El gobierno de Dina Boluarte no solo ha sido señalado por su falta de liderazgo y por una creciente represión frente a la protesta social, sino también por su insólita capacidad para reciclar personajes cuestionados. El caso de Juan José Santiváñez Antúnez representa, tal vez, el rostro más obsceno de esta estrategia: censurado, repudiado y con investigaciones fiscales en curso, hoy ocupa cargos clave en el núcleo más cercano del poder.

Santiváñez Antúnez, abogado de policías implicados en delitos graves y exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior durante el gobierno de Martín Vizcarra, debió renunciar tras revelarse sus vínculos con uniformados acusados de corrupción. A pesar de ello, el gobierno de Dina Boluarte decidió reintegrarlo, primero como viceministro de Orden Interno y luego como titular del Ministerio del Interior en abril de 2024.

Su corta gestión como ministro fue un fracaso anunciado. Las promesas de combatir la inseguridad se diluyeron en el caos de cifras alarmantes y nulas respuestas institucionales. La contratación de un portavoz con un sueldo mayor al del vocero presidencial y sus vínculos con la Diviac mientras ostentaba altos cargos demuestran su enfoque instrumental y político del aparato estatal. Censurado por el Congreso con 79 votos y acusado de “incapacidad” para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana, debió dar un paso al costado. Pero ese retiro no fue una caída, sino una maniobra de reposicionamiento y blindaje.

Apenas semanas después, Santiváñez reapareció como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, una oficina creada a su medida dentro de Palacio, gracias al respaldo del secretario general Ernesto Vílchez. Desde allí, ha recibido más de 80 visitas en poco más de un mes, muchas de ellas provenientes del mismo Ministerio del Interior del que fue expulsado.

El patrón es claro: altos mandos policiales, viceministros, asesores y hasta su antigua escolta se han reunido con él. La designación del actual ministro del Interior, Carlos Malaver, fue precedida por visitas a su despacho. ¿Quién gobierna realmente el sector Interior?

La gravedad del asunto no termina allí. Santiváñez ocupa simultáneamente un asiento en el Consejo Directivo de Sucamec, organismo encargado de supervisar armas, explosivos y servicios de seguridad privada. Dos cargos públicos, dos remuneraciones posibles, y una serie de privilegios en abierta contradicción con los principios de ética pública. Todo esto, mientras es investigado por presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal.

Lo más indignante es que el Estado ha financiado su defensa legal. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio del Interior aprobó cuatro resoluciones para pagarle más de 410 mil soles en honorarios legales. El mismo Estado que lo investiga por posibles vínculos con redes criminales ha decidido protegerlo con fondos públicos.

Este escándalo no es solo un síntoma de corrupción. Es la prueba de que en el gobierno de Dina Boluarte, el castigo es simbólico y el poder real se mantiene intacto. Censuras, renuncias o investigaciones no significan destierro: significan protección e impunidad. Santiváñez es la encarnación del poder que no necesita legitimidad democrática, porque su influencia se construye entre pasillos oscuros, favores políticos y una estructura estatal que se ha rendido ante la lógica del blindaje.

En lugar de limpiar el aparato público, la mandataria Boluarte ha optado por blindar a los suyos. Así, Santiváñez permanece, enquistado, como una pieza clave de un régimen que castiga al ciudadano, pero recompensa a sus leales. La pregunta ya no es si caerá. La verdadera interrogante es: ¿hasta cuándo se sostendrá este secuestro del Estado por parte de los mismos a quienes debería fiscalizar?

Por Rafael Romero

¿Cómo atiende la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) los derechos del paciente? ¿Cómo investiga este organismo del Estado peruano, a través de sus áreas pertinentes, las denuncias por supuesta negligencia médica (p.ej. en el EXP PAS 03454-2022-IFIS)?

Se acumulan evidencias que nos hacen dudar, realmente, del personal de SUSALUD acerca de su idoneidad e imparcialidad frente a las denuncias y reclamos contra las IPRESS.

“La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”, dice un apotegma antiguo, lo que implica exigir a todos los estamentos de SUSALUD garantías de transparencia y de buenas prácticas, sobre todo para impedir por todos los medios el “reinado” de una puerta giratoria que haría del personal de SUSALUD uno muy “interesante” para las clínicas privadas.

¿Quiénes son y qué pergaminos exhiben los actuales integrantes de la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS) de la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización de SUSALUD?

Tiene que haber un personal con seriedad en las investigaciones que realizan, cuya objetividad sea de elevado nivel, pues el fiscalizador no pocas veces en los organismos del Estado confunde sus deberes, tergiversa conceptos, inaplica normas legales de primer orden, pero si aplica dispositivos y directivas absolutamente desvinculadas de la realidad, generando con todo ello impunidad.

En efecto, toda esa malla de despropósitos si no son debidamente supervisados al final dan como resultado la procrastinación y el “no ha lugar” de las infracciones, y por tanto finalmente no existen las sanciones.

Es inaceptable que asuntos graves sean pasados en la IFIS por agua de malvas. Por ejemplo, denuncias de información falsa y de adulteración de documentos en las clínicas privadas tienen que ser abordadas con el celo que el caso exige. ¿Qué hacer y cómo sancionar a una clínica donde, valga la redundancia, aparecen las pruebas de adulteración?

Obviamente un tema tan delicado no debería ser tratado de forma benévola por la IFIS, acaso con el objetivo de dejar los casos en el archivo, sino que debe conllevar a una sanción ejemplar. Solo así tendría sentido la misión y la visión de un ente regulador y fiscalizador como SUSALUD, por supuesto respetando y cumpliendo el debido proceso.

Pero hay otro problema para el paciente, para sus familiares y los denunciantes. Es el tiempo que pierden y la forma cómo se deja de resolver urgentes cuestiones de manera célere y justa. ¿Se puede graduar y medir cuánto se afecta en SUSALUD al paciente por la no apertura diligente de un PAT, hecho con el cual al final se afecta al administrado por el incumplimiento de funciones de la IFIS?

No obstante, lo anecdótico también está presente en esta investigación periodística. ¿Qué es lo anecdótico? Que el actual superintendente de SUSALUD, Juan Carlos Velasco Guerrero, y su directora de la Oficina de Comunicación Corporativa, Ruby Violeta Cubas Urbina, estarían incursos en faltas a la Ley de Ética en la Función Pública, pues contamos con las capturas de pantalla de los correos electrónicos y los mensajes de WhastApp solicitándoles una entrevista periodística; pero su respuesta ha sido la indiferencia, el silencio y su propia autocensura para no atender a la prensa.

Esto es delicado poque va más allá de la fina cortesía institucional, pues al ser servidores públicos deberían tener presente las directivas de la PCM, SERVIR y la Defensoría del Pueblo en provecho de las buenas prácticas, de la transparencia, la honestidad, la probidad y la integridad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en conjunto con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), ha impuesto un nuevo cronograma que obliga a cambiar las placas vehiculares emitidas antes de 2010, en una medida que ha sido duramente cuestionada por su carácter recaudatorio, arbitrario y desinformado. La disposición, que entrará en vigencia este 1 de junio de 2025, afecta exclusivamente a vehículos particulares de categoría I y sin categoría, como automóviles, station wagons, pick-ups, motonetas, remolques y remolcadores.

Un trámite costoso

Lejos de representar una mejora tangible en seguridad o control vehicular, esta exigencia se ha impuesto sin una campaña de información adecuada que alerte a los ciudadanos sobre los costos, plazos y procedimientos. La medida afecta a más de 350 mil vehículos solo en Lima, lo que evidencia su naturaleza masiva y su potencial como instrumento de recaudación antes que de ordenamiento.

Las placas antiguas –que solo tienen la sigla “PE” y carecen de la bandera peruana y del holograma de seguridad– deberán ser reemplazadas por nuevas versiones con esos elementos, además de una tercera placa adhesiva para el parabrisas. El proceso, que incluye el pago de S/ 26 a Sunarp y S/ 136 a la Asociación Automotriz del Perú, representa un gasto obligatorio de más de S/ 160 por vehículo, sin justificación técnica clara.

Desde el gobierno se argumenta que el cambio busca combatir la adulteración de placas, pero ni el MTC ni Sunarp han presentado evidencia que respalde que este sea un problema sistemático en el parque automotor. Peor aún, quienes incumplan con el cronograma –basado en el último dígito de la placa actual– enfrentarán multas de S/ 640 y la inmovilización del vehículo, en un castigo que parece más propio de una trampa fiscal que de una política pública bien planificada.

El cambio obligatorio de placas, sin estudios públicos y sin participación ciudadana, confirma que el Estado sigue tratando al ciudadano como una fuente de ingresos antes que como un sujeto de derechos.

Sí, lo está leyendo bien, Fuerza Popular, aquella bancada que incontables veces le ha salvado la cabeza a Dina Boluarte, ahora quiere hacer lo propio con sus representantes al presentar el Proyecto de Ley (PL) n.° 11306/2024-CR que busca modificar el Reglamento del Congreso agregando un artículo.

El PL ingresado el pasado 23 de mayo pretende que los legisladores puedan expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción”, en otras palabras, que se les permita realizar campaña política durante las semanas de representación que les quedan.

Fue el legislador de la bancada naranja, Arturo Alegría, quien viene promoviendo semejante disparate, argumentando que la intención de este proyecto es “optimizar el ejercicio de los derechos políticos”, pero olvidando que todos los congresistas deben de respetar el principio de imparcialidad y neutralidad al cual están sujetos.

“Los congresistas no son meros burócratas, sino representantes políticos por antonomasia, elegidos por sufragio directo y universal, y designados no como portavoces de una burocracia neutral, sino como voceros del debate político”, mencionó el parlamentario Alegría en su exposición de motivos.

Además de la bancada fujimorista, el proyecto tiene el respaldo de legisladores pertenecientes a Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Somos Perú, Avanza País, Bancada Socialista y Honor y Democracia, pero no habría el consenso total.

De aprobarse ese PL, los congresistas podrían usar la semana de representación para realizar campañas a favor de sus colores o movimientos políticos, utilizando nada menos que los 2,800 soles que se les entrega cada vez que viajan al interior del país.

Nada éticos

Tal parece que los fujimoristas no han leído la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, lo que viene a ser el ‘ABC’ de todo funcionario al momento de asumir su cargo; es breve, conciso y fácil de entender, como para bruto.

En su artículo 7 se refieren al principio de Neutralidad: “Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones”. ¿Es tan difícil de entender?

En tanto, en el artículo siguiente, en su tercer numeral, se prohíbe: “Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos”. Más claro que el agua, imposible.

El propósito de esos principios es precisamente que los funcionarios (en este caso los congresistas) no hagan mal uso de los recursos públicos a favor de sus colores políticos o afinidad ideológica, empañando con ello alguna decisión que tengan que realizar dentro de sus funciones.

Se le sugiere al congresista Alegría, y todos los que firmaron ese PL, volverse a leer la Constitución Política y resaltar esta vez que todos los derechos NO son absolutos.

En los últimos años, el Ministerio de Cultura se ha convertido en una especie de caja chica de los gobiernos de turno, que por favores políticos meten a gente a fin a las distintas instituciones del aparato estatal.

Shirley Hopkins como locadora de servicios en el Mincul, terminó teniendo un sueldo privilegiado sin contar con titulo universitario. La señora mediante órdenes de servicio cobraba 10 mil soles mensuales. Solo en Mincul Hopkins Cerna acumuló contratos por la suma de 127,500 soles.

Tras el escándalo la Fiscalía Anticorrupción viene investigando las contrataciones a dedo. Además, la ruta de la investigación también se centra en la presunta relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia Gibaja y el supuesto uso del vehículo oficial para salidas privadas.

Desde el Ministerio de Cultura altos funcionarios han señalado que la Fiscalía debe revisar las cámaras de seguridad de la sede central y el registro de geolocalización de los vehículos oficiales con el que se traslada el ministro de Cultura.

Aquí más detalles de la nueva Richard Swing en el Mincul.

El abogado especialista en delitos de corrupción, Eduardo Herrera Velarde, se pronunció sobre el caso Shirley Hopkins, quien fue contratada en el Ministerio de Cultura presuntamente por mantener una relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia. La locadora de servicio fue beneficiada con varios órdenes de servicio de 30 mil soles sin contar con título universitario.

Sobre el caso el abogado mencionó: «Lo que está detrás —y siempre lo he dicho— es que la corrupción no es un problema en sí, es el síntoma de algo más profundo que no queremos regular: una idea equivocada del poder. En el Perú, hay autoridades que se comportan como reyes absolutistas. Piensan que los fondos públicos son de su propiedad y se rodean de favoritas, argollas y bufones, repartiendo el dinero del Estado como si fuera su botín. No es casual que uno de los delitos más comunes en el país sea el peculado, que consiste justamente en apropiarse de los bienes que uno administra. Esto evidencia que estamos eligiendo mal y que nuestra democracia se ha convertido en una cleptocracia. Al final, pareciera que todos debemos resignarnos y adaptarnos”.

Además, sobre la señora Shirley Hopkins agregó: “Primero, habría que agradecerle —con ironía— la deferencia de haber renunciado. Pero si no fuera por la prensa, esto nunca habría salido a la luz. ¿Cuántos casos más estarán ocurriendo en este mismo momento en otros ministerios y entidades? Y ojo, aquí no se trata de pedir perdón o de arrepentirse. El delito ya se consumó. Hubo un favoritismo evidente, aunque no se haya generado un perjuicio económico directo. Lo grave es que seguimos en un ciclo: la prensa denuncia, la Fiscalía abre investigación, el Congreso cita, hay un allanamiento vistoso… y al final, no pasa nada. El proceso se archiva. ¿Cuál es la lección que queda? La impunidad. Este es un país sostenidamente impune frente a la corrupción”.

Si la Fiscalía comprueba la presunta relación sentimental entre el ministro y la locadora

“Estaríamos ante un posible delito de tráfico de influencias. Todo indicaría que se otorgó una contratación a alguien sin las calificaciones necesarias, con un cargo rimbombante para justificar un favor. El Estado se vuelve una oficina de ‘cajoneo’, donde se reparten títulos para ganar dinero fácil. Si se confirma el vínculo sentimental, más allá de la falta ética, el ministro tendría que asumir su responsabilidad y poner su cargo a disposición. Sería una nueva edición del ‘ministro del amor’”.

Sobre el presunto uso del vehículo oficial

“Sí, eso se conoce como peculado de uso. Aunque no tiene una pena muy grave —menos de cuatro años— el problema de fondo es otro: ¿qué estamos haciendo con el poder? No puede ser que se usen vehículos oficiales, con escolta incluida, para asuntos personales. Es irritante para cualquier ciudadano. Nos recuerda que en este país no importa cuánto te esfuerces o si cumples la ley: siempre habrá alguien por encima de ti, alguien con corona, como en una monarquía decadente”.

Aquí la entrevista completa en el podcast de Lima Gris

El Ministerio Público solicitó al Congreso reconsiderar su decisión de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra por el escándalo del caso Rolex, denunciando graves irregularidades en el proceso legislativo.

Según la Fiscalía, el Parlamento cometió “graves vicios procesales” al declarar improcedente la acusación por presunto cohecho pasivo impropio. Boluarte habría recibido joyas, incluidos tres relojes Rolex, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favores políticos y asignación de millonarias partidas presupuestales para su región.

En su pedido, el Ministerio Público solicitó que se declare nulo todo lo actuado en el Congreso y que se suspenda el proceso hasta que cese la ‘inmunidad presidencial’ que protege por el momento a Boluarte Zegarra y que está establecida en el controversial artículo 117° de la Constitución. “Solo así se podrá garantizar una actuación parlamentaria ajustada a Derecho”, afirmó la Fiscalía.

La crítica más severa recae sobre el momento en que se invocó dicho artículo constitucional. La Fiscalía calificó de “jurídicamente insostenible” que se haya recurrido al artículo 117° solo al final del procedimiento, cuando la denuncia ya había superado varias etapas en el Parlamento y nunca se objetó su tramitación.

“El Congreso no puede aplicar el artículo 117° según conveniencia política. Si realmente era un impedimento, el proceso debió suspenderse desde el inicio. Lo contrario configura un doble estándar y promueve la impunidad”, advirtió el Ministerio Público.

La Fiscalía ya había alertado de esta inconsistencia el pasado 18 de marzo, pero su observación fue ignorada por el Legislativo.

Congresistas blindadores

Los parlamentarios que integran la Comisión Permanente que votaron a favor del archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’, son:

Por Fuerza Popular: Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Héctor Ventura y César Revilla.

Por Alianza para el Progreso (APP): Alejandro Soto, María Acuña Peralta y Lady Camones.

Por Acción Popular: Silvia Monteza y Wilson Soto.

Por Somos Perú: José Jerí y Héctor Valer.

Y por Honor y Democracia: José Cueto Aservi.

Casi de manera diaria una mujer acude a la comisaría a denunciar que fue víctima de violencia, sea de manera física, psicológica o verbal, siendo muchas veces ignorada por las propias autoridades de impartir justicia. Es así que más adelante puede ocurrir un crimen por feminicidio que bien pudo atenderse en el momento adecuado. Los casos en el Perú son espeluznantes y los perpetradores muchas veces son personas cercanas a la víctima.

Para ello, el Congreso de la República aprobó hoy la modificación de la Ley 30364, que busca fortalecer las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Un aspecto a recalcar es que esta en esta Ley se otorgará un 10 % de la programación de los medios de comunicación destinado a una “franja educativa”, la misma que buscará sensibilizar e informar a la población.

A detalle con la “franja educativa”

En la modificatoria del artículo 46 de la Ley 30364, se detalla que los medios de comunicación televisivos, radiales, escritos, y de otras modalidades públicas o privadas, se encuentran comprometidos a destinar el 10 % de su programación o “parrilla” para que las instituciones educativas del Estado articuladas en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, puedan difundir contenido dirigido a toda la población para generar conciencia sobre cuando ocurre un caso de violencia familiar.

La congresista Mery Infantes, promotora de la modificación, destacó la importancia de utilizar los medios de comunicación como herramientas de cambio social, asegurando que, lejos de implicar una carga financiera, los medios de comunicación podrán beneficiarse mediante una reducción del canon por el uso del espectro radioeléctrico y electromagnético.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Ilich López, enfatizó que el acceso gratuito a la franja educativa no es una novedad, sino una aclaración de lo ya estipulado en las normas previas. Según el legislador, el enfoque del 10 % en contenidos que condenan la violencia de género es una reafirmación del compromiso de la ley original, donde la autonomía de los medios se mantiene intacta en lo que respecta a la elección de su contenido.

El dato:

El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para adecuar el reglamento y el texto único ordenado de la Ley 30364.