Un alto a las llamadas de números desconocidos. El Pleno del Congreso, por unanimidad, aprobó el dictamen de los proyectos de ley 2942, 3131 y 3541 que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam.

La propuesta es una iniciativa que recoge las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley aprobada anteriormente.

La iniciativa modifica el párrafo 58.1 del literal de de la Ley 29571, así como incorpora el párrafo 58.3 al artículo 58 de dicha norma.

Por ejemplo, el documento detalla que están prohibidas las prácticas comerciales donde empleen centros de llamadas (call centers), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo a consumidor alguno.

Sin embargo, se podrá realizar una excepción del envío de comunicación comercial a aquel consumidor que, por iniciativa propia, se contacte directamente con el proveedor y manifieste su consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco de ser contactado a través de un número telefónico, dirección electrónica o cualquier otro medio análogo de comunicación.

“Este consentimiento puede ser revocado, con efecto inmediato y sin expresión de causa, en cualquier momento y conforme a la normativa que rige la protección de datos personales. La vulneración a esta prohibición es considerada infracción muy grave”, se precisa.

En esa línea, se precisa que, para garantizar la protección del consumidor contra los métodos comerciales agresivos o engañosos, el Estado establece las reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones.

En la disposición complementaria final se indica que el Poder Ejecutivo establecerá la normativa adicional que otorgue la numeración telefónica especial a los proveedores, los métodos de seguridad y las técnicas de validación para que los usuarios puedan identificar las llamadas spam.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, legislador Wilson Soto Palacios (AP), dijo que, frente a la impunidad de las llamadas que mortifican diariamente la tranquilidad de los usuarios, “se está haciendo historia para que no haya más molestias”.

Por su parte, la congresista Katy Ugarte (NA) indicó que es importante proteger los datos de los ciudadanos y mejorar la idoneidad del servicio al cliente, ya que actualmente no hay buenas prácticas de los proveedores de servicios de telefonía.

“Cometen muchos abusos contra los consumidores y es momento de que se detenga”, acotó la parlamentaria.

La ley del embudo: todo para mí y poco para ti. Resulta increíble que desde el propio Estado se venga fomentando la ley del ‘perro muerto’, pues desde ya van más de tres años que los proveedores le vienen exigiendo a distintas instituciones del Estado el pago de sus servicios, encontrándose incontables veces con las puertas cerradas o sencillamente un escueto “no hay plata, venga mañana”.

Entre las instituciones del Estado incumplidoras se encuentra la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que hasta la fecha no viene cumpliendo con la empresa ITSAC, la cual ha tenido que cesar a lo largo de tres años a más de 300 de sus trabajadores, lo cual implica directamente que 300 familias reduzcan considerablemente sus ingresos.

Al respecto, el Dr. Oswaldo Taboada, director y vocero de la empresa afectada mencionó que cuentan con todas las conformidades y aprobaciones para que se cierre el contrato, observando que la decisión estaría recayendo más a una postura política para proceder al cumplimiento del contrato.

“Una empresa de más de 30 años se ve en riesgo de quebrar por el temor de los empleados en firmar los documentos, sumado a la indiferencia de los funcionarios frente a los problemas que tenemos las empresas. Pedimos a la presidenta Dina Boluarte que no permita que más empresas quiebren”, sostuvo el Dr. Taboada.

Asimismo, desde las Mypes Unidas del Perú (MUP) se viene realizando una cruzada para que el Estado no siga rompiendo la cadena de pagos, amparándose en la nueva Ley de Contrataciones que incorporó en su artículo 67.4 que demorar el pago injustificadamente constituye una falta grave.

“Nos hemos dirigido a la PCM, MINTRA, MIDAGRI, MEF y a la presidenta para que nos escuchen y se resuelva el problema de todas las empresas que hacemos cola en el ANA”, concluyen en su comunicado.

Un feriado que lo celebran los más pequeños, pero que no deja contento a los adultos debido a la fuerte recesión económica que obliga tener que trabajar seis de los siete días de la semana, sumado todo ello a que si uno desea aprovechar esos ‘puentes’ creados por los feriados se topa con la ineficiencia de los aeropuertos, así como el poco interés de parte de las autoridades en fomentar el turismo interno. Por todo ello, millones de peruanos optarán por permanecer en casa o salir a pasear cerca de ella.

Por disposición de la Ley N.º 31788 este viernes 7 de junio es feriado a nivel nacional en conmemoración de la Batalla de Arica y del Día de la Bandera.

De esta manera, el personal público y privado gozará este viernes 7 de junio de un día más de descanso, estando los empleadores obligados a pagarles ese día de manera normal a finales de mes. Esta medida se extiende a las personas que laboran de manera presencial como a los que realizan teletrabajo, aplicándose en este último caso la ‘desconexión digital’.

Sin embargo, hay puestos de trabajo que, por su naturaleza, requieren que los trabajadores continúen con sus actividades habituales, como el personal de salud, las fuerzas del orden, los periodistas, los transportistas, entre otros. En aquellas situaciones, el personal que labore durante este feriado percibirá, además del pago normal por el 7 de junio que se incluye en su remuneración mensual, un día adicional de pago que valdrá el doble de su diario regular. Notemos que este importe adicional también corresponderá a aquel personal que trabajará de manera remota durante el día 7 de junio.

En otras palabras, quienes trabajen este 7 de junio percibirán 2 días adicionales de remuneración. No se trata de un pago triple pues, reiteramos, el pago ordinario por el 7 de junio ya viene incluido en la remuneración mensual normal del mes de junio.

El incumplimiento de la regulación sobre el día feriado califica como una infracción muy grave sancionable con una multa por parte de SUNAFIL, cuya importación oscila entre S/ 13,544.50 y S/ 270,592.50 dependiendo del número de trabajadores afectados.

El dato:

No se han programado días no laborables el día anterior (6 de junio) o el posterior (8 de junio) por lo que esos días se trabaja con normalidad, salvo que alguno califique como día de descanso semanal. Inclusive, si el turno de trabajo inicia el 6 de junio, pero termina el 7, la legislación no considera que se hubiera trabajado durante el feriado.

El amor no entiende de banderas. No es necesario viajar por los cinco continentes para que un compatriota quede flechado por Cupido y encuentre su ‘media naranja’. La migración venezolana trajo consigo en nuestro país cambios relevantes como sus costumbres o comidas típicas, y también muchos jóvenes solteros aptos para un casamiento. En estos últimos ocho años se vienen dando casos en donde muchos de ellos han optado por unir sus vidas para formar una familia, formalizando su unión ante las leyes peruanas. De hecho, la cifra en los últimos años, entre el 2017 y el 2023, la cantidad anual de uniones de este tipo se incrementó más de 250% y se indicó que la mayoría de ellas se produce entre varones peruanos y mujeres venezolanas.

Según datos recogidos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entre los años 2017 y 2023 se registraron un total de 3677, mientras que solo entre enero y marzo del año en curso se vienen reportando 220 matrimonios en sus oficinas a nivel nacional.

De hecho, hasta marzo de este año se registraron en Reniec 2.383 matrimonios entre varones peruanos y mujeres venezolanas, además de 1.514 matrimonios entre varones venezolanos y mujeres peruanas.

La mayoría de estas uniones se dan en Lima con 2195, seguida de otras zonas del Perú, como Callao (281), Arequipa (196), Piura (127), Ica (125), y Áncash (119).

El diario La República detalló que el aumento de casos de matrimonio entre ciudadanos peruanos y venezolanos se produjo de forma gradual y de manera sostenida a lo largo de los años, aunque la pandemia generó que estas uniones registren una disminución en el año 2020, pero esta fue superada al año siguiente y continuó su incremento.

Matrimonios por conveniencia

De acuerdo a la abogada Mayda Mendoza, en conversación con el citado medio, hay situaciones que hacen sospechar a las autoridades de que un matrimonio está orientado a la obtención de la residencia y no está motivado por emociones. Esto es, por ejemplo, si la unión se produce poco antes de que expire su tiempo de estancia regular en el país.

La experta indicó que el Estado tiene la capacidad de investigar estas uniones e incluso pedir evidencia sobre la convivencia de la pareja y relación genuina entre los cónyuges. “Las consecuencias legales pueden ser muy serias. Si se establece que hubo falsedad en el acto matrimonial, puede llevar a un proceso penal. Los cargos específicos mencionados incluyen la falsedad ideológica”, sostuvo.

En ese sentido, la abogada sostuvo que las penas por este tipo de delito “puede ser de aproximadamente tres años en adelante, dependiendo de la gravedad del caso y de las pruebas presentadas en el proceso judicial. Además, el matrimonio puede ser anulado, lo cual invalidaría cualquier beneficio legal que se hubiera obtenido, como la nacionalidad peruana”.

Esta mañana, la Comisión de Constitución recogió diversas opiniones para el proyecto de ley que “adapta” la normativa electoral al proceso de elecciones del Congreso Bicameral para el año 2026. Según la iniciativa, el número que ahora se pretende aprobar para el 2026 es de 158 diputados y 79 senadores.

Por el momento, la congresista y presidenta de la comisión, Martha Moyano adelantó que hoy no votarán el predictamen que incrementaría el número de representantes para el 2026.

Eso significaría que la actual Representación Nacional, de tener actualmente 130 congresistas, pasaría a tener 237 representantes en el Parlamento.

Reacciones favorables en el Congreso

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante descarta que se vaya a incrementar el número de congresistas. Eso será trabajo de otro Congreso. “Por el momento no se ha discutido, yo he estado en la comisión”.

A su vez, Eduardo Salhuana, congresista de Alianza Para el Progreso comentó que el proyecto actual mantiene a 130 diputados y 60 senadores para las próximas elecciones. Sin embargo, se propone que en cinco años se reevalúe el número de legisladores basado en la población de cada región.

De otro lado, María del Carmen Alva (NA) señaló que la bicameralidad no puede quedarse a medias y consideró que la población, que es grande en el Perú, debe sentir que tiene contacto con sus representantes.

Por su parte, el congresista Héctor Valer manifestó que la propuesta de aumentar parlamentarios es correcta y que esto se debe a que existen millones de peruanos que no están representados realmente con la cantidad de legisladores que existen actualmente.

Hay que destacar que la iniciativa también modifica los artículos 13° y 23° de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, donde se resalta que la inscripción de un partido político se cancela en caso de no alcanzar al menos el 5% del número legal de miembros de la Cámara de Diputados, o haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección congresal.

Del mismo modo, el dictamen plantea cambios en los artículos 4°, 6° y 7° de la Ley 28360, Ley de elecciones de representantes ante el Parlamento Andino, donde se resalta que deben informar anualmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la República “sobre su participación”.

JNE pide postergar votación de ley que aumenta número de congresistas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó a la Comisión de Constitución del Congreso la postergación del debate y votación del proyecto de Ley que establece la adecuación de la legislación electoral al proceso de elección del Congreso bicameral, hasta que emita una opinión institucional sobre el tema.

De acuerdo con el JNE, el proyecto 8014/2023-CR, Ley que adecua la normativa electoral al proceso electoral del Congreso Bicameral, fue presentado el pasado 31 de mayo de 2024.

La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao inició investigación preliminar en contra de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.), tras la falla registrada en las luces de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acontecida desde el último domingo 2 de junio.

La investigación responde al presunto delito de omisión de funciones, tal como se anuncia en la publicación del Ministerio Público en su cuenta ‘X’.

Cuarta Fiscalía Penal Corporativa del Callao inició investigación en contra de Corpac.

Como se recuerda, la falla en las luces de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez generó que se cancelen cientos de vuelos nacionales e internacionales, generando que hasta la fecha miles de los pasajeros aún se encuentren en las instalaciones del aeropuerto a la espera de sus reprogramaciones de vuelo y sin obtener respuestas claras y de resarcimiento.

Corpac: Controlaría también inició investigación por desperfecto en Aeropuerto Jorge Chávez

La jefe del Órgano de Control Institucional de Corpac desplegó a un equipo de profesionales para recopilar información por la “falla en el suministro eléctrico del sistema de luces de la pista 16 L” del terminal aéreo internacional.

Carta OCI N° 030-2024 enviada al presidente del Directorio de Corpac.

La Contraloría, a través del OCI de Corpac, mediante la Carta OCI N° 030-2024-C de fecha 3 de junio, notificó al presidente de Corpac, José Luis Barrios Espinosa sobre el inicio de una investigación debido a las fallas técnicas registradas en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el pasado domingo 2 de junio y que devino en la suspensión, cancelación y retrasos de cientos de vuelos que dejaron varados a miles de pasajeros, tanto nacionales como internacionales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició ayer la venta de kits para que los ciudadanos hagan uso de sus derechos para poder impulsar procesos de revocatoria contra las  autoridades municipales y regionales, en todo el Perú.

Entre tanto, ya se conoce que algunos de ellos ya están en la mira de los ciudadanos, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el alcalde del distrito de Miraflores Carlos Canales y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) elaboró el cronograma que indicia que la consulta popular de revocatoria se dará en el 2025.

Asimismo, este sábado 8 de junio se cierra el padrón electoral por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Luego, es de conocimiento público que hasta el 26 de septiembre se pueden adquirir los kits.

El siguiente paso, es que hasta el 11 de octubre se podrá solicitar a la ONPE para que verifique las firmas que deberían ser el 25% del número de electores de las jurisdicciones municipales y los gobiernos regionales.

Posteriormente, hasta el 21 de noviembre se podrá enviar las solicitudes de revocatoria. Cuatro días después, la Reniec debe enviar el padrón electoral a la ONPE.

La ONPE tiene hasta el 21 de diciembre para resolver las distintas solicitudes de revocatoria. Entre el 5 al 9 de febrero del 2025 que se publicará el padrón inicial de electores habilitados para sufragar.

El 10 de marzo se tiene proyectado que el JNE haga la convocatoria para la consulta popular. Al día siguiente, el Reniec remitirá el padrón preliminar de electores.

Calendario del proceso de revocatoria de autoridades municipales y regionales para el 2025.

El JNE tiene hasta el 21 de marzo para aprobar quiénes podrán acudir a las urnas de manera definitiva.

De ahí son nueve días para que se realice el sorteo de miembros de mesa por parte de la ONPE.

Y finalmente, el día culminante de este largo proceso es el 8 de junio, donde se decidirá el futuro de los alcaldes y gobernadores y se sabrá si prosiguen con sus mandatos hasta el 31 de diciembre del 2026 o terminan antes de lo previsto en el ejercicio de sus cargos.

 Documentos necesarios para adquirir un kit electoral

La ONPE colgó en su página web oficial lo que se necesita para adquirir un kit electoral:

-Formulario P5 que es la solicitud de formatos para la recolección de firmas de adherentes.

-Argumento de iniciativa de revocatoria que debería ser bien sustentada por los ciudadanos, quienes no podrían incluir delitos cometidos por las autoridades.

-El comprobante de pago por derecho de tramitación que se debe hacer a través de la plataforma pagalo.pe, presencial en el Banco de la Nación o en la caja de la sede central de la ONPE, cuyo costo es de S/85.70 y cuyo código de pago es 03830.

-En caso se haya incluido a algún representante, se deberá adjuntar una carta poder simple.

La ONPE tendrá un plazo de nueve días para admitir, o no la solicitud.

El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc con el exárbitro Horacio Cánepa, implicado en el caso Odebrecht y lo sentenció a cuatro años de prisión suspendida.

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó la resolución en contra de Cánepa por los delitos de asociación Ilícita para delinquir, colusión agravada, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y lavado de activos agravado. El magistrado evaluó el acuerdo y determinó que la información brindada por Cánepa, bajo la figura de colaboración eficaz, fue de gran relevancia en los casos Arbitrajes -Odebrecht, Procuradores – Arbitrajes y campañas políticas de la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano.

Además de la pena, Chávez Tamariz ordenó el cumplimiento de reglas de conducta por un periodo de prueba de dos años. Adicionalmente, dispuso el pago de 173 días multa que equivale a la suma de S/7 mil 196.80.

Horacio Cánepa tampoco podrá ejercer cargo público por cuatro años y tendrá que pagar S/10 millones de soles como reparación civil a favor del Estado Peruano, la cual deberá ser abonada en un plazo máximo de cinco años.

Como se conoce, en el 2019, durante los interrogatorios en Curitiba, Brasil, Jorge Barata confirmó que el árbitro Horacio Cánepa recibió sobornos de Odebrecht para que emitiera decisiones a favor de la constructora en litigios de obras públicas. Las coimas provinieron de los fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas, al no verse bien que Cánepa sea árbitro y que la empresa le pague el 1% de lo que Odebrecht ganara con los laudos arbitrales.

Horacio Cánepa votó a favor de Odebrecht en 16 arbitrajes de 19, cuyos costos al Estado peruano fueron más de S/500 millones de soles. A su vez, Jorge Barata dijo desconocer si Cánepa contrataba a otros árbitros para cumplir con sus objetivos.

La investigación se inició luego de conocerse que Odebrecht depositó a Cánepa US$435 mil dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’.