Por Jorge Paredes Terry

Señora Presidenta Dina Boluarte,  

Escribo con el corazón en la mano, con el dolor de quien está viendo morir a su tierra lentamente. Pataz, mi provincia, esa tierra generosa que ha dado oro y riqueza al Perú por mas de dos siglos, hoy agoniza entre balas, miseria y abandono. No es solo la delincuencia, los asesinatos o los secuestros que han convertido calles antes tranquilas en escenarios de terror,  son también los males históricos: niños que mueren de anemia, madres que fallecen por falta de atención médica, caminos que parecen de la Edad Media y una población que clama, no por limosnas, sino por justicia.  

¿Cómo es posible que, después de 50 años de actividad de la gran minera con ganancias multimillonarias, Pataz siga sumida en la pobreza? ¿Dónde están los hospitales que debieron construirse? ¿Dónde las carreteras que debieron unirnos con dignidad? ¿Dónde las escuelas y los proyectos que debieron sacarnos del subdesarrollo? La respuesta duele: “nunca hubo voluntad real”. Ni del Estado ni de las empresas que extrajeron nuestra riqueza y dejaron migajas a cambio.  

Pero hoy, señora Presidenta, no escribo solo para lamentarnos. Escribo porque “aún hay esperanza”. Porque Pataz puede salvarse si hay decisión política y un plan concreto. Por eso le pido, como patacino que conoce cada rincón de esta tierra y sus problemas, lo siguiente:  

1. NOMBRAR UN ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO DE PATAZ. con autonomía y recursos, que coordine con las fuerzas del orden, los municipios, las mineras y la sociedad civil y que tenga la confianza de la población patacina.

2. DARLE 8 MESES.  para demostrar que, con una estrategia clara, podemos erradicar la delincuencia y sentar las bases del desarrollo. No hablo desde la teoría, sino desde el conocimiento de décadas de lo que falta y cómo solucionarlo.  

3. UN PACTO SOCIAL Y ECONÓMICO CON LAS MINERAS Y EL

GOBIERNO CENTRAL,  para que, de una vez por todas, inviertan en salud, educación e infraestructura, no como caridad, sino como justicia histórica.  

Señora Presidenta, no me interesa el cálculo político. Solo quiero ver a mi provincia viva, segura y con futuro. O actuamos ahora, o Pataz se balcaniza definitivamente.

La situación es grave, pero aún hay tiempo. No permitamos que el Perú pierda a Pataz.  

Jorge Paredes Terry.

Un patacino que no se rinde.  

Al igual que su apelativo, Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia, ha podido burlar a la justicia peruana con característica habilidad para pasar desapercibido, desconociéndose en la actualidad si se encuentra aún en el país o viajó hacia Brasil tal vez escondido en alguna maleta.

Su historia se remonta al año 2006. De acuerdo a la sentencia judicial, Ilan Heredia cumplía el rol durante las campañas presidenciales del 2006 y el 2011 como “tesorero en la sobra”, encargándose de administrar los fondos que provenían del Gobierno de Venezuela, canalizados a través de la Caja 2, y de los aportes provenientes de la constructora brasileña Odebrecht. Fue él quien se encargó de crear una lista de falsos donantes para simular aportes a las campañas presidenciales de su cuñado Ollanta Humala.

Según el fiscal Juárez Atoche, el rol de Ilan Heredia también incluía la manipulación de documentos para encubrir el origen de los recursos y garantizar que las campañas presidenciales de la familia Humala contaran con financiamiento.  

Es así que el pasado 15 de abril tanto él como su hermana Nadine no acudieron a la audiencia de adelanto de sentencia de su caso y desde ese momento no se conoce su paradero. Ya es de público conocimiento que su hermano logró el asilo diplomático en Brasil, pero de él oportunamente nadie dice nada; es como si el ‘sacrificio’ de su cuñado Ollanta hubiera surgido efecto.

Cabe recordar que Ilan fue sentenciado a 12 años de prisión efectiva al encontrársele culpable del delito de lavado de activos.

También se encontraría en Brasil

Por otro lado, el Poder Judicial (PJ) ya emitió la orden de captura internacional para el escurridizo hermano de Nadine, esto luego de las declaraciones de la jueza del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Nayko Coronado Salazar, manifestando que Ilan ya se encuentra en el país de la samba.

“Se ha tenido conocimiento de que el señor Ilan Heredia Alarcón no se encuentra en territorio peruano, sino que por el contrario se encuentra en territorio brasileño y como las órdenes de captura son a nivel nacional, el pedido que está realizando el Ministerio Público es que se extienda y que se haga a nivel internacional”, indicó la integrante del Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato.

Tal vez se encuentre disfrutando de una paradisiaca playa en Brasil, o refugiado dentro de la espesa selva del país carioca, sosteniendo en una mano un coctel mientras mata el tiempo frente a una solitaria piscina. Qué buena vida de la “sombra”.

En el Ministerio de Educación (Minedu), la meritocracia parece desvanecerse cuando pesan más las lealtades políticas y sindicales. Un caso paradigmático es el de Jhino Aguilar Villegas, dirigente del sindicato FENATE PERÚ y actual subsecretario del SINTER Amazonas, quien fue favorecido con contratos públicos a pesar de que contaba con antecedentes penales en su momento.

Según documentación oficial, Aguilar Villegas fue contratado por el Minedu en 2024, cuando aún registraba antecedentes por incumplimiento de obligaciones alimentarias, vigentes al 27 de agosto de ese año. Sin embargo, al día siguiente —el 28 de agosto— se emitió la Orden de Servicio N.º 7786, por un monto de S/ 23,520.00 a su favor. Esta no sería su única contratación: el 27 de febrero de 2025, el Minedu volvió a contratarlo mediante la Orden de Servicio N.º 2809, por S/ 14,000.00.

Órdenes de servicio. Fuente OSCE.

Su nombre no es ajeno a los pasillos del ministerio. Entre 2016 y 2024, Aguilar trabajó como docente contratado en la UGEL Condorcanqui, en Amazonas, donde coincidió con personajes hoy clave en el entorno del ministro Morgan Quero: el abogado Manuel Castillo Calle, actual asesor del despacho ministerial, y José Moreno Ocampo, actual director de la DIGEBIRA (Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios ducativos en el Ámbito Rural).

Según fuentes internas del ministerio, tanto Castillo como Moreno estaban al tanto de los antecedentes de Aguilar, pero habrían impulsado su contratación pese a las objeciones del área de logística. No hubo concurso, ni evaluación técnica, ni verificación de méritos. Solo una consigna: «hay que contratarlo».

Ministro Morgan Quero y el cuestionado Aguilar Villegas en su llegada al Cenepa.

El problema no se limita a quién se contrata, sino cómo se lo hace. Las órdenes de servicio, modalidad bajo la cual fue incorporado Aguilar Villegas, no exigen la presentación de boletas, constancias ni certificaciones previas de experiencia laboral. Esta falta de controles permite incorporar operadores políticos sin pasar por filtros mínimos, mientras miles de docentes en todo el país enfrentan procesos largos y rigurosos para acceder a una plaza.

En paralelo, el Congreso guarda silencio. La Contraloría General de la República no se pronuncia. Y los profesionales de la educación —aquellos que sí cumplen con los requisitos, que sí cuentan con trayectoria comprobada— siguen esperando que algún día el mérito pese más que la cercanía al poder.

Lluvia de gastos para los traslados internacionales de los funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte. El Poder Ejecutivo a través de la Resolución Suprema N° 079-2025-PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, autorizó el viaje del canciller, Elmer Schialer Salcedo, a Estados Unidos para estar presente en las sesiones para la elección del nuevo secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA). En esa línea, el gobierno del Perú presentó la candidatura de la embajadora Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos.  

La participación internacional del titular de la Cancillería a la ciudad de Washington D.C., será del sábado 3 al miércoles 7 de mayo; y por esas fechas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén se quedará a cargo del despacho de Relaciones Exteriores.

«Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, del 3 al 7 de mayo de 2025, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema», se lee en el dispositivo emitido por la PCM.

 El viaje de Elmer Schialer a Estados Unidos costará más de 6 mil dólares

La Resolución Suprema publicada por el Poder Ejecutivo, indica que los gastos de este viaje serán pagados por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en detalle indicó que el costo del pasaje aéreo es de US$ 4,851.25 y de los viáticos asciende a US$ 1,760.00, dando un total de US$ 6,611.25. Lo que en soles hace una cifra de 24,464.40.

«Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente comisión de servicios serán cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores (…) debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, al término del referido viaje», se lee en la resolución.

El Congreso de la República no llegó a alcanzar los votos para inhabilitar por 10 años en el ejercicio de cargos públicos, al exencargado de Palacio de Gobierno, el morado Francisco Sagasti, quien se resistió a asistir al Pleno parlamentario del miércoles 30 de abril para evitar presenciar su ajusticiamiento político, por haber infringido la Constitución, por abuso de autoridad y nombramiento indebido, al haber ordenado el pase al retiro de 19 altos oficiales de la PNP, durante las protestas por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y tras la renuncia del breve presidente interino Manuel Merino. Aunque sí aprobaron su acusación constitucional que será derivada a la Fiscalía.

Sin embargo, de la misma manera que en julio del 2021 envió una misiva exigiendo una pensión vitalicia, solo por haber ocupado Palacio de Gobierno durante ocho meses, el admirador del terrorista Cerpa Cartolini, también envió un documento al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, pidiendo que se abstengan de acusarlo constitucionalmente, afirmando que su conducta arbitraria y abusiva fue licita bajo todo concepto: “Criminalizar una decisión legalmente adoptada en el ejercicio del más alto cargo del Estado vulnera los principios elementales del orden constitucional”, advirtió el exmorado Sagasti, quien solicitó el archivo definitivo de su acusación, por haber aplicado una medida desde su perspectiva, proporcional, legal y necesaria.

Sagasti sostenía que, de los altos oficiales que ordenó despedir, catorce estaban involucrados directamente en las operaciones que culminaron en muertes en noviembre del 2020. “La medida no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de un análisis riguroso y técnico dentro de los márgenes que permite la ley”, indicó el exencargado de Palacio; pero evitó mencionar que se habría asegurado la designación de un oficial afín a su entorno, como fue el general PNP, César Cervantes, en el cargo de Comandante General de la Policía.

Asimismo, argumentó que la sanción no tiene que ver con enriquecimiento ilícito, ni una traición a la patria, sino a una decisión ejecutiva legítima y sujeta a control posterior. “El Congreso puede discrepar con una decisión de política pública, pero no puede pretender que toda divergencia sea una infracción constitucional”, remarcó Sagasti, quien también advirtió que la acusación contra él se ha convertido en un peligroso precedente de inseguridad para futuros presidentes.

Pese a sus argumentos falaces, Sagasti siempre demostró que es el enemigo público de los peruanos, porque desde el breve gobierno morado que ostentó entre 2020-2021 siempre firmó con rapidez las leyes de “género” y rechazó leyes como las devoluciones de la ONP, AFP, CTS, Fonavi, y Ley de usura, todas observadas por su encargatura presidencial, e incluso, con recurrencia al TC para derogarlas.

Y pese, a que durante la toma de la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996; a los dos días, antes de ser liberado y abandonar la embajada, Sagasti cuenta con orgullo que le pidió un autógrafo al cabecilla del MRTA, Néstor Cerpa Cartolini, y también a su lugarteniente el terrorista Rolly Rojas ‘el árabe’, y en lugar de bajar la cerviz, continúa asumiendo una actitud pedante, que lo caracterizó desde que se acomodó en varios gobiernos de turno. En especial, porque las bancadas de izquierda lo blindaron y votaron a favor de su impunidad y contra una inhabilitación que no se dio y que pudo lograr que no ostente cargo público hasta los 91 años.   

¿Enajenada de la realidad? Nuevamente la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra copó de créditos y logros a su cuestionado gobierno y durante la ceremonia por el 137° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, subrayó que el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el sector privado han sentado las bases para un país más equitativo e inclusivo.

«Esta elección no es otra cosa que el reflejo de la confianza que despertamos ante los ojos del mundo y no lo vamos a defraudar (…) Renovamos con ustedes nuestro compromiso con el sector privado para seguir trabajando juntos con la misma pasión y convicción por un Perú más próspero, justo y libre de corrupción», expresó la mandataria.

Asimismo, Boluarte Zegarra destacó que su mandato viene ejerciendo una gestión   libre de actos de corrupción, sin robarle un sol al pueblo peruano, y también afirmó que Perú se presenta hoy como un país confiable y seguro para la inversión, nacional y extranjera.

«Así nos comprometimos el primer día de Gobierno, así lo estamos haciendo y así continuaremos hasta el 28 de julio de 2026 cuando estaremos entregando la posta a la siguiente presidenta o presidente y diremos con orgullo, con pasión y convicción a la patria peruana: misión cumplida (…) Sin robarle un sol al pueblo, sin quitarle la esperanza de un futuro mejor, sin obras paralizadas», sostuvo Boluarte Zegarra.

Finalmente, instó que en las próximas elecciones se ejerza un voto consciente. 

«En las próximas elecciones, que nuestro voto sea consciente, que sea pensando en el país y no le demos la oportunidad a alguien que tiene las ideas estancadas en los años 40 o 50, y que quieran llevar a la patria a un salto al vacío», concluyó.

Distintos periodistas, comunicadores o cuanto opinólogo se aparece de vez en cuando en la pantalla chica han dado un salto en los últimos meses a las plataformas del internet, siendo más recurrente la de Youtube.

Ahí, alejados de un guion y liberados del rol encartonado que le exige la televisión, se ponen a hablar de manera coloquial de diversos temas coyunturales. Eso viene pegando, sobre todo a la audiencia más joven y justamente la que más está familiarizada con las redes sociales. Es ahí donde figuras de la política pretenden captar la simpatía de sus potenciales votantes, muchos de ellos jóvenes que van a votar por primera vez el próximo año.

El clan Fujimori ya está al tanto de todo ello y se encuentra a la vanguardia en comparación con otras agrupaciones políticas. El primero de ellos fue Kenji Fujimori quien desde hace un par de meses viene conduciendo el podcast “Tampoco tampodcast”, teniendo una aceptación para más positiva. Ahora, poco menos de un mes, su hermana mayor, Keiko, lideresa nada menos de una de las organizaciones políticas más poderosas del país (sí, incomoda, pero hay que reconocerlo), también viene dando sus primeros ‘pininos’ en el mundo digital.

Una regla que se conoce en política es que nada es casualidad en ese ambiente, todo tiene un porqué o una intención por lo bajo, algo que muchas veces el ciudadano de a pie desconoce.

Una reciente investigación de Intendigital demostró que aún la televisión es el medio preferido por las marcas, sin embargo, también se indica ahí que los jóvenes alternan su concentración entre la ‘caja boba’ y las redes sociales; en otras palabras, mientras ven televisión también están revisando su celular u otro dispositivo.

En efecto, las redes sociales vienen cumpliendo un rol crucial si quieres dar a conocer su marca o sencillamente quieres hacerte conocido y qué mejor manera de sacar tu propio canal donde no encuentras las barreras típicas de un canal de televisión. Los programas de Youtube se vienen convirtiendo en el lugar preferido donde los políticos o expolíticos quieren exteriorizar sus ideas o reflexiones, ya sea compartiendo sus viajes, sus vivencias en determinado lugar, sus logros cuando fue un funcionario del Estado, su rol como madre o padre de familia etc. La finalidad es captar la atención de potenciales votantes.

La tres veces postulante a la presidencia al parecer va a apostar por ese medio de comunicación y sabe perfectamente, según estadísticas, que los jóvenes ocupan gran parte de su día frente a una pantalla de un celular o una computadora.

Seguramente con el transcurso de los días otras figuras políticas o ya declarados candidatos presidenciales se lancen a la aventura de querer conectar con los jóvenes, muchos de ellos tal vez lo hagan de manera torpe y otros sabrán aprovechar esa herramienta que para nada debe de descartarse; de ser así el caso estarían perdiendo un gran colchón de votantes.

Pedro Gamio Aita, exviceministro de Energía, parece haberse convertido en el rostro visible —y a la vez en la sombra— de los intereses privados que han colonizado el sector energético peruano. Su tránsito por cargos públicos, empresas privadas, medios de comunicación y ahora el Congreso, evidencia un patrón que, más que coincidencia, sugiere una estrategia estructurada de influencia.

Hagamos un recordaris: durante la pandemia del coronavirus, a inicios del 2021 Pedro Gamio Aita, de pronto se convirtió en el ‘vocero’ de Luz del Sur y decía textualmente “hay que cumplir las sentencias del Poder Judicial”. En aquel tiempo, Gamio Aita, se opuso a que el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado (COES) elaborara la propuesta técnica para modificar los procedimientos, que luego debía evaluar Osinergmin.

Pero su historial se remonta más atrás. En 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, Gamio Aita, en su calidad de viceministro de Energía, firmó un documento que concedía a la empresa suiza Minera Volcán un beneficio tributario por US$32 millones de dólares. Lejos de ser un acto aislado, su intervención favoreció directamente a uno de los principales actores del sector extractivo.

El también excandidato del partido Morado, Pedro Gamio Aita, quien anteriormente colaboraba con la SPR (Asociación Peruana de Energías Renovables) con el objetivo de sacar adelante el ‘lobby eléctrico’. Luego de ello, Gamio fue designado en julio del 2024 como miembro de directorio de Petroperú. Sin embargo, su permanencia fue breve: tras la renuncia del directorio completo, en septiembre también abandonó el cargo.

Ministro Montero y Pedro Gamio como conductores en programa radial de RCR.

No obstante, Gamio Aita no se ha quedado quieto y se recicló rápidamente como asesor de la bancada de Acción Popular en el Congreso, manteniendo así sus vínculos con el aparato político. Es decir, mantiene sus nexos a nivel empresarial, parlamentario y gubernamental; específicamente con el Ministerio de Energía y Minas, capitaneado actualmente por Jorge Luis Montero Cornejo, amigo y partner de Gamio Aita, quienes juntos conducían un programa de radio en la plataforma de la Red de Comunicación Regional (RCR) impulsando una tenaz campaña a favor de grupos económicos protagonistas del millonario lobby de las energías renovables.

En otros términos, el exviceministro Pedro Gamio se habría convertido en el titiritero del ministro Montero Cornejo, ¿Con qué fines? ¿Acaso con el objetivo de cautelar un próximo ‘reglamento’ afín al lobby eléctrico?

Al parecer, la puerta giratoria en el sector energía hoy se mantiene más lubricada. Y Pedro Gamio, tras saber sido exviceministro de Energía, adquirió los conocimientos necesarios en el ámbito del derecho público y administrativo; sin embargo, aquel expertise no parece estar al servicio del bien común, sino de conglomerados de energía eléctrica que cargan el costo sobre los hombros de los usuarios peruanos.

¿Hasta cuándo el Estado peruano permitirá que los intereses empresariales se filtren impunemente en sus decisiones más estratégicas?