Connect with us

Política

Conoce los jugosos pagos del Gobierno al padre del congresista Alberto de Belaúnde

El padre del congresista Alberto de Belaúnde emitió recibos por honorarios por más de un cuarto de millón de soles por resolver conflictos entre empresas eléctricas y el Estado. Algunos recibos fueron emitidos mientras su hijo ocupó el cargo de Congresista de la República y Jefe de Gabinete en la Municipalidad de Miraflores.

Avatar photo

Published

on

El experimentado abogado Javier de Belaúnde López de Romaña, fundador del Estudio Echecopar, el mismo Estudio que fue allanado por la Fiscalía en julio de 2019 por sus presuntos vínculos con Odebrecht, también se ha desempeñado como árbitro en varios procesos arbitrales entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y algunas empresas eléctricas que operan en diferentes regiones del país. Entre ellas: Electro Ucayali S.A. Electro Puno S.A.A. y Electro Oriente S.A. Es decir, un abogado vinculado al sector empresarial de la energía eléctrica.

Resulta que, Javier de Belaúnde López de Romaña, también es padre del actual congresista de la República, Alberto de Belaúnde de Cárdenas, curiosamente el parlamentario también pasó por las oficinas del Estudio Echecopar. Hace unas semanas el Proyecto de Ley de energía renovable presentado por De Belaúnde fue archivado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. El congresista se empecinó en sacar una ley (Proyecto N° 6953/2020) que dizque incentiva la inversión en recursos energéticos renovables destinados a la generación de energía en el mercado eléctrico peruano; sin embargo, lo que el legislador morado se niega a reconocer, es que su Proyecto de Ley, implica que todos los peruanos a través de sus recibos de luz, tendrían que subvencionar un oneroso subsidio de más de $1,500 millones de dólares, para beneficiar a un pequeño grupo de empresas. ¿Acaso lo que se pretende es un lobby eléctrico?

Javier de Belaúnde socio del Estudio Echecopar.

Cabe resaltar, que independientemente de las empresas de energía renovable que presuntamente están detrás del congresista morado, en todas las empresas eléctricas que operan en Perú, se cobra un porcentaje que va destinado a un fondo para energía renovable. Pero con la conducta que ha venido ejerciendo el legislador de Belaúnde, nos hace colegir que probablemente hay un lobby directo con las “eléctricas” en aquellos procesos arbitrales donde también ha participado de Belaúnde padre, como presidente del Tribunal Arbitral, porque él también ha sido abogado de otras empresas eléctricas. 

Un detalle importante, los recibos por honorarios electrónicos emitidos por el árbitro de Belaúnde López de Romaña los pagó la Secretaria Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Nº 29625, del MEF. Aquella Ley, es nada menos que la aprobada por referéndum el 07 de diciembre de 2010, para la devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo. 

No es la primera vez que el MEF designa a un árbitro con experiencia en la solución de controversias, y los abogados de Electro Puno tampoco formularon cuestionamiento alguno. Y según el laudo arbitral, el árbitro de conciencia requiere del derecho para buscar una solución justa, y según se lee en un párrafo del documento: la posición del MEF no es injusta; porque, además, de ser conforme a ley, busca la recuperación de inversiones realizadas con recursos del FONAVI en beneficio de usuarios, para que estos puedan acceder a servicios básicos, como es el suministro de energía eléctrica. Por otro lado, al haber recibido Electro Ucayali las obras de electrificación, obtuvo un beneficio por el incremento de su patrimonio. 

Ley Nº 29625.

Anteriormente, estas empresas eléctricas antes de privatizarse pertenecieron en algún momento a Electroperú; entonces, las pensiones de los que trabajaban allí luego pasaron a la ONP; por lo tanto, la finalidad de esa ley es exclusiva para el tema Fonavi o ONP, y mientras no tienen plata para pagarle a los fonavistas y/o mejorar las pensiones, si tienen para desembolsar más de medio millón de soles a los árbitros. Es decir, es dinero para gastos corrientes de la institución.

Así las cosas, más allá de las controversias entre el MEF y las empresas eléctricas, ¿Acaso la idea es crear arbitrajes ad hoc?

Designación de árbitros del Tribunal Arbitral.

Ahora bien, recordemos el caso del congresista Manuel Merino de Lama que en mayo de 2020 desató un escándalo, al descubrirse que sus familiares contrataron con el Estado por más de S/200 mil soles, cuando él era parlamentario entre el 2011 y 2016.

Cabe resaltar, que según la Ley de Contrataciones del Estado están impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas, durante su gestión y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo: el Presidente, Vicepresidentes, congresistas, ministros, viceministros, y vocales de la Corte Suprema. Asimismo, sus familiares no pueden contratar con el Estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo dentro de la jurisdicción de su competencia.

Cuando se detalla a familiares, se refiere a aquellos comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (cónyuge, conviviente, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos, nietos, tíos y primos hermanos).

Estos impedimentos responden a los principios de moralidad, imparcialidad, equidad y trato justo e igualitario, de tal manera que todas las contrataciones deben hacerse en igualdad de condiciones, y está prohibida la existencia de ventajas o privilegios. Así, se previene la generación de conflictos de interés y se promueve la transparencia en los procesos de selección.

En esa línea, si bien Javier de Belaúnde presidió el tribunal arbitral desde años anteriores, antes que su hijo Alberto fuera elegido congresista, también se desempeñó como árbitro en 2018. Además, su hijo “morado” también ha sido servidor del Estado, entre los años 2011 y 2016, al desempeñarse como jefe de gabinete en la Municipalidad de Miraflores.

Los recibos por honorarios de Javier de Belaúnde López de Romaña

El Dr. Javier de Belaúnde López de Romaña en su calidad de árbitro elaboró comprobantes de pago y productos entre los años 2015 y 2018 a la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Nº 29625. Lima Gris tuvo acceso a algunos recibos emitidos por De Belaúnde padre en la gestión Ollanta Humala y PPK, entre ellos figuran:

El recibo por honorario electrónico E-001-21 con fecha de emisión 10 de diciembre de 2015 por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Ucayali S.A. por un monto de S/10,718 soles.

El recibo por honorario electrónico E-001-19 con fecha de emisión 10 de diciembre de 2015 por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Puno S.A.A. por un monto de S/62,790 soles.

El recibo por honorario electrónico E-001-17 con fecha de emisión, 09 de diciembre de 2015 por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Oriente S.A. por un monto de S/53,590 soles.

El recibo por honorario electrónico E-001-31 con fecha de emisión, 05 de marzo de 2018, por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Puno. por un monto de S/61, 272 soles.

El recibo por honorario electrónico E-001-30 con fecha de emisión, 05 de marzo de 2018, por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Oriente S.A. por un monto de S/53,912 soles.  

El recibo por honorario electrónico E-001-32 con fecha de emisión, 05 de marzo de 2018, por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Ucayali S.A. por un monto de S/19,614.40 soles.

Solamente en estos recibos, Javier de Belaúnde cobró un total de S/261,896.40 soles; más de un cuarto de millón de soles. Sin embargo, según nuestra fuente en el MEF, Belaúnde padre habría emitido más recibos por honorarios en otros procesos arbitrales. 

Javier de Belaúnde.

¿Conflicto de interés?

Según la abogada Mónica Yaya, experta en Contrataciones con el Estado, algunos abogados del estudio Echecopar, son árbitros, pero al mismo tiempo se presentan como abogados en el mismo proceso hasta que los descubren.

Al final, aquí existe un claro conflicto de interés, ya que mientras Alberto de Belaúnde ejercía el cargo de Congresista de la República, su padre siguió facturando por miles de soles al Estado. Además, resulta curioso, que padre e hijo trabajen en temas relacionados al sector de la energía eléctrica.

Los hechos, nos permiten conocer que el Proyecto de Ley presentado por el congresista De Belaúnde esconde otros intereses que no tienen nada que ver con las energías renovables y el cuidado del planeta.

Comentarios

Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales

El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

Avatar photo

Published

on

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.

El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.

Comentarios
Continue Reading

Política

Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez

Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

Avatar photo

Published

on

El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.

Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.

El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.

Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.

Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.

La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.

Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.

Comentarios
Continue Reading

Política

Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte

Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

Avatar photo

Published

on

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.

El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.

Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.

Comentarios
Continue Reading

Política

Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso

Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

Avatar photo

Published

on

Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.

Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.

La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.

La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.

Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.

El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.

La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Comentarios
Continue Reading

Política

REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?

La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

Avatar photo

Published

on

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.

El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.

Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.

Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.

Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.

Comentarios
Continue Reading

Política

Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca

La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

Avatar photo

Published

on

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.

Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.

Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.

Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.

El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.

Comentarios
Continue Reading

Política

PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

Avatar photo

Published

on

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.

PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.  

La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.

La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.

“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.

Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.

Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.

Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.

Comentarios
Continue Reading

Política

Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros

Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

Avatar photo

Published

on

Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).

Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.

Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.

El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:

  • Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
  • Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
  • Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
  • Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.

Comentarios
Continue Reading
Advertisement

LIMA GRIS TV

PUBLICIDAD

PRNEWS

PARTNER

 

CONTACTO

Síguenos en Twitter


LIMA GRIS RADIO

Trending