, en el portal institucional del Congreso se indica que la propuesta legislativa fue retirada a pedido de su autora.

¿Ley de IA para mejorar a Ollas comunes?

Hay que remarcar que el proyecto de ley fue presentado a las 11 de la mañana del mismo día 7 de abril y tenía como objeto modificar la ley actual sobre inteligencia artificial (IA), con la finalidad de «fortalecer el uso ético e inclusivo de la IA». Sin embargo, el impase se presentó en su primer artículo, donde se señalaba el objeto de la ley. en dicho artículo se afirmaba que el propósito era «mejorar la constitución, reconocimiento y registro de las ollas comunes, así como garantizar su financiamiento y sostenibilidad», algo que no guardaba relación con el tema de inteligencia artificial.

Mientras el fiscal Domingo Pérez denuncia que ANC del Ministerio Público no le permite ingresar a la Fiscalía para retirar sus pertenencias (responsabilizó al jefe responsable, Juan Fernández Jerí, de emitir una disposición que le impide ingresar a su oficina y hacer el traspaso de sus documentos) y poco después de ser suspendido por la Autoridad Nacional de Control del MP de su cargo como fiscal del Equipo Lava Jato por 6 meses; las reacciones en el congreso no se hicieron esperar.

Cavero fue frontal en su crítica al fiscal: «Domingo Pérez ha sido el fiscal más inútil y politizado de la historia del ministerio público. Hasta ahorita no ha sido capaz de resolver ni uno solo de los casos que se le ha encomendado. Se ha dedicado a hacer declaraciones políticas, decir que es un perseguido, que es una víctima cuando en realidad es un fiscal incompetente, politizado y con gravísimas acusaciones de desbalance patrimonial que hace rato debió no solo ser suspendido sino separado del ministerio público».

Exigió también que el Ministerio público sea un órgano objetivo e imparcial.

Por su parte la congresista Juárez también se mostró dura respecto al fiscal Pérez:

«Mi posición es que el señor Domingo Pérez con esta sanción ha sido premiado (…) Debemos de   ver qué resultados obtiene, por ejemplo, ya hemos visto que el juez declaró nulo la acusación fiscal en el caso cócteles. Y nula por inconsistente, por estar mal hecha (…) Ahora él se va suspendido y luego quién va a asumir la responsabilidad de todo lo que hizo Domingo Pérez y su equipo (…) ellos han perseguido, promovido la persecución de tal manera que hemos visto como un ex presidente se ha quitado la vida para evitar caer ser esposado y conducido de esa manera como ocurrió con otros políticos. Entonces todo eso son consecuencias que tiene que asumir el señor Domingo Pérez».

También refirió años de gasto infructuoso del Estado en sus investigaciones.

En la resolución emitida este lunes advierten que Domingo Pérez está “impedido de ejercer durante ese periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal” por presuntas infracciones administrativas.

¡Escudero a la vista! El ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, calificó como «cortinas de humo» a las informaciones que revelan que la presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, no divulgar su historial clínico en la investigación que se le sigue en su contra, por el ‘caso cirugías’.

El titular del Ministerio de Educación presentó este martes la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024, prueba censal realizada el 19 y 20 de noviembre del año pasado, y al momento de ser abordado por la prensa para conocer su opinión sobre la investigación que se le sigue a la mandataria, por presunta omisión de funciones y abandono de cargo, tras haberse sometido a cirugías estéticas en la clínica Cabani en 2023; cuando se le preguntó si tenía conocimiento sobre la solicitud que formuló Dina Boluarte durante una audiencia del 4 de abril al Juzgado de la Corte Suprema para evitar que los médicos revelen la historia clínica y detalles sobre sus intervenciones quirúrgicas en junio de 2023, Morgan Quero inmediatamente rechazó esa acusación y la calificó como «cortina de humo».

«Han mencionado que Dina Boluarte ha solicitado que no se levante su reporte médico o se sepa sobre su historial médico. ¿Usted apoya las decisiones que ha hecho durante esta audiencia del Poder Judicial?», le consultó una periodista, mientras que el ministro Quero Gaime pretendió ser irónico en su respuesta: «Le agradezco que nos hagan preguntas sobre cortinas de humo, muchas gracias».

Si la educación nacional se encuentra por los suelos, teniendo a muchos egresados ocupando su tiempo en cualquier otra actividad ajena a su carrera, ahora el promover un acceso casi directo terminaría por eliminar el filtro de aptitud que muchas casas de estudios superiores tienen para admitir a los nuevos estudiantes.

La bancada de Perú Libre viene impulsando un dictamen en la Comisión de Educación para que se cree una única modalidad de ingreso a todas las universidades, sean estas públicas o privadas, denominada ‘ciclo cero’, la cual deberá de ser mayoritariamente subvencionada por las casas de estudio superiores.

Ese dictamen, fomentado principalmente por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, menciona que el costo de funcionamiento del ‘ciclo cero’ deberá ser mayoritariamente financiado por las universidades, teniendo que pagar solamente el alumnado 42,90 soles mensuales.

Ante ello, la Asociación Nacional de Decanos de Universidades del Perú se ha mostrado en contra de dicho dictamen, sosteniendo que se estaría transgrediendo la autonomía de cada institución.

“Este dictamen no fortalece absolutamente nada; constituye un atropello inaceptable contra la autonomía universitaria y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público universitario al intervenir arbitrariamente en los recursos propios, desmantelando la capacidad operativa de las universidades públicas”, se lee en el pronunciamiento.

“(…) docentes, materiales, laboratorios, bibliotecas, tutorías, servicios básicos, infraestructura, personal administrativo, etc. ¿Cómo pretenden que con S/42 al mes por estudiante se pague todo eso? Ni siquiera alcanza para cubrir el sueldo básico de un docente, ni mucho menos para garantizar condiciones mínimas de calidad.

“Este dictamen del “Ciclo Cero” busca imponer a las universidades públicas una carga financiera que corresponde al Estado, sin asignación presupuestal alguna, en un contexto ya marcado por recortes sistemáticos ejecutados anualmente por el propio Poder Ejecutivo, y sin plazas remunerativas a los Decanos(as)”, se acusa en el documento oficial.

Universidades presentarían una demanda de inconstitucionalidad de proseguir el dictamen

Además, los decanos de las universidades públicas indican que, en caso de que se apruebe esta propuesta en el Pleno del Congreso, la respuesta inmediata será interponer demandas de inconstitucionalidad para evitar que esta medida sea aplicada.

“De aprobarse esta ley en el Pleno del Congreso, se interpondrá demandas de inconstitucionalidad, por violar el artículo 18 de la Constitución Política del Perú (autonomía universitaria), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el principio de sostenibilidad presupuestaria y equidad de nuestras universidades por atentar contra nuestros Centros de Producción (Admisión)».

Cuando los transportistas salen a las calles a reclamar mayor seguridad, cuando los comerciantes se ven forzados a cerrar sus negocios ante los constantes mensajes extorsivos, cuando un niño tiene que dejar de ir al colegio por temor a que le explote una granada, la congresista de Acción Popular, Hilda Portero, ha presentado un Proyecto de Ley (PL) para promover el famoso dulce norte ‘King Kong’. Y es que la legisladora cree más conveniente fomentar una semana para saborear ese exquisito manjar a tener que atender los cientos de casos por intoxicación derivados del programa ‘Wasi Mikuna’.

La propuesta de ley se ha convertido en un tema de controversia debido a su presentación en un escenario marcado por el sufrimiento de miles de peruanos que padecen la violencia y los problemas de salud.

El ‘King Kong’, la solución a todos los problemas del país

La congresista Hilda Portero, en colaboración con otros miembros del grupo parlamentario Acción Popular, ha presentado un proyecto de ley que establece la creación de la “Semana Tradicional del King Kong”, con el fin de promover este tradicional dulce originario de Lambayeque. El proyecto busca declarar la última semana de julio como una festividad anual dedicada a este producto emblemático. Según el texto del proyecto, la ley tiene como propósito fortalecer la identidad cultural, potenciar la economía regional y fomentar el desarrollo turístico de la región norteña.

En cuanto a los beneficios económicos, la propuesta contempla incentivos a los productores locales y pequeñas empresas que elaboran el King Kong. Además, se plantea crear eventos como ferias, exposiciones y concursos para atraer tanto a turistas nacionales como internacionales, generando ingresos para la región y creando nuevos empleos. A través de esta propuesta, se espera que el dulce tradicional sea reconocido no solo como un producto regional, sino también como un referente cultural a nivel nacional e internacional.

El proyecto también considera la entrega de apoyo a los productores para garantizar la calidad técnica del producto y su sostenibilidad a largo plazo. Además, se prevé la creación de incentivos fiscales y financiamiento para los pequeños empresarios que deseen comercializar el King Kong, promoviendo su visibilidad en mercados locales e internacionales.

Por Leonardo Serrano Zapata

De acuerdo con la última Encuesta Nacional Docente 2021 (ENDO, 2021), respecto a la pregunta: «¿Qué tan satisfecho está usted con el reconocimiento que brinda el MINEDU al docente?», el 35,1% de los docentes se mostró satisfecho, mientras que el 42,0% se mostró poco satisfecho y el 15,4% nada satisfecho. Esto resulta en un 57,4% de docentes insatisfechos con el reconocimiento otorgado por el MINEDU. Esto implica que las políticas de reconocimiento docente implementadas por el despacho, hoy a cargo del ministro Morgan Quero Nicollo no están reflejando adecuadamente el esfuerzo de los docentes para mejorar sus competencias profesionales en la búsqueda de la tan ansiada «calidad educativa».

Esta expectativa de satisfacción respecto al reconocimiento del mérito docente por parte del Estado probablemente se agravará en la próxima medición, especialmente considerando los criterios adicionales establecidos por el Ministerio de Educación para el Ascenso de Escala 2024.

Recordemos que los días 20 y 21 de febrero del presente año se publicó la lista de ganadores de la asignación regular de vacantes del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, correspondiente al proceso de 2024.

Lo primero que piensa la ciudadanía respecto a estos procesos es: «Qué bien que se evalúe a los docentes» o «Si quieren ganar más, que lo hagan por mérito propio», entre otras opiniones. Sin embargo, ¿es posible reconocer el mérito de los docentes cuando se desarrollan normativas que los colocan en condiciones adicionales y desiguales en comparación con otras profesiones?

Por ejemplo: el 7 de febrero del 2017, La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) informó que aquellos que cuenten con título de segunda especialidad profesional en Medicina Humana, obtenido a través del residentado médico, podrán utilizarlo como el equivalente a un grado de maestro, para ejercer la docencia en pregrado y maestría en dicha carrera.

La RVM N.° 077-2024-MINEDU, “Norma que regula el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial”,  norma que permitió el desarrollo del concurso de Ascenso docente 2024, establecía que para tener el mérito de otorgarle al docente un puntaje máximo de 4 puntos, en aplicación del criterio 1.2 ‘Otros estudios de educación superior’, sub criterio; los docentes nombrados debían presentar “título de profesor o licenciado en Educación y el título de segunda especialidad deben haber sido obtenidos posterior a su nombramiento”. Esta disposición excluye del proceso de valoración aquellos títulos de profesor, o licenciado en Educación y títulos de segunda especialidad obtenidos antes del nombramiento docente y/o Ingreso a la Carrera pública magisterial, lo que representó una restricción que en definitiva afectó a la evaluación de la trayectoria académica y profesional de los docentes participantes del concurso.

¿Quién propuso una medida tan claramente contraria a la norma? Según lo dispuesto en la Ley Universitaria N.º 30220, con respecto a la obtención de Título Profesional y Título de Segunda Especialidad, establecidos respectivamente en los literales 45.2 Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. y 45.3 Título de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u otro título profesional equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la aprobación de una tesis o un trabajo académico.

Ambas formaciones profesionales (segunda especialidad y segundo título profesional en educación), independientemente del vínculo contractual de cualquier profesional, deben ser reconocidas como mérito en cualquier concurso público y/o privado, ya que acreditan la existencia de nuevas competencias y especialización en el ejercicio profesional.

No obstante, la exclusión de título de profesor o licenciado en Educación y el título de segunda especialidad obtenidas antes del nombramiento constituye una limitación que desvaloriza la formación continua y desincentiva la mejora profesional previa al nombramiento y/o ingreso a la Carrera Pública Magisterial.

Cabe señalar que esta restricción no está respaldada por la legislación universitaria actual, lo que genera inequidad en la valoración de los méritos de los docentes en el proceso de Ascenso de Escala 2024.

Esto perjudicó a aquellos docentes que, en su compromiso con la educación, optaron por especializarse antes de obtener su nombramiento o ingresar a la carrera pública magisterial como lo hacen miles de docentes que aún no se encuentran nombrados, pero cuentan con muchas acreditaciones y grados académicos entre ellos (Segunda Especialidad, Maestría y Doctorado).

Esta situación contraviene la política de reconocimiento docente y permanencia en la carrera, así como el principio de «meritocracia» tantas veces mencionado. Nos preguntamos: ¿A cuántos docentes perjudicó la medida del Ministerio de Educación, que claramente carece de fundamento? ¿Cuántos docentes vieron limitadas sus oportunidades de participar en un concurso público diseñado para reconocer el mérito y permitirles ascender dentro de la Carrera Pública Magisterial? Parece que el ministro está enviando un mensaje claro a los docentes: «Solo reconoceré tus méritos obtenidos después de tu nombramiento como docente». En otras palabras, espera a ser un docente nombrado para luego especializarte…

¿Dónde quedó la meritocracia?

Idas y venidas que le cuestan mucho dinero a todos los peruanos. El fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, acaba de ser suspendido por un plazo de 6 meses, de acuerdo a la última resolución de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, presidida por Juan Fernández Jerí, quien también estaría involucrado en un presunto audio donde el ex abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, le habría solicitado el apartamiento inmediato de Domingo Pérez de su cargo.

Motivos de la suspensión

El cargo que se le atribuye al fiscal José Domingo Pérez es “haber actuado en un proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo al haber incluido al abogado Arsenio Oré Guardia, en la investigación 55-2017, como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia”.

Ello, dice la ANC, pese a que “el supuesto hecho habría sido incurrido dentro de la investigación que ya se venía conociendo con antelación, situación de la que debió haber previsto inhibirse del mismo, a pesar de habérsele solicitado, empero aun así continuó avocándose al caso por un periodo de aproximadamente 5 años y 3 meses”.

A partir de los elementos de convicción, incluida la sentencia del TC a favor de Arsenio Oré, el órgano de control concluye que hay fundadas y razonables piezas para suponer que el fiscal habría incurrido en falta disciplinaria e incumplido “su deber de perseguir el delito con independencia, objetividad, razonabilidad y respeto al debido proceso”.

La ANC sostiene que el apartamiento preventivo del cargo sobre José Domingo Pérez se justifica en “la gravedad de los hechos que se le imputan” y “la convicción que existe sobre su responsabilidad disciplinaria”, así como “el riesgo que implica continuar llevando casos emblemáticos que siempre se encuentran en el ojo público”.