En un preocupante gesto de continuidad política y administrativa, la actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga Peña, ha trasladado a su portafolio a dos funcionarios de su entorno más cercano durante su paso por el Ministerio de Cultura (Mincul), a pesar que ambos cargan con serios cuestionamientos.

Del Mincul al Midis: reciclaje de confianza

El primer funcionario reciclado es Willman Ardiles Alcázar. En un movimiento que buscó tal vez pasar desapercibido, Ardiles Alcázar fue primero designado como Coordinador Técnico del programa alimentario escolar ‘Wasi Mikuna’. Sin embargo, solo un mes después, el 12 de mayo de 2025, fue ascendido a Director Ejecutivo del mismo programa mediante la Resolución Ministerial N° D000137-2025-Midis. Esta designación fue firmada nada menos que por la ministra Urteaga Peña, quien premió así la “trayectoria” de su excolaborador.

Por su parte, Joanna Fischer Battistini, la segunda reciclada, también ha sido estratégicamente reubicada en el Midis. Primero ingresó como asesora de SERVIR en la Secretaría General, y luego, mediante la Resolución Ministerial N° D000118-2025-Midis, fue promovida por Urteaga Peña, a Jefa del Gabinete de Asesores del despacho ministerial. Un cargo clave, considerando su papel de confianza directa con la ministra.

Lo más alarmante es que no se trata de nombramientos neutros: ambos funcionarios han estado rodeados de escándalos y denuncias durante su paso por el aparato público, y Urteaga ha optado por traerlos de vuelta al ruedo, dándoles mayor poder.

Willman Ardiles y la impunidad en la Huaca La Mariposa

Durante la gestión del exministro de Cultura Alejandro Neyra, el 8 de junio del 2020, Willman Ardiles Alcázar fue promovido a Director General de la Dirección de Defensa del Patrimonio Cultural, con el aval y respaldo de la entonces viceministra de Patrimonio Cultural, Leslie Urteaga Peña.

Este nombramiento no pasó desapercibido. Ardiles Alcázar fue parte de un escandaloso caso en Piura, donde su intervención como funcionario del Mincul terminó favoreciendo a intereses privados. En 2019, la Municipalidad Provincial de Sullana denunció ante el Ministerio de Cultura que funcionarios, entre ellos Ardiles Alcázar, actuaron para validar la construcción de una torre eléctrica dentro de la zona intangible de la Huaca La Mariposa y la Casa Hacienda Sojo. Esto pese a la existencia de planos de delimitación legalmente aprobados que declaraban inviolables dichas áreas arqueológicas.

Ardiles incluso viajó a la zona el 14 de mayo de 2019 para realizar una inspección ocular. Sin embargo, lejos de actuar en defensa del patrimonio, presentó planos sin valor legal para justificar la obra de la empresa Red de Energía del Perú (RED) y Negocios Metalúrgicos SAC (NEI/IECSA). Es decir, la inspección fue utilizada como instrumento de legitimación de una infracción, no para sancionarla.

El rol del entonces procurador del Mincul, Henmer Alva Neyra, también fue cuestionado. Todos estos funcionarios, según denuncias públicas, actuaron bajo la influencia de la entonces viceministra Leslie Urteaga, hoy ministra del Midis.

Prensa local como medios piuranos evidenció la gravedad de lo sucedido, mostrando fotografías de la visita de Ardiles y denunciando el atentado contra el patrimonio cultural. Pese a las denuncias, ninguno de los responsables fue sancionado. Por el contrario, hoy varios ocupan cargos más altos, como si su historial no pesara.

Joanna Fischer y el caso SENACE

Joanna Fischer Battistini tiene un historial igualmente cuestionado. El 19 de junio de 2024, Leslie Urteaga la designó como asesora de la Secretaría General en el Ministerio de Cultura, a través de la Resolución Ministerial N° 000239-2024-MC. Ya entonces, su nombre estaba manchado por denuncias serias relacionadas con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), donde se desempeñó como gerenta general.

Fischer Battistini tuvo que renunciar el 8 de noviembre de 2023, luego de que el programa «ATV Noticias» difundiera audios en los que se la escucha presionando a su equipo técnico para aprobar de manera exprés un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Compañía Minera Ares. La intención era acelerar la segunda modificación del EIA del proyecto minero Inmaculada, sin tomar en cuenta observaciones ambientales clave.

Días antes, la entonces viceministra de Gestión Ambiental, Giuliana Becerra Celis, ya había señalado irregularidades graves en el proceso. Becerra Celis renunció el 19 de octubre de 2023 por dignidad, denunciando presiones desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entonces dirigida por Alberto Otárola, y del propio Ministerio del Ambiente (Minam), entonces liderado por Albina Ruiz Ríos. En aquel tiempo, la extitular del Minam, Ruiz Ríos le increpaba a Becerra Celis que su trabajo incomodaba al sector Ambiente.

Varias semanas anteriores, Giuliana Becerra Celis reveló que estaba investigando posibles anomalías en la certificación ambiental del proyecto minero de Ares, avalado durante la administración de Joanna Fischer Battistini. Luego envió una carta al Congreso dirigida a su entonces presidente, el legislador Alejandro Soto, pidiendo que los hechos denunciados se esclarezcan por el bien del país, aclarando que el servicio público es para la nación y no para beneficios personales.

En la misma carta, Giuliana Becerra Celis le indicó al entonces titular del Parlamento, que la exministra del Ambiente Albina Ruiz se reunió con Joanna Fischer Battistini y con la entonces secretaria general del Minam—la cercana de Martín Vizcarra— Rocío Barrios Alvarado, justo antes que decidiera pedirle que renuncie. 

Asimismo, el 21 de octubre, también presentó su renuncia Nancy Chauca, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. Ambas coincidieron en denunciar que el servicio público no debía estar al servicio de intereses privados.

Se premia a los cuestionados

El denominador común en estos nombramientos no es la eficiencia técnica ni los méritos profesionales: es la cercanía con Leslie Urteaga Peña. Lo que desconcierta no es solo el reciclaje de figuras con antecedentes graves, sino la normalización de ese patrón de conducta dentro del Estado.

¿Puede una gestión de inclusión social funcionar con un equipo técnico ligado a escándalos relacionados con el patrimonio y el medio ambiente? ¿Puede el Midis liderar políticas en favor de los más vulnerables mientras se otorgan altos cargos a funcionarios que han sido señalados por favorecer intereses privados?

La estrategia de Leslie Urteaga parece clara: rodearse de su círculo de confianza, aún si ello significa arrastrar cuestionamientos previos y debilitar la institucionalidad de sectores sensibles. El Midis, por su naturaleza, requiere de transparencia, compromiso social y una ética intachable. Lamentablemente, las recientes designaciones van en dirección contraria.

Hasta la fecha ni la ministra Urteaga Peña ni los funcionarios designados han ofrecido una explicación pública sobre las razones de estos nombramientos. Tampoco se ha abierto alguna investigación o medida preventiva desde la Contraloría General de la República, pese a los antecedentes conocidos.

Uno sale a la calle y toma su bus con dirección a su trabajo o estudio. Puede subirse en cualquier lado, ya sea a mitad de la pista, obstaculizando el tránsito, o en cualquier otro lado que le plazca al chofer. Se sube a un vehículo destartalado y con un rosario de papeletas. Todos se preguntan ¿cómo así puede circular?, si ni siquiera cuenta con placa o las luces completas.

La cúster pasa a toda velocidad esquivando los demás automóviles, mientras que el cobrador se cuelga de la puerta. Afuera, una policía de tránsito lo deja pasar para evitarse la molestia de intervenirlo. Aquí no pasó nada a pesar de que existe una multa equivalente a S/412 y la reducción de 20 puntos al récord del conductor.

Una madre de familia sale muy temprano al mercado, llevándose la basura de su casa consigo a la calle. Cruza la pista y la deja en la ciclovía que está en la avenida. Para ella eso está normalizado porque piensa que si todos los demás lo hacen, por qué ella no. Lo que ignora o prefiere ignorar es que cada municipalidad cuenta con ordenanzas que prohíben arrojar cualquier tipo de basura o residuos a la calle, a no ser que sea la hora en que pasa el camión recolector.

El padre ejemplar en su trabajo sale de su vivienda muy apurado para llegar a tiempo a una reunión importante. Cuadras más abajo es intervenido por un efectivo de tránsito que lo detiene por ir a excesiva velocidad; le ordena que se orille y le pide sus documentos. El mal conductor le pide para ‘arreglar’, a lo cual en un principio el policía no accede, pero luego reconsidera su postura y le pide un poco más. El apurado conductor desliza entre los papeles un billete de 50 soles y se va como si nada. Llega a su reunión adoptando una postura seria y solemne, exigiendo el respeto requerido de los presentes que no están al tanto de las argucias del sujeto.

Un delincuente es arrestado por robo a mano armada en flagrancia. Muchos testigos lo ven y no cabe duda de que él es el culpable. El agraviado presenta la denuncia y espera con calma el proceso judicial, confiado en que lo verá dentro de poco en prisión, pero a las semanas el ladrón es puesto en libertad. ¿Qué pasó en el intermedio? Su abogado sostuvo una reunión con el juez de su caso a puertas cerradas. El resultado, como muchos en la vida real, es el mismo.

Una reconocida constructora quiere levantar un nuevo edificio, pero se da con la mala noticia de que la zona permite a lo mucho tres pisos. Para ello alistan a su bufete de abogados para iniciar las conversaciones con la municipalidad de turno. Reuniones por aquí, correos electrónicos por allá y en cuestión de semana se modifica la zonificación a pesar de la incomodidad de los residentes que ven cómo se eleva una torre de diez pisos frente a sus viviendas. Meses después el alcalde, acabada su gestión, se aleja por unos meses del ambiente político, pero con su patrimonio considerablemente incrementado. ¿Les es parecida esa historia?

Así uno puede continuar con los casos, pero la idea ya se entiende a la perfección. ¿De qué sirven tantas leyes si nadie las va a respetar? La respuesta en ningún sentido es que no vivamos en una sociedad carente de normas, sino que las mismas muchas veces resultan ineficaces o que son torcidas por personas corruptas. Entonces, ¿sacar más leyes o mejorar como personas? Me parece que la verdadera solución a este pandemonio que vive el Perú es empezar por uno mismo y no echarle la culpa cada cinco años a los gobernantes.

El pasado miércoles 14 de mayo la presidenta Dina Boluarte designó como su nuevo primer ministro al abogado Eduardo Arana Melchor, tras la salida obligada de Gustavo Adrianzén, esto luego que se conociera dentro de Palacio que su moción de censura era inevitable.

Arana Melchor, quien se desempeñaba como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjudh) solo un día atrás, lleva una oscura estela que lo viene persiguiendo desde el año 2018, vinculándolo con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. En estricto, el nuevo premier de Boluarte tendría un audio con el exjuez Walter Ríos, donde le habría solicitado al segundo que intervenga ante un juez para que retrase la ejecución de una sentencia en un proceso judicial que le interesaba a Arana. El caso sigue en investigación.

Ya durante el gobierno de Dina Boluarte, esta lo nombró ministro de Justicia del 6 de setiembre del 2023 al 13 de mayo del año en curso.

Ahora bien, el premier Arana no podía ingresar solo a la Presidencial del Consejo de Ministros (PCM), sino que habría seleccionado material humano de su plena confianza. Es así que esta mañana, en el diario oficial El Peruano se publicó la designación del abogado sanmarquino Manuel Augusto Pando Sánchez como Asesor de Alta Dirección del Despacho de la PCM, de acuerdo a la Resolución Ministerial n.° 113-2025-PCM.

Cabe mencionar que Pando Sánchez llegó a trabajar en la Dirección Regional de Salud del Callao –DIRESA Callao hasta el 1 de diciembre del 2020, momento en el cual presentó su renuncia voluntaria. Asimismo, laboró en el Minjush como consultor FAG en el despacho ministerial, según consta en su contrato de locación de servicios 013-2023 JUS/FAG.

Realizando una consulta rápida en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Pando Sánchez figura en la actualidad como no afiliado a ningún partido; sin embargo, perteneció al Partido Aprista Peruano (APRA) hasta mayo del 2016.

En tanto, la también abogada Pierina Narelle Chávez Vásquez fue designada como Asesora de Alta Dirección de la Secretaría General de la PCM, de acuerdo a la Resolución Ministerial n.° 115-2025-PCM, firmada por el titular de Justicia.

Previamente, trabajó en el Minjusdh como consultora FAG tal como se muestra en su contrato de locación de servicios 001-2024 JUS/FAG.

Realizando la misma consulta al JNE, la abogada no está afiliada a ningún partido político.

Un dato importante a resaltar es que ambos asesores trabajaron durante el periodo en que Arana Melchor estaba de ministro de Justicia, ambos como consultores FAG, es decir, son contratadas por el gobierno, pero no están sujetas a concursos públicos.

El dato:

Un asesor del Despacho de la PCM bajo la modalidad FAG puede llegar a ganar hasta S/25,000.

El programa Wasi Mikuna, impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), atraviesa actualmente una etapa de profunda incertidumbre institucional. Según fuentes del propio ministerio, se estaría ejecutando una tercera entrega de productos alimentarios a instituciones educativas públicas del país, e incluso ya se habría comunicado a los directores sobre dicha distribución.

Señora ministra, ¿dónde está el sustento técnico y legal que autoriza esta entrega, considerando que el programa fue declarado extinguido? ¿Cuál es la lista de proveedores involucrados en esta tercera entrega?

Durante su interpelación del 3 de mayo de 2025 ante el Congreso de la República, la ministra Leslie Urteaga afirmó:

“Las empresas que alguna vez pusieron en riesgo la salud de nuestros niños no podrán regresar bajo otro nombre ni disfrazarse. Vamos a cerrar esa puerta de forma definitiva, implementando más controles”.

Entonces, ¿por qué, hasta la fecha, no se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores contra los proveedores que distribuyeron productos cuestionados? E incluso, al referirse a la decisión de cerrar el programa, agregó:

“Por eso extinguimos un modelo opaco, ineficiente y deslegitimado para dar paso a una reforma estructural respaldada por todo el Poder Ejecutivo”.

Ministra continúa con Wasi Mikuna.

Sin embargo, tales afirmaciones contrastan con la falta de información clara sobre quiénes serán los nuevos proveedores y si los actuales procesos de contratación están o no repitiendo a los actores previamente cuestionados. Las palabras deben traducirse en hechos verificables.

Más aún, esta nueva entrega resulta sorprendente, si se considera que mediante el Decreto Supremo N.º 006-2025-MIDIS se aprobó la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, se declaró en emergencia el servicio alimentario escolar y se dictaron medidas urgentes para su reorganización.

A este escenario se suma un hecho revelador: la renuncia de la directora ejecutiva Nadya Villavicencio, junto con otros tres altos funcionarios del programa, quienes decidieron apartarse del cargo por discrepancias con la titular del MIDIS, Leslie Urteaga, luego de la suspensión de alimentos a escolares. Esta dimisión colectiva, ocurrida en medio del proceso de reestructuración, agudiza la percepción de crisis y descoordinación en la conducción del programa.

Nadya Villavicencio.

Según lo informado por Diario Uno, los funcionarios habrían manifestado su desacuerdo con ciertas decisiones estratégicas tomadas por la ministra, lo que refuerza la necesidad de mayor claridad en los lineamientos de ejecución.

Como también señaló la ministra en su interpelación:

“Como se ha venido señalando, queremos resaltar que a nivel nacional esta gestión tomó la decisión drástica de suspender el consumo de todos los enlatados de pescado, pavo y pollo correspondientes a la primera y segunda entrega del Servicio Alimentario Escolar”.

Antes de su salida, Villavicencio suscribió una disposición clave. El 8 de abril de 2025, mediante un documento dirigido a la jefa de Supervisión del programa, Florita Ysabel Chavezarroyo Mauricio, ordenó la suspensión inmediata del uso y consumo de conservas hidrobiológicas y de carne de ave (pollo y pavita) correspondientes a la primera y segunda entrega del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en todas las Unidades Territoriales. La medida se fundamentó en la necesidad de proteger la salud e integridad de los usuarios del programa, disponiendo además la ejecución de vigilancia, supervisión y análisis técnico de los productos no consumidos, advirtiendo que su cumplimiento era obligatorio y bajo responsabilidad funcional.

Frente a esta disposición técnica y preventiva, surgen interrogantes legítimas que aún no han sido resueltas por el ministerio: ¿Qué se hizo finalmente con los productos suspendidos? ¿Cuáles son los protocolos para dar de baja esos insumos de la primera y segunda entrega?  ¿O es que las adjudicaciones para la tercera entrega, iniciadas en marzo, se están ejecutando con los mismos proveedores?

Estas preguntas no son menores, ya que revelan una preocupante falta de transparencia y comunicación institucional. Mientras tanto, los estudiantes permanecen en la incertidumbre y expuestos a riesgos como los ocurridos en Piura y Amazonas, que derivaron en la interpelación de la ministra, quien estuvo cerca de sufrir una segunda censura.

A pesar del anuncio de extinción, el 12 de mayo de 2025, mediante Resolución Ministerial N.º D000137-2025-MIDIS, el MIDIS designó temporalmente al señor Willman John Ardiles Alcázar como Director Ejecutivo del Programa Wasi Mikuna, en adición a sus funciones como Coordinador Técnico, hasta la designación del nuevo titular. Esta designación, en un contexto de crisis, sin publicación de nuevos lineamientos operativos ni actualización del marco normativo, refuerza la percepción de improvisación administrativa.

Willman John Ardiles Alcázar es un cuestionado funcionario que salió del Ministerio de Cultura tras escandalosos informes de Contraloría. Estuvo en el Mincul durante la gestión del exministro de Vizcarra, Alejandro Neyra y Leslie Urteaga.

Si el programa ha sido declarado extinguido y se ha planteado la necesidad de replantear su operatividad, ¿cómo se explica la continuidad de entregas sin que, hasta la fecha, se haya publicado una actualización de los protocolos técnicos ni un comunicado oficial que esclarezca el marco normativo vigente?

La ciudadanía merece explicaciones claras, decisiones coherentes y una gestión transparente, especialmente cuando se trata de políticas públicas que afectan directamente a la salud y bienestar de nuestros escolares.

Durante el gobierno del vacado expresidente Martín Vizcarra, allá en el 2018, Juan José Santiváñez Antúnez, abogado de profesión, se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (Mininter) hasta marzo del año 2020 cuando se reveló que había defendido a varios policías acusados de corrupción y extorsión.

Cuatro años después, en abril, volvió a trabajar en el Estado esta vez como viceministro de Orden Interno del Mininter, ya durante el mandato de Dina Boluarte; un mes después la mandataria lo nombraría como titular de dicha cartera tras la salida de Walter Ortiz. Hasta el momento, Santiváñez ha sido el ministro que se ha mantenido más tiempo en dicho portafolio (11 meses, del 16 de abril del 2024 al 21 de marzo del 2025) hasta que el Congreso votó a favor de su censura.

Desde ese entonces, Santiváñez se ha mantenido siempre dentro de la órbita de la jefa de Estado, es así que el pasado 17 de abril fue designado por la mandataria como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, ganando por ello la suma de 17,568 soles, según resolución n.° 024-2025-DP/SGDP. Ese despacho tiene como objetivo principal asesorar y centralizar información clave proveniente del Ejecutivo, otros poderes del Estado y diversas instituciones. Un puesto hecho como anillo al dedo para el ferviente exministro defensor de Boluarte.

Sin embargo, eso no es todo. El 6 de mayo del año en curso, el abogado penalista ocupa un nuevo cargo dentro su ministerio preferido, siendo designado como parte del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), de acuerdo a la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN, firmada por Dina Boluarte y el entonces titular del Interior Julio Díaz Zulueta.

Cabe precisar que Santiváñez no percibe doble remuneración. Por su cargo en el Despacho Presidencial gana 17,658 soles y en la Sucamec percibe dietas correspondientes a cada sesión del Consejo Directivo.

Es así que cuestionado exministro ahora ya no necesita exponer su rostro ante la atenta mirada de la prensa, sino que permanece, por decirlo de alguna manera, un paso atrás de la jefa de Estado, ni tan cerca ni tan lejos, esperando el momento oportuno para dar su punto de vista en algún tema coyuntural o para mover sus hilos dentro de la Policía. En tanto, la mandataria no se cansa de defender a uno de sus ‘soldados’ más leales, apuntando el dedo contra esos “enemigos de la patria” o esa “fuerza oscura” de los “caviares” que solo quieren ver en el suelo a ella y todos sus ministros.

El jueves 15 de mayo, más de 140 alcaldes distritales, provenientes de recónditos lugares de Puno, La Libertad, Cusco, o Apurímac, tuvieron que viajar alrededor de 24 horas o más hacia la capital para asistir de manera presencial a Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte y firmar un convenio a favor de sus distritos; en caso de no hacerlo o no asistir, tal beneficio del Estado les sería rechazado.

Es así que 144 alcaldes se vieron forzados a venir a Lima, gastando su tiempo y dinero (dinero que le es escaso porque sus distritos se encuentran en pobreza extrema) para satisfacer los caprichos de la mandataria, así lo reveló este último domingo el dominical ‘Punto Final’.

Es bien conocido que la jefa de Estado lo que le sobra en cirugías le falta en aprobación, y durante la firma del convenio del programa Llamkasun Perú (Trabaja Perú) quiso tomarse una fotografía institucional junto a los burgomaestres para demostrar que ese centenar de autoridades la vienen apoyando. Nada más alejado de la realidad.

En el reportaje del citado medio se indica que esos acuerdos bien podían celebrarse en las oficinas regionales del programa, pero este año se les exigió la presencia de todos los alcaldes distritales para complacer a la mandataria.

“Imagínese que tenemos que venir para poder firmar cuando se puede hacer en el mismo Huánuco. Si no vengo, se pierde todo. Uno viaja pudiendo perder la vida. Además, la parte económica ¿quién subvenciona? Yo vengo de un distrito pobre que está en último lugar en la crisis estructural”, manifestó uno de los indignados alcaldes distritales de Huánuco que para colmó llegó tarde a la ceremonia debido al terrible tráfico vehicular.

Lo peor de todo es que esos papeles que les hicieron firmar a los alcaldes en Palacio de Gobierno carecen de validez porque solo se trata de escaneos; los documentos oficiales ya habían sido firmados con días de anticipación, pero la presidenta Boluarte quería hacerlos venir de tan lejos para crear la impresión de que todos ellos la estaban apoyando.

El dato:

La jefa del programa Llamkasun Perú es Jessica Tumi, y es militante del partido Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña. Cuando se le preguntó el verdadero motivo de la presencia de todos esos alcaldes contestó que se trataba de “proyectos de inversión” y que la invitación no era obligatoria.

Se salió con la suya. Mientras millones de peruanos aún dormían, a primeras horas del último domingo se realizó la misa de inicio del pontificado de León XIV. En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, cientos de autoridades eclesiásticas, reyes, políticos, y familiares del santo padre acudieron para ver la entronización del papa.

Entre los asistentes se encontraba la presidente de la República, Dina Boluarte, quien fue acompañada de una delegación de tres personas que le costó a todos los peruanos US$ 17,613.58, todo para que la jefa de Estado consiga posar junto al sumo pontífice por un corto tiempo.

Desde la cuenta oficial de Presidencia del Perú se describió el momento entre Boluarte con el papa León XIV como una “audiencia extraordinaria”, pero se trató de un encuentro tal vez forzado por la mandataria con el papa, pues las reuniones oficiales suelen realizarse en el despacho papal.

Ya en la misa para la entronización del papa, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” pasó a saludarlo junto a las demás autoridades. En algunos casos, el papa se mostraba más emocionado de recibir a sus familiares y algunos mandatarios, a los cuales les daba un fuerte apretón de manos, una cálida sonrisa y hasta un abrazo reconfortante; pero con la mandataria peruana fue un saludo distante y meramente protocolar, tal vez recordando que las manos de la chalhuanquina se encuentran manchadas de sangre por las muertes durante las protestas, así como por no hacer nada para evitar las matanzas en las minas de La Libertad y Arequipa; en cambio, Boluarte Zegarra sostenía fuertemente la mano del papa, como queriendo prolongar más de lo debido el encuentro.

Cuesta creer que Boluarte y su delegación viajaron al Vaticano solo para forzar una instantánea con el papa peruano-estadounidense, como intentando buscar la validación ‘sagrada’ de la figura más importante hacia la mandataria, tal vez tratando así de subirle su aprobación que ahora bordea el 2 %, según la última encuesta de Datum.

Ni siquiera en ciudad del Vaticano la presidenta peruana se le ablandó el corazón teniendo la deferencia de responder las preguntas de la prensa nacional, y como de costumbre pasó de largo hacia su vehículo.

Mientras el discurso oficial celebra la “transición energética” y el impulso a las energías renovables (RER) en el Perú, lo que no se menciona con la misma claridad es quién está detrás de esa inversión y cuáles podrían ser sus verdaderas implicancias. La reciente aprobación de una adenda que eleva a casi 500 millones de dólares la inversión de la empresa china Hydro Global Perú —socia de China Three Gorges— en la central hidroeléctrica San Gabán III, revela cómo el lobby energético chino avanza a paso firme bajo el manto de la sostenibilidad.

Se consuma lobby chino

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, ha saludado la participación china en estos proyectos, destacando el supuesto potencial del país en energías limpias (RER), como el Hidrógeno Verde. Pero más allá del entusiasmo por captar capital foráneo, surgen serias dudas sobre el verdadero beneficio de este tipo de inversiones para el Perú.

La Resolución Ministerial Nº 480-2024-MINEM/DM, refrendada por el ministro Montero Cornejo, establece que, con fecha 12 de diciembre de 2024, se culminó la suscripción de la segunda adenda de modificación del contrato de inversión tras gestiones realizadas entre la empresa concesionaria y ProInversión.

San Gabán III es presentado como un símbolo de progreso y cooperación bilateral. Sin embargo, poco se dice sobre el impacto ambiental de construir una hidroeléctrica de 205.8 megavatios en una zona rica en biodiversidad como Carabaya, Puno. Tampoco se discute con suficiente profundidad la pérdida de soberanía energética cuando un país extranjero —con intereses geoestratégicos claros como China— controla buena parte de la generación eléctrica a través de empresas concesionarias.

Por su parte, Zhu Hongbing, presidente internacional de China Three Gorges, socia de Hydro Global, afirmó que continuarán invirtiendo en proyectos eléctricos, basados en fuentes limpias, promoviendo el uso de energía sostenible para la población, siendo el Perú, el país donde ejecutarán la mayor inversión.

“San Gabán III es el fruto del memorándum energético firmado entre China y Perú, lo que fortalece las relaciones bilaterales entre ambos países y contribuye a la creación de empleo local, dinamizando su economía y aportando conocimientos en nuevas tecnologías”, expresó el empresario asiático Zhu Hongbing.

La llamada “energía verde” se convierte así en una etiqueta políticamente correcta para justificar megaproyectos que, aunque no queman combustibles fósiles, sí generan impactos sociales, alteraciones en los ecosistemas y dependencia tecnológica. En nombre del desarrollo sostenible, se permiten adendas contractuales, modificaciones de cronogramas y aumentos presupuestarios sin mayor escrutinio público.

La narrativa del “hidrógeno verde” y la inversión en renovables sirve más como un recurso discursivo que como una verdadera política de transformación energética con enfoque descentralizado y equitativo. Mientras las grandes hidroeléctricas reciben toda la atención y el dinero, poco o nada se hace por democratizar el acceso a la energía en comunidades aisladas, ni por fortalecer fuentes renovables de pequeña escala que podrían empoderar a la ciudadanía y reducir conflictos sociales.

Detrás del discurso limpio de las RER, a la que se sumaron algunos congresistas lobistas y dos exviceministros de Energía y Electricidad, respectivamente, se esconde una realidad compleja donde la sostenibilidad se usa como excusa para beneficiar a grandes corporaciones extranjeras. Y el Perú, una vez más, parece entregarse con los ojos cerrados.