¿Bastará con esta ordenanza para desaparecer el caos que impera en el Centro de Lima? El Consejo Metropolitano aprobó por mayoría la intangibilidad del centro histórico para actividades de almacenamiento y depósito, así como el comercio al por mayor en todas sus modalidades, a fin de reforzar la fiscalización y prohibir la existencia de depósitos ilegales, como el que protagonizó el reciente incendio en Barrios Altos.

La regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Roxana Rocha, encargada de sustentar el proyecto, explicó que la ordenanza prohibirá y revocará la emisión de licencias y autorizaciones en inmuebles que desarrollen dichas actividades de manera clandestina. 

Asimismo, los dueños de estos establecimientos, sean personas naturales o jurídicas, no podrán solicitar ninguna licencia de funcionamiento dentro del ámbito del centro histórico por un plazo de 12 meses contados a partir de la imposición de la sanción.

“Hoy los administrados de los locales no dejan realizar la labor de fiscalización, por ejemplo, si sacan una autorización por licencia de ventas de productos al por menor y lo que realidad están haciendo es un negocio de depósito, el giro se desnaturaliza, y debe ser sancionados”, indicó la funcionaria.

La Gerencia de Fiscalización y Control de la MML podrá emplear los mecanismos como la colocación de muretes, el tapiado de puertas y/o la soldadura de ventanas y puertas, como medio para efectivizar los actos de coerción o ejecución forzosa.

A partir de la publicación de la ordenanza se suspenderá la recepción de solicitudes y el otorgamiento de licencias de funcionamiento y de edificación por un período de 30 días de los establecimientos ubicados en la cuadra 10 del jirón Junín, la cuadra 1 del jirón Lucanas, la cuadra 11 del jirón Santa Rosa y las cuadras 3 y 4 del jirón Cangallo.

El decreto de alcaldía también resalta que no se admitirán las solicitudes de licencia de funcionamiento en edificaciones antirreglamentarias, ni ningún otro procedimiento administrativo, excepto los orientados a la demolición y/o restitución y/o adecuación.

El pasado domingo, el alfil de Alianza para el Progreso, Segundo Cecilio Acho Mego, fue designado por la presidenta Dina Boluarte en el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud, pese a estar investigado en la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito, malversación de bienes, fraude procesal, concusión, falsificación de documentos y coacción laboral.

Y a pocos días de su gestión, el ginecólogo acaba de designar a César Augusto García Céspedes en el cargo de dirección de Gerente Central, nivel Ejecutivo 2, de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, del Seguro Social de Salud, EsSalud.

Este abogado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega no es nuevo en la administración pública. Y a lo largo de los últimos años se ha desempeñado como director de Recursos Humanos del SIS, así como Subgerente de Recursos Humanos en la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA). Asimismo, como Director II de la Unidad de Gestión del Talento humano e Integridad del Programa Nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer; también fue Jefe de Recursos Humanos en el Midis y Gerente General del Poder Judicial.

Si bien, César Augusto García Céspedes actualmente no es militante de Alianza para el Progreso, ni de otro partido político; según nuestra fuente, el presidente de EsSalud, Acho Mego lo habría incorporado en dicho cargo, porque a través de esa gerencia central, se van a venir una serie de cambios estratégicos en EsSalud, en los cuales, García Céspedes, sería una pieza clave.

En la bajada de Armendáriz una gigantesca grúa ha generado el rechazo y el malestar de transeúntes no solo miraflorinos y barranquinos, sino de la capital, por encontrarse abandonada y varada hace varios meses en el lugar que ya debía haberse inaugurado un puente peatonal que uniría los distritos de Miraflores y Barranco.  

Sin embargo, gracias a la improvisación, esta obra quedó paralizada debido a las disputas y desencuentros entre la Municipalidad de Miraflores liderada por el alcalde de Renovación Popular, Carlos Canales y la compañía INCOT SAC Contratistas Generales.

Entre tanto, y en vista que la enorme estructura metálica se encontraba abandonada, y sin vigilancia, los ladrones ‘hicieron de la suyas’ e ingresaron al proyecto y robaron todo lo que encontraron alrededor de la maquinaria, como cables eléctricos. Incluso siniestraron la cabina de la grúa y luego de ingresar en ella, sustrajeron cámaras y botoneras, así como otros componentes.   

“El día de ayer nos hemos enterado que hemos sido víctimas de un robo en el que personal ajeno a nuestra empresa ha ingresado a nuestra grúa y ha robado prácticamente todos los cables eléctricos a la vista. Esto ha dejado a nuestra grúa totalmente inoperativa y ha generado un daño significativo a la grúa, por lo tanto, a nuestra empresa y a la obra. No solo eso, han abierto la cabina de la grúa y han robado cámaras, botoneras y otros componentes importantes. Aún no hemos determinado el alcance total del daño ocasionado”, se lee en la carta enviada por el apoderado de la empresa Tecnogrúas Perú SAC, Gonzalo Reátegui del Mazo, responsabilizando al municipio miraflorino.

Alcalde Canales canceló contrato y perjudicó a vecinos

Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Municipalidad de Miraflores resolvió el contrato con INCOT S.A.C. Contratistas Generales debido al incumplimiento en la culminación de un puente peatonal en los malecones que uniría a los distritos de Miraflores y Barranco, el cual se denomina: proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”. Sin embargo, INCOT se defendió y le echó la culpa a la subcontratista, la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C. tildándola como la verdadera responsable de la paralización de la obra, por no cumplir con la entrega de la estructura metálica, pese a que estaba pagada en un 95%. E incluso, porque pedían más dinero para cumplir con la entrega.

Por causa de este abandono de la obra, actualmente, en plena temporada de verano, miles de ciudadanos que ingresan al corredor de la Costa Verde sufren una infernal congestión debido al bloqueo de la grúa, sin que las autoridades ediles den una respuesta que indique cuándo se culminará dicha obra. Entre tanto, con este reciente robo, que compromete aún más a la municipalidad de Miraflores, lamentablemente, los plazos de entrega se verán dilatados y es probable que el famoso puente peatonal sea culminado en el siguiente año.

Recuento de votos. El congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, viene solicitando a la Oficialía del Parlamento un “informe detallado” de los votos emitidos durante la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 6341, 7134, 7181 y 7503, las mismas que derogan la Ley 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los bancos.

De acuerdo al legislador Luna Gálvez “se ha duplicado algunos votos orales con lo marcado por el tablero electrónico”, permitiendo que que dichos proyectos continúen su proceso. Con motivo de esa presunta irregularidad, el parlamentario solicita la suspensión del tratamiento de la autógrafa hasta el “esclarecimiento de la voluntad de la representación nacional”.

Los partidos políticos responsables que se ‘tumbe’ la Ley contra la usura bancaria

La aprobación de la derogatoria de la Ley contra la usura bancaria vendría siendo impulsada, según el congresista José Luna Gálvez, por las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, y Perú Libre, los mismos que votaron a favor del texto sustitutorio.

Tras la derogatoria de la Ley 31143 los bancos tendrán plena libertad para subir las tasas de interés por encima del 200 % y de crear comisiones y penalidades sin control del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ni de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

“Son más de 9 millones de usuarios que hoy cuentan con al menos una tarjeta de crédito, o pagan un préstamo o una hipoteca, incluso los que tienen una cuenta de ahorro serán los primeros que sufrirán este golpe, pues los bancos podrán imponer sus nuevas condiciones de inmediato”, sostuvo el líder de Podemos Perú.

El legislador añadió que dicha Ley, aprobada en el año 2021, eliminó los abusos y codicia del oligopolio de cuatro bancos que dominan el mercado financiero, al eliminar comisiones abusivas, penalidades exageradas como el cobro por amortizar una deuda o moras diarias por retrasos en pago de cuotas mensuales.

El cuestionado ‘operador político’ disfrazado de periodista Gustavo Gorriti, durante los últimos años ha detentado una oscura posición de poder que maneja a fiscales supremos y a otros agentes estatales, a través de su ONG IDL-Reporteros, que ha recibido financiamiento millonario no solamente del mayor accionista de Graña & Montero (hoy con el nombre de AENZA, a través de SF Management) la ‘Open Society Foundations’ de George Soros, sino también de la “desactivada” USAID.

Tras la publicación de Diario UNO, basada en la tenaz investigación de Gino Román, surge la pregunta, ¿por qué los traficantes de armas de Israel eligieron a Gustavo Gorriti y su familia para hacer negocios? El caso de Gorriti es más grave de lo que parece, no solo porque miembros de IDL como Gino Costa y Carlos Basombrío fueron ‘colocados’ estratégicamente como ministros del Interior por distintos gobiernos; sino porque implica a un miembro de su familia y a sus amigos más cercanos.

Israelí Leonardo Gleser amigo de Gorriti

Gustavo Gorriti es amigo de Leonardo Gleser, desde hace más de 40 años. Este dizque experto en seguridad es un ciudadano de doble nacionalidad, israelí y argentino y práctica judo todos los fines de semana con el director de IDL-Reporteros. El propio Gorriti lo afirmó en un artículo de IDL.

Como se recuerda, hace un año la vivienda de Leonardo Gleser fue alcanzada por un misil de Irán que atacó objetivos en Israel. Sin embargo, él y su familia sobrevivieron, pero ¿por qué Irán atacó la casa de Gleser? Sucede que Leonardo Gleser es un ‘alias’ para Leo Gleser, quien es un traficante de armas a nivel mundial, dueño de ISDS Ltd. (International Security and Defense Systems), una compañía con matriz en Israel y sedes en todo el mundo.

Irán había identificado la casa de un traficante de armas, en Tel Aviv, muy cerca del aeropuerto. Este sionista, bajo la fachada de abuelo amoroso, brinda capacitaciones en métodos de tortura, vende software a gobiernos autoritarios para hackear a investigadores independientes y trafica armas de forma legal e ilegal a quien quiera comprarlas.

Si uno indaga por el nombre de Leo Gleser o Leonardo Gleser, varias publicaciones nacionales e internacionales indican que se trata de un traficante de talla mundial. Ha vendido armas a Honduras, El Salvador, España, México y recientemente fue detenido en Gabón, África Central, en una operación del FBI por sobornar a ministros de Interior y Defensa de diversos países. No solo él fue detenido; también su gerente en Perú, Saúl Michkin Chlimper.

Hija de Gorriti trabajó para Gleser

Si bien Gorriti trató de hacer un intento de disclaimer en sus artículos, olvidó mencionar que su hija, Edith Gorriti, estaba en la planilla de ‘International Security and Defense Systems’, (ISDS), la empresa de Leo Gleser, que como fachada se encarga de la seguridad de megaeventos deportivos, como mundiales de futbol y olimpiadas. Hace algunos años, Wikileaks filtró un correo dirigido a la hija de Gustavo Gorriti, quien trabajaba para el traficante de armas israelí.

El correo indica que los representantes de Leo Gleser coordinaban una reunión en España con ‘The Hacking Team’, la mayor empresa proveedora de software espía de España, para agregar sus servicios a su cartera de clientes. Es que ISDS no solo vende armamento; también recomienda y revende productos de otras empresas como IWI, (quien tiene convenio con FAME en Perú) IMI, Septier, Smith & Wesson y The Hacking Team.

Tras revisar el historial de la página web de la empresa ‘International Security and Defense Systems’ (ISDS), se puede visualizar que durante los años 2010 al 2015, Edith Gorriti figuraba en la sección de equipo como Jefa de Proyectos. Su correo con la arroba de ISDS fue incluido en los correos filtrados por Wikileaks.

Pero no solo la hija de Gustavo Gorriti trabajó para esta empresa. Revisando en años anteriores, figura que Edith Tsouri también cumplió la función de Edith Gorriti. Edith Tsouri es hija de Shay Tsouri, esposo de Edith Gorriti; es decir, se puede deducir que habría una conexión más cercana entre la familia Gorriti y el negocio de armas.

ISDS hizo negocios con gobiernos de Perú

Los contratos de ‘International Security and Defense Systems’ (ISDS) en Perú no son nuevos. Desde principios de la década de 2000, desde el mandato de Alejandro Toledo esta empresa ha estado involucrada en múltiples contratos con el Estado, especialmente en la adquisición de equipamiento para las fuerzas del orden. Entre los productos más destacados que ISDS ha vendido en Perú se encuentran: -Vehículos blindados para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que realicen operativos de alto riesgo.

– Chalecos antibalas: Distribuidos a unidades especiales y policías en zonas de conflicto.

– Cascos y equipos de protección: Adquiridos en grandes cantidades durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Sin embargo, no todas estas compras han estado exentas de controversia. Informes de la Contraloría General de la República han señalado irregularidades en los procesos de adquisición, incluyendo la manipulación de términos de referencia y la falta de transparencia en las licitaciones. En algunos casos, estos contratos han sido anulados debido a sospechas de sobreprecios y favoritismo.

Miembros de IDL se convirtieron en ministros

Uno de los aspectos más preocupantes de esta historia es el papel que han jugado exmiembros de IDL en la facilitación de estos contratos. Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), Gino Costa, director de IDL Seguridad Ciudadana, fue nombrado Ministro del Interior. Bajo su gestión, se realizaron varias compras de equipamiento a empresas vinculadas a ISDS. Luego, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Carlos Basombrío, fundador de IDL, también fue puesto en el mismo cargo como titular del Mininter. Durante su gestión, se continuó con la adquisición de armamento y equipos de seguridad, muchos de los cuales provenían de empresas israelíes representadas por ISDS.

Chávez Cresta y Santiváñez compraron miles de Fusiles Arad 5 y 7

Uno de los casos más recientes y polémicos es la compra sin licitación de 7,000 fusiles ARAD 5 por parte del Ministerio del Interior comandado por Juan José Santivañez, en pleno mandato de Dina Boluarte. Pero en 2023, el entonces ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, también fue el responsable de la adquisición de 10.000 fusiles de asalto IWI ARAD 7 de 7,62 x 51 mm. por el Ejército del Perú. Lo que generó que sea cuestionado en la Comisión de Fiscalización del Congreso. 

Estos fusiles, fabricados por FAME (Fábrica de Armas del Ejército), son en realidad una versión local del fusil israelí IWI Tavor, representado en Perú nada menos que por ‘International Security and Defense Systems’ (ISDS) del israelí Leo Gleser. Este contrato ha sido criticado por la falta de transparencia y por el hecho de que FAME parece estar siendo utilizada como una fachada para ocultar el convenio entre el ejército peruano e IWI, la empresa más grande de armamento de Israel.

La conexión de Gustavo Gorriti con el tráfico de armas no es nueva; sin embargo, un gran grupo de aliados en el mundo de las comunicaciones callan y forman grandes cruzadas para hacer creer que la ONG IDL, es un medio de comunicación independiente que únicamente ejerce periodismo.

Trabajando para los ‘dueños del país’. Al votar por la derogación de la Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular y Perú Libre favorecieron los intereses de los bancos y dejaron desprotegidos a los millones de peruanos ante la codicia del oligopolio financiero.

Así lo advirtió el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, al señalar que, tras la derogatoria de la Ley 31143, los bancos tendrán plena libertad para subir las tasas de interés por encima del 200 % y de crear comisiones y penalidades sin control del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ni de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

“Son más de 9 millones de usuarios que hoy cuentan con al menos una tarjeta de crédito, o pagan un préstamo o una hipoteca, incluso los que tienen una cuenta de ahorro serán los primeros que sufrirán este golpe, pues los bancos podrán imponer sus nuevas condiciones de inmediato”, sostuvo el líder de Podemos Perú.

Explicó que la Ley contra la Usura, aprobada en el año 2021, eliminó los abusos y codicia del oligopolio de cuatro bancos que dominan el mercado financiero, al eliminar comisiones abusivas, penalidades exageradas como el cobro por amortizar una deuda o moras diarias por retrasos en pago de cuotas mensuales.

“Como siempre los congresistas de estas bancadas han preferido favorecer a los bancos, aunque para ello dejen sin protección a los trabajadores, emprendedores y pequeños empresarios, al permitir que sigan acumulando riquezas a costa del trabajo y sacrificio de peruanos”, recalcó que buscará, tanto en el Congreso como en las calles, restituir la ley en defensa de millones de usuarios.

El portavoz de la bancada Podemos Perú advirtió que la derogatoria de la ley contra la usura llega en el peor momento, cuando los peruanos siguen sufriendo la crisis económica, la falta de empleo y la ola de despidos.

Recalcó que la Ley 31143 es necesaria para el sistema financiero peruano que está bajo el control de cuatro bancos; agregando que no es competitivo ni transparente, con conflictos de intereses y con organismos reguladores débiles.

“No es suficiente para los banqueros ganancias de más de S/10,325 millones el 2024, y quieren seguir esquilmando a trabajadores y pequeños empresarios”, dijo.

Otra vez con sus berrinches. El ex presidente Pedro Castillo, obediente a todo lo que le indican las cabezas que sí son pensantes, otra vez habría intentado paralizar el juicio que se le realiza en su contra por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Como hace ocho años, donde el entonces dirigente sindical acató la orden que se tire al suelo para llamar la atención, el ex mandatario una vez más busca el sinsentido a las cosas, tratando de dilatar lo máximo posible el juicio oral. Primero despidiendo a sus abogados, luego exigiendo que lo juzgue la justicia española porque, según él, el código penal es español, otra que supuestamente los jueces ya tendrían una decisión del caso; un poco más y va a pedir que no lo miren o le hablen de cierta manera porque se va a sentir ofendido.

Ahora, el ex mandatario acusó sufrir una descompensación, siendo auxiliado al hospital II de Vitarte. El INPE comunicó ese incidente a la Sala Penal de la Corte Suprema, proporcionándole un médico legista para la revisión de su salud. Luego del chequeo se determinó que su estado de salud es estable y no presenta signos de deshidratación.

Pese al pedido del abogado de oficio de Pedro Castillo, en suspender la audiencia por la ausencia de su defendido, la Sala consideró continuar con la audiencia indicando que no existe justificación para suspender el juicio, pues se trata de una situación provocada y no espontánea, en vista de la huelga de hambre que el golpista inició. Explica que en vista que el acusado señaló en una anterior audiencia su deseo de no declarar basta con la presencia de su abogado.

La Fiscalía pide 34 años de pena privativa de libertad contra el expresidente y 25 años contra los exministros Bettsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Asimismo, solicita el pago de S/ 65 419 038.53 como reparación civil en favor del Estado.

Desde el gran incendio de Mesa Redonda ocurrido en el año 2001, donde murieron alrededor de 400 personas, intentos infructuosos se han dado por querer ordenar esa zona repleta de vendedores ambulares, cajas y estibadores que obstaculizan el paso de los camiones de bomberos, bombas de agua con baja presión, y almacenes construidos de manera ilegal en los pisos altos de los edificios colindantes. Varias gestiones municipales han pasado y nadie consigue recuperar todo ese espacio dominado además por mafias que lotizan las áreas públicas.

El pasado 3 de marzo ocurrió un incendio en Barrios Altos que hasta la fecha no puede ser sofocado precisamente por las deficiencias recurrentes que se hayan en el camino. Ante ello, el Consejo de Ministros aprobó, en su sesión de este miércoles, declarar en emergencia el sector de Barrios Altos (Cercado de Lima) en donde hace más de 10 días se produjo un devastador incendio que ha afectado a varias viviendas.

Así lo anunció el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien declaró que la medida de excepción, ya que se había anunciado días atrás, tiene como propósito garantizar que las autoridades locales puedan tener los instrumentos legales para realizar las tareas de rehabilitación que correspondan.

En ese sentido, indicó que el estado de emergencia comprende la zona comprendida entre los jirones Jauja, Ancash, Huánuco, prolongación Lucanas, jirón Santa Rosa y jirón Huanta, ante los daños ocasionados como consecuencia de este gran incendio urbano.

Adrianzén precisó que se aprobaron tres decretos supremos sobre estados de emergencia durante la sesión de ayer.

En esa línea, indicó que se contempla la inclusión de más de 600 nuevos distritos en la lista de aquellos declarados en dicha condición por las intensas lluvias, ubicados en 21 regiones.

«Tenemos por ejemplo distritos de la región Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Ucayali y Callao, por el impacto de las precipitaciones pluviales que se han presentado en el país», detalló.