El 18 de marzo del 2023, un descontrolado Sergio Tarache fue a llenar combustible a una gasolinera en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo; su única intención era rociarle el combustible a su ex pareja Katherine Gómez, y luego prenderle fuego ante la atónita mirada de los transeúntes. La joven pasó 6 días en UCI producto de sus graves quemaduras, falleciendo el 24 de marzo. Tenía tan solo 18 años.

Semanas después se tuvo conocimiento que el feminicida había huído a Colombia, pero no fue prolongada su estadía, capturándolo el 11 de abril en Bogotá.

La noticia se hizo mediática por la alevosía y premeditación del feminicida de nacionalidad venezolana, acaparando las principales portadas de los medios informativos, destacando el salvajismo y crueldad del asesino, quien no tuvo trabas de concretar su maquiavélico plan en plena vía pública.

Capturado y traído de vuelta a nuestro país, el proceso legal se dio inicio. La estrategia legal en un principio de su abogada Andrea Cortijo fue indicar que no existían pruebas suficientes para condenar a su defendido, a pesar de la confesión del acusado y los testimonios que lo incriminaban.

“Se sabrá y acreditará el verdadero nombre de la persona que cometió el delito que se le imputa a mi patrocinado. Se acreditará que no hay prueba donde se aprecie que mi patrocinado roció con gasolina a la víctima y posterior puso en peligro su vida”, mencionó la letrada el pasado 4 de setiembre.

Sin embargo, esta mañana Sergio Tarache volvió a indicar ser el autor del asesinato de Katherine Gómez.

“Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, sin embargo, no acepto la reparación civil”, indicó desde el Penal Ancón I donde se encuentra recluído.

La declaración del venezolano se dio luego que este sostuviera una conversación con su abogada. Durante su intervención, además de aceptar el cargo imputado, pidió disculpas a la familia de la víctima y señaló que teme por su vida, la de su familia y hasta la de su propia abogada Andrea Cortijo. Esta última, al escuchar la declaración de su defendido, solo atinó a dar conformidad con el requerimiento del Ministerio Público respecto a la pena superior de 30 años de prisión.

Los fiscales fueron enfáticos al declarar que no habría negociaciones para reducir la pena, postura que fue aceptada por el juzgado, el cual dio por cerrado el debate en torno a la sentencia a imponerse.

Cabe mencionar que la Sala Penal Colegiada ha indicado que el juicio oral contra Tarache continuará el próximo jueves 12 de setiembre a partir de las 4:30 p.m. para debatir sobre la reparación civil a imponerse al imputado y la sentencia final del caso.

Detenidos por un crimen que no cometieron. Fueron a visitar a un conocido a su vivienda para conversar sobre unas obras de saneamiento, cuando de un momento a otro diversas balas ingresan a la casa del asesor político Carlos Enrique Delgado, quitándole la vida casi de inmediato. Fue en ese momento en que los cinco ingenieros que estuvieron en el momento del asesinato terminan siendo detenidos, acusados de ser los responsables de la muerte del conocido asesor político de Bagua. La vida de esos cinco profesionales tomaría un giro radical ya que todas las pruebas realizadas descartan cualquier tipo de responsabilidad contra ellos.

A propósito de ello, el abogado penalista Benji Espinoza, explica que los cinco ingenieros continúan cumpliendo desde el 14 de febrero del año en curso los nueve meses de prisión preventiva que le impuso el juez Carlos Guillinta Domínguez, a solicitud de los fiscales Ana Bazán Collantes y Yovani Bravo Gonzales, sin revisar las nuevas evidencias presentadas por la defensa legal de los ingenieros.

“A este hecho debemos agregar algo aún más grave y determinante, explica el abogado Espinoza, y es que cuando se les hizo la prueba de la absorción atómica para determinar quienes de ellos podían haber efectuado un disparo, esto dio negativo para los cinco ingenieros acusados”.

Haciendo caso omiso de ese nuevo análisis pericial, el juez Guillinta Dominguez ratificó la prisión preventiva que viene cursando desde el mes de febrero, explicando que el crimen se realizó con alevosía, supuestamente porque los ingenieros emborracharon a Delgado para asesinarlo, sin embargo, las pruebas de sangre arrojaron que el occiso no ingirió ese día licor.

“La aplicación de la prisión preventiva está definida en las leyes 268, 269 y 270, y el magistrado solo debe recurrir a ella en casos excepcionales y extraordinarios porque se va a privar de la libertad a alguien sin haberlo sentenciado”, indicó el jurista hace unos días para Exitosa.

Este caso ha generado una gran controversia en la región de Bagua, donde se critica el sistema judicial de esa localidad por la injusta detención de los cinco ingenieros a pesar de que las pruebas balísticas concluyen que las balas provinieron de afuera de la vivienda del fallecido. Familiares, colegas y diversas organizaciones vienen alzando su voz en defensa de los cinco ingenieros, exigiendo su inmediata liberación.

El Ministerio del Interior (Mininter) autorizó el viaje del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) a Rusia, del 8 al 14 de setiembre, para ejecutar la extradición de Abel Valdivia Montoya, acusado de asesinar al productor audiovisual Christiam Enrique Tirado en una fiesta a la que también asistió la parlamentaria Rosselli Amuruz.

Los encargados de traer a Christiam Enrique Tirado de regreso a territorio nacional son el comandante PNP Óscar Ludeña Hurtado y el suboficial de segunda PNP Piero Israel Quesada Vega. 

Asimismo, en la Resolución Ministerial N° 1115-2024-IN , que lleva la firma del titular del Mininter, Juan José Santiváñez, se precisa que el viaje costará al Estado peruano un total de 16 787 mil dólares, los cuales se dividen en 5 400 dólares por concepto de viáticos para ambos efectivos policiales durante cinco días, 8 219 dólares destinado a los pasajes aéreos de los mismos, y 3 168 dólares para el pasaje aéreo de retorno del extraditado.

“Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución son cubiertos con cargo a la Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, del Pliego 007: Ministerio del Interior”, indica la resolución.

Dentro de los 15 días calendario siguiente a su retorno, los agentes encomendados para la extradición deberán rendir un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje.

Fiesta sangrienta

Como se recuerda, la madrugada del 1 de octubre del 2023, Christian Enrique Tirado, de 31 años, habría sido asesinado de un balazo por Abel Valdivia, de 36. ambos fueron invitados en la fiesta que se celebró en Lince por el cumpleaños de Paul García, persona cercana a la congresista de la República y entonces tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Rosselli Amuruz.

El alegato del acusado es que actuó en defensa personal. Su abogado argumenta que Tirado estaba agrediendo a Abel y a su hermano Pedro Valdivia Montoya, quien terminó con marcas en el cuerpo por un objeto punzocortante.

Es en esa gresca que el Valdivia que ahora se encuentra en Rusia entró a su automóvil para sacar un arma de fuego y disparar en contra de Christian Tirado para evitar que continúo atacando a su ser querido.

“Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo”, dijo entonces para RPP.

Reanudado el juicio oral contra el ciudadano venezolano Sergio Tarache, su abogada, Andrea Cortijo, inició su defensa argumentando que no existen pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad de su cliente en los hechos que se le imputan. Como se recuerda, el extranjero es el principal sospechoso de haber asesinado a su entonces pareja Katherine Gómez (18), rociándole combustible y luego quemándola cerca de la Plaza Dos de Mayo, el 18 de marzo del 2023.

“La Fiscalía no va a poder acreditar su tesis incriminatoria, ni la responsabilidad penal atribuida al señor Sergio Tarache, pues, a través de los medios de prueba admitidos, se revelará que solo los hechos son la realidad, y se sabrá el verdadero nombre de la persona que cometió el delito que se imputa a mi patrocinado”, señaló la letrada Andrea Cortijo.

La abogada del confeso feminicida también adelantó su opinión sobre las pruebas con las que la Fiscalía acusa a Tarache Parra por los hechos ocurrido en marzo del 2023. “¿Qué nos va a traer el Ministerio Público?, pues testigos que no estuvieron en el lugar, videos extraídos de YouTube, entre otras pruebas que no van a acreditar que mi patrocinado puso en peligro la vida de la víctima”, sostuvo.

Al cierre de su alegato, la doctora Cortijo solicitó que se absuelva a Sergio Tarache, por quien, previamente, la representante del Ministerio Público reafirmó su pedido de condena de 30 años y seis meses de prisión por el delito contra la vida, el cuerpo y la saludad, feminicidio agravado. Mientras que la defensa de la familia solicitó una reparación civil de 500 mil soles a favor de la familia de la víctima.

BDP EnVivo | Abogada de Sergio Tarache dice que no hay pruebas contra su patrocinado.
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— panamericanatv (@PanamericanaTV) September 4, 2024

Exigen cadena perpetua contra Sergio Tarache

Por su parte, Cinthia Machare, madre de Katherine Gómez, expresó sentirse “decepcionada” por el pedido de 30 años de cárcel para Sergio Tarache, ya que asegura que solo estará tranquila cuando el feminicida confeso reciba cadena perpetua.

“Si no le corresponde la cadena perpetua… La verdad es que estoy decepcionada porque, en su momento, ellos me prometieron algo a mí y yo, como ciudadana y como madre, esperé que cumplieran”, refirió para TV Perú.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de Lima inició este martes 3 de septiembre, el juicio contra el feminicida Sergio Tarache Parra por la muerte de su expareja, Katherine Gómez Machare. La audiencia virtual cuenta con la participación del acusado desde el establecimiento penitenciario Ancón Uno.

Como se recuerda, el 18 de marzo del 2023, el sujeto, natural de Carabobo, Venezuela, roció con gasolina e inmediatamente le prendió fuego a la joven a unos metros de la Plaza Dos de Mayo y tras dejarla con graves quemaduras, a los pocos días ella no resistió y falleció. Posteriormente, Tarache huyó del país hacia Colombia; sin embargo, el 31 de enero del 2024 fue extraditado.  

La audiencia empezó a las 11:05 de la mañana de manera virtual. Por su parte, Cynthia Machare, madre de la joven fallecida, comentó en diversas ocasiones estar en contra del pedido planteado por la Fiscalía que, lejos de pedir la cadena perpetua, solicitó 30 años de prisión contra el feminicida.

La madre de Katherine Gómez está decepcionada de la Fiscalía

“Él lo premeditó. ¿Qué persona hace eso? ¿Qué culpa tenía ella de no querer nada con él? (…) Si no le corresponde la cadena perpetua, la verdad es que estoy decepcionada, porque en su momento ellos me prometieron algo a mí. Y yo como ciudadana y como madre, esperé que cumplieran”, comentó la progenitora de Katherine.

La señora Cynthia también pidió que se le imponga una reparación civil, teniendo claro de que ningún dinero podrá devolverle a su hija. Sin embargo, mostró su decepción por las acciones del Ministerio Público. Así lo dicta la sexta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, bajo el delito de Feminicidio con gran crueldad o alevosía. Como se sabe, en mayo de este año, el 24° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó que se impusieran nueve meses de prisión preventiva contra Sergio Tarache por el delito de feminicidio en agravio de Katherine Gómez.

“Dime con quién andas y te diré quién eres”. La imagen institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP) en menos de diez años viene cayendo en picada; una de las razones es que no existen filtros para ir descartando a sujetos que solo ingresan para obtener beneficios personales, reconocimiento dentro de su círculo de amistades, o pretender mejorar su calidad de vida a costa de actos de corrupción.

A propósito de esa debacle, un agente policial fue detenido este lunes por la madrugada durante un operativo realizado en un búnker de Ate, donde fueron arrestados otros 38 implicados en la organización criminal “Los Chuquis de Las Malvinas”, dedicada a la extorsión, sicariato y asesinatos en Lima Este.

El Ministerio del Interior confirmó el arresto del efectivo en actividad, cuya identidad aún se mantiene en reserva, así como del sicario conocido como “El Tumbo” y cobradores de cupos. En la operación fueron incautadas armas de fuego, municiones, droga y una granada de guerra que fue desactivada por la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

También fueron identificadas cinco menores, incluidas dos de nacionalidad extranjera, que fueron llevadas a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (DIVINCRI). Los informes preliminares indican que, al momento de la intervención, los delincuentes celebraban en un ambiente festivo con música, luces de discoteca, bebidas alcohólicas y hasta una piscina.

El ministro Juan José Santiváñez, quien acudió al lugar de los hechos, declaró que se están realizando las diligencias correspondientes para esclarecer la magnitud de las operaciones de la organización. La dueña del local, por su parte, afirmó que desconocía la naturaleza del evento y aseguró que solo se le había prometido un pago al final de la fiesta.

El hallazgo de las armas y drogas refuerza la hipótesis de que “Los Chuquis de Las Malvinas” tenía amplios contactos en el crimen organizado, lo que les permitía operar en diversas zonas de la capital con impunidad. El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, detalló en Latina Noticias que el agente capturado, un suboficial de tercera, debía estar en turno cuando fue intervenido.

“Este efectivo ha estado en este lugar, pero su comando de forma inmediata dio a conocer la ausencia a su centro de labores en la hora de la madrugada. Acá no hay ningún espíritu de cuerpo. Estamos en el desarrollo inicial de esta intervención policial, estamos conociendo con base en sus declaraciones más la participación no solo de él, sino también de todos los que han sido capturados”, indicó.

Montúfar precisó que los detenidos enfrentan cargos de tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas de fuego. “Conocemos que en esta zona hay un delincuente, estamos hablando del ‘Chato Deyvis’. Lo estamos siguiendo y probablemente lo detengamos en breve tiempo. Parte de su banda estaría realizando coordinaciones criminales para luego efectuar latrocinios”, continuó.

La criminalidad continúa incrementándose en distintas ciudades del país, utilizando para sus atracos armas de fuego. El cómo llegan a las manos de los delincuentes esas armas de fuego siempre es una gran incógnita, pues muchos prefieren guardar silencio. La ruta de esas armas presuntamente tiene origen de malos efectivos que las ‘alquilan’ a los malhechores para luego depurarlas de cualquier evidencia.

En ese sentido, la Contraloría alertó ayer que 314 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que pasaron a la situación de retiro desde 2015 continúan en posesión de las armas de fuego y equipo del Estado que les fue asignado para cumplir con el servicio policial. Esto según el Informe de Control que realizó la institución. 

Entre los equipamentos se destacan vehículos de seguridad del Estado, valorizados en aproximádamente 2 millones de soles, según un informe del Órganos de Control Institucional (OCI) de la PNP.

De acuerdo a la normativa interna, los oficiales deben devolver los vehículos en buen estado dentro de los siete días calendario tras pasar al retiro. También pueden optar por comprarlos en un plazo de 30 días, manifestando su voluntad por escrito. Sin embargo, en los últimos diez años, los retirados no han cumplido con estas disposiciones.

Entre las armas de fuego y el equipo policial que no han sido entregados al Estado figuran pistolas marca: Sig Sauer (91), Pietro Beretta (76) y Star (43), así como revólveres marca Smith Wesson (31); además de 71 grilletes (esposas) Smith Wesson, entre otros bienes. La entidad subraya que esta es una situación que pondría en riesgo el destino y la posesión final de estos por no cumplir con la devolución en los plazos establecidos.

Según la Contraloría, los oficiales debieron devolver estas armas y los equipos dentro de los 60 días calendario de haber sido notificados de que pasaban al retiro, conforme lo establece una directiva interna; sin embargo, no lo han hecho. La institución señaló que este año hay 40 expolicías que mantienen en su poder estos bienes.

Otro detalle del informe es que la PNP no ha procedido con notificar a los oficiales en retiro que devuelvan las armas. Tampoco ha informado a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior para que formule la denuncia respectiva. 

La Contraloría informó que recién en febrero de este año la PNP inició las acciones para notificar a los oficiales en retiro, pero que estas no llegaron a concretarse por la falta de personal, motivo por el cual se pretendió contratar a una notaría para que empiece con ese proceso.

Incumplió con sus deberes porque se sentía “estresada”. La fiscal de La Esperanza (Trujillo), Ana María Altamarino Malabrigo, dejó en libertad a cuatro detenidos por flagrancia por priorizar compromisos personales en vez de cumplir sus labores en el Ministerio Público (MP).

El pasado 14 de junio ocurrió un asalto a mano armada contra un vehículo policial con dos policías en su interior, quienes al ser abordados por cuatro individuos los despojaron de sus armas y se robaron el carro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras los hechos, dos delincuentes fueron detenidos por flagrancia y llevados a la comisaría. Allí empezó el calvario. Llamaron a Altamirano Malabrigo para solicitarle se apersone y tome las diligencias del caso, haciendo hincapié en que el plazo por flagrancia iba a llegar a su fin, pero ella pidió no “estresarla”. 

“Entonces déjelo todo dentro del plazo, no por favor no hay que apurar nada, tengo otros casos prioritarios también. No me estén apurando, ni estresando. Encima la semana pasada he faltado a la Fiscalía por problemas de salud, justamente por estrés”, vociferó. 

Ante una segunda llamada, sustentó que no podía conectase debido a que tenía una cena de cumpleaños, pero en una hora se conectaba. Al casi vencer las 48 horas, fue nuevamente alertada, tendiendo una indignante respuesta. 

“Mira yo ahorita no he dormido nada, estoy con el turno con mil detenidos, estamos dentro del plazo y entonces ahorita yo me estoy alistando porque necesito ir a saludar a mi suegro por el día del padre. También de verdad no tenemos vida”, dijo. 

Ante la demora de la fiscal los implicados en el robo a mano armada, uno de ellos menor de edad, terminaron siendo liberados. Este hecho fue puesto en conocimiento al público por el reportaje de Punto Final. 

MP despide a fiscal Altamirano

Conocidos los hechos públicamente, la Fiscalía de la Nación dio por concluido el nombramiento de la fiscal adjunta provincial provisional del módulo básico de La Esperanza (región de La Libertad), Ana María Úrsula Altamirano, tras la difusión del reportaje.

Lo mismo sucedió con César Christian Cruzado Chiroque, fiscal adjunto provisional, al otorgar libertad a 14 detenidos sin efectuar debido análisis. Por todo ello, ambos personajes además de Miguel Ángel Beleván Vásquez fueron puestos a disposición de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía.