Resultaba lógico que al estar en prisión ya no se le podía brindar ciertos beneficios. El pasado mes de abril, el Poder Judicial (PJ) condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala Tasso al hallársele culpable del delito de lavado de activos, en relación a los aportes ilegales provenientes de Venezuela y de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S., las mismas que estaban destinadas a financiar sus campañas presidenciales del 2006 y el 2011.

Ante ese fallo judicial, la Mesa Directiva del Congreso suspendió el apoyo logístico y de personal que se le venía brindando al ex mandatario; tal apoyo constaba de prestarle un vehículo, la dotación de combustible, así como la asignación de una persona en la modalidad C.A.S.

“Dada la situación del expresidente Ollanta Moisés Humala Tasso, quien viene cumpliendo prisión efectiva, la Mesa Directiva tiene la facultad de suspender o cancelar los beneficios otorgados a los expresidentes de la República mediante el citado Acuerdo de Mesa, por cuanto los mismos fueron concedidos a título de liberalidad”, se lee en el acuerdo.

Pensión vitalicia permanece intacta

A pesar de habérsele suspendido esos beneficios presidenciales, la Mesa Directiva indicó que optó por no retirarle su pensión vitalicia, ya que ese beneficio se encuentra enmarcado dentro de la Ley 26519 y por ende no se encuentran facultados para su suspensión.

Cabe recordar que el expresidente Alberto Fujimori estableció tal pensión a partir de 1995, promulgando la citada Ley. En la actualidad tal beneficio asciende a 15,600 soles, de los cuales se le entregará de por vida a un ex mandatario.

Recientemente, se tuvo conocimiento que la presidenta Dina Boluarte quiere subir el sueldo presidencial a más de 35 mil soles y por consecuencia la pensión vitalicia también se incrementaría.

En la mañana de ayer la Comisión de Economía del Congreso encabezada por el congresista Ilich López, recibió al superintendente de Banca y seguros y a la presidenta se la asociación de AFP. Tecnócratas versus legisladores en eso se puede resumir la sesión, o mejor dicho cómo razonar con emociones sin timón y el delirio.

Sobró la demagogia, desde una crítica feroz que más parecía ataque frontal de los parlamentarios a la representante de las AFP, Ana Cecilia Jara. Un López rayante en la exasperación dramática levantaba la voz exigiendo a la representante le diera la ubicación de los fondos de las AFP. Conversamos con Ana Cecilia Jara brevemente a su salida de la sesión y coincidió con la tesis del que escribe que revelar los nombres de las entidades (sean empresas, fondos soberanos o privados, especialmente los invertidos en el Perú) tendría un efecto negativo, porque en el actual contexto llevaría a una devaluación de dichas inversiones lo cual complicaría una venta a mayor rentabilidad. 

Conversamos con el superintendente de la SBS que mencionó que dicho retiro significaría un retroceso significativo en el desarrollo interno. No negaba que en un futuro cercano sin pensiones privadas podría el Estado tener que encargarse de asumir dicho costo lo cual se traduciría en mayor endeudamiento. Pero su mayor preocupación ahora es para el superintendente que precisamente este retiro ocurra solo meses antes de que Perú participe en un importante foro internacional, el de la OCDE, al que Perú busca adherirse pero que después de esto podría verse trunco dicho ingreso.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) tiene actualmente 38 países miembros. Estos países incluyen economías avanzadas y emergentes. Es decir es el club de los países con rentas medias, pertenecer a este organismo significaría que Perú es un país destino para inversionistas globales. Entre sus miembros se encuentran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. 

Perú se encuentra en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El país fue invitado a iniciar este proceso en enero de 2022 y el Gobierno peruano lo aceptó, dando inicio a la Hoja de Ruta para la adhesión. Perú ha expresado su interés en ser miembro de la OCDE desde 2012 y ha sido una política de Estado sostenida por diversos gobiernos. Se firmó el «Acuerdo de Adhesión» entre la OCDE y Perú, y Perú depositó el instrumento de adhesión para convertirse oficialmente en miembro. Está a la espera de ser incluído. Pero para ellos debe cumplir con requerimientos como:

Fortalecimiento institucional:

La adhesión a la OCDE es una oportunidad para emprender reformas sustantivas de gestión y políticas públicas, orientadas al fortalecimiento institucional del Estado. 

Desarrollo inclusivo y sostenible:

Perú busca orientarse hacia un desarrollo inclusivo y sostenible a través de la adopción de los estándares de la OCDE. 

Alineación con valores de la OCDE:

Perú se identifica con los valores de la OCDE, como la economía abierta, el Estado de derecho, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la transparencia fiscal. 

Recientemente hoy, la ministra de comercio exterior informó que Perú viene avanzando en las negociaciones de adhesión respecto al marco comercial.

“Formar parte de la OCDE es fundamental para nosotros. Ser una economía OCDE, con los estándares de este bloque, nos permite no solo generar más oportunidades para nuestros exportadores sino también dar seguridades en la aplicación de las reglas de comercio”, aseveró. 

La ministra León declaró desde París (Francia), ciudad donde se celebra la Reunión del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a nivel ministerial. 

El retiro de las AFP significaría faltar a los valores de la OCDE como es el tener una economía abierta y brindar seguridad jurídica, toda vez que las pensiones privadas con este retiro llevarían a un retiro masivo que haría inexistente el futuro para los peruanos (un universo de 8 millones de afectados). Siendo así resulta difícil que Perú sea admitido en dicha organización al no cumplir los requisitos a los que pretende adherirse.

Visto así , el Perú perdería una oportunidad de oro, pero sobre todo renunciaría al futuro de millones de peruanos que estarían expuestos a simplemente no tener pensiones. Porque si bien las AFP abusaron de su posición por años y superintendencia hizo poco, tener que pasar de una pensión de 600 o 300 soles a no tener absolutamente nada, eso sí que es ir de la sartén al fuego.

La reciente publicación de esta norma, que “Aprueba la modificación del Manual de Clasificador de Cargos del Ministerio de Educación” representa un punto de inflexión preocupante en la interpretación del principio de idoneidad previsto en la Ley N.° 31419, norma que regula la gestión de intereses y la designación de funcionarios públicos. Más que una mejora técnica, esta modificación parece ser una confesión de carácter político: permite que operadores políticos —por haber sido asesores o integrantes de círculos de poder— presenten esa experiencia como mérito para ocupar puestos con alto perfil técnico y gerencial.  

Las funciones asignadas a los Viceministerios y a la Secretaría General del MINEDU evidencian el peso estructural, técnico y político de estas posiciones:

El/la Viceministro(a) de Gestión Institucional es responsable de formular, coordinar y supervisar políticas relacionadas con infraestructura, equipamiento, becas y créditos educativos, mantenimiento escolar así como de la articulación con instancias de gestión educativa descentralizada. Además, dirige los programas nacionales y representa al Ministro cuando corresponde.

El/la Viceministro(a) de Gestión Pedagógica lidera la implementación del Currículo Nacional, define los planes de formación y evaluación docente, y orienta la política de aseguramiento de la calidad en la educación básica y superior. También dirige acciones para garantizar el acceso, permanencia y culminación de estudios, y supervisa el funcionamiento del sistema de educación técnica y superior.

• El/la Secretario(a) General, por su parte, tiene bajo su mando la conducción administrativa del Ministerio. Supervisa los órganos de apoyo, emite resoluciones y directivas administrativas, coordina la gestión documentaria y vela por el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control.

Lo cierto es que los partidos aliados al gobierno de Dina Boluarte tienen intereses evidentes en introducir cambios sensibles en el Currículo Nacional, y han reactivado su agenda desde una mirada conservadora que busca redefinir contenidos clave relacionados con ciudadanía y derechos humanos en los textos escolares.

Ministerio de Educación del Perú. (2025). Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU: Equivalencia de experiencia específica.

A diferencia de lo dispuesto por la anterior Resolución de Secretaría General N.° 197-2022-MINEDU, la nueva disposición incorpora criterios de equivalencia que desdibujan la exigencia legal de experiencia efectiva y verificable en funciones de conducción ejecutiva de alto nivel. La Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU establece, entre otros, el siguiente supuesto de equivalencia:

f) Experiencia ejerciendo labores de asesoría técnica a los miembros de órganos colegiados integrados en su totalidad por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, a razón de dos (2) años de asesoría por un (1) año de experiencia específica requerida.

Recordemos que los asesores técnicos no forman parte de la carrera pública ni acceden por concurso de méritos; se les contrata como “personal de confianza”, lo que significa que su nombramiento (y su cese) depende enteramente de la decisión del congresista, del ministro o del presidente del Poder Judicial que los requiera, sin que exista un proceso de selección externo, abierto o competitivo para esas plazas.

En términos prácticos, esto permite que asesores técnicos del Ejecutivo, Congreso o del Poder Judicial —sin experiencia previa en conducción ejecutiva del sector educación— puedan ser designados como viceministros o secretarios generales del MINEDU.

Sí, lo leíste bien: un asesor de despacho que nunca lideró un equipo de trabajo y que no ha ejecutado presupuesto alguno ahora puede dirigir áreas estratégicas del Ministerio de Educación. Esto convierte puestos estratégicos en fichas de reparto político, bajo la apariencia de una “meritocracia ampliada” que en la práctica desdibuja los estándares que deberían regir la alta dirección educativa.

Han rebajado los estándares técnicos para los cargos de línea, convirtiéndolos de facto en puestos de confianza, dependientes de la lógica de cuotas de poder. A esto se suma el literal siguiente:

g) Experiencia como miembro de directorios, o el que haga sus veces, de las empresas del Estado.

Como si estar sentado en un directorio político valiera lo mismo que ser un servidor público de carrera en el sector Educación.

¿Qué partido político habría ejercido presión para modificar el clasificador de cargos del MINEDU y propiciar la posterior publicación de la Resolución de Secretaría General N.° 115-2025-MINEDU?

El 25 de mayo, un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló un dato clave: muestra que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, concentra el 37 % de las menciones como la figura con mayor influencia en la gestión de la presidenta Dina Boluarte, muy por encima de Vladimir Cerrón (16 %), César Acuña (15 %), Rafael López Aliaga (6 %) y José Luna Gálvez (2%).

La pregunta es ¿a qué partido le tocará uno de los tres cargos más importantes en el Ministerio de Educación en los próximos meses?, todo indica que Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para El Progreso tendrían la mayor probabilidad de colocar a sus allegados en el Ministerio de Educación.

Y uno se pregunta ¿Hasta cuándo la partidocracia seguirá solicitando su cuota de poder en el Minedu?

El candidato aymara nació en Ilave, Puno (57 años), su perfil presenta contradicciones que lo alejan de las bases populares que dice representar. A pesar de su origen rural y su formación en derechos humanos, Alanoca ha sido percibido como una figura «caviar», término que en el contexto peruano se refiere a aquellos que, desde una posición de privilegio, promueven políticas progresistas sin un compromiso real con las clases populares. Su discurso, aunque cargado de simbolismo indígena, carece de propuestas concretas y se percibe como una repetición de lugares comunes de la izquierda tradicional, sin una conexión auténtica con las necesidades del pueblo.

Además, su vinculación con Verónika Mendoza, líder de Nuevo Perú, refuerza esta imagen de político de élite desconectado de la realidad social. Mendoza, aunque ha sido reconocida por su trabajo en favor de los derechos humanos y la inclusión, también ha sido criticada por su estilo político tecnocrático y por representar una izquierda que, en ocasiones, se percibe más preocupada por su imagen internacional que por los problemas cotidianos de los ciudadanos. La alianza entre Alanoca y Mendoza parece más una estrategia de posicionamiento político que un compromiso genuino con los sectores más desfavorecidos del país.

Algunos lo señalan como el enemigo número uno del expresidente Pedro Castillo, debido a sus constantes críticas hacia el gobierno del exmandatario y su intento de desmarcarse del populismo rural que este representó. Otros lo ven como el alfil de los sectores caviares, alineado con una élite intelectual limeña que busca apropiarse del discurso indígena desde una visión paternalista. Incluso hay quienes lo califican como una copia mal lograda del profesor cajamarquino, intentando replicar su narrativa desde los Andes sin la conexión genuina que Castillo supo construir con los sectores más empobrecidos. Lo cierto es que Vicente Alanoca, con todas sus contradicciones, se presenta como un nuevo aspirante al poder, decidido a llegar a Palacio de Gobierno con una propuesta que todavía genera más dudas que adhesiones.

En resumen, Vicente Alanoca encarna una figura que, a pesar de su discurso inclusivo, se ve atrapada en las contradicciones de una izquierda que, desde sus espacios de confort, busca liderar sin una conexión real con las luchas del pueblo.

PERFIL POLÍTICO

Candidato presidencial de Nuevo Perú Por el Buen Vivir, de Verónika Mendoza.

Militante de Nuevo Perú desde octubre de 2023, luego de ser parte del Partido Descentralista Fuerza Social entre 2010 y 2012.

PERFIL ACADÉMICO

Realizó sus estudios primarios en el colegio José Carlos Mariátegui, Puno.

Antropólogo por la Universidad del Altiplano.

Profesor, licenciado en Educación Secundaria, especialidad Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde el año 2012.

Magister en Lingüística Andina por la Universidad del Altiplano.

Fundador de la Asociación Centro de Investigación y Escuela de Pensamiento Crítico Aymara y de la Revista de Pensamiento Crítico Aymara.

IDEOLOGÍA

Busca una nueva Constitución. No detalló qué cambios se realizarían.

Contrario a Dina Boluarte, calificándola de “farsante”.

«En Lima me ven como el ‘profesor aimara’, pero nuestro país necesita más que tecnócratas».

Reforma a partir de la agricultura, del arte, de la sabiduría; reforma tributaria, atacando a las multinacionales que le deben al Estado.

“Multinacionales saquean los recursos del país”.

Crítico de los estados de emergencia.

Sobre la seguridad ciudadana: reforma de la Policía, Ejército y el sistema judicial.

En uno de los segmentos de Lima Gris Radio se habló de uno de los últimos escándalos acontecidos en el Ministerio de Cultura, por la presunta relación sentimental que mantuviera el ministro Fabricio Valencia con la señora Shirley Hopkins, quien, a pesar de no tener estudios universitarios, a través de ordenes de servicios sería la mejor pagada en el portafolio ubicado en la avenida Javier Prado.

Asimismo, se menciona que tras estos cuestionamientos la permanencia de Valencia Gibaja en el sector Cultura estaba en duda, pero de pronto apareció una nueva Resolución Viceministerial que favorecería a un partido político, el cual, sería Alianza para el Progreso (APP).

Desde Palacio señalan que el ministro tiene el apoyo de la presidenta Dina Boluarte a pesar de los nuevos escándalos que han surgido.

Sin exagerar, a veces se puede escuchar el aleteo de una mosca en el hemiciclo, y es que lo que en años pasados fuera un ambiente repleto de congresistas, ahora la tecnología les ha brindado una gran excusa para dirigir a un país ¡desde un celular!

Un informe realizado por el diario El Comercio ha revelado algo que era conocido a detalle solo por los trabajadores y corresponsales de prensa del Parlamento: el notorio ausentismo de los legisladores. El citado medio realizó seguimiento a 217 sesiones, entre enero y mayo del año en curso, observando que en promedio solo cinco congresistas se hacen presente de manera física en las reuniones.

Resulta indignante ver comisiones donde solo se encuentre el presidente de dicho grupo de trabajo, tomando el lugar de los demás parlamentarios una laptop. Tal situación se puede apreciar en las comisiones de Inclusión Social, Producción, Mujer o Ciencia y Tecnología. ¿Y los demás legisladores?

Sin embargo, como todo en la vida, existen excepciones. En ese reducido grupo de congresistas que prefieren la modalidad presencial se encuentra: Edhit Julón (APP), Jaime Quito (Bancada Magisterial) y Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), quien ha sido constante en las comisiones de Ciencia, Tecnología y Relaciones Exteriores. Los demás, atentos a sus redes sociales, repitiendo que están defendiendo a la población, pero todos se preguntan si lo hacen desde sus camas.

Comisiones con más y menos asistentes

Revisada la data, El Comercio elaboró un ‘ranking’ de las comisiones con más participantes presenciales, así la comisión con mayor promedio fue la de Salud, con 9 congresistas por sesión (43 % del total de miembros). Le siguen Constitución (31 %), Defensa Nacional (35 %), y Presupuesto (25 %).

En la otra orilla, como Producción, Descentralización, Ciencia y Tecnología, Mujer, e Inclusión Social apenas logran entre 2 y 3 congresistas por sesión, lo que equivale a menos del 15 % de sus integrantes.

Dirigiendo el país frente al mar y con una bebida en la mano

La tendencia a la modalidad virtual tiene una gran explicación y consiste en que actualmente dentro del Legislativo no existe una norma que regule la asistencia virtual a las comisiones. Cabe mencionar que solo se estableció la semipresencialidad a los plenos los días miércoles, en tanto los jueves sí es obligatorio acudir de manera presencial al pleno. ¿Y las comisiones? Bien, gracias.

Es así que se dieron casos de congresistas sesionando desde una paradisiaca playa o saliendo de una reconfortante ducha sin que le tomen mayor importancia a lo que se venía debatiendo. Será por eso, tal vez, que se promulgan leyes sin mayor conocimiento ni análisis técnico.

El periodo legislativo está a punto de terminar en unos cuantos días y no se ve mayor interés en querer revertir la semipresencialidad. Total, ‘otorongo en casa no come otorongo en la playa’.

¿Recurrirá nuevamente al principio de inocencia? Un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) brindó detalles sobre presuntas irregularidades en la acreditación de la experiencia laboral de Segundo Acho Mego, actual titular del Seguro Social de Salud (EsSalud), quien fuera designado el pasado 9 de marzo por la presidenta Dina Boluarte.

De acuerdo a la CGR, Acho Mego habría presentado documentación “sin sustento” para poder acceder a la presidencia de EsSalud. El médico de profesión, muy cercano al actual presidente del Minsa, César Vásquez (de APP), presentó dos constancias de trabajo expedidas por dos clínicas privadas para demostrar que contaba con la experiencia requerida para postular para director de EsSalud; sin embargo, la CGR determinó que esos documentos carecen de sustento pues los establecimientos privados no pudieron acreditar el vínculo laboral.

Papelito manda

La CGR solicitó “una copia del legajo documentario que tuvo a la vista el ministro Daniel Ysa Maurate Romero para la designación”; ahí se encontraron “tres constancias de trabajo que fueron emitidas por el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Megasalud Naranjal S.A.C (Clínica Naranjal) y Clínica Cori S.A.C. por un periodo total de cinco (5) años, cuatro (4) meses y trece (13) días». Todas ellas con Segundo Acho como director médico. 

A fin de corroborar tal legajo se solicitó a los tres centros hospitalarios las constancias de trabajo, a lo cual todas respondieron que daban fe a la veracidad de la documentación presentada por Acho Mego; no obstante, al pedir la información al propio Ministerio de Trabajo (MTPE) respecto al registro de Acho Mego en las planillas electrónicas de las referidas entidades de salud, la Dirección de Investigación Socioeconómica Laboral del sector evidenció que este «no se encuentra registrado en la Planilla Electrónica como trabajador de la Clínica Megasalud Naranjal S.A.C (Clínica Naranjal) y Clínica CORI S.A.C.«.

Similar sorpresa se dio la CGR al evidenciar en la Sunat que el actual titular de EsSalud no contaba con retención de impuesto de cuarta categoría durante el periodo en que supuestamente era director de los tres centros hospitalarios.

El pasado 14 de abril, la Contraloría pidió a las referidas clínicas privadas que precisaran detalles del tipo de contrato suscrito con Acho Mego, así como información sobre sus horarios laborales y que remita documentos suscritos por el administrado durante su gestión como director.

Ante ello, ambas entidades de salud dieron respuestas similares: que el contrato laboral fue «verbal«, que su jornada fue realizada en el horario que este tenía disponible y que no contaban con documentación suscrita por Acho Mego porque ya había pasado tiempo desde su gestión como director médico.

Un director no habilitado

Por si todo eso fue poco, la CGR también indagó sobre la habilitación profesional de Acho Mego, encontrándose que en su CV había adjuntado una “captura de pantalla” donde se leía que estaba habilitado por el Colegio Médico del Perú (CMP).

Sin embargo, el pasado 5 de mayo, el referido colegio profesional indicó que el funcionario «se encuentra en la condición de ‘NO HÁBIL’ desde el 1 de abril de 2025″; es decir, posterior a su designación como titular de EsSalud fue inhabilitado en el CMP. 

De esta manera, la CGR recomienda al ministro de Trabajo, Daniel Maurate, «adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan». 

Recapacitaron. Desde distintos grupos empresariales, autoridades y la sociedad civil se vio de mala manera de que se quiera continuar ofreciendo una puerta de ingreso a los mineros ilegales que camuflados de artesanales o informales pretendían seguir deforestando, contaminando los bosques y ríos de nuestro país, así como asesinando a todo aquel que les quisiese hacer frente.

Es así que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se derogaron algunas disposiciones en el reglamento que regula el proceso de formalización minera en el Perú. De esta manera, se modificó y publicó el Decreto Supremo n.° 010-2025-EM este último domingo 1 de junio.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la eliminación de poder transferir automáticamente por herencia la titularidad en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo); también se retira la coordinación presupuestal con los gobiernos regionales para este proceso.

De acuerdo con el decreto citado, se derogan tanto el artículo 10 del Reglamento de la Ley n.° 32213 aprobado previamente por el Decreto Supremo n.° 009-2025-EM, como la Tercera Disposición Complementario Final del Decreto Supremo n.° 018-2017-EM.

Estas disposiciones permitían, entre otras cosas, la transferencia de titularidad en el Reinfo por sucesión y la posibilidad de que los gobiernos regionales colaboraran en el proceso de formalización minera mediante convenios específicos.

El Decreto Supremo n.° 010-2025-EM subraya la necesidad de garantizar la calidad regulatoria y la efectividad de las competencias del Minem en el proceso de formalización minera.

La norma fue refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro Jorge Luis Montero, quienes destacaron la importancia de estas medidas para fortalecer la sostenibilidad y la legalidad en la pequeña minería y minería artesanal.