«Necesitamos crecer 5 o 6% anual en el PBI» mencionó el titular del MEF, entretanto se notó el vacío del titular de Energía y Minas y la ausencia de un titular de MIDIS en jaque.

El Premier mencionó ante un pleno semivacío los objetivos estratégicos del régimen de Boluarte:

«Para 2025 planificamos medidas y acciones claves orientadas para fortalecer el desarrollo del país y la gobernabilidad, esto aplicando un enfoque preventivo. Para 2025 se proyecta participar en 1700 procesos de diálogo en todo el territorio nacional para garantizar la gobernabilidad y el desarrollo (…) Se espera tener 80 alertas tempranas para la prevención de conflictos».

También mencionó la importancia del INEI el cual «jugará un papel estratégico [para el censo nacional] realizando actividades preparatorias, realizando 1200 reportes estadísticos». Lo cual también podría interpretarse como uso de estudios estadísticos con fines de control social dentro de un enfoque de fortalecer la gobernabilidad.

En el marco de Energía y Minas el premier rescató la relevancia en las exportaciones mineras al generar 21 mil millones de dólares en el PBI, llegando a alcanzar un 13,8% en recaudación por concepto de Impuesto a la renta, a las ventas entre otros, equivalente al 18,4% de los tributos a nivel nacional. Siendo así, el sector minero es el que más tributa y el que más transfiere recursos a nuestra economía con alrededor de unos 12 mil millones transferidos a las regiones y gobiernos locales.

El titular del MEF por su parte refirió que no basta con crecer 3,1% como auguran crecer para 2025, «no es suficiente para Perú. Necesitamos crecer 5 o 6% anual en el PBI».

En cuanto a RR.EE. el Canciller tuvo una exposición árida y sin brillo, lo más rescatable de su pomposo autobombo de la gestión de la última cumbre y de cumplir con su gasto (al 97% de este año), fue el anuncio de un importante congreso de la lengua española en Arequipa el próximo año con la probable presencia del rey de España, lo que me hace pensar si estamos ante un ministerio de relaciones exteriores o un ministerio de eventos protocolares.

Defensa resulta por otro lado intrigante. Mientras la Defensa de Chile ya no recibe el monto por concepto de cobre sino de un nuevo fondo, que por cierto ha sido postergada hace una semana su entrega por segundo año consecutivo, los peruanos están por alcanzar la paridad en presupuesto de defensa al país andino del sur. A noviembre de este año el presupuesto de defensa de Perú es de 79% en ejecución y auspició hoy en la mañana el ministro peruano de dicha cartera que alcance el 98% de ejecución al cierre del año.

Cabe recordar que solo hasta principios de octubre el presupuesto de defensa peruano gastado llegó a alrededor de 35%. Lo que podría traducirse en que se ha transferido un monto grande de su presupuesto en compras no públicas. Esto es posiblemente armamento. Sino cómo explicar una ejecución tan dramática de presupuesto.

Educación fue bastante optimista en los resultados de Perú en las pruebas pisa, cuando refirió que Perú se encuentra por encima de Chile y México en razonamiento matemático, esto según datos PISA.

Acabada la primera parte de su exposición. El ministro de Interior dio unas breves declaraciones a la prensa en relación con un nuevo hecho de crimen. Más que un ministro parecía más capacitado para ser el encargado de comunicación de la morgue.

El día de ayer, el reconocido cineasta aymara, Tito Catacora, posteó una foto en Hollywood donde se encuentra promocionando su película Yana-Wara. Aparte del talento y esa actitud indoblegable (ver su manifiesto en el Festival de Cine de Lima), Catacora nos muestra el camino a paso de vencedor. Un camino ya abonado por otros artistas y presentadores como el recordado Pepe Ludmir quien por cuarentaicuatro años transmitió en vivo y en directo (o diferido), el premio Óscar y entrevistó a megaestrellas como Gary Cooper, Liza Minnelli, Clark Gable, Brooke Shields, Burt Reynolds y otros.

Recordemos el paso de algunos peruanos por este centro emblemático del cine. Quizás la principal y que cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama, Yma Súmac, con su enorme talento para el canto de cinco octavas y sus películas “El secreto de los incas” (1954) y “Música de siempre” (1958). Y hasta sus peleas con su pareja Vivanco fueron noticia en USA y en el mundo entero. Siendo la primera latinoamericana en pisar Broadway.

Q’orianka Kilcher más conocida como la “Pocahontas”, ha participado en películas como “El nuevo mundo de Terrence Malick”, “Mi nombre es Te Ata” y “La princesa Ka’iulani”. En 2010 visitó el Perú muy preocupada por la Masacre en Bagua y donó cámaras de vídeo para que los pobladores rurales puedan grabar y denunciar los abusos. Este escriba le hizo una entrevista en el exlocal del ABC de la plaza San Martín y sus respuestas siguen siendo actuales: “…traje 50 videocámaras porque son la mejor arma (…) muestra que eres inocente y muestra que estás luchando por los derechos humanos básicos: agua limpia, comida y un medio ambiente sin explotar o destruir, el futuro de tus niños.”

La modelo danesa-peruana Helena Christensen logró convertirse en Miss Dinamarca en 1986 y representó a las grandes empresas del modelaje como Revlon, Victoria´s Secret y Dolce & Gabbana siendo muy común su presencia en Hollywood.

También Rosa Salazar que aparece como Alita en “Battle Angel: la última guerrera” tiene raíces peruanas junto a Benjamin Bratt de “La ley y el orden” o el trujillano Henry Ian Cusick que interpreta a Desmond Hume en “Lost” y a Marcus Kane en “The 100″ y ha participado en “Eat, See, Play Perú” de la Marca Perú.

Ojalá Tito Catacora logre que Hollywood le abra las puertas al cine aymara es nuestro deseo.

(Columna publicada en Diario UNO)

Por la tarde Comisión de Energía y Minas se desarrolló sin el todavía ministro. Los diputados aprovecharon la oportunidad para lanzar duras críticas al ministro en torno a la Reinfo. Había un espíritu de preparar la cancha para lo que llegó una hora después, el debate, rápido y sin mayores exponentes en un hemiciclo vacío, pero con el suficiente quórum vía virtual que garantizó una ejecución rápida y limpia. Afuera los manifestantes protestaban.

Destacables fueron las intervenciones de un par de congresistas como, Héctor Valer quién refirió un coqueteo con los fujimoristas: «La bancada de Somos Perú saluda a la bancada de fuerza popular», esto por reunir las firmas para la moción de censura al titular de Energía y Minas de parte de Fuerza popular. Luego Valer mencionó: «Este señor [el ministro] causó una esperanza en el país, en nuestra política energética y minera, porque era serrano (…) Creímos en él, pero no fue así (…) Cuál persona astuta nos envía a última hora el proyecto de ley cuando ya teníamos a los mineros artesanales acampando en la avenida Abancay». Y luego en un giro dramático que da título a este artículo terminó diciendo: «Ha llegado el momento al estilo de la bastilla de empezar a rodar las cabezas».

Por su lado y menos elocuente fue la alocución del diputado Muñante: «El ministro ha presentado una norma desde la óptica de la gran minería pero se ha olvidado de la pequeña minería que también amerita una atención real (…) Es responsabilidad del ministerio el presentar una iniciativa legislativa (…) Este proyecto ha demorado y no recoge las demandas en conjunto».

Finalmentem se pasó a votación. El cadalso habló y la cabeza rodó sin hacer mucho ruido. Ahora se viene para la próxima semana la interpelación al titular de MIDIS el día miércoles. La cuchilla de la guillotina empapada de sangre se afila. El efecto dominó empieza.

Por Hans Herrera Núñez

El escándalo estalló anoche, oportunamente un día después de las elecciones regionales de Chile. La información la entregó el abogado del presidente Gabriel Boric sobre una denuncia sobre acoso sexual interpuesta contra él, presentada a comienzos de septiembre de este año sobre hechos supuestamente ocurridos hace una década.

«Estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron» fueron las palabras hoy temprano de una Camila Vallejo feminista ante una rueda de prensa feroz. Solo ponerme en sus zapatos me dolería en esta situación de «encubrir» comportamientos machistas, como ya empiezan a señalar activistas feministas

Cómo si la crisis del “caso Monsalve” no fuera suficiente, y cuando recién la ministra de Interior, Carolina Tohá empieza a reconocer que debieron haber reaccionando de manera más oportuna, estalló anoche otro escándalo que podría agudizar la crisis en Palacio de La Moneda. Llama más la atención no el hecho en sí, sino que se haya descubierto de esta forma, de boca del abogado del presidente, como si intentasen prevenir algo más que un escándalo.

Los hechos parten cuando la denunciante cuyo nombre se mantiene en reserva, refiere haber sido víctima de acoso y de uso indebido de imágenes íntimas de parte del actual presidente de Chile, esto entre los años 2013 y 2014.

El contexto

En 2013, el entonces exdirigente estudiantil Gabriel Boric, y también candidato a diputado por Magallanes, llegó a Punta Arenas para realizar sus prácticas de Derecho a la corporación de asistencia judicial. Es entonces que el ciudadano Boric coincide con la denunciante en su práctica profesional. Según ha trascendido a la prensa, se mantuvo una correspondencia mutua por correo electrónico, por el que supuestamente el entonces futuro presidente habría incurrido en la difusión de registros de imágenes privadas enviadas por ella a él, a través de correos electrónicos entre 2013 y 2014.

Por su parte, el Fiscal General de Magallanes que lleva la investigación ha referido a prensa que el presidente ya «está imputado». Asimismo, la prensa chilena se pregunta por qué no se le informó antes a la ciudadanía de esta situación conforme al relato de transparencia que propugna el gobierno. Por otra parte, el abogado del presidente declaró a la prensa: «[el presidente] es la víctima de hostigamiento sistemático de parte de la denunciante».

Entre tanto, la ministra y vocera del gobierno, Camila Vallejo, declaró hoy a la prensa señalando respecto de la acusación al presidente, de que ésta «es falsa». También dijo: «acá se trata de una denuncia sin sustento, respecto a hechos que son completamente falsos y en que en ningún momento el mandatario difundió imágenes de la denunciante».

Tanto la defensa, como la ministra Vallejo dijeron que la denuncia es infundada y que recién informaron anoche para avanzar a esclarecer los hechos, ya que la última comunicación con Fiscalía había sido hace más de un mes.

En conversación con Radio Bio Bio, la directora del departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Alejandra Castillo, se refirió al caso de esta manera: «podría haber un caso de difusión de imágenes no consentidas, pero depende en qué contexto, porque en efecto, hay un tipo penal que impide ese tipo de comportamientos». Sin embargo, la prensa no sabe todavía si en efecto, las imágenes en cuestión han sido difundidas, ni cuándo. La jurista mencionó también: «creo que estamos viviendo una era tendenciosa en la erección del derecho penal de las víctimas, cuando en lo general la persona débil frente al proceso penal era la persona imputada (…) En Chile el acoso sexual cubre solamente los supuestos de acoso callejero y hay hipótesis en el contexto laboral». Y rescató también la esencia del derecho penal, «como sociedad hemos construido el derecho penal de intervención mínima, de la última ratio, que solamente reacciona frente a casos específicamente graves. A lo que no llamo, y hago un desincentivo es que todo se vuelva punitivo, porque no ha sido útil y lo hemos visto en otros delitos (…) Este caso de acoso mediático no es un tipo penal y aunque lo fuera ya está prescrito».

Como sea, en términos políticos el gobierno de Gabriel Boric se debilita rápidamente, sumado esto a una perdida de legitimidad en una cultura que él mismo promocionó, la cual se expresa en la obligación de tener que creerle a la denunciante. Porque fue él mismo quien en el ‘caso Monsalve’ gritó bien fuerte que él le creía a la acusadora.

 Por Rafael Romero

Los vocales titulares de las Asociaciones de Consumidores (AACC) en el Consejo Nacional de Protección al Consumidor (CNPC) y los vocales de las AACC inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores del Indecopi informan a esta redacción su profunda preocupación por la exclusión de estas últimas como ponentes en los eventos vinculados a la protección de los derechos de los consumidores, concretamente en el ámbito del II Congreso Nacional de Consumo programado para el 28 de noviembre próximo, que al ser presencial excluye de cuajo a más de 75 AACC de provincias.

Ubén Atoche Kong (representante titular 1 ante el CNPC – Indecopi), Jorge Carranza Caballero (representante titular 2 ante el CNPC – Indecopi) y Juan Zegarra Palacios (representante titular 3 ante el CNPC – Indecopi), han presentado un documento debidamente fundamentado al presidente ejecutivo del Indecopi, Alberto Villanueva Eslava, en el cual comunican su decisión de no participar del evento organizado por la Autoridad Nacional de Consumo.

De igual manera cuestionan la falta de un diálogo previo o coordinación ante el CNPC, ya que se justificaba hacerlo antes de organizar un evento de tal magnitud, máxime cuando se vive la realidad de un entorno adverso a las AACC, toda vez que la presidencia ejecutiva del INDECOPI no ha promovido la atención prioritaria, antes de cualquier otra materia, de los urgentes mecanismos legales de financiamiento y soporte que requieren las AACC, con el sano objetivo de garantizar su subsistencia y continuidad porque deben perfeccionar su capacidad de acción, mantener un solvente desarrollo y especializar cada vez más sus capacidades de investigación, todo lo cual redundaría en provecho de los 34 millones de consumidores del país.

De manera que debe primar la sensatez en el seno del Indecopi pues los representantes de las AACC, firmantes del comunicado y reclamo a la presidencia ejecutiva de esta entidad del Estado, tienen razón al considerar como una ofensa que, de cara al II Congreso de Consumo, se desfavorezca a más del 75% de las AACC del Perú, porque ese es el porcentaje que representas las 75 AACC de las provincias de nuestro país, siendo necesaria su presencialidad.

Es hora de que el Indecopi cumpla lo que de alguna forma ha venido vendiendo a la opinión pública nacional e internacional, en el sentido de que las AACC son sus “socios estratégicos”, pues con lo descrito en los párrafos precedentes obviamente que no existe ese trato de socios siendo también falso lo sostenido en una reunión del pasado 21 de noviembre con algunos asesores de EE.UU., Canadá, la UE y Chile, en el marco de unas coordinaciones de cooperación interinstitucional, al tomar conocimiento las AACC de que algunos abogados les habían informado a los representantes extranjeros que “las Asociaciones de Consumidores del Perú se encuentran bien servidas por parte del Estado peruano y estas son muy solventes al recibir un importante porcentaje de las multas que coloca el Indecopi”.

Sin embargo, para las AACC esa versión es irreal y falsa, pues como señala el comunicado de marras, la presidencia ejecutiva del Indecopi debería salir a desmentir esa clase de informaciones que se producen dentro y fuera del foro, más aún cuando esos dichos ya tienen buen tiempo en el país.

Otro hecho grave es que actualmente en Perú no prima la defensa de los consumidores, siendo muchas veces dejado de la lado la letra y el espíritu del artículo 65 de la Constitución Política, pues no es exacto en aquello referido a que “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios”, pues en la práctica no resulta evidente la diligencia ni la lealtad de los funcionarios públicos del Indecopi, dada su relación directa o indirecta con las empresas privadas y con los proveedores de bienes y servicios del país. En puridad, los representantes de las AACC cuestionan por incoherente y disonante que se diga, respecto del II Congreso del Consumo, que el objetivo “es brindar a las Asociaciones de Consumidores las herramientas que les permitan desplegar su rol a favor de los consumidores en el país, en su calidad de liados estratégicos del Indecopi”, dado que el programa de dicho congreso tiene como ponentes solo a los funcionarios de esa entidad, quienes más que nada se beneficiarán engrosando su currículum vitae, no existiendo un equilibrio con la participación de expositores que sí reflejen la realidad y el trajinar diario de los consumidores de a pie.

Por: Jorge Paredes Terry

En medio de una crisis sin precedentes, miles de mineros artesanales y sus familias han tomado las calles de Lima en una marcha de sacrificio, exigiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) como único mecanismo para salvar su subsistencia. Esta movilización no es solo una protesta, es un grito desesperado por justicia y reconocimiento.

La gestión de Rómulo Mucho al frente del Ministerio de Energía y Minas ha sido, por decirlo menos, deficiente. Desde su nombramiento, Mucho ha mostrado una clara inclinación a favorecer los intereses de las grandes transnacionales y las grandes mineras, dejando de lado a los mineros artesanales que representan una parte vital de la economía peruana. Su reciente proyecto de ley, un mamarracho sin contenido real, no solo no logrará formalizar a los mineros artesanales, sino que entregará aún más poder a aquellos que ya controlan las concesiones.

La ampliación del REINFO es una demanda justa y necesaria. Sin esta medida, miles de familias verán peligrar su sustento, y la economía de regiones enteras se verá gravemente afectada. La negativa del gobierno a escuchar estas demandas solo ha servido para aumentar la tensión y el descontento social.

Rómulo Mucho ha demostrado ser incapaz de gestionar de manera efectiva el Ministerio de Energía y Minas. Su enfoque en beneficiar a las grandes corporaciones mineras a expensas de los mineros artesanales es inaceptable. La falta de contenido y visión en su proyecto de ley es una prueba más de su incompetencia.

La renuncia de Rómulo Mucho es una necesidad imperiosa. Si no toma esta decisión por sí mismo, el Congreso debe actuar y censurarlo. El futuro de miles de mineros artesanales y sus familias depende de ello. No podemos permitir que la gestión de un ministro inepto siga poniendo en riesgo la subsistencia de tantos peruanos.

Es momento de que el gobierno escuche las demandas de los mineros artesanales y actúe en consecuencia. La ampliación del REINFO no es solo una medida necesaria, es un acto de justicia. La renuncia de Rómulo Mucho es el primer paso hacia una gestión más justa y equitativa del sector minero en Perú.

La Necesidad de Construir 300 Plantas Procesadoras de Oro en el Perú

El Perú, un país rico en recursos minerales, enfrenta un desafío significativo: la producción ilegal de oro. Cada año, miles de toneladas de minerales salen del país sin pagar impuestos, con aproximadamente 6,000 kilos de oro que se dirigen a Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia. Este problema no solo afecta la economía nacional, sino que también perpetúa la informalidad en el sector minero, donde el 40% de la producción de minerales está en manos de mineros artesanales.

El Perú necesita 300 plantas de procesadoras de minerales

La formalización minera no puede depender únicamente de leyes. Es esencial que el Estado peruano, en colaboración con socios privados, construya plantas procesadoras de oro que permitan a los mineros artesanales procesar sus minerales de manera legal y eficiente. La construcción de 300 plantas procesadoras de oro es una necesidad urgente para combatir la informalidad y asegurar que los beneficios de la minería lleguen a todos los peruanos.

Ofertas de Colaboración Internacional

En 2016, la empresa de los Rothschild enviaron una carta al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, ofreciendo la construcción de estas 300 plantas procesadoras. De igual manera, el gobierno chino propuso la construcción de las mismas plantas a través del proyecto Oro Azul. Estas ofertas representan una oportunidad invaluable para el Perú, que debe ser aprovechada para impulsar la formalización y el desarrollo del sector minero.

Los chinos invitaron a 30 dirigentes de la minería artesanal a Hong Kong.

Beneficios de la construcción de plantas procesadoras de minerales

1. Reducción de la Producción Ilegal: Al proporcionar a los mineros artesanales acceso a plantas procesadoras legales, se reduciría significativamente la producción ilegal de oro y la evasión de impuestos.
2. Aumento de Ingresos Fiscales: La formalización del sector minero aumentaría los ingresos fiscales, permitiendo al Estado invertir en infraestructura, educación y salud.
3. Mejora de las Condiciones Laborales: La construcción de plantas procesadoras mejoraría las condiciones laborales de los mineros artesanales, proporcionando un entorno de trabajo más seguro y regulado.
4. Desarrollo Sostenible: La formalización y modernización del sector minero contribuirían al desarrollo sostenible del país, promoviendo prácticas mineras responsables y respetuosas con el medio ambiente. Integración de los Pequeños Mineros

La solución a la informalidad no pasa por la criminalización, sino por la integración de los pequeños mineros en los procesos productivos. Es fundamental asociar a los mineros artesanales mediante cooperativas o asociaciones con la mediana y gran minería. Esta integración permitiría compartir conocimientos, recursos y tecnologías, mejorando la eficiencia y sostenibilidad del sector.

La construcción de 300 plantas procesadoras de oro en el Perú es una medida esencial para combatir la informalidad y asegurar el desarrollo sostenible del sector minero. Aprovechar las ofertas de colaboración internacional y promover la integración de los pequeños mineros en los procesos productivos son pasos cruciales para alcanzar este objetivo. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo, el Perú podrá transformar su sector minero y asegurar un futuro próspero para todos sus ciudadanos.

No cabe duda que una buena alimentación durante la infancia basada en nutrientes proteicos y una buena cantidad de hierro y calorías, contribuirán a que nuestros escolares mejoren sus capacidades de aprendizaje. Sin embargo, el Programa Nacional de Alimentación Escolar ‘Qali Warma’ impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ya no garantiza una buena alimentación de los estudiantes de colegios públicos del Perú. 

Si bien, este programa alimentario que nació hace 32 años con el nombre de Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), tuvo problemas de corrupción, actualmente no es la excepción, ya que la falta de atención alimentaria y la insalubridad de sus productos han convertido a ‘Qali Warma’ en una zona de confort para las mafias de algunos malos funcionarios que se coluden con una familia de proveedores para obtener millonarios contratos e intoxicar a nuestros niños, a través de alimentos malogrados con lácteos contaminados que brindaron de mala fe. Por esta razón el programa se declaró en emergencia y en octubre de 2023 el gobierno anunció su reestructuración, debido a las denuncias de la prensa y de los padres de familia de diversas regiones del país.   

Pese al escándalo tras un año de supuesta reorganización, todo fue “pasado por agua tibia” porque no se reestructuró nada y más bien salió a la luz una nueva denuncia que develó la mala practica de la empresa Frigoinca que ganó más de S/88 millones en contratos, con la venia del ministro Julio Demartini, quien tras haber fracasado en cuatro ocasiones como candidato a la alcaldía de La Perla con el Movimiento ‘Chim Pum Callao’, ha sabido encontrar en el Midis una “fuente de ingresos” para desentenderse del sector. Este monigote de la presidenta apurimeña no pretende renunciar porque goza de su respaldo; así como Fredy Hinojosa, quien salió por la puerta “falsa” de la dirección de ‘Qali Warma’, porque durante la gestión ministerial de Dina Boluarte en el Midis, él encubrió las falsificaciones de documentos de varios proveedores y para colmo fue reciclado como vocero presidencial. Así las cosas, tanto, el ministro Demartini, como el portavoz Hinojosa, son los seres más indolentes del aparato estatal y pronto estarán confinados al olvido y a las sanciones administrativas y penales que se merecen por sus abominables actos.  

(Columna publicada en Diario UNO)

Cada vez nos convencemos más que la llegada de Fabricio Valencia Gibaja al Ministerio de Cultura resultó otro error del gobierno de Dina Boluarte. Nada de lo que pensaba antes de ponerse el fajín, ha sido cumplido por el titular del MINCUL.   Lamentablemente, con 15 años de creación institucional el Ministerio de Cultura no ha podido reivindicar las artes, las tradiciones ni proteger nuestro patrimonio arqueológico. Esta institución solo se ha convertido en una caja chica y los ministros solo se han dedicado a blindar y encubrir funcionarios.

La gestión de Valencia Gibaja continúa envuelta en denuncias de blindaje a funcionarios cuestionados e investigados por presunta corrupción. En lugar de ofrecer respuestas, se ha dedicado a callar y consolidar a su alrededor una red de personajes que parecen estar más interesados en los beneficios personales que en los desafíos que enfrenta el sector cultural del país. Los cuestionados funcionarios Luis Elías Lumbreras, José Rodríguez Cárdenas, Rafael Varón Gabai, José Bastante Abuhadba, Claudio Poma Hermoza y Leonardo Dolores, entre otros oscuros sujetos, continúan impunes bajo el brazo protector del ministro Valencia Gibaja.

Las críticas también apuntan a la falta de medidas concretas para garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos. Mientras los artistas y gestores culturales luchan por financiamiento, los Estímulos Económicos con mayor cantidad de dinero parecen desvanecerse en una red de intereses oscuros.

En Palacio de Gobierno, la negativa gestión de Valencia Gibaja ya es motivo de discusiones. La presidenta Dina Boluarte, cuya gestión también enfrenta múltiples cuestionamientos, estaría considerando su salida. Sin embargo, esta posible medida parece más un movimiento político para salvar la golpeada imagen presidencial que una verdadera intención de renovar un ministerio que languidece en la inoperancia.

Boluarte sabe que el MINCUL, en lugar de ser un motor para la identidad y el desarrollo nacional, ha pasado a ser un lastre para su gobierno. La inacción de Valencia Gibaja ha exacerbado el problema. Pero, ¿acaso la presidenta tomará medidas contundentes o simplemente reemplazará a un funcionario por otro con la misma agenda?

Lo cierto es que el Ministerio de Cultura, no ha logrado convertirse en el eje central de la promoción de las artes ni en el guardián del patrimonio. Al contrario, ha sido instrumentalizado por gobiernos sucesivos como un espacio para colocar aliados políticos y repartir favores.

(Columna publicada en Diario UNO)