Aún no termina por esclarecerse por completo la muerte del empresario Nilo Burga Malca, quien era proveedor del programa social Wasi Mikuna (antes Qali Warma), y quien fuera encontrado su cuerpo dentro de una habitación de un hotel del distrito de Magdalena en extrañas circunstancias.

Previamente, informes periodísticos daban cuenta de que su empresa estaba involucrada en la entrega presuntamente de alimentos de mala calidad para Wasi Mikuna, programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Una de las fuentes para esos reportajes fue Noemí Alvarado, ex trabajadora de Frigoinca, empresa de Nilo Burga, quien salió a denunciar que entre los años 2021 y 2023 dicha empresa empezó a comercializar carne de caballo haciéndola pasar como carne de res para la entonces Qali Warma.

Esa información habría salido a la luz luego que el padre de sus hijos, Gonzalo Barreto, manifestó que había recibido un soborno de 30 mil soles para que robe el teléfono que Nilo Burga le había confiado a Noemí Alvarado.

De acuerdo al testimonio de Barreto, este entregó el celular al periodista Martín Riepl Cuperstein y a Josías Sanchez Dávila, ambos relacionados con las empresas competidoras de Frigoinca: Productos Gambrinus S.A.C., empresa fundada por el abuelo del periodista hace 60 años y que en la actualidad también provee de alimentos a Wasi Mikuna; y CAAS Alimentos, donde Sánchez Dávila es accionista.

“Sí, mi abuelo formó una fábrica conservera en 1962. Este es un sector donde hay diversas empresas competidoras”, confirmó Riepl a un medio de información.

Cuenta Barreto en su manifestación que luego que robó el teléfono que Nilo Burga le había entregado a su trabajadora Noemí Alvarado, toda la información guardada en ese dispositivo fue utilizada para la elaboración de los reportajes difundidos por Latina.

“Me ofrecieron la cantidad de 30 mil soles con la finalidad de entregar lo solicitado y amenazar de muerte a mi pareja en caso de que me denunciara. Este dinero fue entregado de la siguiente manera: dos días después de los hechos se me entregó 10 mil soles por parte de Josías (Sánchez) y siete días después Martín Riepl me entregó 20 mil soles”, indicó Barreto ante notario público el 25 de setiembre de 2024.

Participación de Cayetana Aljovín

Durante una entrevista ofrecida a RPP, César Euscástegui, representante legal de Nilo Burga, manifestó, sustentándose en la misiva dejada por su patrocinado fallecido, que Cayetana Aljovín, presidenta del Directorio de Latina y sus sobrinos poseen fábricas de enlatados, empresas que representaban una competencia directa a Nilo Burga.

Justamente los primeros reportajes periodísticos salieron desde la casa televisiva donde ella es presidenta del Directorio, teniendo en cuenta además que el caso trataba sobre una empresa que representaba una competencia directa para sus intereses comerciales.

Cabe mencionar que Cayetana Aljovín ha sido ministra de Relaciones Exteriores, Energía y Minas y Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también fue viceministra durante el segundo gobierno de Alan García Pérez. Lo más resaltante son los vínculos que tiene con la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

Los acercamientos entre Cayetana Aljovín y la presidenta Boluarte Zegarra iniciaron cuando esta lideró el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Las visitas de la entonces presidenta de la Sociedad Nacional Pesquera (SNP) podían durar hasta una hora y media, según los registros de visitas al MIDIS y era habitual verla aparecer en diversas actividades junto a la mandataria. Incluso, en algunas ocasiones se las vio juntas repartiendo pescado.

Mi relación con la señora Boluarte es la de una presidenta de gremio —en mi caso la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)— con una funcionaria del Estado de un sector que tiene temas o problemáticas en común”, dijo Aljovín a El Foco en abril del 2023.

Periodista Martín Riepl desmiente acusaciones

Por su parte, al ser consultado por la declaración de Barreto, Rielp sostuvo que la declaración de Barreto busca desviar la atención de las denuncias de corrupción en Qali Warma. “Se insiste en que nos distraigamos en otro lado y se pierda atención sobre lo verdaderamente relevante del caso y las múltiples denuncias e investigaciones periodísticas que lo sostienen”, resaltó.

Ahora se la quieren dar de cucufatos y santas palomas. Luego que se conociera la presunta existencia de una red de prostitución dentro del Congreso, donde jovencitas de agraciada figura y poca experiencia laboral se paseaban muy sonrientes y despreocupadas por las oficinas de los congresistas, ahora el Parlamento ha emitido una directiva que modifica de manera temporal el código de vestimenta de su personal con motivo de la temporada de verano 2025.

A partir de esta normativa, los empleados podrán asistir a sus labores sin la necesidad de portar saco y corbata durante los días de trabajo comunes; sin embargo, se reitera la prohibición de usar prendas consideradas inadecuadas como minifaldas, jeans, zapatillas, shorts y otras similares, tal como lo establece el Reglamento Interno de Trabajo de la sede de la Representación Nacional.

Según el comunicado, los días laborales regulares no exigirán el uso de saco y corbata, promoviendo así mayor confort para los trabajadores en las oficinas del Parlamento. Sin embargo, la Dirección General de Administración recordó que cualquier incumplimiento del código de vestimenta podría derivar en sanciones, conforme lo estipula el artículo 89, literal “W”, del Reglamento Interno de Trabajo.

La flexibilidad del código de vestimenta no aplicará en todas las circunstancias. El Congreso dejó en claro que el uso de vestimenta formal es obligatorio en eventos oficiales, como las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente y las reuniones de las comisiones. Estas restricciones buscan mantener la seriedad y el decoro necesarios en estas instancias, en línea con el Código de Conducta de los Servidores y Funcionarios del Congreso de la República.

El día de ayer la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro llevó a cabo una “diligencia de inspección técnico policial en el Congreso” como parte de la investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia. Este exjefe del área legal del Legislativo está siendo investigado por el presunto delito de explotación sexual, un caso que tomó notoriedad tras el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, quien presuntamente colaboraba con Torres Saravia en el reclutamiento de mujeres para actividades de prostitución.

Actualmente, el parlamentario José Jerí Ore, del partido Somos Perú enfrenta una grave acusación por presunta violación sexual contra una joven mujer que habría estado en estado de inconciencia. Ante esta grave denuncia, su partido decidió suspenderlo mientras se desarrollan las investigaciones.

La denuncia por presunto abuso sexual fue interpuesta por la propia mujer de 31 años, tras haber asistido a una reunión social fuera de Lima, en la que el congresista también estuvo presente. Este lamentable hecho ocurrió en la casa de campo de Jerí Ore en Huaral, en compañía de sus amigos, donde la agraviada viajó con su tío político, Marco Antonio Cardoza Hurtado, y el chofer Luis Alfredo Vega Heredia, según lo dio a conocer Epicentro Tv.

«Habiendo llegado a casa del congresista Jerí a las 08:30 horas, siendo recibidos por él mismo y dos amigos que se presentaron como Arturo y Daniza; luego de desayunar y conversar, el congresista Jerí Oré me invitó dos botellas de pisco que empezaron a beber en copitas de vidrio», declaró la denunciante, quien señaló como sospechosos al propio Jerí Ore y a su tío Marco Antonio Cardoza Hurtado, empresario ferretero, quienes estuvieron presentes en la reunión. La mujer indicó que asistió al evento junto a Cardoza Hurtado y el chofer Vega Heredia. Durante la reunión, todos consumieron alcohol hasta que ella comenzó a sentirse mareada e indispuesta y se recostó frente a la piscina.

Horas después, la mujer despertó en una cama sin ropa y con signos de haber sido atacada sexualmente. Afirmó que vio salir a un hombre de la habitación, pero no pudo identificarlo. También declaró que encontró un bividí que, según dijo, pertenece al congresista Jerí Ore.

El examen del médico legista confirmó lesiones físicas, incluyendo equimosis en muslos y rodillas, además de raspaduras en un brazo. La denunciante sindicó a Jerí Ore y a Cardoza Hurtado como autores del ataque, e indicó detalles como la barba recortada de ambos, que coincide con lo que percibió durante el abuso.

Congresista Jerí rechaza la denuncia en su contra

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Jerí manifestó su rechazo contundente a las acusaciones, asegurando no haber tenido participación alguna en los hechos denunciados.

«Recibí con sorpresa y pesar la noticia de que esta persona ha mencionado mi nombre en la denuncia, no he tenido ningún tipo de participación en los hechos denunciados por esta razón a través de mi abogado ya me apersoné a la investigación el 30 de diciembre, reitero mi rechazo», escribió Jerí Ore.

El partido Somos Perú suspende a congresista José Jerí

Tras hacerse pública la denuncia, Somos Perú emitió un pronunciamiento oficial en el que informó la suspensión de la militancia de José Jerí Oré hasta que culminen las investigaciones.

«Somos Perú, condena todo tipo de violencia contra la integridad de  la mujer o personas vulnerables, hemos tomado conocimiento  de los hechos que involucran a un congresista de nuestro partido, exigimos al Ministerio la celebridad del caso en las investigaciones, Enrique Jerí queda suspendido», escribió Somos Perú.

Tras el asesinato de la extrabajadora del Congreso de la República, Andrea Vidal, se destapó la existencia de una presunta ‘red de prostitución’ al interior del Legislativo quien habría “reclutado” a señoritas a través de la Oficina Legal y Constitucional liderada por Jorge Torres Saravia, quien es investigado por trata de personas. Entre las féminas en mención, se encuentra Isabel Cajo Salvador, de 26 años, que ingresó a la Oficina Legal del Congreso; sin embargo, su perfil no obedecía precisamente a la de una asesora, porque era más conocida por vender sus fotografías y videos de entretenimiento para adultos en la página “OnlyFans” y cuyo nombre de usuario es Isatoons”.

A pesar de ello, y que no cumpliría con el perfil requerido, la joven Cajo Salvador fue contratada por el congresista no agrupado Edwin Martínez Talavera y actualmente trabaja en el despacho del legislador. No obstante, Martínez Talavera, defendió nuevamente la contratación de Isabel Cajo en su despacho y aseguró que para el cargo que ocupa la joven «no se necesita ser profesional».

En entrevista para Canal N, el parlamentario no agrupado respondió que Cajo Salvador no está impedida de contratar con el Estado.

«Primero, la señorita no está impedida de contratar con el Estado. Segundo, cumple con el requisito de tener una carrera técnica. Para el cargo que ella ocupa no se necesita ser profesional y, a pesar de ello, ella tiene ocho ciclos de derecho, por lo que cumplía con los requisitos. Tiene experiencia tanto en el sector privado como el sector público. Yo desconozco de lo demás», sostuvo y añadió que él no pone los requisitos para contratar a una trabajadora en el Parlamento y rechazó que exista una presunta ‘red de prostitución’ en el Legislativo.  

«El perfil para contratar un trabajador no lo pongo yo, está establecido dentro de las normas del Congreso de la República (…) Estoy plenamente convencido que eso es totalmente falso (sobre la presunta red de prostitución en el Congreso)», culminó.

En #CuentasClaras, el congresista Edwin Martínez defendió la contratación en su despacho de Isabel Cajo, vinculada a presunta red de prostitución en el Parlamento: "Para el cargo que ocupa no necesita ser profesional"

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— Canal N (@canalN_) January 8, 2025

La Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, junto a la Policía de Trata de Personas intervinieron la sede de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, como parte de la investigación preliminar contra el imputado Jorge Torres Saravia, quien fue denunciado por el presunto delito de explotación sexual y por haber montado una presunta ‘red de prostitución’ en las instalaciones del Parlamento.

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron a la sede congresal y llegaron hasta el piso 6 alrededor de las 11:10 de la mañana. Las diligencias pertinentes específicamente fueron realizadas por 3 agentes policiales y 1 integrante del Ministerio Público, quienes ingresaron por la puerta ubicada en la cuadra 2 de la Av. Abancay. Tras más de una hora, ellos se mantuvieron en la sede congresal para continuar con las diligencias sobre la investigación por la presunta red de proxenetismo, que operaría en el Legislativo.

En tal sentido, el Ministerio Público compartió a través de su cuenta de X algunas imágenes de las diligencias realizadas. Simultáneamente, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que se viene desarrollando en el Parlamento, la congresista Norma Yarrow advirtió que el Secretario Técnico de la Oficialía Mayor Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, habría amenazado a asesores de una comisión congresal para no continuar con la investigación sobre la presunta ‘red de prostitución’ en el Legislativo.

Como se recuerda, el pasado jueves 2 de enero, la Fiscalía ya había intervenido las oficinas del Congreso para recabar pruebas contra el investigado Jorge Torres Saravia, principal sindicado por este caso. Posteriormente, al día siguiente, el viernes 3 los integrantes del Ministerio Público volvieron a ingresar a los pasillos del Palacio Legislativo para continuar con más diligencias y recopilación de pruebas.

La congresista Norma Yarrow advirtió que Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, alto funcionario del Congreso quien actualmente desempeña el cargo de Secretario Técnico de la Oficialía Mayor, estaría amenazando a algunos asesores para no continuar con la investigación sobre la presunta ‘red de prostitución’ que operaría en el Parlamento.

Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la parlamentaria señaló que Neciosup Santa Cruz habría amenazado a dos asesoras de una Comisión compleja del Congreso y les indicó que no se les renovará sus contratos en el mes de marzo de este 2025, sí siguen colaborando en las diligencias.

«Hugo Neciosup está llamando a su despacho—y habría también que pedir las cámaras, no se van a borrar mañana—a algunos asesores para decirles que, si siguen con este tema, en marzo no se les renovaría sus contratos. Eso me lo ha dicho personalmente una asesora de una Comisión que está sumamente compleja por este tipo de llamados que hace el señor Hugo Neciosup a su despacho”, declaró Yarrow ante el grupo de trabajo parlamentario.

“El área administrativa está respondiendo lo que quiere”, añadió la parlamentaria, en respuesta a las aseveraciones de Neciosup Santa Cruz, sobre los proveídos que fueron firmados por Torres Saravia para contratar a la señorita Isabel Cajo Suarez en el área Legal y Constitucional del Congreso, y que este procedimiento era de conocimiento del entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, de APP, quien firmó el nombramiento de la trabajadora congresal.

Finalmente, hoy en ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz indicó que nunca escuchó en el Parlamento sobre la existencia de una presunta ‘red de prostitución’ del Congreso.

Como se recuerda el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso Jorge Torres Saravia quien en el 2020 ingresó a trabajar como asesor del entonces congresista Luis Valdez, actual secretario general de APP, iba a ser investigado por una ‘Comisión Ad Hoc’ ordenada el pasado 19 de diciembre del 2024, precisamente por la jefa de Recursos Humanos, Haydi Figueroa, militante activa de Alianza para el Progreso (APP), con el fin de aplicar el debido proceso administrativo disciplinario contra el presunto ‘proxeneta’.

Las personas que conformaban este grupo de trabajo fueron asignadas por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por el oficial mayor Giovanni Forno, tras una resolución firmada por el director general administrativo Carlos Pais y por Haidy Figueroa (ambos de Alianza para el Progreso ‘APP’).

Sin embargo, dicha comisión ad hoc no va más, porque sus tres integrantes presentaron su renuncia irrevocable, argumentando, entre otras razones, que no les corresponde interponer un proceso disciplinario contra Torres Saravia, porque los argumentos y las evidencias de la denuncia propalada por un reportaje periodístico no serían suficientes para emitir un pronunciamiento. Entre tanto, sus tres integrantes serán citadas a la Comisión de Fiscalización a explicar por qué renunciaron. No obstante, una de ellas, es decir, la presidenta de dicha comisión hoy se fue de vacaciones.

Tres mujeres conformaban la ‘Comisión ad hoc’

De acuerdo a Juan Burgos, este grupo de trabajo estaba encargado de recibir los descargos e informes orales del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Torres Saravia; sin embargo, renunciaron.

«Lamentablemente, la comisión ad hoc encargada de recibir los descargos e informes orales de Jorge Luis Torres Saravia, exjefe de oficina de Asesoría Jurídica y Constitucional, en relación a las faltas graves que se le imputan, presentaron el día de ayer su renuncia irrevocable a dicha comisión», mencionó el presidente de la Comisión de Fizcalización Juan Burgos.

La comisión ad hoc estaba presidida por la especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones, Patricia María Durand Vásquez quien anteriormente fue subordinada de políticos de Alianza para el Progreso (APP), como Omar Chehade, Luis Valdez Farias y Lady Camones. Asimismo, conformaban dicha comisión, la profesional de la Oficialía Mayor, Flor de María Carrillo Tello y la abogada de la Dirección General Parlamentaria, Natalia Giselle Escudero Rodríguez.

Estas tres trabajadoras parlamentarias que conformaban el equipo que debía recibir los descargos e informes orales del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, de pronto renunciaron y dicha decisión hasta el momento solo beneficia a Jorge Torres Saravia.  

Apoyaron el derramamiento de sangre. Durante un evento realizado en un local de la avenida Brasil donde se conmemoraban los 20 años del denominado “Andahuaylazo”, levantamiento en armas liderado por Antauro Humala, estuvieron presentes tres ‘padres de la Patria’ de nuestro actual Parlamento.

Se trata de los congresistas Alex Flores, de la Bancada Socialista, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, y la no agrupada Margot Palacios.

“Hemos salido de la prisión después de 18 años de cautiverio, más arrebatados que nunca, más convencidos que nunca. Estamos curados contra el justo, no le tememos a nada ni a nadie. Ese es el estilo nacionalista, ese es el estilo patriótico”, se escucha decir al hermano del expresidente Ollanta Humala en el encuentro del sábado 4 de enero.

En otro momento, el etnocacerista aseguró que su agrupación, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), se encuentra dialogando con otras organizaciones con miras a las elecciones generales del 2026, a pesar de que el Poder Judicial ordenara su disolución al declararlo ilegal. Como se recuerda, su partido fue declarado ilegal por las amenazas de fusilamiento que se realizaban hacia otros políticos, en específico, expresidentes.

Intervención de los congresistas

Margot Palacios, ex Perú Libre, mencionó que en esta fecha se debía recordar una “gesta patriótica que se realizó 20 años atrás”.

“El sur siempre se ha caracterizado por ser contestataria y revolucionaria, y por eso, esta gesta patriótica que se levantó frente a un gobierno neoliberal, que venía profundizando políticas que iban contra el pueblo. Me sumo a esta fecha de celebración de justicia patriótica”, aseveró.

Por su parte, Alex Flores, quien también entró al Congreso por Perú Libre, calificó el levantamiento ocurrido en Andahuaylas como un “hecho histórico que marcó un antes y un después en la política peruana”.

Finalmente, Roberto Sánchez dijo que este día era “emblemático” porque también “fue una acción de los otros ciudadanos que acompañaron, no una incursión militar, sino una acción política”.

Como se recuerda, Antauro Humala fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas. Luego, en el 2011, su pena se redujo a 19 años, luego de una revisión del caso que realizó la Corte Suprema. El 19 de agosto de 2022, el Instituto Penitenciario ordenó su liberación.