Por Jorge Paredes Terry

El llamado «adelanto de elecciones» que promueve Dina Boluarte no es una salida democrática, sino una cortina de humo para alargar su agonía en el poder. Su gobierno ilegítimo, sostenido por el tridente corrupto de Keiko Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón y los lobbies empresariales, busca ganar tiempo mientras la ciudadanía exige su renuncia. Pero el verdadero juego está en lo que viene después: estos mismos operadores ya se preparan para el 2026, usando a Boluarte como escudo mientras limpian sus fichas y acumulan recursos. Fujimori necesita que el Congreso siga bajo su control para blindar su impunidad, los empresarios requieren más tiempo para asegurar sus privilegios fiscales, y Cerrón, lejos de ser una alternativa, es el títere útil que la derecha necesita para desprestigiar cualquier proyecto progresista. Su estrategia es clara: presentar una «izquierda» desacreditada, domesticada y corrupta como la de Cerrón para que, ante el rechazo popular, el establishment pueda seguir gobernando sin oposición real. Mientras Boluarte distrae con el cuento del adelanto electoral, sus amos ya reparten los escaños, los presupuestos y las candidaturas del próximo circo electoral. El pueblo no debe caer en esta trampa: la verdadera salida no es un simple cambio de fecha, sino una Asamblea Constituyente que barra a esta clase política corrupta y reconstruya la democracia desde sus cimientos. El tiempo de los mismos de siempre se acaba, pero no se irán sin intentar, una vez más, engañar al Perú.

El adelanto de elecciones, presentada como una concesión democrática ante la presión social, no es más que una maniobra dilatoria diseñada para aliviar temporalmente la presión ciudadana mientras se perpetúan los mismos mecanismos de dominación que han mantenido al país sumido en la inestabilidad y la desigualdad. Boluarte, una presidenta sin legitimidad de origen ni de ejercicio, cuyo único sostén son los intereses del fujimorismo, el acuñismo, el cerronismo, las fuerzas represivas y los grupos económicos que ven en su gobierno un dique de contención contra cualquier cambio estructural, apuesta a que la promesa de elecciones anticipadas funcione como un sedante político. Pero la realidad es que, sin reformas profundas, sin una reconfiguración del sistema de partidos y sin una verdadera democratización del poder, este adelanto no será más que un cambio de actores dentro del mismo teatro de la democracia fallida que el Perú arrastra desde hace años.

Detrás de este simulacro, sin embargo, se esconde un juego aún más perverso: la rearticulación de una seudo izquierda funcional y domesticada totalmente por el establishment, encarnada en figuras como Vladimir Cerrón, quien convivío con los más ruin de nuestra clase política los últimos años, para este seudo líder transformar el país es lo último que le interesa, lo que busca es asegurarse un lugar en la repartija del poder. Cerrón, condenado por corrupción, absuelto de forma sospechosa de uno de sus tantos casos, operando desde las sombras como un actor clave en la política nacional, representa justamente el tipo de «oposición» que el sistema está dispuesto a tolerar: una izquierda desprestigiada, subordinada y que se prestó para consolidar el poder de un fujimorimo ruin y de un acuñismo dispuesto a defender sus privilegios por encima de todos. Su posible postulación en un eventual escenario electoral no es más que la confirmación de que el régimen prefiere una oposición domesticada antes que un verdadero debate sobre el modelo económico y político que ha sumido al Perú en la precariedad institucional.

Esta dinámica no es nueva. La historia reciente del país está plagada de ejemplos en los que la clase política, ante el colapso de su propia credibilidad, recurre a “fórmulas mágicas” para lavar su imagen, sin tocar los núcleos duros del poder. El problema es que, en un contexto de descomposición partidaria como el actual, donde no existen organizaciones políticas sólidas ni programas claros, el nuevo proceso electoral solo profundizará el vacío de representación. Las encuestas ya muestran que la ciudadanía no cree en los partidos tradicionales, pero tampoco en las nuevas figuras que emergen desde la izquierda que la derecha quiere, más por oportunismo que por convicción. En este escenario, el riesgo no es solo la continuidad del mismo círculo vicioso de inestabilidad, sino que, ante la ausencia de alternativas creíbles, se abra paso un discurso autoritario de derecha que capitalice el hartazgo popular.

La verdadera salida a esta crisis no pasa por un simple cambio de fechas electorales, sino por una refundación democrática que incluya, al menos, tres elementos irrenunciables: una Asamblea Constituyente que permita enterrar la herencia autoritaria del fujimorismo aún presente en la Constitución de 1993, una reforma política integral que acabe con el financiamiento opaco de las campañas y la captura del Estado por intereses privados, y la construcción de una izquierda nacionalista que rompa de una vez por todas con el caudillismo y la improvisación para presentar un proyecto creíble de justicia social. Mientras tanto, lo que veremos será un simulacro en el que Dina Boluarte intentará comprar tiempo, Vladimir Cerrón y otros operadores políticos buscarán reposicionarse, y el pueblo seguirá esperando una oportunidad real de cambio. La calle, la movilización organizada y la unidad de las fuerzas democráticas serán claves para evitar que esta farsa se consolide. Porque en el Perú de hoy, la democracia no se reduce a votar cada cierto tiempo, sino a quién controla el poder entre elección y elección. Y hoy, como ayer, ese poder sigue en manos de los mismos de siempre.

Según la PNP-SIDPOL (desde el 07/12/2022 hasta el 28/02/2025): Más de 5 mil denuncias por homicidios y más de 50 mil denuncias por extorsión.

De acuerdo al analista de datos Juan Carlos Carbajal «con o sin «estado de emergencia», y tras una semana de tal medida, persiste la tendencia creciente de homicidios. En el Perú tras 84 días del año 2025, hasta el 24 de marzo, se han registrado 517 homicidios, el cual supera en 18 % lo registrado en el mismo período del año 2024.

El promedio diario anual en lo que va del año 2025 persiste al alza siendo superior a todo el año 2024. El trimestre actual (Ene/Feb/Mar) del año 2025 no sólo supera a los 2 primeros trimestres del año 2024 sino también está camino a superar al tercer trimestre del año 2024 e incluso se acercaría a las cifras del último trimestre del año 2024 (las de mayor registro desde el año 2017 y en pleno «estado de emergencia»).

84 días del año 2025: ningún día con cero homicidios de acuerdo a los registros oficiales del SINADEF al 24 de marzo del 2025.»

No obstante Interior se muestra optimista. Hoy sacó una actualización de detenciones y operativos. 610 operativos, 295 detenidos de los cuales 34 son extranjeros. Esto según datos actualizados del 25 al 26 de marzo de este año.

Queda claro que hasta el momento el Estado peruano juega como nunca y pierde como siempre.

Perú en parte vive una corriente migratoria de flujo sur a norte, es decir de gente que se va de Chile y Argentina. Mientras tanto los números no mienten: de 1,800 presos extranjeros en 2015 se ha pasado a 5 mil en la actualidad de los cuales alrededor de 4 mil son venezolanos. Mientras tanto, Migraciones confirma que 656 extranjeros han sido sancionados este año con la expulsión, pero la ejecución recae en la autoridad policial.

En la mesa de trabajo encabezada por la congresista Rosangella Andrea Barbarán, de la minoría étnica afrodescendiente, se vio el día de hoy la cuestión de la política de expulsión de extranjeros asociados al crimen en el marco de una perspectiva multisectorial focalizado en seguridad. Aquí los número y medidas que se vienen implementando en el control migratorio.

Barbarán desde el comienzo de la sesión dejó claro que el tema a abordar no era un asunto de xenofobia, así como su escepticismo ante los tratados de DDHH que tiene firmado el Perú: “hoy más que nunca el rol del Estado en la gestión de la migración y la seguridad debe ser pensada en el Perú antes que en cualquier tratado”.

“Desde el Ministerio de RREE.EE. reafirmamos nuestro compromiso con una gestión migratoria responsable, ordenada y humana”.  Fueron las palabras del representante de Torre Tagle en la mesa de trabajo. Lo que sorprende es que diga que “reafirman” cuando fueron los responsables de dicha cartera los que en el gobierno de PPK abrieron las puertas del Perú a una ola de inmigrantes, y fue Torre Tagle precisamente la que no se comprometió con una gestión migratoria responsable.

Pero volvamos a la mesa de trabajo.

El representante del ministerio de RREE, embajador Pedro Bravo en su participación expuso que “la política migratoria tiene que adaptarse a las nuevas realidades (…) e incorporar el componente de seguridad dentro de su ejecución”. También refirió mantener una perspectiva neutral frente a los extranjeros.  En coordinación con la superintendencia de migraciones y el Congreso el Ministerio de RREE ha tomado medidas como son la aprobación de la visa de tránsito, así como el lanzamiento de un decreto Legislativo del sistema integrado de gestión migratoria y del riesgo migratorio el cual está en estado auroral.

Esto último permite tener los datos de antecedentes policiales y judiciales para una consulta inmediata de los cónsules ante los solicitantes de visa (cosas tan simples como saber si el aspirante ha sido expulsado anteriormente).

Bravo también remarcó los cambios en los patrones migratorios que según cifras de la matriz de seguimiento de desplazamiento de la OIM, Organización Internacional de migraciones, por la cual al 2024 “presenciamos dinámicas inusuales en los puestos fronterizos (…) En Tumbes puerta de entrada de migrantes tenemos un flujo inverso”. En promedio diario 343 personas salen del Perú frente a los 228 que ingresan a diario.  Es decir, se van más de los que ingresan. En Tacna el dato es otro, son 273 los que ingresan y 173 los que salen. “En Desaguadero se mantiene una cifra ligeramente ascendente. Pero eso se explica por el incremento de tránsito de comercio legal e ilegal”, señaló Bravo.

Respecto a la demográfica estimó que el 78% de los que ingresan son venezolanos, colombianos y haitianos, lo cual evidencia un fenómeno de retorno.  “Están regresando a Perú debido al endurecimiento de las políticas migratorias y a las oportunidades que ofrecemos por nuestra estabilidad macroeconómica”.

El Embajador se mostró un poco optimista por las estadísticas que revelan un mayor promedio de salidas que de ingresos de inmigrantes al Perú. También definió al Perú como un país de una triple condición migratoria: como país de tránsito, destino temporal y de corredor de retorno.

En 2025, la cantidad de extranjeros en Perú es de 1 millón 466 mil de los cuales 1 millón 250 mil son venezolanos esto en cuanto a un número “estimado”.

El escenario con los venezolanos es complejo: 141 mil están en proceso de regularización, 515 mil en situación regular con diferentes tipos de documentos mientras 603 mil se encuentran en situación irregular. Por otra parte, según el embajador Pedro Bravo, “la exclusión social, laboral y económica expone a los migrantes a condiciones de vulnerabilidad extrema que pueden empujarlos hacia actividades ilícitas como único medio de subsistencia”.

En el plano multilateral se rescató los avances que se vienen haciendo junto a Ecuador a través de la comunidad andina, en que Perú y Ecuador lideran mecanismos de ágil intercambio de información de datos así como la próxima creación de un banco andino de datos. “En las próximas semanas una plataforma para compartir información estadística migratoria con Colombia, Chile y Ecuador estará culminada y será lanzada”.

En lo que respecta al tema de seguridad el representante del Ministerio del Interior mencionó que desde 2017 a 2024 el aumento de las denuncias policiales son la principal evidencia de una posible relación directa entre crimen y migración, puesto que las denuncias se duplicaron. A esto se clasificó que son 5 los principales delitos a los clanes se asocian estás denuncias cometidas por extranjeros: robó agravado, hurto agravado, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y extorsión.

A esto se suma que el total de ingresados en 2024 a prisión fue de 14 mil ingresados de los cuales 1006 son extranjeros lo que representa el 7% de ingresos. Estos son de nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana y mexicana.

Los expertos del Ministerio de Justicia y RREE coincidían, sin embargo, en lo complejo de determinar una relación causal entre extranjeros y crimen. Llegaron a señalar que no tenían una injerencia mayoritaria en cuanto a delitos complejos sino más bien relacionado a delitos comunes.

Según esto, la tasa de homicidios no ha tenido un cambio drástico, por ejemplo, la tasa de 2022 es similar a 2021 por lo que no se ha establecido una relación directa del crimen de sangre con la inmigración. Las que si tienen relación directa está en el incremento de denuncias policiales.

Además, cabe mencionar que la población penitenciaria de Perú pasó de 1800 extranjeros en prisión en 2015 a más de 5 mil en la actualidad, de los cuales son venezolanos alrededor de 4 mil.

También cabe destacar que en la política de migraciones a partir de la promulgación del Proceso Administrativo Sancionador que entró en vigor el 11 de enero de 2024, fueron 656 los inmigrantes sancionados en el presente año 2025. Sin embargo, los avances de la misma dependen de la policía y que lo ejecute.

Durante la mesa de trabajo se refirieron al aumento de crimen desde 2019. Previamente el incremento era por decimales, pero desde ese año la cifra no ha hecho más que aumentar en un 1% anual.

Finalmente resulta interesante saber que la máxima sanción de migraciones a un extranjero es la expulsión de hasta 15 años, Pero también que la policía ejecute lo mandado por migraciones en los plazos determinados que en teoría son bastante breves y deberían ser rápidos.

Barbarán señaló al término de la mesa técnica la posibilidad de una reunión con los embajadores de Chile y Ecuador para trabajos conjuntos al respecto de la migración (también se preguntó si todavía teníamos relación con Colombia que haría falta para dichas coordinaciones). También mencionó su decepción cuando en una reunión del Grula se quiso introducir el tema de la inmigración ligada a delincuencia pero que está fue frustrada por Cuba, Nicaragua entre otros.

En fin, queda mucho pan por rebanar.

Por Leonardo Serrano Zapata

Los hechos de Condorcanqui y otros casos similares donde ciudadanos que ejercieron la función docente traicionaron su misión educadora para convertirse en predadores de sus estudiantes, merecen sin duda la respuesta más contundente del sistema penal. La publicación con fecha 11 de enero de 2025, respecto de la modificatoria del artículo 49 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, acerca de la destitución docente.

La ley añade disposiciones estrictas, el literal c) la destitución a los docentes “condenados por delitos contra la libertad sexual, delito de apología del terrorismo, delito de terrorismo y sus formas agravadas y delito de tráfico ilícito de drogas”, en primera instancia. La sentencia en primera instancia se convierte así en guillotina administrativa, sin esperar el tránsito a la cosa juzgada, está debe ser susceptible de apelación —que por definición no es firme y puede ser revocada en instancias superiores—.

La destitución se convierte en una llave maestra que cierra, de un solo giro, la puerta de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del Perú:  «toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad». Este principio no es una mera formalidad jurídica, sino la piedra angular de un Estado constitucional de derecho.

Lo positivo

En el literal f del artículo 49.2 representa un avance significativo en la protección de estudiantes y comunidad educativa al establecer la imprescriptibilidad de las investigaciones por hostigamiento sexual y otros delitos contra la integridad sexual de los estudiantes. Esta medida garantiza que las instancias descentralizadas (UGEL, DRE o GRE) dispongan del tiempo necesario para llevar a cabo procesos exhaustivos. Sin embargo, para que esta normativa sea verdaderamente efectiva, es fundamental contar con los recursos humanos y económicos adecuados. Las Comisiones Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPADD) deben estar debidamente equipadas y capacitadas para atender este tipo de casos. Asimismo, es necesario establecer procedimientos claros y ágiles que garanticen la celeridad y transparencia de las investigaciones.

Los literales g y h del artículo 49.2, al prohibir que el docente se presente a trabajar bajo los efectos del alcohol y al impedir el uso político de los estudiantes, buscan garantizar la integridad docente y la protección de los estudiantes. Esto se complementa con los incisos d y h, al prohibir la instrumentalización de los estudiantes con fines políticos, de hacerlo ponen en peligro la integridad de los estudiantes.

Lo preocupante

El literal a) del artículo 49.2 ha generado una considerable inquietud, especialmente considerando el antecedente de la huelga docente de 2017. La posibilidad de destitución por no asistir a la evaluación ha llevado a los gremios docentes a convocar a sus bases para discutir esta medida, señalamos que esto podría pasar a ser una agenda en una eventual convocatoria a huelga docente, recordemos que uno de los pliegos de reclamo en el 2017 fue el tema de la evaluación docente. Ante esta situación, es fundamental que el Ministerio de Educación (MINEDU) recuerde que la normativa vigente contempla la posibilidad de que los docentes que no superen la evaluación participen en programas de capacitación para fortalecer sus competencias, antes de ser destituidos automáticamente.

El literal i, respecto a “las inasistencias por tres días consecutivos o cinco discontinuos”, surge la duda sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción de destitución.

Preocupa lo dispuesto en el artículo 49.3, al establecer una sanción de destitución tras la reiteración de ceses temporales, genera una contradicción con lo dispuesto en el Artículo 51. Eliminación de anotaciones de sanción en el Escalafón Magisterial de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Este último artículo garantiza el derecho del docente a solicitar la eliminación de la anotación de una sanción administrativa. Esta contradicción resulta preocupante, ya que limita el derecho al buen nombre y a la rehabilitación administrativa del docente.

Además, según la Resolución Viceministerial Nº 112-2023-MINEDU, el docente puede solicitar la eliminación de una anotación en su escalafón magisterial demostrando «buena conducta», mediante la presentación del Formato de solicitud de informe para la determinación de buena conducta. Esto en el marco del artículo 2, inciso 7 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho “al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias”.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación tuvo 60 días calendario, que se cumplieron el miércoles 12 de marzo de 2025, para ajustar el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial a estas nuevas disposiciones. Este periodo fue clave para despejar dudas y establecer criterios claros para la aplicación de las sanciones, de forma que se minimicen riesgos de abusos o interpretaciones erróneas que puedan afectar tanto a docentes como a estudiantes. A esperar que dispone el despacho del ministro Morgan Quero.

Sin duda, la mandataria Dina Boluarte Zegarra se encuentra muy preocupada debido a los rumores que corren en ‘Pasos Perdidos’ del Congreso, en los cuales se difunde que ya perdió la venia y el apoyo de algunas bancadas que antes lograron ‘sostenerla’ en el poder.

Actualmente, el escenario se muestra diferente y tras la salida del ministro Juan José Santivañez de la cartera del Interior, y en medio de más colaboraciones de testigos protegidos que vienen aportando más elementos de convicción al Ministerio Público, eso sin contar la próxima declaración de su “excompañera” de confianza Patricia Muriano, quien exclusivamente llegará a Perú para declarar ante Fiscalía todo lo que sabe de la presidenta, y que la comprometería seriamente a raíz de las carpetas fiscales sobre casos, como las operaciones estéticas que se realizó en la clínica Cabani, y el presunto trafico de influencias que tras las sombras habría ejercido su hermano Nicanor Boluarte, con su aprobación; no cabe duda, que la situación legal de la jefa de Estado pasaría a un nivel más delicado, sino, critico.

Acompañada de los jefes de ‘entes electorales’

Es casi seguro que la mandataria siguió los consejos de sus asesores cercanos, que más parecen sus enemigos y de pronto brindó un inesperado mensaje a la Nación, en el que antes de tiempo convocó a Elecciones Generales de 2026.

Algo que podría tener una lectura negativa del anuncio de Boluarte Zegarra, en el cual se hizo público que los comicios generales se celebrarán el 12 de abril del próximo año, obedece al hecho de haber convocado para que la acompañen en su “aviso” a los mandamases de los entes electorales. Dina Boluarte, durante su trasmisión en Palacio de Gobierno, estuvo flanqueada por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Roberto Burneo Bermejo y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) Carmen Velarde Koechlin.

A simple vista, se podría colegir que con ‘tamaña compañía’, la jefa de Estado, pretende mostrar trasparencia y un respeto irrestricto a la institucionalidad; por ello mencionó: “Los peruanos tenemos una cita con la historia y elegiremos a las autoridades en unas elecciones limpias, transparentes y ordenadas”.

Sin embargo, ¿por qué Corvetto, Burneo y Velarde se prestaron a este show palaciego y salieron como escuderos a refrendar con su presencia el anuncio de la mandataria investigada? ¿Acaso se olvidaron de sus roles y creyeron que estaban haciendo la función de ministros?

¿Acaso Dina Boluarte pretende ‘utilizarlos’ como aliados estratégicos para mejorar su imagen? Dicha presunción, no solo sería injustificada, sino antiética e ilegal, considerando que la ONPE, el JNE y la RENIEC, son organismos del Estado constitucionalmente autónomos y que no se encuentran adscritos a ninguna otra entidad, ni Poder del Estado. Ergo, estos altos funcionarios no se deben a la presidenta, ni a nadie, sino a la defensa de la institucionalidad y al ejercicio de la independencia, la transparencia y la imparcialidad, en cualquier decisión que tomen.

Así las cosas, la mandataria, no solo se encontraría temerosa, debido al cerco fiscal que en menos de lo que se piensa, continúa estrechándole su espacio de poder—pese a que desde Palacio sus arlequines denuncian acoso político y periodístico, y pese a que continúan escudándose en el artículo 117° que la reviste de inmunidad —. Sino que, además—como sucede con el “cuy en tómbola”—, ya estaría buscando espacios alternos y liberados para encontrar refugio ¿acaso un asilo? ¿Acaso un intempestivo viaje oficial?, porque no cabe duda que en las próximas semanas su situación presidencial y legal, cobrarán un ‘color de hormiga’.         

Beethoven compuso la Sonata Claro de Luna, la Novena Sinfonía y otras más completamente sordo. Usaba un cuerno y se valía de un lápiz que se lo ponía en la boca y lo acercaba al piano y así la vibración le indicaba cómo estaba “sonando” la partitura. Tenía poco más de 20 años cuando compuso la magistral Misa Solemnis, en 1819, y vivía en un silencio sepulcral, pero eso no apagaría su llama creativa.

Esta lucha contra la adversidad ha sido replicada por otros músicos que se han empinado sobre sus propias dificultades físicas para entregarnos belleza. En Japón, Ayumi Hamasaki, la “Emperatriz del J-pop”, perdió la audición total del oído izquierdo y fue diagnosticada con la enfermedad de Ménière en 2006. No obstante, ha producido más de 17 álbumes desde 1999 y ha vendido más de 75 millones de copias entre álbumes y sencillos. Y es muy conocida por su filantropía: donó más de 30 millones de dólares en el tsunami de Japón en 2011.

En el caso del rock, y esto quizá por el abuso en los decibelios, ha afectado gravemente a músicos como Pete Townshend quien tiene que usar audífonos y un equipo especial para poder “oír” su propia música. Caso curioso, porque su banda The Who ganó un premio del Récords de Guinnes al “concierto más ruidoso de la historia” en 1976.

Brian Johnson, cantante de AC/DC también se quedó sordo, pero con un tratamiento alternativo regreso al ruedo. Ahora no “escucha” por el oído sino a través de los huesos del tímpano.

Otros músicos han sido afectados por el tinnitus como Ozzi ousborne, Phil Collins, Louis Tomlinson de One Direction, Chris Martin de Coldsplay.  O el rapero Sean Forbes. Y Huey Lewis tuvo que cancelar una gira en 2018 porque se quedó sordo.

El baterista de Metallica, Lars Ulrich, empezó con una sordera durante unos conciertos en 1988 y despertaba con ruidos que solo estaban dentro de su cabeza: «A menudo me quedaba dormido con la televisión encendida y me despertaba en medio de la noche para apagarla (…) Cuando me di cuenta de que lo hacía con frecuencia, levantándome para apagar el televisor que no estaba encendido para empezar, me di cuenta de que tal vez tenía algunos problemas».

Muchos otros musicantes han padecido o padecen de acúfenos o sorderas y logran seguir produciendo discos apelando a la resiliencia o la genialidad.

Por Tino Santander Joo

La semana pasada, Jaime Bayly se proclamó de «izquierda democrática y antimperialista», en un giro copernicano ideológico y político del «niño travieso liberal». No es un converso, sino una acción audaz y marketera frente a la política norteamericana de Trump, que —según él— prefiere aliarse con el dictador Putin, en desmedro de su alianza histórica con la cada vez más irrelevante Europa. Bayly es un actor, un adorador del becerro de oro, y si este va por la izquierda, Jaimito lo seguirá. Es un antimperialismo de boutique que se vende al mejor postor.

Otro antimperialista y revolucionario de las canteras de la derecha ideológica más reaccionaria, Jaime de Althaus, señaló: «El déficit comercial de Estados Unidos se compensa con un superávit financiero, ya que el flujo de capitales hacia el país lo convierte en el centro financiero global y fortalece su moneda como reserva mundial, otorgándole un gran poder geopolítico que se vería afectado si Trump busca reducir el déficit comercial a través de aranceles». El antimperialista Althaus defiende el modelo esclavista de la oligarquía financiera y condena el nacionalismo y proteccionismo de Trump.

La derecha peruana no sabe a dónde va ni qué hacer. Sin dirección política, deambula en el mercantilismo al lado de los caviares que lloran por el USAID y el financiamiento a sus ONG. Quieren imitar a Milei, el «libertario» aliado de Israel, que masacra al pueblo palestino imitando a sus verdugos nazis. Tienen el espíritu fascista del franquismo español reencarnado en Abascal y Ayuso, y quisieran volver al virreinato de pelucas y encomenderos. Que Abascal o Ayuso los nombren sus validos en el Perú es su máxima aspiración. Es una derecha sin norte y peligrosa.

El fujimorismo no es de derecha; es una organización mafiosa aliada a organizaciones criminales regionales que mueven muchísimo dinero y mantiene una estructura clientelista eficiente. Pero, muerto Alberto Fujimori, se va a diluir electoralmente. Otro grupo mafioso es Alianza para el Progreso de Acuña, que es la expresión de la degradación pandillera de la política peruana. Los otros partidos de derecha no existen; son membretes o simples plataformas políticas para vender candidaturas, negocios montados por empresarios audaces al amparo de la informalidad.

Acción Popular es una paradoja: mientras Barnechea se pronuncia contra el oligopolio bancario y el monopolio farmacéutico, su partido y su bancada se ponen al servicio de los bancos y los grupos de poder económico. Un viejo militante de Acción Popular me dijo: «En el partido, la mayoría no sabe quién fue Belaunde». El Apra está reducido a pequeñas tribus o bandas que viven del recuerdo de García; tampoco tienen idea de quién fue Haya de la Torre, y menos aún de que escribió un libro fundamental para entender la historia del Perú: “El antimperialismo y el Apra”.

Esa es nuestra derecha antimperialista, que anda buscando un Franco, un Pinochet o, como dicen sus escribas más esnobistas: «Necesitamos un Bukele para que ponga orden en este desorden». La otra derecha hace negocios en los directorios de las empresas corruptas como Odebrecht o Graña y Montero (Norvial).

La derecha política no existe; está subordinada al oligopolio bancario y al monopolio farmacéutico, que controlan la economía nacional. La podemos derrotar a través de una revolución social, de una insurrección democrática de los empresarios, de los trabajadores, de los movimientos sociales para democratizar el crédito a través de la libre competencia y hacer que la minería financie la agricultura, la salud, la educación y la infraestructura nacional.

La derecha no va a solucionar la grave situación de inseguridad en la que vivimos; porque, utiliza el miedo de la gente para promover sus posiciones fascistas y mantenerse en el poder. Al frente esta la izquierda que esta perdida en sus ambiciones electorales. La inmensa mayoría silenciosa aguarda en serena y vigilante expectativa el momento adecuado para la gran rebelión ciudadana.

60 mil soles otorgados por el Ministerio de Cultura a la librería arequipeña Fabla Salvaje han generado una batalla cultural que, según el ministro Fabricio Valencia, terminará convirtiéndose en una batalla legal. El dinero entregado por el Mincul fue para el mejoramiento, implementación y relanzamiento de la librería, pero en febrero, la utilización del logo del Mincul en el anuncio de la presentación del libro “Violencia de Estado en el Perú” de Anouk Guiné provocó una nueva salvajada por parte del gobierno de Dina Boluarte.

La torpe reacción del ministro de Cultura Fabricio Valencia contra la librería arequipeña fue motivada por una información lanzada por el periodista Aldo Mariátegui desde Willax. Mariátegui cuestionó un banner, pero desconocía que desde el 2023 la librería promociona diversas presentaciones de libros utilizando el logo del Mincul. ¿Por qué antes desde el Ministerio de Cultura no se dijo nada sobre el uso del logo? O tal vez, el logo fue solo una excusa para censurar la presentación de un libro con una narrativa que cuestiona al gobierno y a la derecha bruta y achorada.

Ruhuan Huarca de Fabla Salvaje nos cuenta que el día de la presentación del libro de Anouk Guiné, seguridad de Estado llegó hasta las instalaciones de la librería y comenzaron a sacar todos los libros para tomarles foto; luego de ello, filmaron al público. Lo sorprendente es que, a pesar de que la librería retiró el logo un día antes de la presentación del libro, desde el despacho de Fabricio Valencia se insistió en una campaña contra la librería, ya que el propio titular del Mincul, el 10 de marzo pasado, anunció desde el Congreso de la República que la librería Fabla Salvaje será denunciada penalmente.

El Ministerio de Cultura se creó en el 2010 para formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural de manera inclusiva y accesible, y para realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural. Hoy, bajo la gestión del ministro Fabricio Valencia, el Mincul se ha convertido en una institución que persigue de manera abusiva a una pequeña librería que abrió sus puertas en la tierra de Mario Vargas Llosa.

César Vallejo, en su novela corta Fabla salvaje, nos habla sobre la pérdida de la cordura de Balta Espinar. Curiosamente, el caso Fabla salvaje también puede representar la locura repentina de un ministro de Cultura, que comienza a derrumbarse.