Política
Contradicciones e inconsistencias del presidente Martín Vizcarra

En su mensaje del día 81 de la cuarentena nacional el presidente Martín Vizcarra dio explicaciones sobre algunos hechos indeseables acontecidos durante los últimos días. Entre ellos, el abuso de las plantas y reabastecedoras de oxígeno que sin ningún remordimiento se aprovechan de la desgracia que viven los enfermos de Covid y elevan sus precios de manera exorbitante, con tarifas de hasta cinco mil soles por balón de oxígeno, y cincuenta soles por metro cubico de recarga.
Felizmente y a modo de contrarrestar esa mala práctica, el propio mandatario anunció que acaban de emitir el decreto de urgencia N°066-2020 que ya fue publicado en el diario oficial y que dicta medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal para el tratamiento del coronavirus y reforzar la respuesta sanitaria, en el marco del Estado de emergencia nacional por el Covid-19.
Sin embargo, cuando el presidente Vizcarra se refirió a las clínicas privadas usureras que cobran hasta quinientos soles a los pacientes que recurren a ellas para hacerse sus pruebas moleculares, a pesar que esas mismas pruebas son obtenidas del Instituto Nacional de Salud de forma gratuita como manda la ley, apenas dijo: No se aprovechen pues. Es decir, hasta ese momento el mandatario fue indulgente con las clínicas y apenas dijo que iba a indicar a SuSalud investigar sobre el tema.
Sin embargo, cuando ATV le preguntó ¿Qué se hará con las clínicas que cobraron a la población por pruebas moleculares como lo evidenció la Contraloría?, Recién se puso enérgico y quiso dar muestras de indignación y arguyó: “Tiene que haber una sanción económica a esas clínicas que aprovechándose del Estado para otorgar pruebas gratuitas estén lucrando. No podemos permitir que se lucre con la salud y el dolor de los peruanos, por eso vamos a pedir a SuSalud que en este proceso dé una sanción ejemplar y tiene que ser una sanción económica a estas clínicas que aprovechándose del Estado están lucrando en ese sentido. Entonces SuSalud ya está interviniendo porque es el ente que revisa y supervisa el accionar de todos los establecimientos de salud públicos y privados, y al respecto tiene que actuar y ser muy drástico porque no podemos permitir este comportamiento abusivo de algunas clínicas que aprovechándose de la prueba gratuita que hace el Estado cobra al usuario una cantidad exorbitante, eso está mal y tiene que ser sancionado”.
Ahí algo no cuadra muy bien, porque quien descubrió aquel cobro indebido y excesivo de parte de las clínicas privadas no fue precisamente SuSalud, que es quien realmente tuvo que detectar aquellas malas prácticas, porque ellos están precisamente para eso, para controlar y supervisar el desenvolvimiento de los centros de salud. Y quien descubrió todo: fue la Contraloría que en su informe arrojó un número de casi 20 mil pruebas de descarte gratuito, pero que a pesar de eso le hicieron ganar a las 18 clínicas involucradas, alrededor de 7 millones de soles.
Pero cuando a Vizcarra se le formuló la pregunta incomoda: Y sobre el caso Richard Cisneros, señor presidente ¿Puede decirnos cuál era su relación con ese personaje? y ¿Por qué tuvo contratos por un período donde pasaron seis ministros de Cultura? El mandatario mostró una evidente incomodidad y respondió:
“Lo dije en una pregunta anterior, que lo conocí en el año 2016 en la campaña electoral [sic] a la presidencia del candidato Pedro Pablo Kuczynski, ahí lo conocí. Y que se ha tratado incluso de manera burda de querer demostrar que mi relación es mucho más antigua. Nosotros apoyamos las investigaciones, siempre lo hemos hecho y esto no va a ser la excepción, vamos a apoyar una investigación seria que haga el ministerio Público y vamos a dar todo el apoyo para que la investigación llegue a clarificar y a conocer el fondo de todo el problema, pero tratar de usar un acto de este tipo para mentir, para generar un nivel de desconfianza ¿con información falsa?
Me refiero a que en los últimos días he recibido cantidad de correos de whatsApp, alguna foto de hace mucho tiempo cuando era joven hace como 35, 40 años cuando estoy en Moquegua mi tierra con un grupo de amigos, compañeros de promoción, un grupo de familiares, hay un momento de distención con los amigos y la leyenda es: Miren, está al lado del señor Richard Swing, cuando es una persona completamente diferente, entonces vemos que hay gente que en política sigue aplicando lo que este político alemán de la época de Hitler, Goebbels lo aplicaba hace muchos años… miente miente que algo queda, después aclaras, porque tú respondes y aclaras y dices esto es mentira, esto es burdo, esto es falso, pero alguien creerá pues. Hay gente que tiene ese tipo de actitud política para tratar de atacar a un rival, un rival que puede ser político como quien habla. Nosotros en estos más de dos años de gobierno hemos tomado una serie de decisiones, siempre pensando en lo mejor para la población, pero sabiendo que atacábamos a algunos problemas estructurales y que estábamos incomodando a diversos grupos. Y nos hemos ganado quizás gratuitamente también el rechazo de esos grupos que no desaprovechan cualquier oportunidad para tratar de generar desconfianza y nosotros seguiremos actuando así transparente y correctamente. Esa foto que he recibido innumerables veces, está bien si yo soy y me pueden atacar, atáquenme a mí, pero sin embargo salen personas ajenas a todo el problema, y obviamente en esa foto no está el señor Cisneros porque a él lo conozco de la campaña. Que, [sic] ¿qué relación tengo con él?, ninguna, y no he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público, de eso pueden dar fe ministros, viceministros y funcionarios del Estado, porque estoy completamente convencido que el participar en una campaña electoral no te da ningún derecho a tener un cargo público. El cargo público tienes que ganártelo con tu conocimiento con tu experiencia, te lo ganas solo y para eso hay los procedimientos para ingresar al sector público. No he recomendado a cargo público ni al señor Cisneros ni a nadie, de eso puede dar fe cualquier funcionario que ha trabajado en estos más de dos años en el gobierno que estoy a cargo, así que somos enfáticos, y apoyaremos las investigaciones que tienen que hacerse con seriedad como lo hemos hecho cuando hace dos días han venido del Ministerio Público a tomar una información… ¡todas las facilidades!… ¡vayan ingresen a donde requieran! Han ingresado a Palacio de Gobierno, han constatado información y luego han pedido una información que se la den a través de medios electrónicos”.

Pero recordemos la respuesta que dio el Presidente Martín Vizcarra a Exitosa en la conferencia de aquel 25 de mayo sobre Richard Swing: “Sobre un señor Richard Swing, al respecto decirle que… efectivamente… él… conozco como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del proceso de 2016, por ahí vi algunos comentarios sueltos diciendo que era alguien de Moquegua, cercano al Presidente, como muchas personas del entorno de la campaña electoral él colaboraba y participaba de ella, y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga alguna participación en algún nivel de gobierno, sin embargo la ministra de Cultura informó que su contrato ha sido dejado sin efecto y claro estoy de acuerdo en que en estas condiciones tenemos que ser lo más austeros posibles”.
Si nos ponemos observadores el presidente Vizcarra cuando respondió hace once días la pregunta sobre Richard Swing se puso algo nervioso y pretendió desembarazarse rápidamente del asunto, pero quizá sin habérselo propuesto admitió que lo conocía por su participación en la campaña de PPK en 2016: “Al respecto decirle que… efectivamente… él… conozco como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del proceso de 2016” sin embargo, esa afirmación generó un escozor inmediato y al día siguiente el Partido Político Contigo emitió un comunicado oficial que desmentía la declaración del presidente Vizcarra y señalaba en sus líneas que Richard Swing más bien fue llevado a los eventos de cierre por el propio jefe de campaña de aquel entonces, es decir por Martin Vizcarra.
Pero lo que quizá representa el mayor desliz y desatino que el mandatario esbozó aquel día, fue el hecho de haber reconocido que una persona cuando colabora en una campaña electoral, posteriormente seguramente es retribuida con algún puesto en el Estado, tal como él mismo lo dijo en aquel mensaje: “Como muchas personas del entorno de la campaña electoral él colaboraba y participaba de ella, y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga alguna participación en algún nivel de gobierno”.
Ahora bien, ¿cómo es posible que el presidente Vizcarra anteriormente haya reconocido eso y apenas ayer cambió su discurso? al afirmar: “Porque estoy completamente convencido que el participar en una campaña electoral no te da ningún derecho a tener un cargo público. El cargo público tienes que ganártelo con tu conocimiento con tu experiencia, te lo ganas solo y para eso hay los procedimientos para ingresar al sector público”.
Ahora hagamos un ejercicio que definitivamente va a ser hilarante en cuanto le demos lectura, pero que en el fondo se torna muy serio y preocupante, por venir de un presidente de la República.
A continuación, la lectura de dos pronunciamientos dichos por Martín Vizcarra, pero esta vez unidos en un mismo párrafo. Ustedes saquen sus propias decisiones:
“Como muchas personas del entorno de la campaña electoral él colaboraba y participaba de ella, y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga alguna participación en algún nivel de gobierno… Porque estoy completamente convencido que el participar en una campaña electoral no te da ningún derecho a tener un cargo público. El cargo público tienes que ganártelo con tu conocimiento con tu experiencia, te lo ganas solo y para eso hay los procedimientos para ingresar al sector público”.
Así las cosas, otro aspecto que suena preocupante en el presidente consiste en lo otro que aseveró: “¿Qué relación tengo con él?, ninguna, y no he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público, de eso pueden dar fe ministros, viceministros y funcionarios del Estado”. ¿Acaso eso es un mensaje subliminal enviado a sus funcionarios más directos como consigna? pues, como el caso Swing está investigándose preliminarmente a nivel Fiscalía, e incluso el Pleno del Congreso acaba de aprobar la moción que le otorga facultades a la Comisión de Fiscalización para dicha investigación en el plazo de 45 días, entonces ¿qué van a responder en sus próximas declaraciones los ministros/as que serán citados durante la investigación? No olvidar que durante el gobierno Alanista se inmolaron algunos ministros de su entorno y terminaron en prisión por la única razón de proteger a su caudillo.
Por lo pronto, si se sigue aquel patrón y la Fiscal Anticorrupción Jani Sánchez hace caso omiso al pedido del Procurador Amado Enco y si la investigación solamente se va a centrar en los pasillos del ministerio de Cultura, entonces los seis ministros de Cultura que despacharon durante el tiempo que Swing realizó sus servicios de coach tendrían que admitir que entre ellos hay algo en común, si ponemos en el plano hipotético lo que dijo el propio Presidente ayer un su mensaje: que sus contratadores eligieron a Richard Swing porque se lo ganó solo, con su conocimiento y experiencia de acuerdo a los procedimientos para ingresar al sector público. Y eso es más inverosímil que el encuentro de la mamá de Marco.
El presidente Vizcarra probablemente será desmentido por otro comunicado del Partido Político Contigo, porque ayer él arremetió (nos hace recordar a choloterco Oblitas) y mencionó una vez más su tesis pasada: “Lo dije en una pregunta anterior, que lo conocí en el año 2016 en la campaña electoral [sic] a la presidencia del candidato Pedro Pablo Kuczynski, ahí lo conocí”.
Finalmente, el caso SwingGate recién empieza y apenas sería la punta del iceberg que desentrañará más casos y otras extrañas contrataciones, y probablemente una directa participación de Palacio de Gobierno, claro está si es que la Fiscalía y el Congreso se enfocan en una rigurosa investigación que finalmente dé sus frutos en honor a la lucha anticorrupción.
Política
Gobierno exportará presos en lugar de solucionar el hacinamiento penitenciario
Frente a la crisis carcelaria y la falta de nuevas cárceles, el Ejecutivo busca trasladar reos a El Salvador, una medida costosa, cuestionada y que no aborda las causas reales del problema. Expertos advierten que esta propuesta es un parche irresponsable y demagógico.

El exdirector general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia, Víctor Quinteros, cuestionó duramente la reciente propuesta del Gobierno de enviar presos peruanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, calificándola de “inviable” y una medida demagógica que evade responsabilidades.
Quinteros enfatizó que mientras el gasto diario por reo en Perú oscila entre 27 y 30 soles, el traslado y confinamiento en el CECOT implicaría un costo superior a 200 dólares por preso, una cifra que evidencia la falta de racionalidad económica y social en la iniciativa gubernamental. “Los peruanos deben cumplir su condena en territorio nacional. Existe un marco legal para enviar presos extranjeros a sus países de origen, pero no para exportar peruanos”, aclaró.
El especialista criticó que el Ejecutivo pretenda externalizar un problema que es claramente de su competencia, desviando la atención pública y política de la urgente necesidad de construir y ampliar cárceles en Perú. “Esta propuesta refleja la incapacidad de los políticos para enfrentar el hacinamiento penitenciario que afecta a miles de reclusos y vulnera derechos humanos fundamentales”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para deshacinamiento de penales antes del 2030, aunque con un plazo prudencial. Alcántara argumentó que factores como la pandemia y el impacto del ciclón Yaku han retrasado la ejecución de medidas, por lo que se ha solicitado tiempo adicional.
Sin embargo, para Quinteros, estos argumentos no justifican la falta de políticas concretas y responsables. “Exportar presos no es una solución, es un parche costoso y cuestionable que no atiende las causas estructurales del problema”, concluyó.
La polémica propuesta abre el debate sobre la prioridad real del Estado frente a una crisis penitenciaria que sigue sin resolverse desde hace años, mientras se opta por soluciones improvisadas que pueden poner en riesgo derechos y soberanía.
Política
Delia Espinoza se justifica por no reponer a Patricia Benavides
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, niega incurrir en desacato y se ampara en tecnicismos legales para no restituir a su rival, Patricia Benavides. Lo más preocupante: insiste en que no hay crisis institucional y asegura que el Ministerio Público “funciona con normalidad”.

En medio de la crisis institucional que sacude al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha optado por el camino del tecnicismo para justificar su negativa a reponer en el cargo a Patricia Benavides, como ordenó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que está en juego no es solo un conflicto de poder, sino el respeto al Estado de derecho y a las decisiones de los órganos constitucionales autónomos.
Espinoza Valenzuela declaró al Diario del Cusco que enfrentará cualquier denuncia del Congreso por presunto desacato, asegurando que hasta el momento no ha sido formalmente notificada de la resolución que restituye a Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Bajo ese argumento, se ampara en que no hay “desobediencia” porque no hay una notificación formal, como si los pronunciamientos de la JNJ no fueran de conocimiento público ni vinculantes desde el momento de su emisión.
Más aún, cuestionó abiertamente que diversas autoridades —incluyendo congresistas, ministros y el propio defensor del Pueblo— hayan reconocido públicamente a Patricia Benavides como la legítima fiscal de la Nación. Según Espinoza, ese reconocimiento genera “confusión” y desinformación entre la ciudadanía, cuando en realidad lo que confunde es la resistencia de su despacho a acatar una resolución de un órgano constitucional.

Resulta preocupante que Delia Espinoza deslice la idea de que todo debe pasar primero por un análisis jurídico interno, como si la legalidad fuera un terreno interpretativo según su conveniencia. Bajo esa lógica, cualquier autoridad podría ignorar resoluciones oficiales mientras “analiza” si le parecen válidas.
La fiscal también aseguró que responderá a las denuncias del Congreso y que las mismas no prosperarán porque —según ella— la JNJ no siguió los procedimientos correctos. Es decir, antes que admitir el fallo y acatarlo, su estrategia es deslegitimar el procedimiento mismo, aunque este emane del ente competente.
Pero lo más grave no es la estrategia de defensa de Espinoza Valenzuela, sino la insistencia en negar que exista una crisis institucional. Afirma que el Ministerio Público “funciona con normalidad” y que no hay enfrentamientos internos. ¿Cómo puede hablarse de normalidad cuando existe una pugna abierta por el cargo más alto del organismo, cuando dos señoras reclaman legitimidad y el país observa una paralización operativa?
Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público es una crisis con todas sus letras, agravada por una autoridad que minimiza el problema y retrasa su solución. La falta de una acción clara y oportuna no solo erosiona la legitimidad del Ministerio Público, sino que pone en duda su independencia y respeto a la institucionalidad.
Si Delia Espinoza espera que el silencio y el formalismo legal detengan el avance de la verdad, está equivocada. El país necesita claridad, no excusas. Y el Ministerio Público, hoy más que nunca, requiere liderazgo con principios, no posiciones cómodas disfrazadas de legalidad.
Política
Juan Silva: tres años prófugo y cero resultados de la PNP
Fugitivo desde el 7 de junio de 2022, el exministro de Transportes simboliza la evasión de justicia más descarada del gobierno de Pedro Castillo. Su caso revela la corrupción del pasado y la negligencia del presente. Sin captura, la justicia sigue humillada y desacreditada.

Mientras la justicia reafirma la prisión preventiva por 36 meses contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la Policía Nacional del Perú no logra capturarlo? La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de rechazar la apelación de su defensa no solo confirma la solidez de las pruebas en su contra, sino que también expone una verdad incómoda: la ineficiencia —¿o desinterés? — del aparato estatal por hacer cumplir esa medida.

Silva Villegas, imputado por liderar una presunta organización criminal junto al expresidente Pedro Castillo, lleva tres años en condición de prófugo. Se le atribuyen actos de corrupción vinculados a la licitación del Puente Tarata y a otras obras públicas entregadas a empresas chinas. Los delitos que enfrenta —organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias— no son menores. Sin embargo, a pesar de la orden de captura nacional e internacional emitida en marzo de 2023, nada se sabe con certeza de su paradero. ¿Ha desaparecido del mapa con tanta facilidad o alguien lo protege?
A esta impunidad se suma la estrategia legal del exministro, quien busca deslegitimar la prisión preventiva con apelaciones sin sustento. El Poder Judicial ha sido claro: su defensa no presentó nuevos elementos ni argumentos para debilitar los “graves y fundados elementos de convicción” existentes. Y aun así, Silva pretende burlar a la justicia desde la clandestinidad.

La pasividad de la PNP en este caso es alarmante. No se trata de un prófugo cualquiera, sino de un exalto funcionario que, según la Fiscalía, formó parte del núcleo duro de una red criminal que saqueó al Estado. ¿Cómo es posible que, después de tres años, no exista un solo resultado concreto en su captura? ¿Realmente se le está buscando?
Es momento de que el Ministerio del Interior y la PNP rindan cuentas. No basta con emitir alertas rojas en Interpol si no hay un esfuerzo serio y sostenido para ubicar a quien simboliza la evasión de justicia más flagrante del gobierno de Pedro Castillo. El caso Silva refleja no solo la corrupción del pasado, sino la negligencia del presente. Y mientras siga libre, la justicia seguirá humillada.
Política
Se cumplen 250 días sin que Dina Boluarte le responda a la prensa
Mandataria pasa sus días entre denuncias, cirugías encubiertas, documentos “clasificados” para que no se conozca su aumento de sueldo, y viajes al extranjero.

La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se animó a contestarle a la prensa fue el ya lejano 22 de octubre de 2024, cuando en tono despectivo e irascible, les preguntaba antes a los hombres de prensa a qué medio pertenecían, asimismo, daba instrucciones sobre las preguntas que no tenía en mente responder porque eso sencillamente le ponía de muy mal humor.
Luego de ello, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” se la pasó lanzando indirectas a los distintos medios cuando se trataba de una actividad oficial, tildándolos de ser los verdaderos “enemigos de la patria”, confabuladores, de estar jugando “en pared” con sus opositores para sacarla de Palacio. Incluso, en una ocasión, se atrevió a decir, siempre acompañada de niños y sus ministros complacientes, que los periodistas vienen realizando un “terrorismo de imagen” contra su persona.
Como si se tratara de una deidad a la que hay que agachar la cabeza y lanzar loas, la jefa de Estado no quiere que ningún medio de prensa se le acerque a menos de 50 metros, caso contrario serán interceptados por su seguridad personal, o peor aún, encerrados durante horas en algún ambiente cuando se trata de dar cobertura en una actividad oficial. Y es que esa mujer “valiente” pareciera tener miedo a las preguntas que le formulen aquellos entrevistadores que no se encuentran sometidos al canal del Estado o a su área de prensa.

Tal vez quiera evitar ese incómodo momento cuando le pregunten sobre sus viajes al extranjero, las joyas “prestadas”, sus “retoquitos” mencionados por el doctor Mario Cabani, los detalles sobre qué hacía el ‘cofre’ en una playa del sur, o el petitorio para aumentarse el sueldo.
A propósito de todo eso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) le recuerda a la mandataria que ya lleva 250 días sin dar declaraciones, las mismas que tengan la posibilidad de un contrapunto o una repregunta, y que no estén sujetas a un cuestionario u hoja elaborado por su área de prensa. Y es que ella prefiere que solo le hagan preguntas que no la incomoden o la dejen mal parada.
«La ANP recuerda que el 22 de octubre del 2024 Boluarte, tras 105 días de silencio mediático, presentó su balance de gestión junto a sus ministros de Estado para, posteriormente, responder a preguntas de medios con expresiones hostiles hacia quienes se las formulaban. Desde esa fecha, la ANP ha registrado momentos álgidos en que la mandataria ha hecho manifiesto su reiterado menosprecio a la libertad informativa», se lee en un pronunciamiento de la institución.
Le queda poco más de un año y todo indica que seguirá manteniendo la boca cerrada; tal vez esa sea su estrategia para no cometer ni un desliz o dejarse llevar por sus impulsos y responder “tu mamá” de nuevo.
Política
Alcalde de Lima empecinado en hacer su “marcha blanca” pese a que el tren Lima – Chosica no está concluido
Ministro de Transportes previamente ya le había respondido que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

Ya se siente el amo y señor del Perú. Han pasado tres años y la tan repetida “Lima, potencia mundial” es solo un sueño de opio, pues hasta el momento gran partes del Cercado de Lima está invadido de vendedores ambulantes y carretilleros, y ni qué decir sobre la creciente inseguridad que se vive.
El alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, a propósito de esto último, mencionó muy suelto y despreocupado, que comprará drones que sobrevolarán la ciudad como “cóndores” y “explotarán” delante de los delincuentes.
Ahora, como si ya fuera presidente del país, viene repitiendo que iniciará una “marcha blanca” que será el inicio de las operaciones del tren Lima – Chosica, pero un gran detalle no pasa por inadvertido: no hay una obra concluida. Entonces, ¿dónde piensa colocar sus trenes de segunda traídos de los Estados Unidos?
El popular ‘Porky’ quiere colocar como sea sus trenes de la compañía Caltrain y ponerlas en funcionamiento el mes que viene. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, reiteró López Aliaga, a pesar de no existir un estudio técnico ni construidas las estaciones donde pasará el tren.
Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, manifestó que tal “marcha blanca” no se encuentra contemplada debido a que “no hay una obra concluida ni iniciada”.
“Queremos saber si la Municipalidad de Lima lo va a hacer como obra suya, seguramente deben tener un expediente técnico, un plan a desarrollar y ejecutar, y sabrán los plazos y el cronograma. Si no lo puede hacer por diferentes circunstancias, sea tema presupuestal o apoyo técnico, y recurre al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC tendría que usar la concesión que ya tenemos y firmar una adenda -es una posibilidad-. Y esa adenda requiere revisarla técnicamente, incorporar la adenda, las especificaciones técnicas, requisitos, estudios, y hacer un proyecto para poder firmar una adenda de ampliación y eso no requiere menos de un año”, dijo.

Enterado de esta última declaración del ministro Sandoval, ‘Porky’ respondió que desde el MTC se está buscando poner “trabas” y que de encontrar mayores obstáculos no lo dudará dos veces en organizar una marcha hacia la sede del MC, pues para él lo único que se estaría buscando es “politizar” este proyecto.
“Si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, manifestó.
Lo cierto de todo esto es que no existe una obra terminada para que pasen los trenes, ¿o será que pasarán volando por la ciudad con ayuda de los drones “cóndores” que pensaba comprar ‘Porky’?
Política
Rossella Leiblinger es designada ‘jefa interina’ del IRTP
Durante los últimos años, la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco ha desarrollado su trayectoria en el sector estatal, ocupando cargos en diversos ministerios. Actualmente dirige Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura y asume provisionalmente la encargatura, en el IRTP.

Mediante la Resolución Suprema nº 013-2025-MC, publicada en el diario El Peruano, el Ministerio de Cultura designó a la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco como jefa institucional encargada del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), en reemplazo de Ninoska Chandía Roque. El documento lleva las firmas del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y de la presidenta Dina Boluarte.

Leiblinger ejercerá el cargo de manera interina y en adición a sus funciones como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, posición que ocupa desde enero de este año.

Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Prácticamente, ha ejercido su trayectoria durante muchos años en el aparato estatal, habiendo laborado en los ministerios de Trabajo, Justicia, Energía y Minas, Interior, Mujer, así como en el Ministerio Público, la SBS y el Inabif.

La llegada de Leiblinger Carrasco al IRTP se da en medio de un contexto institucional complejo, marcado por tensiones internas tras la salida de Chandía Roque, quien mantendría un grupo afín en la televisora, con el objetivo de cautelar sus intereses. Según fuentes del sector, se evalúa la designación de un nuevo titular en la jefatura institucional, siendo el nombre de Luis Francisco Vivanco Aldon uno de los voceados para asumir el cargo.
Política
Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía
La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.
Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.
La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.
Política
Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio
Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.
¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?
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