Con las ‘lunas’ bien limpias. El mejor amigo de los mineros informales y el REINFO, aquel que cobija a ‘perro, pericote y gato’ dentro de su bancada congresal, el de la universidad con fachada ‘bamba’, sí, estamos hablando del congresista José Luna Gálvez, el mismo que fuera suspendido por 5 años por presuntamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor de Alberto Fujimori.

Detrás de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, la bancada de Podemos es una de las peores en el Congreso de la República, reciclando a cualquier parlamentario sin importarle sus antecedentes ni investigaciones fiscales. Total, son tal para cual.

Huancavelicano de nacimiento, Luna Gálvez siempre ha tenido la intención de convertirse en presidente de la República, aburrido tal vez de siempre ser electo como legislador a través de distintos partidos (Solidaridad Nacional, Alianza Unidad Nacional, Unidad Nacional, Alianza Solidaridad Nacional, Podemos Perú).

Su abogado Miguel Ángel Soria (ex viceministro de Justicia y aspirante a defensor del Pueblo) presentó el pasado 20 de enero un recurso de habeas corpus para anular tres investigaciones vinculadas a los presuntos delitos de lavado de activos, sobornos y organización criminal. El encargado de aprobarlo fue el juez Juan Carlos Núñez Matos.

Es en esa línea que el juez correspondiente al Primer Juzgado Constitucional de Lima declara no solo declara fundado el recurso a favor del legislador, sino que dispone la nulidad de las investigaciones y “ordena a los fiscales demandados abstenerse de investigar al beneficiario José León Luna Gálvez, sin antes cumplir con lo establecido en el Artículo 99° de la Constitución Política”.

Es así que cuatro días después, en tiempo récord, el magistrado admitió la demanda y el pasado 24 de abril procede con anularlas.

Luna Gálvez era acusado de haber transferido S/180 mil a la cuenta del fallecido alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entre los años 2013 – 2015, en su calidad de dueño de la Universidad Telesup. El dinero habría provenido de la trama de corrupción del Caso Lavajato.

Asimismo, se le investigó por haber transferido de Telesup S/ 912 mil a Iván Noguera Ramos, cuando fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Noguera fue parte de la red ‘Los Cuellos Blancos’.

Además, Luna Gálvez era investigado por haber sobornado a miembros del CNM para elegir al jefe de la ONPE para que lo favorezca en elecciones.

Por su parte, el Ministerio Público ya ha anunciado que presentará una apelación al fallo del juez Núñez Matos; será la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima quien determine si revoca o no el fallo.

El ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja hasta el día de hoy continúa sin dar declaraciones a la prensa sobre el escándalo que involucra a la señora Shirley Hopkins Cerna, quien sin contar con título universitario —y al mismo estilo ‘Richard Swing’— fue beneficiada con órdenes de servicios por 127,500 soles.

Sin embargo, recién por la noche del viernes 23 de mayo, el ministerio de Cultura emitió un comunicado que intentaba confundir al público y ocultar el favoritismo en la contratación de Hopkins Cerna para que cumpla el servicio de coordinación administrativa para el Gabinete de Asesores en el Despacho Ministerial.

Asimismo, tras el escándalo, este lunes 26 de mayo antes del mediodía, el Mincul nuevamente ha emitido un comunicado en el que pretende ejercer distancia de la señora Hopkins Cerna, y luego de la intervención de la Fiscalía en el Mincul, la entidad anunció que ya canceló el contrato con la locadora de servicios.

Parte del comunicado del 23 de mayo del Mincul:

«Ante la publicación que viene circulando en las redes sociales, respecto a presuntas irregularidades en la contratación de una locadora de servicios en la gestión del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, se informa lo siguiente:

La contratación de dicha locadora se realizó conforme a la normativa vigente, cumpliendo con los procedimientos internos establecidos por la entidad, a través de la Oficina General de Administración y la Oficina de Abastecimiento.

La información difundida en dicha publicación se basa en versiones inexactas y tendenciosas, que reflejan prácticas contrarias a la ética. En ese sentido, rechazamos categóricamente cualquier acto que atente contra la honra, honorabilidad y dignidad de las personas”.

Mincul emite nuevo comunicado

Mientras, que desde el Congreso piden que la Contraloría y Fiscalía investiguen de oficio este caso, desde el Ministerio de Cultura nuevamente rompieron su silencio con un segundo comunicado que intenta justificar los jugosos pagos a una locadora que no ostenta título universitario y que es muy cercana al ministro Fabricio Valencia Gibaja.

Comunicado del lunes 26 de mayo del Mincul:

“El Ministerio de Cultura, respecto a la contratación de la señora Shirley Hopkins Cerna bajo la modalidad de locación de servicios, informa lo siguiente:

1.- La referida locadora ha venido prestando servicios en la Oficina del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura desde mayo de 2024.

2.- Mediante carta de fecha 25 de mayo de 2025, la mencionada locadora presentó su solicitud de desistimiento respecto de la Orden de Servicio N° 1925. Dicha solicitud ha sido canalizada conforme a los procedimientos internos vigentes, a través de la Oficina General de Administración.

3.- Rechazamos cualquier acto, expresión o insinuación que atente contra la honra, honorabilidad y dignidad de las personas.

El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con el uso adecuado y transparente de los recursos del Estado”.

La falta de transparencia del Ministerio de Cultura frente a un caso tan sensible como el de la señora Shirley Hopkins Cerna reflejaría una preocupante continuidad de prácticas clientelistas y de favorecimiento irregular en la administración pública.

La ausencia de respuestas oficiales, sumada al evidente paralelismo con casos anteriores como el de Richard Swing, evidencia no solo una falla institucional, sino también una alarmante tolerancia hacia la improvisación y el uso político de recursos del Estado. El silencio, en este contexto, no solo es cómplice, es inaceptable.

La presidenta Dina Boluarte viene evaluando el relevo del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, luego de que se conociera un caso de presunto favoritismo en contrataciones al interior de su despacho. Según fuentes de Palacio de Gobierno, la jefa de Estado solicitó información detallada del caso que involucra al titular del Mincul y a la señora Shirley Hopkins, una locadora de servicios sin título universitario.

Hopkins fue contratada con montos superiores a los de otros profesionales con mayor experiencia, en actividades que no guardarían relación directa con su perfil. El caso ha generado preocupación en el entorno presidencial, donde algunos asesores advirtieron sobre el impacto negativo que tendría mantener a Valencia en el cargo.

El premier Eduardo Arana también analiza la posibilidad de solicitar el cambio del titular de Cultura. Según fuentes del Ejecutivo, Arana considera que la permanencia de Valencia entorpecería la legitimidad de nuevas medidas culturales, en momentos en que el gobierno intenta recuperar imagen tras la caída de aprobación presidencial.

Valencia Gibaja, designado en septiembre de 2024, ha evitado declarar sobre el tema. Su oficina de prensa se limitó a señalar que “todo contrato ha seguido el procedimiento correspondiente”. El ministro no anunció una investigación interna alguna. Mientras tanto, un alto funcionario ha señalado que es importante que la Fiscalía revisé las cámaras de seguridad y el registro del GPS del vehículo oficial del ministro de Cultura.

El caso nos recuerda a las órdenes de servicio que recibió Richard Swing, otro personaje que tampoco contaba con título universitario.

Desde su creación, el Ministerio de Cultura del Perú parece más un escenario de escándalos que una institución dedicada a preservar el legado cultural del país. La historia reciente lo confirma. En 2018, el viceministro Luis Villacorta benefició a su propia empresa, ‘Arqueo’, con más de S/300 mil en contratos. Poco después, Richard Swing, personaje sin mayor mérito profesional, recibió más de S/175 mil por brindar “charlas sapienciales” gracias a recomendaciones directas del despacho presidencial durante el gobierno de Martín Vizcarra.

En 2019, Rogers Valencia, entonces ministro, anuló multas por más de S/4 millones a favor de la empresa R&G, responsable del controversial hotel Sheraton en Cusco. Más adelante, Leslie Urteaga fue la más cuestionada y enfrenta acusaciones fiscales por su falta de voluntad para proteger el patrimonio nacional frente a intereses de mineras y empresas privadas, además de contratar irregularmente a Joinnus para manejar la venta de entradas a Machu Picchu.

Y ahora, en pleno 2025, la historia se repite con Fabricio Valencia, actual titular de Cultura, protagonista de un nuevo escándalo que combina poder, amor e irregularidades administrativas. Shirley Hopkins Cerna, de 34 años, ha recibido jugosas órdenes de servicio por más de S/120 mil como especialista en gestión administrativa. ¿Su mérito? No tener estudios universitarios, pero sí un aparente romance con el ministro.

Más allá del vínculo sentimental —que en una sociedad no debería ser motivo de escarnio—, lo que indigna es el uso del aparato estatal como si fuera propiedad privada. Hopkins no solo obtuvo contratos dudosos: también habría utilizado junto a Valencia el vehículo oficial para fines personales, como ir a comer a restaurantes cercanos al ministerio.

Esto no es nuevo. Nos recuerda al «ministro del amor», Mariano González, o al expremier Alberto Otárola, ambos caídos por escándalos similares que involucraba a féminas. Lo preocupante es la reincidencia. ¿Qué dice esto sobre los filtros éticos y legales en la gestión pública?

El último viernes el Ministerio Público ya intervino las oficinas del Mincul y la Comisión de Fiscalización ha citado a Valencia para la próxima semana. Pero más allá de las explicaciones que pueda dar, la pregunta de fondo es otra: ¿Cuánto más toleraremos que el Estado sea utilizado como botín por funcionarios sin escrúpulos?

La persona que no cuenta con título universitario ni experiencia en temas culturales, es Shirley Hopkins Cerna, locadora de servicios que gana 10 mil soles mensuales. Actualmente se ha convertido en la mejor pagada sin título universitario bajo la gestión del ministro Fabricio Valencia Gibaja.

Hopkins Cerna, no cuenta con estudios universitarios pero aún así ha logrado conseguir jugosas órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura por un valor de 127,500 soles. Su presunta relación sentimental con el titular del Mincul, sería su mejor carta de presentación para que la oficina de Abastecimiento haya aprobado su contratación.

Esto es solo la punta del icerberg de un caso que involucraría al ministro de Cultura, una exministra y varios funcionarios del Ministerio de Cultura.

En el programa de Lima Gris por radio Planicie 91.5 FM, se habló sobre todos los detalles que encierra este nuevo escándalo que nos recuerda al caso Richard Swing.

No cabe duda de que el cuestionado exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, y actual funcionario del gobierno de Dina Boluarte, sigue siendo protagonista de titulares por razones que poco tienen que ver con méritos públicos y sí mucho con escándalos, sospechas e impunidad. El nombre de Santiváñez se ha convertido en sinónimo de una preocupante normalización del uso del poder para fines particulares, en un país que ya no se escandaliza fácilmente por la corrupción, pero que sí continúa pagando su precio.

El Ministerio Público abrió recientemente diligencias preliminares contra Santiváñez por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La resolución, fechada el 7 de mayo de 2025, detalla que el exministro habría utilizado su posición para interceder ante la presidenta de la República, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor José Zanabria Angulo y el jefe del Estado Mayor, Óscar Manuel Arriola Delgado, buscando colocar a sus allegados en cargos estratégicos en embajadas peruanas en el extranjero. La denuncia, de origen anónimo, provino de un correo electrónico enviado el pasado 20 de enero. Un hecho que, más allá de su forma de ingreso al sistema judicial, refleja la desconfianza ciudadana en las vías oficiales y el temor a las represalias.

Entre los supuestos beneficiados por esta presunta red de favores figuran el coronel PNP Luis Huamán Santamaría (designado en Paraguay), el comandante PNP Allan Villaverde Erazo (en EE.UU.) y el comandante PNP Dante Velasco Marín (en Italia). Según la tesis fiscal, estos oficiales habrían prometido “guardar en secreto actividades ilícitas” cometidas por Santiváñez, e incluso se sugiere una posible implicación de la propia presidenta Boluarte. Si esto se confirma, estaríamos ante un caso que no solo erosiona aún más la credibilidad del Ejecutivo, sino que compromete la institucionalidad del Estado en su conjunto.

Pese a estas graves acusaciones, Santiváñez no ha desaparecido de la administración pública. Todo lo contrario: ha sido reciclado, reinsertado y premiado. Actualmente, ocupa dos cargos en el Estado. Por un lado, forma parte del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), y por otro, funge como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Esta duplicidad de funciones plantea una inquietante pregunta: ¿está Santiváñez percibiendo doble remuneración con recursos públicos mientras afronta investigaciones fiscales por delitos graves?

Lo más indignante, sin embargo, es que el Estado —el mismo que lo investiga— ha financiado su defensa legal. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio del Interior aprobó cuatro resoluciones para pagar los servicios jurídicos de Santiváñez. El monto total supera los 410 mil soles. Esta desfachatez de financiar la defensa de un exfuncionario por investigaciones de organización criminal y encubrimiento personal, no hace sino confirmar que la institucionalidad está siendo secuestrada por los mismos a quienes debería fiscalizar.

El historial de Santiváñez está plagado de sombras. En marzo de 2025, su vivienda fue allanada por la Fiscalía como parte de las investigaciones por presunto abuso de autoridad. Días después, él mismo pidió al Poder Judicial que anulara dicha diligencia. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado su pedido, ratificando la legalidad del procedimiento. La Fiscalía incluso reveló que en los domicilios de una de sus colaboradoras, Yessenia de la Cruz, se encontraron documentos relevantes. Pese a estos hallazgos, Santiváñez continúa moviéndose con comodidad dentro del aparato estatal.

Peor aún, se le vincula con un audio enviado al capitán PNP Junior Izquierdo, alias “Culebra”, donde el exministro le habría pedido que el coronel (r) Harvey Colchado “controle” al periodista Marco Sifuentes. De confirmarse este hecho, estaríamos ante una grave intromisión en la libertad de prensa y un claro intento de coacción desde el poder.

La permanencia de Santiváñez Antúnez en el Ejecutivo, a pesar de sus escándalos, no es solo una afrenta a la ética pública: es una señal de la putrefacción de los mecanismos de control. ¿Cómo se explica que alguien investigado por delitos tan graves siga tomando decisiones desde una posición de poder? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que las instituciones no están siendo utilizadas como escudos para la impunidad?

Este caso, más allá de los detalles judiciales, revela un patrón peligroso: la captura del Estado por redes de lealtades personales y clientelismo. Juan José Santiváñez, lejos de ser un accidente, es un síntoma. Su ascenso, caída y reciclaje ilustran con crudeza cómo la política peruana permite —y hasta premia— la desvergüenza.

A estas alturas, ya no se trata solo de una investigación fiscal. Se trata de recuperar el sentido de lo público. La continuidad de Santiváñez Antúnez en el aparato estatal es una provocación al sentido común, una bofetada a los peruanos que todavía creen que el Estado debería estar al servicio de los ciudadanos y no de sus verdugos.

El caso Santiváñez es, en resumen, un espejo de la corrupción estructural que carcome al Perú.

En la penumbra de las instituciones públicas, donde el mérito profesional debería ser la única credencial válida, el Ministerio de Cultura ha vuelto a abrir un capítulo vergonzoso. Esta vez, el protagonista es el ministro Fabricio Valencia, cuya gestión ha sido salpicada por la sospecha, la opacidad y una indignante muestra de favoritismo. Al centro del escándalo: Shirley Hopkins, una señorada de 34 años de edad, locadora de servicios que, sin contar con título universitario, ha recibido contratos por un total de 127,500 soles en el Ministerio de Cultura.

La información ha sido revisada y contrastada en los documentos oficiales por diversas fuentes periodísticas. ¿Cómo se explica tal desembolso a una persona que no cumple con los requisitos mínimos para la función pública? La respuesta, aunque oficiosamente negada, parece estar en la relación personal que uniría al ministro con la beneficiaria. Testimonios recogidos de altos funcionarios del Mincul y una fuente clave de un viceministerio, apuntan a una presunta relación sentimental entre Valencia y Hopkins, lo que abre un enorme interrogante sobre la ética del funcionario y la legitimidad de las contrataciones.

El congresista Jaime Quito, miembro de la bancada de izquierda no ha dudado en elevar la voz: “Lo que vemos en el Ministerio de Cultura es favoritismo. Esto llegaría hasta una relación sentimental. Realmente este gobierno no da para más. Vemos una pobredumbre en todas sus instituciones. Aquí se tiene que investigar lo que realmente está pasando. Todo esto es totalmente cuestionable y condenable”, declaró con vehemencia. Las palabras de Quito resumen el sentimiento generalizado de hastío frente a una administración que prometió transparencia pero ha caído en prácticas similares a las que antes criticaba.

No es la primera vez que el Ministerio de Cultura se convierte en epicentro de un escándalo moral y administrativo. El recuerdo del caso Richard Swing —aquel consultor sin competencias evidentes que firmó millonarios contratos con el Estado en tiempos de Vizcarra— aún está fresco en la memoria colectiva. Swing se convirtió en símbolo de la utilización del aparato estatal para pagar favores personales y políticos. Hoy, con otro rostro y otro nombre, el patrón se repite: contratos sin sustento técnico, vínculos afectivos camuflados, y un silencio ministerial que ofende tanto como la falta de justicia.

Los presuntos delitos que podrían estar configurándose son varios: negociación incompatible, colusión, y hasta peculado doloso, dependiendo de lo que determine la Fiscalía. Y es aquí donde el Ministerio Público tiene una oportunidad de reivindicar su rol fiscalizador.

Mientras tanto, la cultura —la verdadera, la que necesita promoción, talento y recursos— sigue siendo la gran olvidada. Porque cuando el poder se usa para pagar favores del corazón, el arte y la ética terminan terminan siendo la última rueda del coche.

La tecnología puede ser beneficiosa para la humanidad si es utilizada de manera correcta. Cada cierto tiempo aparece un nuevo celular con alguna mejora: más rápido, más eficiente, más duradero, pero todos al final cumple la misma función que es estar conectados.

De acuerdo a un estudio realizado el año pasado por Nomophobia, un portal especializado en tecnología, el 93 % de los peruanos encuestados lo utiliza para revisar sus redes sociales. Cabe indicar que dentro de ese universo no podrían estar excluidos los estudiantes. Por su parte, la empresa Claro también elaboró una encuesta, revelando que la gente utiliza sus celulares en un 66 % para realizar llamadas; en tanto el uso de WhatsApp se disparó hasta en un 97 %.

Esa cifra elevadísima viene preocupando a profesores y padres de familia de todo el país, pues consideran que muchas veces los dispositivos móviles no vienen siendo utilizados de manera provechosa por los estudiantes, sobre todo los que se encuentran en la etapa del colegio, años en que un niño está más propenso a ser influenciado por supuestos líderes de las redes sociales.

Ante ello, el Proyecto de Ley (PL) n.° 5532 de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) acaba de ser aprobado en el Parlamento con 80 votos. La iniciativa legislativa regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en todas las instituciones y programas educativos a nivel nacional, ello con la intención de mejorar la atención en clase, reducir el uso excesivo de internet, evitar riesgos relacionados con la exposición digital constante, además de combatir el ciberacoso.

Dicho PL cuenta con excepciones relacionadas con estudiantes que cuenten con condiciones de salud que requiera el uso de dispositivos electrónicos como parte de su atención.

Cabe recalcar además que este proyecto ahora deberá ser aprobado por el Ejecutivo para su promulgación. Una vez promulgada, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tendrán un plazo de 60 días para elaborar un reglamento donde se detallen las disposiciones para su implementación en las aulas de todos los colegios, sean particulares o estatales.

En palabras de la autora del proyecto, esta ley “ahora está en más de 20 países para poder ayudar a los jóvenes a tener una buena formación académica. Hoy entran al colegio con el celular y se distraen, no atienden las clases; además, están vulnerables a cualquier ciberataque. Si no está el celular, ellos van a poder concentrarse y su nivel académico va a levantarse”. Pero, ¿qué tan cierto es todo eso?

Resultados no son concluyentes en otros países

Aparte del Perú, 79 países del mundo ya se encuentran implementando restricciones para el uso de celulares en las escuelas, de acuerdo al informe ‘¿Prohibir o no prohibir? Monitoreo de las regulaciones de los países sobre el uso de teléfonos inteligentes en la escuela’, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco).

A propósito de ese estudio, la psicóloga María Becerril Pérez, de la UNAM, observó distintos resultados en los países donde rige la restricción de celulares en las aulas, determinando que el estudio carece de una conclusión definitiva desde el ámbito científico, ya que los datos disponibles no son concluyentes.

La investigadora sacó esas conclusiones en base a resultados disímiles en Suecia o Estados Unidos. En el primer país se reveló que las escuelas con restricciones del uso de celulares los estudiantes no obtuvieron calificaciones ni positivas ni negativas en su rendimiento académico. En tanto, en el segundo país se detectó que a pesar de haber una prohibición se registró un mayor índice de ciberacoso.

«Sobre el uso de celulares, en las primeras etapas, digamos la etapa preescolar o en la etapa de primaria baja, que son los primeros tres años es optar por un no rotundo, y en términos de primaria al quinto y sexto de primaria, un pequeño acercamiento e ir reconociendo cómo es; en la secundaria con un uso restringido, obviamente con el bachillerato igual, eso sería en términos estrictos de un sí o un no”, recomendó la académica para el portal mexicano Milenio.

Las realidades educativas son muy similares en México y Perú. Al respecto, la última prueba PISA del año 2022 nos indicó que tres de cada cuatro estudiantes tienen bajo desempeño en las matemáticas; ambos países cuentan con 66 % de bajo rendimiento de su alumnado.

Por todo ello es importante revisar a profundidad qué tan conveniente será restringir radicalmente el uso de celulares en los colegios. Una alternativa podría ser regularlos de acuerdo al nivel de instrucción, complementando el aprendizaje con salidas al exterior del aula, visitando museos o sitios arqueológicos donde los niños se encuentren alejados de sus celulares.