Hoy, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de Lima (DIRINCRI) y personal del Ministerio Público realizaron el allanamiento de la vivienda de propiedad del congresista, Waldemar Cerrón, donde actualmente vive la madre de Vladimir Cerrón, la profesora y escritora Bertha Rojas López.  

Seguidamente, tras la propalación de esta noticia, el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón como es habitual, utilizó su cuenta oficial de X, para criticar y calificar como “un abuso y prepotencia” la acción de las autoridades, argumentando que este allanamiento es una “represalia por las reformas judiciales” y un “buen inicio” de la “prepotencia” de la nueva gestión de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

“La Fiscalía en este momento allana la casa donde vive mi señora madre en Huancayo, propiedad de mi hermano, en represalia a las reformas judiciales. Buen inicio de la nueva Fiscal de la Nación: el abuso, la prepotencia y la ilegalidad. ¡Resistiremos como siempre y venceremos!”, escribió.

General Zanabria afirma que Cerrón “tiene bastantes habilidades para poder evadir a la PNP”

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, en un afán de justificar las acciones ineficaces de la PNP, que aún no dan con la captura del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien ya tiene más de un año en la clandestinidad, aseguró que el líder de Perú Libre, tiene “bastantes” habilidades para eludir los operativos.

“Es una persona que tiene bastantes habilidades para poder evadir algunas operaciones que hemos hecho, pero confiamos en el desarrollo del trabajo que estamos realizando y que también en el incremento en la recompensa que se está dando nos permita capturarlo en unos días y con ello quitarnos un gran cuestionamiento que no nos deja avanzar en otras tareas importantes, como la criminalidad”, concluyó.

La elegida para poner contra las cuerdas a la jefa de Estado. La Junta de Fiscales Supremos designó a Delia Espinoza como nueva fiscal de la Nación. De esta manera, asumirá el cargo de Juan Carlos Villena, quien se encontraba desde diciembre del año pasado de manera interina tras la destitución de Patricia Benavides.

A partir de ahora, Delia Espinoza será la encargada de liderar las investigaciones que se le siguen contra la presidenta Dina Boluarte.

Cabe señalar que no es la primera vez que la magistrada dirige investigaciones contra personajes políticos, pues ella se desempeñaba como Fiscal Suprema Titular en el Despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Fue al mando de este despacho que presentó una denuncia constitucional contra su predecesora, Patricia Benavides.

Cómo se eligió a Delia Espinoza

Una vez que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la destitución de Benavides, los cuatro fiscales supremos, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Delia Espinoza, debían reunirse para acordar quién estaría a cargo del Ministerio Público los próximos tres años.

La reunión de los cuatro fiscales supremos se programó para este viernes e inició a las 9:30 de la mañana. La información que trascendió era que la elección estaba entre Espinoza y Villena, los dos restantes ya habían ocupado anteriormente dicho cargo.

Asimismo, tanto Ávalos como Sánchez, ya habían manifestado públicamente que no deseaban ser reelegidos, por lo que solo quedaban Juan Carlos Villena y Delia Espinoza.

Reacciones dentro del Congreso

Tras conocerse el nombramiento de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, surgieron las primeras voces en contra. El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, cuestionó la legalidad del proceso, al que calificó como una “elección exprés” que, según afirmó, no contó con el quórum necesario.

Muñante no es el único congresista que se opone a Espinoza, pues la nueva fiscal de la Nación tiene una denuncia constitucional presentada por cinco parlamentarios: Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López.

Los jóvenes de ahora cuentan con mayor acceso a la información, utilizándola para bien o para mal, sea esto el aprovechamiento indebido a fuentes informáticas o manipular sin titubeos un arma de fuego; las razones para ellos son diversas, pero el resultado siempre es el mismo: un delito. Sin embargo, debido a su condición etaria hasta el momento en nuestro país aquellos jóvenes solo reciben una sanción o internamiento en un centro de menores, a pesar de actuar con la misma crueldad de un ‘rankeado’ asesino.

Ante ello, el Pleno del Congreso de la República aprobó ayer, en primera votación, el dictamen que declara la imputabilidad de los adolescentes de 16 y 17 años por la comisión de delitos graves.

Con 57 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones, el Legislativo admitió el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 618, 6080, 7771 y 8166 que propone modificar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los menores de edad como sujetos imputables dentro del sistema penal.

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendarios.

El parlamentario Alejandro Muñante, uno de los autores de la iniciativa, señaló durante el debate que cuando un menor de 16 o 17 años comete un delito como sicariato, extorsión u homicidio calificado, es simplemente sancionado como un infractor de la ley penal.

“Se le da el mismo tratamiento de un niño y eso lo que conlleva a que sean internados en centros de rehabilitación juveniles […] Somos casi uno de los pocos países de la región que no tenemos una sanción ejemplar para menores que cometan delitos graves”, indicó.

Adoptando una postura diferente, el congresista Carlos Zeballos señaló que se debe impulsar reformas “que garanticen la reinserción de nuestros jóvenes”.

“La incorporación de adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal es una decisión que nos exige actuar con responsabilidad. No se trata solo de aprobar leyes, sino de garantizar el proceso de rehabilitación”, sostuvo en su cuenta de X.

A su turno, la legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino, señaló que la necesidad de aprobarse la citada iniciativa es por la falta de presencia del Estado en la educación. “Necesitamos fortalecer los centros comunitarios de salud mental y más profesionales para atender a los adolescentes”, dijo.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, lanzó una afrenta pública y afirmó que no renunciará a su cargo, con el pretexto que existe un grupo de “anarquistas” que utilizan el tema de la inseguridad ciudadana para presionarla y exigir su salida del poder.

Durante la ceremonia de entrega de resoluciones de nombramiento al personal asistencial del Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos y Unidades Ejecutoras la jefa de Estado, Boluarte Zegarra, aseguró que se quedará hasta el 28 de julio del 2026, fecha en que culmina su período presidencial; pese a que, según la última encuesta de Datum, su mandato presidencial alcanzó el 92 % de desaprobación.

“Jamás nos verán claudicar, aunque hay un grupito por ahí que ya está en campaña. Quieren empujar este tema de la criminalidad para ver cuándo Dina renuncia. Hoy, delante de ustedes, delante de todo el personal de salud les decimos a ese grupo anarquista que quiere quebrar el estado de derecho y la democracia, que no voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú”, señaló.

Dina Boluarte ‘patinó’ al decir que no suelten al criminal del ‘Tren de Aragua’

En otro momento, la mandataria demostró que anda desconectada de la realidad y que no se mantiene informada, porque, si bien celebró la labor de la Policía Nacional afirmando que mientras ellos capturan delincuentes y desarticulan bandas criminales, en el Ministerio Público se encargan de liberarlos, y pidió que no suelten a Ángel García Hernández, alias “Barbas”, feroz sicario venezolano del ‘Tren de Aragua’ que será juzgado en Chile por ser responsable de una masacre al norte de Santiago. No obstante, Boluarte hizo el pedido sin saber que dicho criminal ya había sido expulsado al país del sur a primera hora de la mañana.

“Se ha capturado al brazo armado de la organización criminal ‘El Tren de Aragua’, ojalá no lo suelten los del Ministerio Público”, aseveró sin estar informada.

@limagristv Presidenta Dina Boluarte: "No voy a renunciar y aquí me quedo hasta el 2026". #noticiasperu #limagris #fyp #viral #parati #dinaboluarte ♬ sonido original – LimaGris

En medio del malestar e indignación de la ciudadanía por el ineficaz manejo de la lucha contra la delincuencia de parte del gobierno, el congresista Elías Varas Meléndez de la bancada Perú Bicentenario, ha presentado una denuncia constitucional en el Parlamento contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez por haber incurrido en infracción a la Constitución, al evidenciar una presunta inacción de su gestión, frente a la inseguridad que atraviesa el país.

El legislador fundamenta que Santiváñez no habría cumplido sus deberes de hacer efectiva la seguridad y protección de todos los peruanos, generando que la delincuencia gane terreno y se incremente a través de las extorsiones que vienen en aumento. En tal sentido, por no haber tomado decisiones rápidas y acertadas, y por su falta de lucha contra la delincuencia, pide que además se le imponga la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años.

Asimismo, Varas remarcó: “Dado que nuestro país vive un tema de inseguridad y a la fecha no se han tomado las decisiones por parte del Ejecutivo y el Congreso y en aras de hacer cumplir mi responsabilidad como congresista, he formulado una denuncia constitucional contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez”.

Finalmente, Elías Varas cuestionó que la última moción de censura contra Juan José Santiváñez no haya prosperado en el Congreso y acusó directamente que agrupaciones políticas como Fuerza Popular bloquearon dicha moción y pidió que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revise el caso.

Hasta hace muy pocos años Chile tenía un gasto en defensa de aproximadamente más de 5 mil millones de dólares anuales, sin embargo, los últimos dos años el monto se ha reducido a la mitad. Perú se encuentra para 2025 en casi una situación de paridad de gasto frente a su vecino del sur.

Gasto en defensa de Perú

Para el próximo año 2025, el Proyecto de la Ley de Endeudamiento del 2025, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República del Perú para su debate y aprobación a más tardar a fines de noviembre próximo, contemplará un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Sector Defensa cifrado en aproximadamente unos 8,402 millones de soles, que equivalen, a aproximadamente 2.217 millones de dólares.

Hay que recordar que el Presupuesto Nacional peruano alcanzaría un monto de poco más de 67.146 millones de dólares, comparativamente el gasto en Defensa apenas equivale a un  1% del Producto Bruto Interno (PBI) y representa apenas un ínfimo incremento de 2,8%, es decir unos 63,3 millones, en comparación al año 2023.

Gasto en Chile

Mientras tanto tren al sur, Chile ha caído en picada en su gasto de defensa, se asignará para el 2025 un monto de 2.532 millones de dólares a las FFAA, esto según el proyecto de Ley de Presupuestos 2025.

En el caso peruano como bien menciona el congresista Chiabra, la transferencia de recursos para esos programas corre, de acuerdo, por cuenta del Fondo de Defensa, que se nutre de las regalías generadas por los Lotes 56 y 88 de Camisea. Es decir, el dinero le viene del gas, mientras en Chile tradicionalmente ha venido del cobre, siendo Chile uno de los mayores exportadores de cobre en el mundo. Ahora bien, algo ocurre en Chile que se puede estimar como una oportunidad para Perú en la búsqueda de un equilibrio estratégico en cuanto a defensa. Por primera vez en más de cuarenta años, Chile ya no estará adelante en gasto de defensa.

Según el diario La Segunda de Chile, el gobierno de Boric por segundo año consecutivo quiere congelar de los fondos que reemplazaron la ley reservada del cobre, las cuales financian las grandes compras y la operatividad de la maquinaria militar.

Recientemente se ha informado que Chile asignará 2.532 millones de dólares a las FFAA en el proyecto de Ley de Presupuestos 2025. Esto es menos de la mitad de los fondos que recibía en 2019.

Entretanto Chile se estanca en el gasto, Argentina anuncia su rearme y Perú la compra de una flota de aviones. La situación podría cambiar en Chile solo a partir de un próximo gobierno de distinto espíritu del actual. De momento hasta que culmine la administración de Boric, el panorama de defensa en Chile no mejorará, y Perú dependiendo cómo y quién gobierne el próximo año, podría aprovechar la ventaja que se le abre para empezar a buscar el equilibrio estratégico.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, se refirió a la modificación en ley que introduce el término “criminalidad sistemática” y que ayer fue aprobada por el Congreso, advirtiendo que a pesar que el Ejecutivo propuso la figura de “terrorismo urbano”, en el Legislativo le cambiaron la nomenclatura a dicho proyecto. No obstante, a pesar de esta diferencia en la nomenclatura, destacó la importancia de contar con un marco jurídico claro definido que permita a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuar con eficacia ante la criminalidad que enfrenta el país.  

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo aún no ha realizado un análisis profundo del texto aprobado, pero se ha comprometido a revisarlo junto con el Ministerio de Justicia y otros sectores involucrados y añadió que el proyecto aún se encuentra en su primera votación, y en una segunda votación se podrían introducir cambios o mejoras. Sin embargo, reconoció que hay áreas que podrían mejorar y que esperan tener la oportunidad de hacerlo antes de la segunda votación.

¡Increíble! Adrianzén asegura que están cumpliendo todas las promesas

Finalmente, el premier anunció a los medios que desde el Ejecutivo se están cumpliendo todas las promesas hechas en materia de seguridad, como la creación de un grupo especial de intervención, la apertura de una línea para denuncias de extorsión, intervenciones en penales y la asignación de más recursos para infraestructura carcelaria, además de incrementar la presencia de policías y militares en las calles. 

Los acosadores de menores de edad estarán con las horas contadas, porque hoy el Pleno del Congreso acaba de aprobar el texto sustitutorio que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el fin de cautelar la integridad sexual de los menores de edad y castigar con cárcel a los futuros acosadores. Asimismo, el proyecto de ley fue exonerado de una segunda votación con 94 votos a favor.

Tal como se especifica en el artículo 1° en el que se modifica el segundo párrafo del artículo 176-B del Código Penal, Decreto Legislativo 635°, estableciendo que la pena por acoso sexual se aplicará de igual forma a quien realice dicha conducta utilizando cualquier tecnología de la información o comunicación, así como cualquier otro medio tecnológico.

Asimismo, el artículo 3° propone incorporar el artículo 176-D al Código Penal, referente al acoso sexual a menores de 14 años, con el siguiente texto:

“El que de cualquier forma vigile, persiga, acose o busque establecer contacto o cercanía con un menor de hasta 14 años con el fin de llevar a cabo actos de connotación sexual será reprimido con una pena privativa de libertad de no menor de seis, ni mayor de nueve años. Asimismo, se establece que el infractor será inhabilitado conforme a lo dispuesto en los numerales 5, 9, 10 y 11 del artículo 36°”. Esta misma pena será aplicada a quienes realicen estas conductas utilizando cualquier tecnología de la información o comunicación.

Por su parte, el congresista Isaac Mita Alanoca de Perú Libre, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló que la propuesta busca establecer un marco legal que garantice la protección de los menores de edad frente a delitos sexuales.

“La modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal no solo se centra en la tipificación del acoso sexual, sino también en la creación de procedimientos más ágiles que permitan una respuesta judicial más rápida y efectiva”, señaló.

Asimismo, la congresista Diana Gonzales Delgado de Avanza País, autora del Proyecto de Ley y 7760/2021, aseguró que su iniciativa legislativa incorpora el artículo 176-B al Código Penal para crear el delito de acoso sexual a menores de 14 años.

“Aunque pueda parecer sorprendente, en la actualidad el acoso sexual contra menores de 14 años en nuestro país no está penado”, y añadió que la iniciativa legislativa surgió durante una de las sesiones del grupo multipartidario de su región, Arequipa, en la semana de representación.

“En esa ocasión, el presidente de la Corte Superior de Arequipa nos indicó que la actual tipificación del delito de acoso sexual requiere la negativa de consentimiento por parte de las víctimas, lo que excluye los casos en los que la víctima es menor de 14 años. Este vacío legal está impidiendo que se condene a quienes atentan de esta manera contra los niños”, concluyó la legisladora Gonzales Delgado.