El presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República se pronuncia sobre el informe de la Contraloría que confirma la irregular contratación de la empresa Joinnus de Credicorp.

Mediante sus redes sociales el parlamentario mencionó: “El informe de Contraloría sobre la venta de boletos a Machu Picchu concluyó que el contrato entre el Ministerio de Cultura y Joinnus, y sus adendas incumplieron tanto la ley de Presupuesto del Sector Público como la Ley de Contrataciones del Estado”.

Además, el presidente de la Comisión de Cultura agregó: “Estas irregularidades detectadas no sólo deben terminar en sanciones disciplinarias a los funcionarios de la entidad, sino que la ministra de Cultura debe asumir su evidente responsabilidad política”.

Como se recuerda, la ministra Leslie Urteaga estuvo a punto de ser censura por su negativa gestión que viene ejerciendo en el Ministerio de Cultura, pero fue salvada por la bancada de Fuerza Popular, Avanza País, APP, entre otros.

El contundente informe de Contraloría y de OSCE, han demostrado la grave irregularidad cometido por funcionarios del Ministerio de Cultura y de la empresa Joinnus de Credicorp.

Lo contó todo. Durante la audiencia de prueba anticipada en el proceso seguido contra Faresh Miguel Atala Herrera por el delito de lavado de activos, el ex director de Petroperú aseguró haber entregado un millón 300 mil dólares en efectivo al ex presidente Alan García, entre los años 2010 al 2017. La entrega de ese dinero, según Atala, se realizó en distintos lugares, pasando por una casa en Las Casuarinas, la Universidad San Martín de Porres, e incluso en Palacio de Gobierno.

Atala Herrera dijo actuó como testaferro de García Pérez para que pueda recibir dinero de la constructora brasilera Odebrecht y que en total fueron 43 depósitos cuyos montos estaban por debajo de los 50 mil dólares.

“Hay diferentes montos. Había veces de 20 mil, otras de 25 mil, veces de 30 mil, a veces de 45 mil o 50 mil. Dependiendo también las fechas. En las fechas más importantes, que era cerca de Navidad, yo inclusive traté de ir dos veces”, dijo en la audiencia ante el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez.

“Como estudié Contabilidad y soy minucioso para las cosas, yo anoto todo lo que hago. No solamente en este caso. Yo anoté cada entrega, cada monto de dinero. Tenía además en mi computadora el dinero que entregaba y de dónde venía. Ya sea de mi empresa o de mi cuenta personal”, agregó.

💰🚨Miguel Atala: “Entregué US$1 millón 300 mil” a Alan García. Exdirector de Petroperú detalló en audiencia que hizo 43 entregas de dinero en efectivo al exmandatario.

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— Perú21 (@peru21noticias) May 3, 2024

Dinero iba a parar a paraíso fiscal de Andorra

En otro momento, Atala Herrera contó a los representantes del Ministerio Público que había ocultado las transferencias bancarias cuyo origen era Kliendfeld Services Ltda, empresa offshore que utilizaba Odebrecht para realizar pagos a políticos en diferentes países, en una cuenta en Andorra.

“En 2010 me llama el presidente para que lo visite. Estuve en su oficina, en palacio. Me anuncié, me recogió una persona en la puerta de palacio, me llevó a la oficina de Nava y este me acompañó a la oficina del presidente. Estuvimos conversando de cosas generales hasta que me dijo: ‘Miguelito, te ha dicho Lucho Nava sobre este tema’. Yo le respondí ‘sí, presidente, sí me ha dicho’. Entonces, me dijo: ‘cuando puedas, sin incomodarte, a ver si me puedes ir trayendo (el dinero). Me invitó mi cafecito y me retiré”, finalizó.

No aprende. Una persona que no sabe controlar sus emociones no debería tener un cargo público, sobre todo los congresistas, quienes son los representantes de la población. La inmadurez emocional de la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) una vez más le hace una mala jugada, pues esta, luego de escuchar la sanción que la Comisión de Ética le impuso por participar en una fiesta donde falleció una persona, no se quedó callada, amenazando al presidente de dicha comisión con difundir videos donde se le muestra en fiestas en plena semana de representación.

Ante ello, el parlamentario de la bancada de Perú Bicentenario, Jorge Marticorena, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética alegando “falta a la ética parlamentaria bajo proceso especial de flagrancia”.

“La actitud de la congresista denunciada nos agravia a todos los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria por cuando incluso, en sus argumentos y amenazas, ha cuestionado nuestra decisión pese a que un Estado democrático de derecho obliga a respetar los acuerdos que se tomen, aun cuando no se esté de acuerdo con ellos”, se lee en el documento realizado por el parlamentario.

Congresista Amuruz salió a ofrecer disculpas

Tras el incidente que protagonizó, la legisladora se disculpó por haber salido abruptamente de la sesión de la Comisión de Ética que la sancionó por no informar si organizó la fiesta del ex legislador Paul García, en la que murió el comunicador Christian Tirado. Sin embargo, sostuvo que la sanción en su contra se dio por un informe elaborado sobre la base de dichos que no fueron corroborados.

“En qué se está basando la Comisión de Ética, en dichos, citaron a distintos testigos y les comunico que ninguno asistió, ninguno dio ningún testimonio de que efectivamente yo había organizado la fiesta (…) Es por ello mi molestia y pido las disculpas públicas”, sostuvo de manera genérica, no determinando si se disculpaba con su compañero de bancada, el legislador Diego Bazán.

En pleno Día del Trabajo, mientras los peruanos festejaban su descanso por feriado laboral, la presidenta de la República Dina Boluarte aprovechó para condecorar con la Orden del Trabajo al titular del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, en medio de las graves investigaciones en su contra.

Desde Palacio de Gobierno, la mandataria rindió homenaje a Arévalo Vela, quien lidera al Poder Judicial, institución que en algún momento evaluará las acusaciones en contra de Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’ y las marchas, donde hubo un trágico saldo de muertos.

El Gobierno habría optado por galardonar al máximo líder de la Corte Suprema, por tratarse del primer abogado laboralista que llega a ocupar la presidencia del Poder Judicial, así como por sus aportes a la Ley Procesal del Trabajo y a su posterior reforma promulgada en el 2023.

Expremier de Dina Boluarte actualmente es asesor del presidente del PJ, Javier Arévalo

El expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte, Pedro Ángulo Arana, dejó dicho cargo, el 21 de diciembre de 2022; es decir, solamente permaneció 11 días en la PCM. E inmediatamente a los pocos días, desde el 7 de enero de 2023, Ángulo Arana se convirtió en el asesor principal del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.

“A través del Oficio N° 0304-2022-2daSDCST-P-PJ de fecha 29 de diciembre del 2022, el presidente del Poder Judicial para el período 2023-2024, propone en el cargo de confianza al jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, al señor abogado Pedro Miguel Angulo Arana, señala el oficio.

Y posteriormente, mediante la Resolución Administrativa N° 000028-2023-P-PJ, Pedro Ángulo Arana es designado:

SE RESUELVE:

Artículo Primero. – DESIGNAR, a partir de la fecha, al señor Abogado PEDRO MIGUEL ANGULO ARANA, en el cargo de confianza de jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República”, se lee en la resolución.

Resolución Administrativa N° 000028-2023-P-PJ, que designa a Pedro Ángulo como asesor de Javier Arévalo.

Presidente del PJ según la ley, está impedido de recibir condecoraciones de litigantes

No solo habría un presunto conflicto de interés de parte del presidente de la Corte Suprema Javier Arévalo por haber recibido un galardón de la mandataria Dina Boluarte, y cuyo expremier de su gobierno que también está investigado por las muertes en las protestas antigubernamentales, es el abogado Pedro Ángulo, quien actualmente trabaja con Arévalo en calidad de su asesor en el Poder Judicial.  Sino que, también, Javier Arévalo, estaría violando la ley, al recibir una condecoración de una persona que está investigada por la Fiscalía y que luego pasaría a ser procesada por el órgano judicial que él dirige.

En resumidas cuentas, Javier Arévalo, según el inciso 2 del artículo 40° de la Ley (N° 29277) de la Carrera Judicial está impedido de recibir premios y/o galardones de personas litigantes.

Inciso 2, del artículo 40° de la Ley (N° 29277) que prohíbe que Javier Arévalo reciba galardones.

Presidenta Dina Boluarte afronta investigaciones que están en curso

Fiscalía inició hace unas semanas una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión a consignar declaraciones en documentos, a raíz de una serie de joyas de lujo descubiertos en su posesión, y que fue denominado como el ‘caso Rolex’.

Precisamente, el Ministerio Público (MP) programó la declaración ampliatoria de Dina Boluarte a las 9:30 a. m. del 15 de mayo. Dicho acto se desarrollará presencialmente en su sede principal de Cercado de Lima.

“Recibir la declaración ampliatoria de Dina Boluarte Zegarra, para el 15 de mayo del 2024, la misma que se realizará de manera presencial 9:30 horas, en compañía de su abogado, en las instalaciones del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, sitio Av. Abancay S/N cuadra 5, piso 09 – Cercado de Lima”, se lee en la notificación.  

Su Gobierno “sólido y fuerte” se va partiendo desde adentro. Eduardo Guerrero Castillo presentó este último martes su renuncia al puesto de asesor técnico del Gabinete Técnico de la Presidencia, tras un informe del diario El Comercio que daba cuenta de una denuncia de su ex pareja a la que habría intentado quemarla viva.

Guerrero dirigió una carta escueta al secretario general del despacho presidencial, Enrique Vílchez, para formalizar su salida. “Sirva la presente para saludarlo atentamente y, a su vez, comunicarle mi renuncia […]. Agradeciéndole la atención que le brinde a la presente, me despido”, se lee en el texto.

En su reemplazo ingresará el periodista Jean Pajuelo, quien se desempeñaba como gerente de Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), director de programas informativos en televisión y catedrático de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

La renuncia del asesor presidencial se produjo en medio de un escenario de creciente tensión en el Ejecutivo, tras declaraciones cruzadas entre Boluarte y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. La gobernante rechazó las afirmaciones del titular del MEF sobre la supuesta debilidad del Gobierno y defendió su administración como “sólida, fuerte y unida”.

“No somos un Gobierno débil, somos un Gobierno que estamos construyendo una madurez democrática, una madurez política para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia, que quiera quebrar el Estado de derecho y en menos de cinco años tengamos seis presidentes”, señaló la mandataria en un acto oficial.

Parte policial data del año 2011

En setiembre del año pasado, el diario El Comercio, reveló que el ahora renunciante asesor aparecía en los registros de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusado de intentar quemar a su pareja y de conducir en claro estado de ebriedad.

La víctima reportó en 2011 que Guerrero reaccionó violentamente y amenazó con quemarla viva, un incidente que solo quedó registrado en una constancia policial, sin llegar a formalizarse una denuncia.

“[…] Le dije que se vaya de casa definitivamente; él respondió que se irá solo si le daba el auto y al no querer darle la llave, empezó a lanzar y romper las cosas de la casa. […] Me retiré y fui a hablar con su mamá. […] Llegamos a la casa […], pero él comenzó a amenazarme, que si no le daba el auto o dinero a cambio me iba a quemar viva y que [yo] se las iba a pagar todas”, se escribió en el reporte policial.

La expareja de Guerrero añadió que consignaba estos hechos para “salvaguardar su integridad”. Sin embargo, decidió no presentar una denuncia. Por su parte, el entonces asesor presidencial descartó haber “ejercido violencia física ni psicológica contra la madre de mi hija”.

Además, el 16 de abril de 2020, en plena pandemia y con restricciones sanitarias, fue detenido por conducir en estado de ebriedad en Surquillo. La Policía lo procesó por delitos contra la seguridad pública y enfrentó una sanción, según el citado medio.

Tuvo que dar un paso al costado. El congresista de la República, Darwin Espinoza, dejó de ser el vocero oficial de Acción Popular (AP) tras una reunión con los miembros del partido de la lampa, en el marco de las diversas acusaciones en su contra, que lo involucran en un presunto intercambio de favores, y donde también se le investiga por supuestamente haber hecho uso indebido de los recursos del Estado para crear su propio partido político.

Mediante declaraciones a los medios, el parlamentario William Soto informó que fue el mismo Espinoza quien dio su cargo a disposición de la bancada, a fin que puedan elegir su reemplazo.

“Hemos tenido reunión convocada para hoy (martes) a la 1 de la tarde, hemos estado los ocho congresistas de la bancada Acción Popular y el congresista Espinoza ha puesto su cargo a disposición de la bancada y hemos elegido un nuevo vocero que es el congresista Elvis Vergara, de aquí en adelante todo nuestro respaldo a Vergara”, dijo a la prensa.

De tal modo, el también presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República expresó su respaldo a su colega Elvis Vergara, quien fue elegido por la bancada para reemplazar a Darwin Espinoza.

En tal sentido, Soto informó que con la designación de Vergara como nuevo vocero de Acción Popular se dará una “buena oportunidad para oxigenar a la bancada”.

También señaló que Darwin Espinoza les informó que no planea renunciar ni a la bancada ni al partido AP. Afirmó que se comprometió a colaborar con las investigaciones y ofreció explicaciones al grupo parlamentario.

“Él tendrá que esclarecer, cuando lo citen tendrá que responder ante los hechos. El mayor interés que tenemos es que la bancada tiene nuevo vocero y queremos trabajar con el secretario general del partido”, sostuvo.

Por su parte, el nuevo vocero de AP indicó, a través de su cuenta de X, confirmó su designación como vocero de su partido, la cual fue aprobada por unanimidad.

“En la reunión ordinaria de la bancada Acción Popular, celebrada el día de hoy, se acordó por unanimidad mi elección como vocero titular para completar el periodo de los actuales portavoces”, se lee en la notificación.

Según precisó, es la tercera vez que tiene la oportunidad de ser elegido para “representar” a sus correligionarios, a fin de representarlos a nivel parlamentario y político.

Choque y fuga. Un grave accidente que involucra al actual alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, ocurrió la tarde de ayer cuando su camioneta impactara violentamente con una garita del peaje de Chillón, situado en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte.

De acuerdo a las imágenes captadas, el suceso ocurrió a bordo de su moderna camioneta y los testigos, entre los cuales se encontraban agentes policiales encargados de la vigilancia del peaje, indicaron que el alcalde se encontraba en aparente estado de ebriedad. La escena del accidente, que incluyó el vuelco del vehículo a causa de la alta velocidad, evidenció la presencia de botellas de cerveza, incluso una caja completa, en el interior del automóvil.

De acuerdo con versiones preliminares obtenidas en el lugar de los hechos, se estima que el alcalde iba acompañado por al menos cuatro personas, todas ellas trasladadas en una ambulancia de la Municipalidad de Puente Piedra bajo custodia policial. Se maneja otra versión, aún por confirmar, que indica que dos vehículos municipales, con serenos a bordo, interceptaron la ambulancia, redujeron al policía que custodiaba al alcalde y lo trasladaron a otro lugar para su atención, en una acción que califica como irregular.

Las imágenes del incidente muestran que la bolsa de aire de la moderna camioneta Chevrolet se activó, lo que posiblemente salvó la vida del alcalde y sus acompañantes. A pesar de que el vehículo terminó volcado con las llantas hacia arriba, los ocupantes resultaron con golpes, pero sin lesiones graves. Sin embargo, la rapidez con la que se limpió la escena del accidente deja interrogantes sobre la gestión del incidente.

Tras el reporte del incidente, el vehículo implicado fue trasladado a la comisaría del distrito para dar curso a las investigaciones pertinentes. En el lugar, se llevó a cabo el interrogatorio a los ocupantes de la camioneta que acompañaban al alcalde de Puente Piedra.

Alcalde Rennán Espinoza se encuentra como “No habido”

En una escena caótica y llena de tensión, lo que inició como un intento de traslado de heridos al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz se convirtió en un enfrentamiento entre miembros del Serenazgo y agentes policiales, según reportes de la PNP.

El protagonista de este episodio, identificado como Eleazar Guerrero Cubas, miembro del Serenazgo local, irrumpió en la escena, desatando un forcejeo con el personal policial encargado del traslado. Esta acción provocó que el alcalde del distrito del norte, se alejara del lugar a bordo de una unidad médica municipal, dejando en el aire las interrogantes sobre las circunstancias del accidente.

Por su parte, el Área de Prensa del municipio de Puente Piedra asegura que el alcalde no estaba al volante en el momento del accidente, aunque sí resultó herido en la pierna, siendo atendido en un lugar no especificado. Hasta el momento, el paradero del alcalde Espinoza se encuentra como desconocido.

Avizora un callejón sin salida y se resguarda para lo que se le viene.  La fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides viene siendo investigada por el Ministerio Público desde principios de año, acusándola de ser la presunta lideresa de una organización criminal que habría realizado una serie de gestiones para favorecer su gestión y su permanencia en la Fiscalía.

Conociendo la gravedad de dichas imputaciones, así como la aparición de más testigos protegidos, la abogada constituyó un patrimonio familiar a favor de sus menores hijas el pasado 20 de diciembre del año pasado.

Seis días después, Benavides realizó los trámites para que dicho edicto se publique en el Diario oficial el Peruano, en el apartado de administración de justicia, haciendo pública esa constitución de patrimonio familiar.

Específicamente se menciona que “Liz Patricia Benavides Vargas solicita la constitución de patrimonio familiar a favor de sus menores hijas (…)”, se lee en el documento.

El patrimonio familiar es sobre un inmueble de Benavides ubicado en Jirón Juan Gris número 282, urbanización Las Begonias, en el distrito de San Borja, Lima.

El trámite fue validado por el notario Elard Wilfredo Vilca Monteagudo.

Este particular, pero sustancial detalle lo hizo saber el fiscal adjunto supremo Marcial Páucar durante la exposición de motivos para el requerimiento de 36 meses de impedimento de salida del país para Benavides.

Cabe mencionar que una de las características del patrimonio familiar es dotar de inembargabilidad de los bienes, en este caso el inmueble ubicado en San Borja.

Abogado penalista explica el porqué de dicha decisión

Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión explicó que la decisión tomada por Patricia Benavides no se trata de un adelanto de herencia, sino de la constitución de un patrimonio familiar.

“Este patrimonio constituido se cubre de eventuales incautaciones, expropiaciones o incluso extinción de dominio, porque no formaría parte únicamente de ella, sino sería un patrimonio con sus hijas”, señaló el letrado.

En declaraciones para el diario Correo, el abogado afirmó que la medida tomada por Benavides puede interpretarse como un peligro de obstrucción a la justicia.

En ese sentido mencionó el caso de Mauricio Fernandini, quien donó cuatro inmuebles a favor de su hermana, hecho que fue considerado entre los argumentos de la Fiscalía para solicitar la detención preliminar en contra del periodista.

“La Fiscalía consideró ese acto como obstrucción a la justicia, vinculado a la oportunidad, es decir, por la fecha en que se realizó el trámite”, indicó.

En la misma línea, Carrión recordó que cuando Patricia Benavides hizo la constitución de su patrimonio familiar ya había sido suspendida por la JNJ y las declaraciones de Jaime Villanueva que la vinculaban ya eran de conocimiento público.

“Ya había un riesgo de que en algún momento podría sustraerse este bien”, sostuvo.