El Congreso de la República no cesa en su afán de instaurar en beneficio de sus ocupantes parlamentarios, más gollerías durante el tiempo que les queda de servicio parlamentario y ha aprobado un presupuesto de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 42,800 para pagar a los abogados de cada congresista que actualmente se encuentra investigado por el Ministerio Público, según el informe del dominical «Punto Final».

Eduardo Salhuana Cavides, como presidente la Mesa Directiva del Congreso, hace algunas semanas autorizó fondos públicos para cuatro congresistas que actualmente enfrentan investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción, como tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho pasivo y posible vinculación con organizaciones criminales. Aquellos parlamentarios son Kelly Portalatino (Perú Libre), Luis Cordero Jon Tay (Podemos Perú), Hilda Marleny Portero (Acción Popular) y Patricia Chirinos (Renovación Popular). La decisión congresal se ampara en una disposición legal de la ‘Ley Servir’, que originalmente no fue concebida para ser aplicada a los parlamentarios.

Se estaría incurriendo en una presunta ‘malversación de fondos’

La decisión de la Mesa directiva que preside Salhuana Cavides, se ampara en disposiciones de la Ley Servir, la cual, según expertos constitucionalistas como Miguel Ángel Ferreyra, Alejandro Rospigliosi y Franco García Lazo, no está diseñada para aplicarse a congresistas. Debido a que dicha normativa, fue creada para funcionarios que ejercen funciones administrativas, no para quienes legislan, representan o fiscalizan. Por lo tanto, el Congreso estaría ejerciendo una presunta malversación de fondos.

Congresistas beneficiadas se defienden

Entre las parlamentarias favorecidas con el “financiamiento legal”, se encuentran Kelly Portalatino, quien afronta una investigación por presunta negociación incompatible, debido a la contratación de su sobrina política, Rommy Vásquez Yáñez, tanto en el Ministerio de Salud, como en el Congreso. 

«La verdad desconozco los procedimientos administrativos. Yo solicito para que me den una defensa porque han mancillado mi honor muchos medios de comunicación y para eso se tiene que ejercer una defensa», declaró Portalatino para el dominical.

Por su parte, la legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos Venegas es investigada en el Ministerio Púbico por presuntas coordinaciones y estrategias con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para promover una denuncia penal contra los magistrados que habrían favorecido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). A ello se suma otra investigación de la Fiscalía por ‘peculado doloso’, ya que Chirinos habría utilizado pasajes aéreos pagados por el Congreso para asistir a la celebración del cumpleaños de su colega, Diego Bazán, en Trujillo.

«La verdad no sé cuántas UIT son. Creo que es hasta 40 mil soles. Bueno, creo que sí las estoy utilizando, pero no son para mí, eso va directamente al abogado», respondió Chirinos Venegas.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, nuevamente se ha convertido en el centro de la noticia y de acuerdo a la nueva encuesta nacional de Datum Internacional, el burgomaestre metropolitano enfrenta una desaprobación del 57 % de la población limeña. Y apenas un 40 % aprueba su gestión; mientras que el 3 % restante no sabe, o no opina.

Desde que López Aliaga asumió el cargo de alcalde en enero de 2023, ha sido objeto de críticas debido a la ausencia de obras emblemáticas en la capital, y por la falta de cumplimiento de las promesas realizadas durante su campaña municipal. Como se recuerda, el actual burgomaestre mencionó en todas las plataformas comunicacionales que Lima se convertiría en una “potencia mundial”. Sin embargo, continúan el desorden urbano en el centro histórico de la ciudad, el caos en el transporte público y la inseguridad ciudadana.

La encuesta de Datum fue realizada de forma presencial a 1,203 personas a nivel nacional, en zonas urbanas y rurales, con un margen de error de +2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.

Premier y presidente del Congreso también están desaprobados

Sin embargo, no solo el alcalde de Lima se encuentra desaprobado como resultado del estudio. La encuestadora también midió la aprobación de otras autoridades nacionales. Como es el caso del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, quien luego de la encuesta apenas registra una aprobación de 5 %, mientras que un 89 % de los ciudadanos lo desaprueba.

Asimismo, Eduardo Salhuana Cavides, actual presidente del Congreso de la República, apenas alcanza una aprobación de solo 8 %, frente a una gran desaprobación del 83 %.

Aquellos resultados reflejan que las principales autoridades del Perú ya no cuentan con el respaldo ni la confianza de la población, debido a la inoperancia de sus gestiones en la administración pública.

Muy bonito en el papel, pero ahora toca ver cómo controlarán a miles de motociclistas. El gobierno de Dina Boluarte acaba de prohibir, mediante el Decreto Supremo n.° 046-2025-PCM, que dos personas se puedan movilizar en una sola moto lineal. Asimismo, se anuncia la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao.

Esta medida ha entrado en vigencia desde las primeras horas de hoy, extendiéndose hasta el 17 de mayo, según se puede leer en la mencionada fuente normativa. Durante ese periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ejercerán las acciones de control preventivo y control administrativo de los dispuesto.

“La Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas ejercen acciones de control verificando el cumplimiento de lo dispuesto (…) en caso se adviertan indicios de la comisión de un delito, los involucrados serán conducidos a las comisarías policiales para realizar las investigaciones que correspondan conforme al marco normativo administrativo y penal correspondiente», se indica.

Esta norma también prohíbe que los motociclistas porten elementos o accesorios adheridos al casco que impidan o limiten la visibilidad del rostro del conductor.

“Durante la vigencia del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo N° 035-2025-PCM en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, y la prórroga dispuesta por el presente Decreto Supremo se restringe el acceso a las vías a los vehículos menores de las categorías vehiculares L1 y L3, los cuales solo podrán circular con su conductor, sin llevar ningún acompañante”, se lee en el decreto.

Con ello, el Gobierno deja de lado la recomendación de la Defensoría del Pueblo, que solicitaba restringir la circulación de motocicletas durante 12 horas diarias, desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m.

No quieren dar puntada sin hilo. Este mediodía, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República debatirá el próximo 15 de abril un Informe Preliminar para solicitar facultades investigadoras en el caso que se le sigue a la jefa de Estado, Dina Boluarte, por el presunto abandono del cargo cuando estuvo sometida a cirugía estética. De aprobarse el petitorio de dicho grupo de trabajo posteriormente se tendrá que ratificar ante el Pleno.

De esta manera, se propone otorgar facultades de comisión investigadora con el fin de desarrollar las labores de fiscalización «de manera más acorde a las prerrogativas» que estas funciones requieren. Esto busca garantizar el acceso a la información y evitar obstrucciones en el proceso.

“Esta medida permitiría superar los obstáculos surgidos durante la indagación y fortalecer las capacidades del Congreso en el ejercicio de su labor de fiscalización. Asimismo, el otorgamiento de dichas facultades contribuiría a garantizar el acceso oportuno a la información relevante y evitar actos de obstrucción que limiten el control parlamentario sobre la gestión pública», señala el documento.

Asimismo, se propone una reforma del Reglamento del Congreso, específicamente del artículo 88, para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría pueda operar de manera permanente con facultades especiales de investigación, similar a una comisión investigadora, sin necesidad de solicitar autorización caso por caso.

Cabani se acogió al secreto profesional

Más temprano, el médico cirujano Mario Cabani acudió a la Comisión de Fiscalización, limitándose solo a responder datos técnicos correspondientes a su profesión, mas no a detalles sobre la intervención quirúrgica que le realizó a la mandataria, aduciendo acogerse al secreto médico profesional.

«Lamentablemente, no podemos informar porque esperamos el pronunciamiento del Poder Judicial que levante el secreto profesional médico, y que estimamos autorizará el deslacrado y la declaración de testimonios para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación preliminar (…) Estoy imposibilitado de pronunciarme», indicó el galeno.

La educación en el Perú no está en crisis. Está muerta. Morgan Quero Gaime, el ministro de Educación que pasará a la historia como el arquitecto de la ignorancia nacional. Con sus frases: ¡Qué viva el autismo!, “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, “No necesitamos docentes de inglés en colegios” y la más controversial “Violaciones sexuales en comunidades amazónicas como práctica cultural” al referirse a los abusos sexuales en comunidades indígenas. Lamentablemente del otro lado encontró a una débil y deslegitimada líder Awajún que abandonó el cargo y dejó sin clases a sus estudiantes en el 2023 y que fue excluida por el Ministerio del Interior de la investigación por su rol de sub prefecta en el 2022 por no otorgarme garantías personales.

Mientras que el miserable OFICIO MÚLTIPLE N.º 00039-2025-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA piden a las regiones «celebrar de acuerdo a sus posibilidades» una celebración con pompa vacía los 20 años de la Educación Básica Alternativa (EBA), sin presupuesto. Sin plan. Sin vergüenza.

Según cifras del Ministerio de Educación (Minedu), mencionadas por CARE (2023), hoy dirigida por la Ex ministra de Educación Marilú Martens Cortés, sí la que no pudo manejar la huelga magisterial del año 2017 y que producto de ello nació el dirigente ex presidente Pedro Castillo Terrones. La taza de deserción escolar anual es del 6,3%.

De acuerdo al Censo Educativo 2023 de la Unidad de Estadística Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación, la matrícula total en Educación Básica asciende a 9,412,823 estudiantes, considerando la taza de deserción solo en el 2023, han abandonado sus estudios 593, 612 estudiantes aproximadamente. Lo que significaría es que habría una deserción estimada en los dos últimos años: de 1 millón de estudiantes quienes abandonaron las aulas. ¿Y cuál fue la respuesta oficial? Ninguna.

Cada estudiante que deserta es una tumba más en este camposanto llamado Perú. El abandono escolar no es una estadística. Es una sentencia.

Mientras usted lee estas líneas, tres estudiantes más acaban de abandonar el sistema educativo. Para cuando termine este artículo, serán decenas. Al finalizar el día, cientos. Y el Ministerio de Educación sigue jugando con sus PowerPoints y sus cifras maquilladas, como quien pinta las paredes de un mausoleo.

Lo he visto con mis propios ojos. He recorrido las comunidades Awajún, Wampis entre otras, donde los jóvenes prefieren migrar a las ciudades para malvivir en subempleos antes que desperdiciar su tiempo en escuelas fantasma, sin profesores, sin internet, sin futuro. He conversado con madres adolescentes que jamás volverán a pisar un aula porque el sistema no tiene espacio para ellas.

¿Dónde está la política de reinserción para los millones de peruanos que no han completado su educación básica? ¿Dónde están las campañas de comunicación para dar a conocer los servicios de la EBA? ¿Dónde diablos está el presupuesto? No existe.

Sepa que la Educación Básica Alternativa (EBA) brinda el servicio educativo a través de tres formas de atención: presencial, semipresencial y a distancia. En la modalidad presencial, el estudiante asiste al CEBA según un horario previamente acordado, dirigida a personas, peruanas o extranjeras, desde los 14 años. Las modalidades; semipresencial y a distancia están dirigidas a mayores de 18 años; en la primera, el estudiante combina la asistencia presencial con procesos autónomos de aprendizaje, y en la segunda, desarrolla su aprendizaje de manera autónoma utilizando medios tecnológicos, electrónicos y digitales. Esta última puede ser virtual, si se cuenta con acceso a internet, o itinerante, si se reside en zonas sin conectividad o de difícil acceso geográfico. La modalidad EBA atiende a través de tres ciclos: inicial, intermedio (equivalente al nivel primaria) y avanzado (al nivel secundaria), cuenta con un programa de alfabetización, incluso pueden culminar sus estudios personas privadas de su libertad.

Si usted o un familiar no ha concluido sus estudios de primaria o secundaria, acérquese al CEBA más cercano a su domicilio y descubra una nueva oportunidad de superación.

¿Sabe usted si existe un CEBA cerca de su casa, en su distrito o provincia? Probablemente no. Porque a este gobierno no le interesa que lo sepa. Porque un ciudadano educado es un ciudadano peligroso para quienes viven del atraso y la ignorancia. Este gobierno ha convertido la pandemia educativa en una epidemia crónica. Ya no es el COVID lo que mantiene a los estudiantes fuera de las aulas. Es la pobreza. Es el desinterés oficial. Es la incompetencia ministerial elevada a política de Estado.

La educación alternativa agoniza en la UCI mientras el ministro reparte migajas. Solo 1,112 CEBA públicos para atender a millones de jóvenes y adultos que necesitan completar su educación. Una broma macabra.

Y la mayoría ni siquiera tiene local propio. Son nómadas educativos que mendigan espacios en IE del nivel secundaria, como parientes pobres a los que se tolera por obligación.

Mientras Netflix produce películas como «Escuela Nocturna» que retratan con humor y humanidad la importancia de la educación de adultos, en Perú la EBA se marchita en el olvido burocrático. Hasta la ficción norteamericana entiende mejor que nuestros funcionarios la importancia de dar segundas oportunidades educativas.

La deserción escolar no es un accidente. Es el resultado directo de un sistema diseñado para fracasar, operado por burócratas cuyo único talento es justificar el desastre. Un sistema que permite que niñas y adolescentes embarazadas abandonen sus estudios sin mayor escándalo nacional. Un sistema en el que más de 500 estudiantes en Condorcanqui (Amazonas) sufrieron violencia sexual y violencia física en las escuelas que deberían protegerlos, esto durante los últimos 10 años y que ahora los ex ministros de educación se rasgan las vestiduras ocultando que son parte de ese abandono ¿Esta es la educación que queremos?

La educación peruana es hoy un féretro donde Boluarte y Quero arrojan, pala tras pala, los restos de lo que alguna vez fue un proyecto de nación. Cada cifra de deserción es una palada más de tierra sobre nuestras esperanzas colectivas. Y mientras tanto, los CEBA, no tienen ni motivos ni recursos para celebrar. En cambio, sí celebran los traficantes de la ignorancia, los mercaderes del subempleo, los políticos que prefieren ciudadanos desinformados y los empresarios que necesitan trabajadores desesperados, dispuestos a aceptar cualquier salario.

Las escuelas rurales languidecen en el abandono. Solo 184 servicios de EBA en zonas rurales, donde precisamente se concentra la mayor necesidad. Una estadística criminal.

La Educación Básica Alternativa no necesita aniversarios ni discursos. Necesita presupuesto. Necesita infraestructura propia. Necesita una campaña nacional de comunicación para que cada peruano que abandonó sus estudios sepa que existe una oportunidad para retomarlos. Si Boluarte y Quero no son capaces de entenderlo, deben dar un paso al costado. La educación peruana no puede permitirse ni un día más de este abandono institucionalizado. Porque mientras los sepultureros sigan a cargo del cementerio educativo, el Perú seguirá enterrando, uno a uno, los sueños de sus ciudadanos. Y eso, compatriotas, es algo que ninguna nación puede sobrevivir.

¡Viva la Educación Básica Alternativa!

El Congreso de la República aprobó el texto consensuado que modifica la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, a fin de incorporar la pistola eléctrica o de electrochoque como medio de defensa del sereno.

El dictamen recaído en los proyectos de ley 7874 y 10075, obtuvo 88 votos a favor y 6 en contra, evidenciando el amplio consenso sobre la urgencia de fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país. Enseguida, la propuesta fue exonerada de segunda votación, con lo cual será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Esta incorporación fortalecerá la labor del serenazgo municipal, permitiendo que sus funciones se desarrollen con mayor eficacia y seguridad, tanto para los serenos como para la ciudadanía en general”, afirmó la congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, y Lucha contra las Drogas.

A su turno, la congresista Ana Zegarra Saboya (SP), presidenta de la Comisión de Descentralización, destacó que el uso de estos dispositivos estará sujeto a capacitaciones rigurosas, que incluirán entrenamientos en campo, simuladores y polígonos de tiro.

Además, indicó que el dictamen establece que el Ministerio del Interior evaluará si el uso de armas de electrochoque deberá estar acompañado por cámaras corporales activas, con el objetivo de garantizar transparencia y prevenir eventuales abusos.

El texto señala que el Poder Ejecutivo, con el refrendo del ministro del Interior, adecuará el Reglamento de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, en un plazo máximo de 60 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor.

A propuesta de la congresista Martha Moyano (FP) se incluyó, en una disposición complementaria final, la exención de responsabilidad penal en ejercicio de la legítima defensa. “El personal de serenazgo municipal que, en el cumplimiento de sus funciones y haciendo uso de un medio de defensa en forma reglamentaria, cause daño contra la vida, el cuerpo y la salud, está exento de responsabilidad penal de conformidad con el numeral 9 del artículo 20 del Código Penal, Decreto Legislativo 635”.

Diversos Proyectos de Ley (PL) presentados por los legisladores Alejandro Muñante, José Luna Gálvez, Roberto Chiabra, o Juan Burgos, ha sido aprobados recientemente por el Congreso de la República con la clara intención de endurecer las penas contras los adolescentes de 16 y 17 años que comentan delitos considerados como graves.

Esta decisión incluye la posibilidad de imponer penas de hasta cadena perpetua a menores de edad que cometan crímenes como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual, entre otros. Cabe mencionar que la reconsideración de la segunda votación del dictamen fue finalmente rechazada.

Uno de los autores de los PL, José Luna Gálvez, indicó que esta reforma busca responder a la creciente crisis de inseguridad ciudadana y al aumento de la violencia delictiva en el país. “No podemos mantenernos impasibles ante esta ola de criminalidad. Es necesario aplicar medidas severas para restablecer el principio de autoridad y proteger a nuestros jóvenes de ser utilizados por organizaciones criminales”, afirmó el legislador.

Condena para menores como adultos, pero tratamiento diferenciado

El congresista explicó que, aunque los adolescentes serán juzgados como adultos, el sistema penitenciario aplicará un tratamiento diferenciado para los internos de entre 16 y 21 años. Este enfoque, conocido como sistema de individualización científica, busca separar a los jóvenes de los reclusos de mayor edad dentro de los penales, con el objetivo de evitar influencias negativas y promover su rehabilitación. “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”, opinó.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) criticó la postura del Parlamento, advirtiendo que la norma establece que “las y los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos”. “Ellos/as están en una etapa de desarrollo y por ende deben ser juzgados y sancionados dentro del Sistema Penal Judicial Juvenil especializado que está orientado a garantizar su reinserción social”, mencionaron en noviembre del año pasado.

Con el firme objetivo de destrabar proyectos y acelerar mejoras urgentes en la infraestructura de Loreto, el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Dr. Juan Pío Flores Tang, sostuvo una importante reunión en Lima con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. A la cita también asistieron la congresista Ana Zegarra, el alcalde provincial de Alto Amazonas Roy Saldaña, y los alcaldes distritales Lagunas y Teniente César López.

Durante el encuentro, se abordaron temas claves relacionados con el desarrollo vial y aeroportuario de la región. Uno de los puntos centrales fue la situación del aeródromo de Yurimaguas, donde el MTC se comprometió a revisar los procedimientos para convocar nuevamente el proyecto de reparación de la pista de aterrizaje, así como otras mejoras necesarias.

El gerente Juan Pío Flores, quien ha venido trabajando incansablemente por mejorar la conectividad en la región, solicitó al ministro la emisión urgente de las fichas técnicas para el mejoramiento de cuatro vías de penetración fundamentales en la carretera Iquitos–Nauta: Ángel Cárdenas, Ex Petroleros, 10 de Octubre y El Milagro. Estas rutas son vitales para el tránsito diario, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico de las comunidades locales.

Además, Flores Tang puso sobre la mesa la necesidad de reactivar el mejoramiento de la carretera Napo–Putumayo, una obra estratégica que responde al mensaje a la Nación anunciado por la presidenta Dina Boluarte. Para ello, solicitó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que articule acciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa y el Ejército del Perú.

Esta reunión demuestra el compromiso del gerente Juan Pío Flores con el desarrollo de Loreto, y su liderazgo en la gestión de proyectos que buscan cerrar brechas de infraestructura y mejorar la calidad de vida de miles de loretanos.