El juez Richard Concepción Carhuancho ha sido contundente y ha rechazado la aplicación de la Ley N° 32108 de ‘crimen organizado’ en el caso ‘Waykis en la sombra’, que involucra al hermano presidencial Nicanor Boluarte Zegarra y a otros implicados, incluida Griselda Herrera Vásquez, exjefa del programa Qali Warma. Como se sabe, la propia Herrera Vásquez solicitó archivar la investigación en su contra, basándose precisamente en la ley del crimen organizado, la cual fue promulgada por el Congreso sin observaciones del Ejecutivo en agosto de 2023.

Esta ley, que sin duda favorece a las personas investigadas por crímenes organizados, fue rechazada por el juez Concepción Carhuancho quien consideró que no se aplicará a este caso particular, ya que la investigación contra Herrera Vásquez y otros implicados fue formalizada antes de la promulgación de la norma.

Es una ley con “nombre propio”

 El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Augusto Concepción Carhuancho utilizó el “control difuso”, un mecanismo que le permite inaplicar leyes cuando considera que afectan derechos fundamentales, o son contrarias a la Constitución, señalando que esta ley habría sido creada “con nombre propio” para favorecer a ciertos acusados.

En tal sentido, el caso “Waykis en la sombra” involucra a una presunta organización criminal destinada a designar prefectos y subprefectos para recolectar firmas y formalizar el partido Ciudadanos por el Perú (CPP), relacionado con Nicanor Boluarte y su hermana la presidenta de la República.

Desesperado por aprobación, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, presentó esta mañana al sujeto identificado como Iván Quispe Palomino, quien sería el número 2 de Sendero Luminoso (SL). El ministro Santiváñez declaró que se trata de un alto mando de la referida organización terrorista, pero expertos le corrigen que el detenido se encuentra alejado de dicha agrupación desde hace varios años.

Posteriormente, en una entrevista con RPP Noticias, aseguró que se trataba del “número dos de Sendero Luminoso”. “Estamos hablando de uno de los mandos más importantes de Sendero Luminoso”, agregó. Sin embargo, minutos después, en una segunda comunicación, evitó reafirmar lo mismo y dijo que la detención se realizó porque Iván Quispetenía requisitorias y presentó un documento falso.

La detención se realizó alrededor de las 9 a.m., en la ejecución del Operativo Génesis dispuesto por el Sector Interior y Comando Institucional. La División de Seguridad Ferroviaria realizó la intervención en la estación Los Jardines de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho a Quispe Palomino de 49 años.

La ‘patinada’ del ministro Santiváñez

Según Pedro Yaranga, experto en seguridad y orden interno, Iván Quispe Palomino es hermano menor de los Quispe Palomino, pero está retirado de SL hace años. Se retiró junto a su hermana Melania. Añadió que es falso que sea el número 2 de dicha organización y que en los últimos años ha tenido una común, dedicándose como obrero de construcción.

Además, el supuesto número dos de Sendero Luminoso no figura en el programa de recompensas del ministerio del Interior, donde se ofrece dinero por información que permita la búsqueda, captura y entrega de criminales, presuntos delincuentes y terroristas.

Cabe indicar que Iván Quispe Palomino no aparece en el organigrama actualizado de la Policía sobre quiénes integran el clan narcoterrorista.

Sin duda, la discusión del ingreso masivo de las ‘energías renovables’ (RER) al sistema eléctrico nacional, prácticamente se ha convertido en un “caballito de batalla” para algunos sectores empresariales, y en especial, para algunos “operadores” que a través del lobby han emprendido una campaña publicitaria para difundir las bondades de esta tecnología. Entre tanto, el Parlamento a través de la Comisión de Energía y Minas continúa aguardando el dictamen del Proyecto de Ley 4565/2022-PE, con el fin de aprobarse a como dé lugar, en cualquier momento. Y en caso de que llegue al pleno y obtenga los votos necesarios para su aprobación, no cabe duda que las tarifas eléctricas se encarecerán más de lo que actualmente afrontamos cientos de miles de usuarios que hasta la fecha hemos asumido el costo y mediante los recibos de luz, ya hemos pagado US$1700 millones durante la última década, para cubrir un subsidio a las renovables (RER).

En tanto, surge la pregunta, ¿A quién benefició este subsidio? Asimismo, el reemplazo del 40% en la capacidad de generación eléctrica a gas natural, por las ‘energías renovables’, apenas reducirían la emisión de gases de efecto invernadero en un 2%. Este impacto costaría más de US$5 mil millones. ¿Y quiénes pagarían eso? nuevamente sería asumido por nosotros, los usuarios.

No obstante, la aprobación de esta norma no solo aumentará los costos, sino, que también desplazaría al gas natural – una fuente de energía limpia y confiable – de la matriz energética, en favor de fuentes más “intermitentes”; tomando en cuenta, que nuestro sistema eléctrico no está listo para controlar la intermitencia de las ‘energías renovables’ (RER). De acuerdo al estudio realizado por las consultoras Gerens y Laub & Quijandría Energy Group (LQG), si las RER alcanzan un 30% de participación en la matriz energética del país, estos “costos sombra” tendrían que ser trasladados a las tarifas eléctricas que pagan todos los usuarios a nivel nacional; un aspecto que no ha sido considerado en el análisis de la propuesta de ley.

En lugar de apresurarse, en la Comisión de Energía y Minas, deben continuar convocando a más expertos, más allá de los parcializados exviceministros Pedro Gamio y Jaime Luyo Kuong, para que se evalúe con objetividad e imparcialidad, cuáles son la ventajas y desventajas de este cambio de fuente energética. Y por qué no, sincerar el discurso y plantear ¿Cuál es el interés verdadero? ¿Realmente se busca beneficiar a millones de usuarios? o ¿se pretende favorecer a un grupito de empresas distribuidoras?  En tal sentido, ¿Cómo se pretende adjudicar las energías RER con menores ofertas en los bloques horarios? cuando se supone que se debe considerar la oferta menor para el uso de las energías durante las 24 horas del día, para así no perjudicar a los usuarios residenciales.

Por otro lado, no cabe duda que la energía solar es limpia y se ha convertido en el paradigma mundial que ha involucrado a que cientos de países las implementen en sus sistemas de generaciones energéticas; sin embargo, ésta cuenta con una gran limitación, que es su intermitencia. Eso significa que únicamente durante el día podría producir electricidad, por lo tanto, no podría cubrir la demanda nocturna, a pesar de que se busque implementar mega-infraestructuras solares. Entonces, aún no se podría prescindir del diésel que será necesario para las noches con el fin de mantener el debido nivel de carga estable; no obstante, los precios de generación nocturna sin duda aumentarían, como es el caso de Chile, que si bien maneja gran despliegue de energía solar, durante las noches recurren al gas importado y al diésel para poder mantener y cubrir la demanda requerida.

Sin duda, cualquier ciudadano civilizado está de acuerdo con las políticas para reducir las emisiones de carbono; sin embargo, se requiere agentes sociales, políticos y técnicos responsables, imparciales y en especial probos, con el único objetivo que impulsen una real política energética que garantice, no solo el acceso, sino, la seguridad y en especial el bienestar de los millones de usuarios que solo buscamos que haya equidad y buen manejo gubernamental en beneficio de todos, y no de un reducido grupo de consorcios que únicamente cautelan sus fines crematísticos.  

En medio de su más baja desaprobación de 92%, la presidenta Dina Boluarte, mantiene su obstinación y vuelve a acumular más de tres meses sin responder las preguntas de los medios de prensa. Han pasado 100 días desde la última vez en que Boluarte Zegarra, se paró frente a los periodistas para responder preguntas sobre su gestión en materia de seguridad y economía.

Recordemos que su última interacción con la prensa fue el 3 de julio pasado cuando apenas brindó un pequeño balance sobre su viaje a China, en el cual mostró una actitud confrontacional con la prensa, y aseveró que difunden noticias tendenciosas, en el momento que se sentó frente a un auditorio repleto de periodistas que buscaban respuestas sobre el caso Rolex y sobre las acciones del gobierno frente a los abusos sexuales cometidos contra 500 niñas de la comunidad Awajún.

Como se sabe, desde el inicio de 2024, la presidenta Dina Boluarte solo declaró en cuatro ocasiones, incluyendo la mencionada tras su llegada de China. Una en una conferencia sobre el balance de su gestión, donde habló poco menos de 1 hora, por el caso Rolex, por el allanamiento de su casa y el balance del viaje a China.

La congresista Norma Yarrow dio un plazo máximo de 15 días al ministro de Justicia, Eduardo Arana, para que resuelva que declare en emergencia todas las cárceles en el Perú debido al crisis de hacinamiento que se vive en esos centros penitenciarios.

Caso contrario, la representante de Renovación Popular adelantó que promoverá una moción de interpelación para el titular de la referida cartera ministerial.

Así lo anunció la parlamentaria de Renovación Popular durante su programa “Con Norma en vivo”, que se emite a través de sus redes sociales todos los martes al mediodía.

“Le doy 15 días al ministro de Justicia, Eduardo Arana, para que saque un presupuesto y declare en emergencia las cárceles del Perú. Hace más de un año y medio nos dijo usted que iba a poner operativa la cárcel de Pisco, y hasta ahora, nada”, recordó.

Dejé de asesorar mal a la presidenta Dina Boluarte “y dé solución a esta problemática de manera urgente”.

“Nosotros, la bancada de Renovación Popular hemos pedido que los cuarteles que están en manos del Ministerio de Defensa se conviertan en cárceles transitorias en tanto usted construye otras cárceles”, comentó.

También está la posiblidad que se utilicen los grilletes electrónicos para casos como juicios por alimentos y otros, agregó.

Yarrow Lumbreras indicó que hoy miércoles el pleno debatirá justamente un proyecto de su autoría que establece se declare de interés nacional el uso de grilletes electrónicos y se apruebe el Código de Ética del servidor penitenciario.

La legisladora detalló que el uso del grillete electrónico cuesta al Estado alrededor de 800 soles al mes, mientras que mantener a cada preso en un penal 1,260 soles.

El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, durante sus alegatos indicó que no se puede corroborar que su patrocinado hizo negociaciones incompatibles con Odebrecht y en su lugar, culpó al fallecido Josef Maiman de todos los sobornos.

Roberto Su detalló que no existen argumentos del Ministerio Público que puedan probar una acción de Toledo Manrique en el caso; y recalcó que él no intervino en ninguno de los proyectos investigados por supuestos favorecimientos ilegales a Odebrecht.

“No hay ninguna participación del señor Alejandro Toledo, no hay ninguna prueba, no ha probado el Ministerio Público que el señor Toledo haya tenido algún grado de participación en la elaboración de los contratos: Proyecto 1, Proyecto 2, Proyecto 3, Proyecto 4. Es decir, se trata simplemente de una argumentación que no tiene fundamentos”, sustentó.

En tal sentido, la defensa técnica solicitó que se absuelva al exjefe de Estado de todo lo seguido contra él, en tanto no es probado que haya contado con los acuerdos, autorizaciones y demás en materia de investigación. Por el contrario, adjudicó de todas las acusaciones y negociaciones ilegales, al empresario peruano-israelí fallecido.

“En consecuencia respecto a este cargo, esta defensa solicita que se le absuelva del cargo, de los antecedentes y de todo tipo de responsabilidad en la medida que, primero no corresponde constitucionalmente; y segundo, no existe prueba suficiente y sólida que corrobore que el sr. Toledo tuvo acuerdos, autorizaciones y que conocía de los entretelones que habrían existido entre Josef Maiman y Jorge Barata”, recalcó.

Ante ello, reiteró su argumento y agregó la lectura de otros nombres y altas sumas de dinero que habrían sido entregadas a estos. Para Su, esto constituye una prueba de que su defendido no habría recibido los tan mencionados millones.

“Es evidente, señores magistrados, que dinero ha existido. Hoy está la ruta del dinero, pero no corresponde a esta defensa explicar por qué Barata le pagó a Maiman. (…) Y está probado por la ruta del dinero que el Sr. Alejandro Toledo no ha tenido participación ni beneficio, entonces la pregunta es ¿Cómo podemos sostener que el señor Toledo es beneficiario de 30 millones, de 20 millones? (…)”, concluyó.

Foto: Composición.

La defensa legal de la presidenta de la República Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, pidió al Ministerio Público que se archive la investigación contra su patrocinada por la presunta reunión que sostuvo con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el fin de intercambiar favores políticos.  

Portugal criticó que se haya abierto un caso contra su defendida por las declaraciones del exasesor fiscal Jaime Villanueva y manifestó que la Fiscalía podría iniciar una investigación contra el exasesor por ofrecer información falsa.

“Así como se han creado investigaciones sobre la base de aspirantes con información absolutamente desprovista de veracidad, el Ministerio Público tiene que tener la coherencia institucional, no solo de archivar el caso, sino identificar el tipo penal de denuncia calumniosa y crear una investigación respecto a una información sobre un declarante que ha hecho uso del eco de la mentira para importunar al Ministerio Público y crear investigaciones sin norte”, sostuvo y también precisó que la presidenta ha respondido a preguntas sobre las personas involucradas, incluido el excomandante general de la Policía Raúl Alfaro Alvarado, el exministro de Defensa y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Además, calificó algunos cuestionamientos como hipotéticos e impertinentes.

“Los primeros 40 o 45 minutos no estuvieron enfocados en la declaración, tuvimos que pedirle al Ministerio Público de que aproveche la presencia de la presidenta de la República para que se le haga preguntas respecto al hecho (…) Permitimos absolutamente todas (las preguntas) aún cuando las preguntas en algunos casos fueron hipotéticas, subjetivas e impertinentes”, agregó.

Fiscalía investiga a la presidenta por presunto delito de cohecho en agravio del Estado

La Fiscalía de la Nación persigue un proceso contra la mandataria Dina Boluarte porque habría mantenido una reunión con Patricia Benavides, cuando ésta aún se desempeñaba como Fiscal de la Nación. Las declaraciones del exasesor de Fiscalía, Jaime Villanueva, detallaron que, durante el encuentro Benavides Vargas pidió a la presidenta que no retire a Raúl Alfaro de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. Y a cambio del pedido, dio la promesa de no realizar una denuncia constitucional en el Congreso de la República por los fallecimientos durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. Por esa razón la Fiscalía de la Nación abrió una investigación de forma preliminar contra Boluarte Zegarra por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

La congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) sufrió un accidente el último domingo mientras manejaba su mototaxi por el distrito de Lurín, resultando policontusa por el fuerte impacto. Según los primeros reportes, la parlamentaria contaba con su brevete vencido.

De acuerdo al parte policial, la legisladora iba manejando el vehículo menor acompañada de Fiorella Nizama (28) quien es su trabajadora de su despacho, saliendo esta última también con varias heridas. Ambas fueron trasladadas en la ambulancia de bomberos a una clínica local.

En la unidad también viajaban Mariela Quispe Erique, de 28 años, y Cecilia del Rosario Tejada Olavegoya, de 33 años, quienes fueron llevadas en una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud para ser atendidas.

De acuerdo con información difundida por Canal N, la congresista posee licencia e categoría BII-C para vehículos menores y transporte de mercancías, la cual se encuentra vencida. Este hecho podría acarrear consecuencias legales para la parlamentaria, ya que conducir con una licencia caducada es una falta que, dependiendo de la normativa vigente, podría implicar sanciones o multas.

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Congresista Kira Alcarraz manejó con brevete vencido. Sufrió un accidente pasado en un mototaxi.

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/z4263fbJD6

— Canal N (@canalN_) October 15, 2024

El accidente y el estado de la licencia vencida de Alcarraz han generado cuestionamientos sobre la responsabilidad de la parlamentaria, quien se encontraba transportando a más personas de las permitidas en un vehículo motorizado de estas características. Según la ley de tránsito, este tipo de vehículos tiene un límite de ocupantes que, al ser superado, podría incrementar los riesgos de accidentes y las posibles sanciones.

Hasta el momento, no se han dado detalles oficiales sobre las causas exactas del accidente o si la congresista enfrentará acciones legales adicionales.

El dato:

Alcarraz ha contado que, antes de llegar al Congreso, desempeñó diversos trabajos para subsistir, como vendedora ambulante, grifera, recicladora, vendedora por catálogo y fue una de las primeras mototaxistas mujeres en Ticlio Chico, en el distrito de Villa María del Triunfo.