El Poder Judicial (PJ) declaró fundada la solicitud que hizo la empresa Odebrecht para ser excluida del proceso “Interoceánica Sur” que involucra al ex presidente Alejandro Toledo, quien viene cumpliendo prisión preventiva en el penal Barbadillo.

De esta forma, cinco empresas del grupo no tendrán la calidad de terceros civilmente responsables y, en consecuencia, no pagarán la reparación civil en caso se emita una sentencia.

Estas son: Constructora Norberto Odebrecht S.A. (matriz), Constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3.

La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho obedece a que la compañía actualmente paga una reparación civil por el acuerdo de colaboración eficaz que firmó por 760 millones de soles.

Al respecto, Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, precisó para el diario Correo que la decisión del PJ se sustenta en que Odebrecht ya viene abonando una reparación.

La reparación civil por este proyecto respecto a la empresa Odebrecht está contenido o ha sido parte del acuerdo de colaboración eficaz que ya tiene una sentencia de reparación”, indicó.

En esa línea, recordó que Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración eficaz en el que se comprometió a reparar al Estado peruano con 760 millones de soles.

“El juez ha declarado fundado la excepción de la empresa Odebrecht porque ya la empresa va a pagar la reparación civil en la sentencia de colaboración o está pagando la reparación”, destacó.

El acuerdo firmado fue por cuatro proyectos en los que la compañía reconoció hechos ilícitos: Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3; Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2; Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde, Tramo Callao.

Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión señaló al citado medio que la decisión del PJ no significa que Odebrecht podrá pedir una exclusión en todos los casos en los que se encuentra implicado.

“No se puede generalizar. No es posible presentar una excepción por aquellos casos que no se encuentren dentro del acuerdo”, afirmó.

A la fecha, Odebrecht ha realizado cuatro pagos de esa reparación. En el 2019 hizo uno de 80 millones de soles, mientras que en 2020, 2021 y 2022 pagó 22 millones de soles por cada año. Hasta el momento, suma un total de 146 millones de soles.

Las personas que continuarán como investigados en este caso y que deberán pagar la reparación civil que se imponga al final del juicio son: Alejandro Toledo Manrique, Avraham Dan On, Sergio Bravo Orelllana, Javier Pasco Font Quevedo, José Fernando Castillo Dibos, Fernando Camet Piccone y Gonzalo Ferraro Rey. Asimismo, las empresas que continuarán en el proceso como terceros civilmente responsables son: Graña y Montero, GyM, ICCGSA y JJC Contratistas.

En caída libre. Con 59 votos a favor, el pleno del Congreso de la República aprobó este jueves 25 el informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda denunciar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo, el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y otros por el denominado caso Anguía.

El Poder Legislativo informó mediante sus redes sociales de la decisión tomada que complica aún más la situación legal del exmandatario peruano, quien ya cumple prisión preventiva de 18 meses en el penal Barbadillo de Ate, pero por su intento de golpe de Estado, otro caso por el que se le procesa.

Héctor Ventura, titular de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, se pronunció a través de su cuenta de oficial de Twitter, tras conocerse de la votación.

“Informe final sobre la presunta organización criminal familiar, encabezada por el vacado expresidente Pedro Castillo Terrones, fue aprobado. Se recomienda denunciar constitucionalmente al exmandatario y a su exministro de Vivienda, Geiner Alvarado”, tuiteó.

Según los indicios recogidos por esta comisión, esta supuesta red criminal que habría sido liderada por Castillo estaría integrada por la ex primera dama Lilia Paredes; los hermanos de ella, Walter y David Paredes; así como el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero; y el exasesor Salatiel Marrufo.

Las sospechas también apuntan a que habrían formado parte de esta misma organización criminal la hermana del expresidente Maria Gloria Castillo Terrones y el empresario Hugo Espino, quien se acogió en agosto de 2022 a la confesión sincera ante el Ministerio Público.

“Existen elementos indiciarios de la presunta ‘organización criminal familiar’, liderada por el expresidente del Perú, José Castillo Terrones, e integrada por otros agentes, entre los cuales están comprendidos su esposa Lilia Paredes, sus cuñados Yenifer, Walter y David Paredes Navarro, el exministro Geiner Alvarado, el exasesor Salatiel Marrufo, el exalcalde José Nenil Guerrero y el investigado Hugo Espino Lucana”, se señala en el informe.

Entre las conclusiones del informe también se detalla que existen elementos que comprometerían al expresidente Castillo con la presunta recepción de dinero de actos de corrupción por un valor de “cuatro millones de soles, entregados por el exministro Alvarado”.

“El hecho fue confirmado por declaración ante la comisión del investigado Salatiel Marrufo Alcántara el día 7 de diciembre del 2022″, se detalla.

En el documento sospechan que Yenifer Pardes “ejercía influencia sobre autoridades municipales de difefrentes regiones, dando incluso a conocer su vínculo familiar con el exjefe de Estado, para favorecer a Espino Lucana, realizando trabajos de campo en varios distritos y centros poblados”.

Dentro de la lista de congresistas que favorecieron al gobierno del expresidente Pedro Castillo, aparece el nombre del parlamentario Eduardo Salhuana, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP). Salhuana fue uno de los congresistas que votó en contra de la vacancia de Castillo Terrones, hoy preso en el penal Barbadillo.

Dentro de sus movimientos en el Ejecutivo, Salhuana se habría reunido con el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, durante el gobierno castillista. Como se recuerda, según la tesis fiscal, Alvarado es integrante de la organización criminal que encabezaría el expresidente Pedro Castillo.

Pero los intereses de Salhuana también están presentes en el Ministerio de Economía y Finanzas, PCM y en el Ministerio de Energía y Minas. Según el portal de Transparencia, estas reuniones las ha tenido con el premier Alberto Otárola, el ministro Alex Contreras y con los ministros y viceministros del MINEM. ¿Cuál es el interés de Salhuana en el Ministerio de Energía y Minas?

Revisando su hoja de vida encontramos la respuesta. Eduardo Salhuana ha sido en el 2013 Asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios, luego en el 2015, se convirtió en Gerente General del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en el 2017, retornó a como Asesor legal a la Federación Minera.

Es por eso que el congresista de APP ha presentado el proyecto de ley N° 3377, ley que estable el régimen especial de concesiones mineras en las zonas de pequeña minería y minería artesanal de Madre de Dios comprendidas en el anexo 1 del Decreto Legislativo 1100. ¿Acaso este es un lobby personalizado como ex asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios? Esto parece no importar en la Comisión de Energía y Minas, presidida por “El Niño” Jorge Luis Flores Ancachi.

Salhuana vs Camones

Mientras la congresista Lady Camones, presidente de la Subcomisión Acusaciones Constitucionales (SAC), lidera una lucha frontal contra “Los Niños”, teniendo aún en sus manos la denuncia constitucional realizada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, su colega de bancada, Eduardo Salhuana, vendría realizando acuerdos bajo la mesa que han sido evidenciados con su voto al apoyar los proyectos de ley lobistas N° 3662 y 4565, que benefician a un grupo de empresas afincadas en la Sociedad Peruana de Energías Renovables.

El congresista Salhuana tuvo el interés de aprobar su proyecto de ley sin importar que esto signifique canjear su voto para apoyar a otros lobbies. Es decir, lo que sucedió ayer en la Comisión de Energía del Congreso, fue parte de las negociaciones por lo que vienen siendo investigados “Los Niños”.

Todo indica que Eduardo Salhuana, sigue los pasos de César Acuña, mientras frente a él, tiene a una congresista de su propia bancada como Lady Camones, que se enfrenta valientemente contra las amenazas de “Los Niños”. Queda claro que el deseo de Salhuana por convertirse en presidente del Congreso, se va esfumando.

Ya quedó en desuso el dicho “donde entran dos, entran tres”, y así viene ocurriendo en la actualidad en nuestro país ante la creciente llegada de migrantes. La bancada de Perú Libre ha presentado una iniciativa legislativa alegando que la presencia de algunos migrantes de venezolanos, colombianos y haitianos han “alterado el orden interno” por lo que proponen la expulsión casi inmediata de aquellos que sean capturados en el momento que están cometiendo algún delito. Para ello, hará falta agregar un inciso en el decreto legislativo de Migraciones 1350.

El texto firmado por Américo Gonza, Issac Mita, Flavio Cruz, María Agüero, María Taipe y Wilson Quispe señala que el objeto de ley es “establecer administrativamente la expulsión exprés de los extranjeros sentenciados y los detenidos en flagrancia delictiva por faltas al código penal”. Desde el momento de su detención, se contarán con tan solo tres días para concretar su retiro del territorio nacional, según lo propuesto.

“El acta de intervención de la Policía Nacional del Perú con intervención e informe a migraciones sobre la infracción delictiva incurrida, constituye requisito suficiente para el procedimiento administrativo de expulsión exprés”; es decir, lo señalados por miembros de la PNP será suficiente para iniciar el proceso. Hasta el momento, existen ocho motivos para que un extranjero pueda ser retirado del territorio peruano.

Realizar trámites migratorios haciendo uso de documentos falsos, reincidir en cualquier de los supuestos de la salida obligatorio, complicar con la salida obligatoria impuesta, encontrarse en situación migratoria irregular, atentar contra el patrimonio cultural de la Nación, realizar actividades que atenten contra el orden público, orden interno o seguridad nacional, al obtener libertad luego de cumplir condena o por mandato del Poder Judicial son casos en los que se procede con la expulsión.

Si bien el texto recuerda la importancia del respeto a los derechos fundamentales de los extranjeros, “siendo a la vez esto un derecho universal el respeto a la dignidad de toda persona humana”, los autores del proyecto de la ley no tuvieron reparos en señalar que “en el Perú, ningún derecho es absoluto y esto se ratifica mediante reiteradas jurisprudencias del Tribunal Constitucional”.

Además de la crisis venezolana que provocó la llegada de un millón y medio de extranjeros al Perú, se ha sumado el ingreso de ciudadanos colombianos y haitianos. “Esto ha llevado que en la actualidad podamos ver ya como un problema migratorio en la frontera Perú con Chile”, se lee en el texto. El orden interno se ha visto afectado, así como un aumento en la inseguridad ciudadana son consecuencias de las olas migratorias, según el proyecto.

En vista que delitos como sicariato, robo a mano armada, extorsión, criminalidad organizada, entre otros “se sancionan con penas inferiores a cuatro años de pena privativa de la libertad (…) los extranjeros pueden burlar y evadir fácilmente a la justicia peruana con el grave riesgo de quedar impunes los delitos menores”. Ante esta situación es que se propone la ‘expulsión exprés’ como una salida a la crisis.

“Cabe resaltar que con el presente proyecto nos abocamos a la expulsión exprés o rápida solo para los actos de infracción penal es decir por faltas y no por acciones tipificados como delitos, en vista que ello ya está resuelto y tipificado en el derecho penal y ley de Migraciones, decreto legislativo 1350″, se lee en el texto presentado que hasta el momento no ha sido derivada a ninguna de las comisiones del Congreso de la República.

El ex secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, contó que el empresario Zamir Villaverde le dio sobornos a Castillo Terrones de manera personal para capturar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el fin de lograr licitaciones millonarias para construir y rehabilitar varias carreteras. Dichos trabajos iban a ser realizados por las constructoras chinas.

Añadió que el dinero de Villaverde era recibido, aparte de Castillo, por sus sobrinos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo, el exministro, Juan Silva, y algunos colaboradores del MTC. Vásquez y Silva se encuentran en calidad de prófugos de la justicia tras dictárseles prisión preventiva por el caso Puente Tarata.

“Tengo conocimiento de que el presidente Castillo, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Zamir Villaverde era su operador. (E informaba a Bruno Pacheco que Zamir Villaverde tenía una carrera (en cartera), obras que había ganado con las empresas chinas y que producto de sus ganancias ya le había hecho llegar dinero a los sobrinos y al presidente Castillo. Zamir Villaverde cobraba el dinero a través de los servicios que brindaban sus empresas”, es la declaración que Pacheco brindó.

“Luego, este dinero lo repartía a los sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, a Juan Silva (exministro de Transportes) y al presidente Castillo. (…) Sé que Juan Silva recibía dinero directamente de Zamir Villaverde, o a través de Angélica Apolinario (Llanco) y Flor Gómez (Olano) por las obras que Zamir Villaverde obtenía con las empresas chinas”, refirió.

Pacheco alegó que Villaverde fotografiaba los sobornos que daba a Castillo, sus familiares y al exministro Silva. Además, mencionó cómo este dinero mal habido circulaba en Palacio de Gobierno.

“Sé que Zamir Villaverde comentaba que él mismo entregaba dinero a Jonás (refiriéndose al ministro Juan Silva), al presidente Castillo y los sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, producto de las obras que licitaban. Sé que en una ocasión Zamir Villaverde le envió a Bruno Pacheco una fotografía de un maletín lleno de dinero y le refirió que eso era producto del negocio y que ya lo había repartido a Jonás (Juan Silva), al presidente Castillo y a los sobrinos”, fue parte de lo que Pacheco anotó a la Fiscalía.

El exsecretario presidencial confirmó también lo que la lobbista Karelim López había mencionado antes al Ministerio Público que las empresas chinas tenían la preferencia a ser contratadas en el MTC durante la época en que Juan Silva estaba al mando. Entre los beneficiados estaban China Civil Engineering Construction, China Railway N° 10 Engineering, China Railway Tunnel Group y China Gezhouba Group.

“Las obras del MTC estaban relacionadas con los sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, así como con Juan Silva Villegas, Zamir Villaverde García y Anatoly Brediñana Córdova (jefe de asesores del MTC), y el empresario Alejandro Felipe Aguilar Quispe, dueño de Ingeniería Integración de Proyectos (INIP). Sé que los pagos para el presidente Castillo se realizaban a través de los sobrinos, siendo Zamir (Villaverde) quien le alcanzaba el dinero y en ocasiones le alcanzaba 100.000 dólares y otros montos que no recuerdo”, mencionó Pacheco.

Por salir en defensa de la ex fiscal de la Nación. La congresista de Avanza País Patricia Chirinos acaba de presentar una denuncia constitucional contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el presunto delito de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional.

De esta manera, la parlamentaria solicita la inhabilitación por 10 años y destitución del cargo de Imelda Julia Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry y Luiz Tello Valcárcel.

La denuncia constitucional se produce luego del comunicado de la JNJ en el que solicitaba al Congreso una “mayor reflexión” respecto de la acusación constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“La grosera y desesperada intromisión de la JNJ en las decisiones del Congreso para salvar a su fiscal favorita, Zoraida Ávalos, configura como delito de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo, además de una clara vulneración a nuestra Constitución. Por ello he presentado la DC contra todos los miembros de la JNJ solicitando su destitución e inhabilitación por 10 años de toda función pública”, escribió Patricia Chirinos en Twitter.

Tras el pronunciamiento de la JNJ sobre la acusación constitucional contra la ex fiscal Zoraida Ávalos, las reacciones en el Congreso no tardaron en surgir.

El parlamentario de Perú Libre, Waldermar Cerrón, consideró que la JNJ no puede “coaccionar” o “pretender direccionar” el voto del pleno del Congreso. Además, expresó su apoyo a la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

“Hay que hacer un examen profundo, pero ya se ha investigado, hay una comisión y el pleno tomará una decisión al respecto”, manifestó.

La legisladora de Avanza País, Gladyz Echaíz, señaló que la JNJ está interfiriendo funciones de otra institución como el pleno, que calificó de “muy grave”.

“Es un comunicado que por sí solo habla de la Junta Nacional de Justicia, de que todavía no entiende cuál es su rol y que siendo fiscalizadores se ponen del lado de alguien que debería ser investigado por ellos. Este solo hecho sería digno de ser investigado”, dijo.

El caso de “Los Niños” no tuvo un castigo en el parlamento, es por eso que no ha servido de lección para los 130 congresistas, y eso es debido a que una mayoría de los mal llamados “padres de la patria”, prefirieron blindar el presunto tráfico de influencias cometido por sus colegas, a pesar que la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra los parlamentarios Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi.        

Pero el caso más sorprendente de “Los Niños” mencionados líneas arriba, es el del congresista por Puno, Jorge Luis Flores Ancachi, quien actualmente ocupa la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Aquí hay que entender que el sillón que viene ocupando Flores Ancachi es estratégico para consumar los arreglos bajo la mesa que “Los Niños” vienen haciendo desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo hasta el actual gobierno de Dina Boluarte.

Basta con recordar que Flores Ancachi tuvo un vínculo con el exministro Juan Silva, con quien, según fiscalía, habría logrado beneficios ilícitos, como, por ejemplo, contratar personal de confianza, recibir licitaciones con el MTC que favorecerían a empresas donde tienen cierta participación, así como a consorcios conformados entre compañías peruanas y chinas.

¿Algo cambió tras la caída de Pedro Castillo? Lamentablemente nada ha cambiado. Si antes lo hacían con el MTC, ahora lo estarían haciendo con el MINEM y con empresas afincadas en la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), incluidas las empresas chinas. No solo los correos filtrados de la SPR son evidencias claves para la investigación fiscal, también las conversaciones vía chat y llamadas telefónicas que vienen quedando registradas.

El lobby y sus marionetas

Ayer por la tarde, Flores Ancachi que fue blindado por el caso “Los Niños” en el Congreso, sesionó de manera paralela con el Pleno. Un accionar que demuestra gran desesperación por cumplir las órdenes de los lobistas que vienen impulsando los proyectos de ley 3662 y 4565. Esto obligó a que los parlamentarios que conforman la Comisión de Energía, voten de manera paralela con la votación de otro tema que se debatía en el Pleno.

Además, el presidente de la Comisión dijo que iba citar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero al propio estilo de un lobista, lo dijo solo como acto de distracción, para luego votar por el dictamen que beneficia a un puñado de empresas privadas.

En medio de esto, Flores Ancachi, sin una gota de sangre en la cara, se dio el lujo de criticar a la Mesa Directiva del Congreso. Parece que se siente empoderado tras haberse salvado de la suspensión en el Congreso. Pensar que hizo todo un show de descompensación semanas atrás. Pero a Flores Ancachi lo conocen bien en Puno, por eso sus paisanos no lo quieren ver ni en pintura.

La operadora del MINEM

Tenemos importante información sobre la operadora del MINEM. Según nuestras fuentes del Congreso, la coordinadora parlamentaria Miriam Palomino Paredes, del Ministerio de Energía y Minas, habría presionado a los congresistas para que voten a favor del dictamen lobista. A cambio de eso, desde el MINEM se les habría prometido atender sus temas en el sector. Una negociación tentadora a la cual varios congresistas terminaron aceptando.

Lo interesante de esta información es que hay conversaciones de chats y llamadas telefónicas que son la clara evidencia del accionar de la coordinadora parlamentaria Palomino Paredes. Uno de esos congresistas que habría canjeado su voto para apoyar el dictamen lobista, es Eduardo Salhuana, pensar que este mismo congresista pretende convertirse en presidente del Congreso. ¡Sinvergüenza!

Pero en la lista de congresistas que apoyaron el Proyecto de Ley lobista también aparecen: Ilich López Ureña, Jorge Coayla, Margot Palacios, Janet Rivas, Roberto Kamiche (promotor de uno de los PL lobista), Elizabeth Medina, Segundo Quiroz y Jorge Flores Ancahi. Pero los más evidentes han sido los parlamentarios que han cambiado su voto y terminaron apoyando el lobby, entre ellos figuran: Carlos Zeballos, Jorge Montoya, Miguel Ciccia y Rosio Torres.

Es decir, “Los Niños” siguen operando con el apoyo de un nuevo bloque de congresistas que se arrastran ante la tentación del MINEM. No cabe duda que las conversaciones de Palomino Paredes habrían sido con la aprobación del viceministro Jaime Luyo y del ministro Óscar Vera Garbureich, quienes obedecen sin chistar al premier Otárola, con la única finalidad de mantenerse en el cargo.

Un camino sin retorno. El ex presidente Alejandro Toledo (2001 -2006), recluido actualmente en el penal de Barbadillo, irá inexorablemente a juicio oral por el caso Interoceánica, que lo extraditó de Estados Unidos el mes pasado y donde es acusado de recibir 35 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de esta vía que conecta Perú con el país limítrofe de Brasil.

El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho desestimó ayer martes los recursos que buscaban sobreseer el caso ―que salpica a otros seis coacusados— y declaró la validez de la acusación planteada por José Domingo Pérez, fiscal del equipo Lava Jato, quien solicita 20 años y 6 meses contra el exmandatario.

“Este caso ha superado el requerimiento acusatorio y el control sustancial, y merece ir a juicio oral. […] Este despacho resuelve lo siguiente: declarar la validez sustancial del requerimiento acusatorio contra todos los acusados consignados”, resolvió el magistrado.

El juicio oral, que determinará la culpabilidad de Toledo y los coacusados, comprende los alegatos preliminares, la actuación probatoria, los alegatos finales y la deliberación y sentencia. Solo hace una semana fue detenido en España el empresario Fernando Camet, cuya empresa ha sido vinculada en el soborno de Odebrecht.

Además, la defensa del expresidente buscó desligarlo, sin éxito, de la adjudicación de esta carretera, que sería el proyecto más ambicioso de su administración. En una audiencia, el abogado Roberto Su sostuvo que su patrocinado “no puede ser sujeto activo de colusión” porque entre sus funciones no está el tener el “título habilitante en contrataciones públicas” del Estado, como lo fue la construcción de dos tramos de la Interoceánica.

El letrado añadió que la Hacienda Pública es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que “las funciones del presidente son de carácter político y representativas”. Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez replicó que uno de los principales deberes del jefe de Estado es hacer cumplir la ley y administrar la hacienda pública.

En ese sentido, citó los fundamentos de la resolución de extradición presentada a Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia, en la que señalan que Toledo tuvo una “intervención directa” en el proceso de adjudicación de la obra, en la designación del comité a cargo y en otros actos funcionales.

Alejandro Toledo “tenía el deber de proteger los intereses del Estado, pero se concertó con Jorge Barata (entonces responsable de Odebrecht en Perú), defraudando el interés público, a fin de favorecer a la empresa”, expresó el fiscal en respuesta a Su. En 2019, Barata ya había declarado que Toledo recibió sobornos de la constructora.