Lo que debería ser un proyecto técnico y estratégico para mejorar la movilidad en Lima-Este, se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación política. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por César Sandoval protagonizan una disputa pública que, más que acercar soluciones, evidencia agendas personales y tensiones entre autoridades que deberían trabajar juntas.

Desde el MTC, la respuesta al alcalde de Renovación Popular no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la institución recordó que todo proyecto de infraestructura debe desarrollarse “acorde a los requerimientos técnicos y no a imposiciones políticas”. También calificaron como “agresivo y ordinario” el comportamiento de López Aliaga, en referencia a los ataques verbales lanzados por el burgomaestre contra el ministro César Sandoval.

El ministerio fue enfático en señalar que no está poniendo trabas, sino cumpliendo con su rol rector en materia de transportes. “Actuamos con seriedad y responsabilidad”, indicaron, descartando actuar por motivaciones personales o políticas. Además, precisaron que las autorizaciones para la operación del tren serán evaluadas conforme a criterios técnicos, especialmente en cuanto a seguridad vial.

Del otro lado, el alcalde de Lima continúa elevando el tono. Desde el Callao, acusó al ministro Sandoval de “no querer que la gente sea feliz” y de oponerse a todo por razones políticas. “Si quiere politizar esto, política tendrá”, afirmó, insinuando que el titular del MTC responde a intereses oscuros, sin ofrecer pruebas. A través de redes sociales, fue aún más lejos, pidiendo su renuncia y calificando su gestión de “pésima” y “mezquina”.

En el fondo, el problema parece no ser solo técnico. López Aliaga, que insiste en que no será candidato presidencial, parece más interesado en capitalizar políticamente cada acción municipal. La presentación de los trenes —aún sin infraestructura para operar— se convierte en un espectáculo simbólico que busca mostrarlo como un ‘gestor eficiente’, aunque los plazos y condiciones reales digan lo contrario.

En vez de avanzar en soluciones para la ciudad, el proyecto de tren entre Lima y Chosica queda atrapado entre el ego de un alcalde en campaña y la reacción de un ministerio que, aunque defiende el marco legal, tampoco ha sabido comunicar con claridad su hoja de ruta.

En lugar de tender puentes, el gobierno de Dina Boluarte opta nuevamente por levantar muros. En un reciente pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, la presidenta descartó cualquier posibilidad de diálogo con los mineros ilegales que, desde hace semanas, bloquean vías y protagonizan enfrentamientos violentos en distintas regiones del país.

“Nosotros no pactamos con la ilegalidad, el estado y el gobierno apoyan a los emprendedores peruanos de los que nos sentimos orgullosos porque crean sus propios puestos de trabajo por el bien de sus familias. Los mineros ilegales están al margen de la ley. Con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo, porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país. Atentan contra la vida civilizada de todos los peruanos”, sentenció Boluarte Zegarra, marcando distancia tajante con un sector que, aunque fuera de los marcos legales, representa un problema estructural que el Estado ha sido incapaz de abordar durante décadas.

La mandataria responsabilizó directamente a estos grupos por las muertes registradas en las protestas y denunció supuestos vínculos con sectores extremistas, sin aportar pruebas concretas. También pidió al Ministerio Público investigar a dirigentes y congresistas que, según afirmó, estarían promoviendo acciones “contra el Estado”. Su discurso, más confrontacional que resolutivo, busca mostrar firmeza, pero elude la complejidad del problema: un Estado ausente que permitió el crecimiento descontrolado de esta actividad y una informalidad que ha sido usada electoralmente por muchos actores políticos, incluidos los actuales.

Por otro lado, los grupos mineros que bloquean carreteras tampoco ofrecen legitimidad moral ni política. Usan la violencia y el chantaje como métodos de presión, afectando el transporte, la salud y la economía de miles de peruanos. No representan a todos los pequeños mineros ni a quienes buscan formalizarse, pero su protagonismo ha terminado por eclipsar cualquier agenda de diálogo razonable.

En medio de esta tensión, Dina Boluarte anunció la instalación de una mesa técnica para la formalización minera este lunes 14 de julio, en la que participarán el Presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, la Presidenta del Poder Judicial Janet Tello, el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, representantes de los gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez); aunque queda claro que, sin liderazgo ni voluntad real de diálogo, difícilmente se logrará algo más que declaraciones.

Mientras tanto, el país sigue atrapado entre una presidencia autoritaria y sectores ilegales dispuestos a incendiarlo todo.

Apuntan a un mismo objetivo. Faltan pocos días para la fecha límite para la conformación de alianzas y el Partido Popular Cristiano (PPC) ha decidido unirse formalmente con el partido Unidad y Paz, del parlamentario Roberto Chiabra. La intención es solo una y es llegar al poder en las próximas elecciones del 2026; para ello han visto conveniente designar a militar en situación de retiro como su cara más visible. La pregunta es ¿conectará su rigor militar y voz aguardentosa con la población?

En ese sentido, Javier Bedoya, secretario general del PCC, explicó que la decisión fue tomada tras un congreso extraordinario del partido. Durante ese encuentro, los líderes del PPC acordaron que el ex militar de 75 años sea el candidato presidencial de la coalición. Bedoya también mencionó que las conversaciones con otros partidos continúan, lo que podría ampliar la coalición en los próximos días.

“La idea es, finalmente, agrupar a partidos que pertenecemos a un mismo espacio político, ir juntos y demostrar madurez ante el electorado, mostrando que el centro hacia la derecha se puede unir y anteponer sus intereses por el bien del país”, expresó.

Asimismo, Bedoya destacó que existen “muchas coincidencias” entre el PPC y Chiabra, especialmente en la defensa de la democracia, el modelo económico y la lucha contra la corrupción. Además, resaltó la vasta experiencia del parlamentario en seguridad y su trabajo en el sector público. “Chiabra cumple el requisito que la población pide en cuanto a seguridad ciudadana”.

El dato:

El 1 de septiembre, el JNE dará a conocer cuáles de las alianzas electorales han cumplido con los requisitos establecidos para su inscripción. 

Una vez más, la controvertida la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco —una de las más sensibles y estratégicas del país por su importancia patrimonial— es escenario de una cuestionable designación. Esta vez, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ha nombrado como nuevo titular de esta oficina a Handersson Bady Casafranca Valencia, un abogado con antecedentes que despiertan más dudas que confianza.

La designación se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 000171-2025-MC, publicada este lunes. Casafranca es natural del Cusco, abogado de profesión y cuenta con estudios de posgrado en derecho ambiental, constitucional y comunicación para el desarrollo. Su experiencia laboral incluye cargos en el Poder Judicial, PCM, SUNEDU, Ministerio de la Producción, SUTRAN y EsSalud. También figura como representante legal de al menos tres empresas privadas, (“Casafranca Legal Perú Abogados Asesores y Consultores S.R.L.”; “Monte Bello International Peru Fashion S.A.C.”; y “Dolce E Verde Alimentación Saludable E.I.R.L”; lo cual podría generar conflictos de interés en su nuevo rol público.

Sin embargo, su paso por EsSalud Cusco dejó una huella preocupante. En 2018, fue separado de su cargo como asesor legal de la Red Asistencial del Seguro Social en Cusco, tras ser involucrado en un presunto caso de colusión. Junto a otros dos funcionarios, Casafranca Valencia fue denunciado por haber direccionado la compra de pasajes aéreos para favorecer a familiares cercanos, manipulando requerimientos y fragmentando costos para evadir los procesos de contratación pública con un monto menor de 8 UIT (Unidades Impositivas Tributarias).

Según la denuncia, las órdenes de compra fueron emitidas con posterioridad a la adquisición de los pasajes y con montos presuntamente inflados.

Este historial no ha sido obstáculo para su reciente nombramiento al frente de la DDC Cusco, una entidad históricamente golpeada por la inestabilidad, el clientelismo político y múltiples denuncias de irregularidades. La decisión del ministro Fabricio Valencia pone nuevamente bajo la lupa la falta de criterios técnicos y filtros éticos en las designaciones dentro del Ministerio de Cultura.

Cabe recordar que, hasta este domingo 13 de julio, la cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, se encontraba a cargo de la DDC Cusco de forma interina. Su gestión ha sido también criticada por la falta de transparencia y por las decisiones políticas que han primado por encima del interés patrimonial.

El nombramiento de Handersson Bady Casafranca Valencia reaviva las preocupaciones sobre la calidad de la gestión pública en un sector clave como el cultural, donde la idoneidad y la probidad de sus funcionarios debería ser incuestionable.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhibirá en el Parque de la Muralla, el primer lote de vagones y locomotoras adquiridos a la empresa Caltrain, con los que el alcalde Rafael López Aliaga planea impulsar el proyecto de un tren de cercanías entre el Cercado de Lima y Chosica. Aunque aún no existe la infraestructura operativa ni la autorización técnica para su funcionamiento, el evento ha sido organizado como una pomposa presentación pública, con animación musical a cargo de Deyvis Orosco y Ruby Palomino.

Los trenes, que arribaron al país la noche del viernes, serán trasladados desde el Callao hasta la estación Desamparados, según una fuente edil. La actividad contará con la presencia del alcalde y una comitiva de invitados. La Municipalidad afirma que tres operadores ferroviarios han mostrado interés en participar en el concurso público para operar la línea, proceso que, de acuerdo a estimaciones internas, podría tomar varios meses.

Pese a la ausencia de condiciones mínimas para la operación del servicio —como vías, estaciones habilitadas y certificaciones técnicas—, López Aliaga declaró que “estamos listos para operar” y arremetió contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, a quien acusa de frenar el proyecto por motivos políticos. “Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no funcionan”, dijo el burgomaestre de Renovación Popular, refiriéndose a las unidades que antiguamente prestaron servicio en el Silicon Valley.

Desde el MTC, el ministro Sandoval aclaró que los trenes no tienen aún ninguna autorización para operar y que por el momento solo serán trasladados a un almacén de la concesionaria Ferrocarril Central Andino. “No hay fecha concreta para la marcha blanca. Una vez en el almacén, se harán las verificaciones necesarias”, precisó.

La presentación de los trenes se produce en un contexto de alta exposición mediática por parte del alcalde, quien —pese a insistir en que no será candidato a las elecciones generales— viene desplegando una “estrategia de campaña” que combina obras simbólicas, anuncios grandilocuentes y confrontación política. En lugar de un anuncio técnico, el acto parece orientado a fortalecer su imagen como gestor eficiente, aunque no existan condiciones reales para la operación del servicio ferroviario.

Además, el discurso de López Aliaga se ha tornado cada vez más intolerante frente a las críticas. En repetidas ocasiones ha calificado de «comunistas» a quienes cuestionan sus decisiones, evadiendo así el debate técnico y político necesario para una obra de esta magnitud.

Por otro lado, el exministro Rafael Rey aclaró en una reciente entrevista que la adquisición de los trenes no fue una donación, como inicialmente se sugirió desde la Municipalidad. “Se ha pagado US$7.5 millones a Caltrain. No es una donación, es una compra”, indicó.

En suma, la gestión de López Aliaga busca mostrar resultados a toda costa, aunque ello implique inaugurar trenes sin vía y sin permiso. Una estrategia donde la forma se impone al fondo, y donde el cálculo electoral parece pesar más que la viabilidad técnica.

Muchas colas, pacientes, enfermos, moribundos, familiares desvelados, ministros de salud, presidentes, pasaron por más de cinco décadas y la Torre Trecca, construida inicialmente en el año 1969, nunca vio la luz debido a esa insoportable burocracia que se encuentra en cada rincón de las instituciones del Estado. Así de lento funciona nuestro país y todo aquel que haya pasado por un proceso judicial o sacado una cita médica lo sabrá perfectamente.

El edificio de 23 pisos, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Arenales, fue pensado como un conjunto de consultorios para trabajadores del seguro social, sin embargo, tras algunas modificaciones estructurales en 1980, el recordado ‘elefante blanco’ quedó paralizado en el año 1985.

Pasaron los años y todos los transeúntes se preguntaban qué pasó con aquel proyecto inconcluso, olvidado durante varios gobiernos sin que ninguno se atreva a terminar lo que alguna vez se empezó. Sin embargo, esta vez la suerte de la Torre Trecca finalmente tendría un desenlace feliz, luego que EsSalud y ProInversión firmaran un convenio que permitirá reactivar el edificio bajo la modalidad de asociación público-privada. La inversión supera los S/490 millones, y se prevé habilitar 110 consultorios, servicios especializados en más de 20 áreas médicas y un centro oncológico con equipamiento de última generación. El proyecto beneficiará a más de 13 millones de personas afiliadas al sistema nacional de salud.

“Con el apoyo de Proinversión, esta emblemática infraestructura se convertirá en un establecimiento asistencial funcional y equipado, donde se ofrecerán servicios de consulta externa, urgencias, riesgo quirúrgico, procedimientos especializados y diagnóstico por imágenes. De esta manera EsSalud se pone a la vanguardia en beneficio de los 13 millones de asegurados”, afirmó el titular de EsSalud, Segundo Acho.

El convenio firmado este 2025 establece que el concesionario realizará toda la inversión inicial y EsSalud la reembolsará a lo largo de 10 años. Sin embargo, el inicio de obras aún depende de la aprobación de una adenda técnica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo con ese visto bueno, el consorcio podrá ejecutar las obras. El plazo estimado para su habilitación oscila entre 18 y 24 meses.

Tras los escándalos que marcaron el final de ‘Qali Warma’ y el fallido experimento de ‘Wasi Mikuna’, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) liderado por la cuestionada Leslie Urteaga Peña lanza su tercer intento: el programa “Desayuno en mi Cole”, que entrará en vigencia este 11 de agosto en 62 colegios públicos de Lima y Callao.

Aunque se presenta como una «nueva estrategia» para asegurar alimentos frescos y preparados dentro de las instituciones educativas, la credibilidad del Midis está por los suelos. Los antecedentes son claros: ‘Qali Warma’ fue blanco de múltiples denuncias por intoxicaciones, incluso con productos en mal estado como las recordadas conservas con carne de caballo distribuidas en Puno por la empresa Frigoinca, lo que provocó una crisis sanitaria y la destitución de 19 funcionarios.

En respuesta, el entonces ministro Julio Demartini lanzó, en noviembre de 2024, el programa ‘Wasi Mikuna’, prometiendo eficiencia y control. Pero apenas meses después, nuevas intoxicaciones y quejas por alimentos malogrados obligaron al gobierno a declarar en emergencia el servicio alimentario escolar hasta diciembre de 2025. Ahora, con otro cambio de nombre y esquema, el Midis insiste en recomenzar.

En noviembre de 2024 el exministro Demartini cambió de nombre a ‘Qali Warma’ por el de ‘Wasi Mikuna’.

¿Qué ha cambiado realmente? Según la ministra Leslie Urteaga Peña, esta vez habrá mayor control: los alimentos se prepararán diariamente dentro de los colegios, a cargo de un concesionario externo. Pero esa misma figura —la tercerización del servicio— ha sido utilizada antes, sin resultados que eviten los riesgos sanitarios ni la corrupción.

Mientras tanto, el exdirector ejecutivo de ‘Qali Warma’, Fredy Hinojosa, sigue en su cargo de vocero en Palacio de Gobierno, pese a ser señalado en varias investigaciones por omisión de funciones y negligencia.

El Midis, lejos de mostrar una política alimentaria sólida, parece limitarse a cambiar de nombre y maquillar el fracaso con nuevas promesas. Pero mientras no haya responsables sancionados ni un rediseño real del sistema, los escolares seguirán siendo víctimas de la improvisación estatal.

El Poder Judicial, una vez más, ha optado por preservar los intereses económicos de empresas privadas en detrimento del interés público. Esta vez, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, una infraestructura manchada por la corrupción durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

La decisión, firmada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, favorece a Lima Expresa S.A.C., empresa actualmente a cargo de la concesión y vinculada directamente con el caso Lava Jato. La Fiscalía había solicitado que se detuviera el cobro de peajes mientras avanzan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita, en las que están implicadas varias compañías brasileñas y funcionarios de la gestión Villarán.

Corrupción reconocida, pero sin consecuencias prácticas

La resolución judicial reconoce que la empresa Lima Expresa, anteriormente conocida como LAMSAC, está siendo investigada como parte de una red de corrupción encabezada por la constructora brasileña OAS. Sin embargo, considera que no existen motivos suficientes para suspender el cobro de peajes, ni para entregar temporalmente la administración del proyecto a la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A.

El argumento principal del juzgado se sostiene en la supuesta falta de riesgo procesal. Según Lima Expresa, ya no hay posibilidad de obstaculización porque la Fiscalía incautó todos los documentos clave en los allanamientos de mayo de 2023. Además, la empresa alegó que desde 2020 está aplicando correctamente la fórmula de reajuste tarifario dictada por un laudo arbitral internacional.

Fiscalía solicitó al PJ suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla, pero éste no le dio la razón.

¿Y el perjuicio económico al ciudadano?

Mientras Lima Expresa se defiende invocando la legalidad de sus operaciones desde 2020, la Fiscalía documenta que el primer reajuste tarifario en 2013 —realizado durante la gestión de Susana Villarán— violó el contrato. En lugar de aplicar una fórmula mixta, se utilizó únicamente el IPC nacional, lo que infló las tarifas de manera irregular.

Según el Ministerio Público, esta decisión generó un perjuicio económico al Estado y a los ciudadanos por más de S/ 20 millones, sin que se aplicaran sanciones a la concesionaria. La MML, controlada entonces por la alcaldesa Villarán, avaló el reajuste sin cuestionamientos ni penalidades, pese a tratarse de fondos públicos.

Además, uno de los actos más cuestionables fue la inclusión del Proyecto Río Verde mediante una adenda al contrato original, reemplazando al proyecto COSAC IV sin estudios técnicos ni aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio no solo desvió recursos sin control, sino que favoreció directamente a la empresa sin prever mecanismos correctivos.

El fantasma de la quiebra y el chantaje económico

Lima Expresa, hoy controlada por el grupo francés Vinci Highways, argumentó que suspender los peajes durante un año significaría su quiebra. Dijo que se verían afectados 627 trabajadores, los fondos de pensiones que han invertido en sus bonos, y la recaudación del Estado vía IGV.

Este tipo de narrativa —el riesgo de colapso económico— ha sido recurrente en las defensas de concesionarias implicadas en corrupción. La empresa, pese a estar bajo investigación penal, apela a una lógica de chantaje económico que antepone la estabilidad financiera a la rendición de cuentas.

Pero, ¿debe el Estado renunciar a la justicia para evitar la quiebra de una empresa? ¿Debe tolerarse el cobro de peajes en condiciones cuestionadas por la propia Fiscalía, solo para evitar un impacto en el flujo de caja de una firma privada?

Diferencias con el caso Rutas de Lima: ¿doble rasero judicial?

La Fiscalía también intentó que el juzgado tomara en cuenta el precedente del caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender los peajes por la ausencia de vías alternas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz rechazó esa comparación, argumentando que las condiciones legales y técnicas eran distintas.

Aunque los contextos puedan variar, en ambos casos hay una constante: contratos de concesión firmados en contextos de corrupción, peajes impopulares y decisiones judiciales que terminan por favorecer a los actores privados, incluso cuando están bajo investigación por delitos graves.

Una justicia que llega tarde y a medias

El fallo del juez Chávez Tamariz refleja una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano: la incapacidad para actuar de forma preventiva frente a casos de gran corrupción. Las decisiones tienden a privilegiar la estabilidad económica sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

En el fondo, lo que se está legitimando es que empresas salpicadas por escándalos de corrupción —como OAS o sus subsidiarias— puedan seguir operando con normalidad, mientras el proceso judicial se arrastra por años. En paralelo, la ciudadanía sigue pagando peajes elevados sin recibir mejoras sustantivas en infraestructura ni respuestas claras sobre a dónde va ese dinero.

Demandas millonarias y arbitrajes internacionales

El caso se complejiza aún más al conocerse que, paralelamente, la Municipalidad de Lima enfrenta una condena internacional: deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales, según una reciente sentencia en EE.UU. El Estado peruano ya ha iniciado acciones para investigar los vínculos de Brookfield, controladora del consorcio, con Susana Villarán.

Pero eso no es todo. Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. La Municipalidad de Lima afirma que presentará nuevas pruebas sobre irregularidades en los contratos, pero el costo de estos litigios ya recae sobre los contribuyentes.

¿Quién paga por la corrupción?

Lo más preocupante es que, pese a los millonarios perjuicios económicos y las pruebas reunidas por la Fiscalía, las medidas correctivas son mínimas. Mientras las empresas se protegen con arbitrajes internacionales, el ciudadano común sigue atrapado entre contratos viciados, tarifas injustas y un sistema judicial que llega tarde y actúa con tibieza.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos millones más deben perderse antes de que se tomen decisiones valientes en defensa del interés público?