Los miembros de la Primera Sala del Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular (AP) expulsaron del partido al congresista Darwin Espinoza Vargas.

El oficio N° 17-2024-TND-1° Sala, que fue recibido este miércoles 22 de mayo, fue firmado por el presidente de la Primera Sala del Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular (AP), Luis Carlos Simeón Hurtado, el vicepresidente, Rodolfo Gonzáles Chura, y la vocal, Frida Natacha Heredia Alva, quienes argumentaron que se tomó esta decisión “por la transgresión de normas estatutarias, reglamentarias y código de ética”.

Oficio N° 17-2024-TND-1°, que resuelve la expulsión de Darwin Espinoza de Acción Popular.

El pedido del 29 de abril, fue debatido en audiencia única llevada a cabo el 16 de mayo, y se fundamenta en supuestos actos de traición al partido por parte de Espinoza Vargas; entre ellos, el cobro de cupos de S/3.000 a funcionarios a cambio de colocarlos en Sencico, una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, así como ser uno de los cuatro parlamentarios de Acción Popular denominados ‘Los Niños’, acusados de haberse confabulado con el expresidente Pedro Castillo, a cambio de recibir determinadas prebendas.

Asimismo, se tomó en cuenta la denuncia periodística que reveló que el congresista Espinoza Vargas obligaba a los trabajadores de su despacho a juntar firmas para inscribir su propio partido político «Adelante Áncash», gracias a las declaraciones de un extrabajador, quien reveló que ellos mismos tenían que pagar los gastos de los viajes a los que eran enviados sin su consentimiento.

Darwin Espinoza responde: “Ni me sorprende ni me preocupa”

Tras la decisión del Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular (AP) que decidió expulsarlo de las filas del partido, el congresista dijo que los que firman su suspensión son “tinterillos” del militante de Acción Popular Julio Chávez.

“En realidad, esa resolución a mí no me sorprende, ni me preocupa. No olviden que en año y medio han admitido alrededor de siete resoluciones de expulsión, no solo contra mí, sino contra otros militantes”, concluyó y mencionó que ser separado del partido no significa que vaya a abandonar la bancada.

El Gobierno de Dina Boluarte, brindará la defensa legal del exsecretario presidencial Luis Nava Guibert, y estará a cargo del abogado Juan Carlos Portugal Sánchez. 

La contratación de Portugal Sánchez, actual abogado de Dina Boluarte en el ‘caso Rolex’, se formalizó a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), donde se especifica que el monto acordado para la defensa asciende a S/200 mil soles y se realizó mediante la resolución 26-2024-PS, que corresponde al procedimiento de selección de contratación directa número 042-2024-PEW, conforme a lo establecido en los artículos 63° y 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Luis Nava, fue la mano derecha del expresidente Alan García, y durante el gobierno aprista se desempeñó como secretario de Palacio de Gobierno, desde el 28 de julio de 2006 al 13 de mayo de 2011. Y actualmente, enfrenta investigaciones por lavado de activos, colusión agravada y tráfico de influencias; todo en perjuicio del Estado. A Nava se le acusa de actuar en favor de la empresa Odebrecht en obras de infraestructura, como la Línea 1 del Metro de Lima y la carretera Interoceánica.

Poder Judicial admitió la querella interpuesta por Pilar Nores contra Luis Nava

El Segundo Juzgado Penal de Lima admitió la demanda por calumnia y difamación interpuesta en octubre de 2019, por la exesposa de Alan García, Pilar Nores y sus cuatros hijos, contra el exsecretario presidencial, Luis Nava. Nava sostuvo que Jorge Barata, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, entregó $60 000 dólares, a través de loncheras, a García Pérez, dinero que fue destinado en los estudios universitarios de sus hijos.

Erasmo Reyna, abogado de la familia García Pérez, señaló que los estudios fueron cubiertos en gran parte, mediante becas efectuadas por las propias universidades.

Por su parte, Roxanne Cheesman, la última pareja de Alan García y madre de su último hijo, Federico Dantón García, también interpuso la misma demanda contra Nava, sin embargo, el Poder Judicial aún no ha emitido una contestación.

El Congreso de la República rechazó en segunda instancia el requerimiento presentado por el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, con la cual buscaba acceder a la pensión vitalicia de S/ 15 mil 600 mensuales; sin embargo, se declaró infundada la apelación del exmandatario contra la resolución administrativa, que en primera instancia denegó el beneficio.

Ante ello, el exministro de Defensa y abogado defensor Walter Ayala anunció que presentarán una acción de amparo ante una Sala Constitucional del Poder Judicial contra el Congreso de la República.

Según la Ley 26519, se establece el pago de una pensión vitalicia para los expresidentes; sin embargo, aquel derecho se suspende cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declare su inocencia.

Como se recuerda, el Poder Judicial (PJ) declaró improcedente el pedido de la defensa del expresidente de la República, Pedro Castillo, quien pidió la nulidad de la disposición fiscal que ordenó el inicio de diligencias preliminares en su contra, así como las resoluciones judiciales que ordenaron su detención preliminar y prisión preventiva, respectivamente, en el marco del fallido golpe de Estado. La medida la tomó el juez supremo Juan Carlos Checkley, titular de Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria contra Castillo, quien es acusado por el presunto delito de rebelión. Asimismo, se rechazó dos recusaciones presentadas en su contra por la defensa de Castillo Terrones, las cuales han sido elevadas a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para su pronunciamiento.

El coronel suspendido de la Diviac Harvey Colchado llegó a la Fiscalía para dar su declaración testimonial sobre la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior, Walter Ortiz, por la desactivación del grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Cabe remarcar que hace unos días el coronel Colchado reveló ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que existen audios de los supuestos ofrecimientos realizados por el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda en una reunión entre ambos. En la cita ante el grupo de trabajo, Colchado rompió su silencio y dio declaraciones que comprometían al litigante Mateo Castañeda y a la misma mandataria. 

El coronel Colchado dio detalles de lo que fue, dos encuentros con Mateo Castañeda, donde él le pide que archiven el caso del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

“Si existe grabaciones y en su momento se van a hacer entregas a través de la Fiscalía”, declaró el suspendido coronel.

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, que inicie diligencias preliminares en contra del congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana Cavides, tras el informe de Punto Final, que denunció un presunto conflicto de interés por parte del parlamentario.

La entidad defensora del Estado dispuso la medida contra Salhuana Cavides por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso. Asimismo, se propuso la medida de investigar a Eloy Edgar Saxi Arapa, empresario minero, y a Saby Sonia Meza Malqui, asesora congresal de Salhuana, a quien también se le atribuye la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal.

Anuncio de la Procuraduría General del Estado.

En el reportaje del 17 de marzo del presente año, el minero informal de Madre de Dios Erasmo Mestas, reveló que el empresario minero Eloy Saxi Arapa utilizó su concesión minera para inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en septiembre de 2020.

Como respuesta, el congresista Eduardo Salhuana y su asesora Saby Meza, habrían intercedido irregularmente a favor del minero Saxi Arapa durante una audiencia ante el Consejo de Minería del Minem, en el proceso de inscripción en el «Registro Integral de Formalización Minera» – REINFO, a quien, en primera instancia, el Gobierno Regional de Madre de Dios había excluido al empresario.

Sin embargo, aquella vez, Salhuana respondió que: «El caso se vio en Puerto Maldonado, en la Dirección Regional de Energía y Minas. Luego en la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional». El legislador de APP aseguró que en ambas instancias su patrocinado ganó el caso dentro del ámbito de Madre de Dios. «En abril fueron las elecciones y ya dejé el caso en la campaña electoral», añadió.

Pero el reportaje alertó que Salhuana firmó unos documentos como abogado de Saxi Arapa, el 7 de junio de 2021, cuando ya era parlamentario electo por Madre de Dios.

Asimismo, la asesora II Saby Meza se defendió y refirió que no hubo un conflicto de interés al defender a quien era su patrocinado. «¿Quién tiene que cometerlo (un conflicto de intereses)? El servidor civil o servidor público, y yo no soy una servidora civil, ni soy una servidora pública, no soy una funcionaria, soy una trabajadora de confianza», concluyó.

Ahora, solo habría que esperar la postura que tomará el Ministerio Púbico, en manos del fiscal de la nación Jua Carlos Villena.

Hoy, miércoles 22 de mayo La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa, el informe redactado por la exmagistrada Inés Tello, que recomienda la destitución de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por cometer cuatro presuntas faltas graves y muy graves durante sus funciones.

Según se señala en las conclusiones del documento que confirmó que Benavides Vargas sí interfirió en la investigación contra su hermana, la jueza Emma Benavides, quien es sindicada de presuntamente recibir sobornos de narcotraficantes colombianos, a cambio de disponer de sus liberaciones. Esto lo hizo al ordenar el cambio de Bersabeth Revilla, la fiscal que estaba a cargo de la indagación, por la fiscal Azucena Solari Escobedo.

La fiscal Revilla fue enviada a un despacho que era liderado por el fiscal Miguel Vegas Vaccaro, a quien había investigado por presuntos delitos de corrupción anteriormente. Ante ello, ella presentó su carta de renuncia al Ministerio Público. Asimismo, se concluyó que Patricia Benavides favoreció a Vegas Vaccaro para que sea nombrado en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

«Las cuatro faltas muy graves fueron cometidas por una fiscal de la más alta jerarquía dentro del Ministerio Público, quien, además, al tiempo de los hechos, representaba a la institución en su conjunto por su condición de fiscal de la Nación; aquello, involucra un perjuicio mayor a la imagen e institucionalidad del órgano constitucionalmente autónomo que dirige», finaliza el informe de Tello sobre Patricia Benavides.

Asimismo, se plantea las destituciones de la magistrada Enma Benavides y de la fiscal Azucena Solari Escobedo.

Hoy podrían decidir si aceptan las recomendaciones para destituir a Patricia Benavides

La magistrada María Zavala expondrá los argumentos del informe elaborado por Inés Tello. Tras ello, el pleno de la JNJ tendrá que deliberar si acepta o no las recomendaciones de destituir a la suspendida, Patricia Benavides. Esto puede ser hoy mismo tomando en cuenta que la exfiscal de la Nación regresaría a su cargo este 6 de junio, luego de cumplirse su suspensión de 6 meses.

En el caso de suspensión y destitución de jueces y fiscales, se requieren de mayoría simple de los miembros asistentes. Al ser solo cinco integrantes ―Antonio de la Haza, Marco Falconí, Imelda Tumialán, María Zavala y Guillermo Thornberry― solo se necesitaría que tres de los mencionados respalden la destitución de Patricia Benavides del Ministerio Púbico.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Judicial y el Ministerio Público.

En la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la mandataria indica que ha habido un menoscabo en el ejercicio de sus competencias y funciones debido a una presunta injerencia por parte de estas instituciones.

Con dicha petición, el Gobierno busca cautelar la autonomía de las funciones presidenciales y garantizar que no haya interferencias indebidas en la gestión del Ejecutivo.

La decisión que toma el gobierno, se produce en respuesta a una investigación anunciada por la Fiscalía de la Nación respecto al ‘caso Rolex’.

De acuerdo al oficio 701-2024, de fecha 17 de mayo, la Secretaría del Consejo de Ministros remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros la certificación del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Ministros realizada el 17 de mayo. En la sesión se otorgó autorización para interponer la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Por su parte, la presidenta de la República designó al premier Gustavo Adrianzén para que presente la demanda y la represente en el proceso, conforme a lo establecido en el artículo 48° del Reglamento Legislativo número 1326. Asimismo, se ha dispuesto que el procurador público especializado en materia constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en este proceso competencial.

El parlamentario de la bancada del Bloque Magisterial, Paul Gutiérrez Ticona, presentó el proyecto de Ley N° 7889-2023-CR, para extender hasta el 31 de diciembre de 2026 el bachillerato automático para los estudiantes universitarios que hayan concluidos sus estudios de pregrado.

La iniciativa legislativa busca modificar la segunda disposición complementaria final de la Ley N° 31971, mediante la cual, se prorrogó el periodo para obtener el grado de bachiller hasta el 23 de marzo del presente año.

Asimismo, entre los principales motivos, están el promover la investigación en los estudiantes y garantizar la integridad académica mediante la regulación de la elaboración de tesis y la prohibición de prácticas deshonestas en este proceso.

“Se amplía el plazo para la obtención del bachillerato automático establecido en la segunda disposición complementaria final de la Ley 31971 hasta el 31 de diciembre de 2026”, se lee en el tercer artículo del documento presentado en el Congreso.

Proyecto de Ley que busca ampliar bachillerato automático hasta 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, se expresa que la ampliación del plazo hasta fines del año 2026 es necesaria y justificada, dadas las circunstancias excepcionales que han afectado a la educación superior en Perú.

“Esta propuesta no solo ofrece una solución temporal a los problemas causados por interrupciones académicas, sino que también facilita la inserción laboral de los graduandos, contribuyendo, así como la recuperación económica postpandemia”, remarca el proyecto de ley presentado por Paul Gutiérrez.

Además, en las disposiciones complementarias finales se indica que el Ministerio de Educación deberá elaborar el reglamento de la ley, en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, también precisan que la falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de la presente ley no es impedimento para su aplicación y exigencia.