Mientras Petroperú continúa sin directorio y la incertidumbre sobre su futuro sigue creciendo, el ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho se abstiene de anunciar las medidas que adoptarán para solucionar los problemas que la petrolera estatal arrastra desde hace años; sin embargo, recomienda que el país debe apoyar la implementación del proyecto ‘Tía María’, porque representa una oportunidad para que el Perú retome ese compromiso con la actividad minera, que representa el desarrollo y el progreso.

El conflicto social más antiguo en Arequipa es justamente ‘Tía María’ y hasta la fecha los pobladores del Valle de Tambo no aceptan el proyecto minero de la empresa Southern Perú, por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, este problema fue reportado en el 2009. Han pasado casi 15 años y el conflicto se mantiene latente en la provincia de Islay, lugar en el que bastaría una chispa para reavivar las protestas. Sin embargo, el 1 de julio de 2024, Southern Copper Corp. reanudó oficialmente las actividades en el proyecto de cobre ‘Tía María’, en Arequipa.

Desenmascararon a ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho por mentiras

En el mes de agosto, los dirigentes Marcial Álvarez, Elvis Jump, Miguel Meza, Wilber Hernández, Amalia Suclla y Elvis Jump desmintieron las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho y acusaron al presidente de Southern Perú, Óscar Gonzales Rocha, de difundir una falsa percepción.

“Rómulo Mucho nos quiere imponer el proyecto minero Tía María con mentiras de que ya tiene licencia social”, señaló Miguel Meza, instando a las autoridades a visitar el Valle de Tambo para comprobar la oposición de la comunidad.

Según el congresista por Arequipa, Jaime Quito Sarmiento, el ministro Mucho impulsa la reactivación del proyecto minero, a pesar de ser propietario de ‘Pevoex Contratistas S.A.C’, compañía que presta servicios a diversas mineras en Perú, incluyendo a Southern Perú. Pese a su denuncia, el parlamentario lamentó que la Contraloría no haya tomado medidas al respecto y exigió la cancelación inmediata del proyecto ‘Tía María’. Los dirigentes sociales manifestaron que el proyecto es inviable y advierten que su implementación generará nuevos conflictos en la región.

Por su parte, el titular del Minem anunció en el reciente evento de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, con la ponencia “Oportunidades estratégicas para la inversión minera responsable y sostenible”, que en la Cartera de Proyectos de Inversión Minera en el Perú, existen 31 proyectos de cobre, que representan una inversión total de US$ 39,795 millones, ubicados en 14 regiones del país. Entre los proyectos se encuentran Ampliación Cuajone (Moquegua), Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), Reposición Antamina (Áncash), así como proyectos similares en otras regiones como Cusco, Arequipa, Ica, Junín, Apurímac, Pasco, Lima, Huancavelica, Piura, Lambayeque, y La Libertad.

“Los estudios dicen que el cobre es el mineral que va a reinar en el futuro y necesitamos más proyectos de cobre. Afortunadamente, tenemos proyectos en fase de exploración para que el Perú siga siendo un actor clave como país proveedor en la transición energética que vive el mundo hacia fuentes más limpias”, resaltó el ministro Mucho.

Presidenta Dina Boluarte: “Tía María es una realidad”

Como se recuerda, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció, durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, que el proyecto minero ‘Tía María’, en Arequipa, es una realidad, porque el Gobierno tiene claro el rol multiplicador de la inversión minera.

Petroperú se encuentra sin directorio desde hace dos semanas, como consecuencia de la renuncia (10 de septiembre) de todos sus miembros en conjunto, liderados por Oliver Stark, tras meses de indiferencia y tensiones con el gobierno de Dina Boluarte y por la falta de voluntad política al no publicar un Decreto de Urgencia (DU) con un paquete de reformas que los salientes directores solicitaron. Entre ellas, la contratación de un gestor privado, la venta de activos no críticos y un mecanismo ágil para desvincular a un tercio del personal de la petrolera estatal, con el objeto de reducir los costos operativos.

Sin embargo, tras la renuncia de los directores, el gobierno optó por publicar el esperado Decreto de Urgencia días después. Lo cierto es que Petroperú continúa sin directorio, y la incertidumbre sobre su futuro sigue creciendo, mientras el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho se abstiene de anunciar las supuestas medidas que el gobierno adoptará para solucionar los problemas estructurales que la petrolera estatal arrastra desde hace años, él  está más abocado en anunciar que el Ejecutivo debe apoyar la implementación del proyecto Tía María; no obstante, los constantes pedidos de los directores, no fueron escuchados por su despacho y por ende el gobierno no publicó el Decreto de Urgencia en el tiempo esperado, aunque días después lo publicaron, pero el daño ya estaba hecho y la petrolera estatal continúa en una situación acéfala con un gran vacío de liderazgo, lo que la ha llevado a una situación extremadamente crítica, con cuantiosos problemas financieros y estructurales.

Ya urge la elección de un nuevo equipo directivo y no se debe perder más tiempo para implementar las reformas requeridas y lograr que la petrolera busque la recuperación. Sin embargo, hasta la fecha se sigue dilatando la designación de un nuevo directorio. Por su parte, el ministro Rómulo Mucho continúa explicando sobre la conformación de la Junta General de Accionistas (JGA), y apenas indica que está compuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que su portafolio, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), es la encargada de nombrar a los nuevos directores; pero hasta la fecha, la elección continúa retrasada.

Así las cosas, el premier, Gustavo Adrianzén, prometió la semana pasada que los nuevos integrantes del directorio de Petroperú estarían designados esta semana; sin embargo, esta promesa no se ha cumplido.

¿Petroperú a la deriva?

El futuro de la petrolera estatal está en juego mientras no se designe a un nuevo directorio con profesionales competentes y visionarios y que cuenten con la calificación necesaria para que implementen las reformas requeridas para sacar a la empresa del hoyo en el que se encuentra. En ese sentido, es exigible que tanto el titular del MEF José Arista y el ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, de una vez tomen decisiones rápidas para salvar a Petroperú.

Casi faltando poco para que venza el plazo de detención preliminar la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra Andrés Avelino Hurtado ‘Chibolín’, Luz Elizabeth Peralta, Augusto Miu Lei y Francisco Iván Siucho. El Ministerio Público (MP) solicitó 18 meses de prisión preventiva para los tres primeros.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, una decisión que será fundamental para determinar el rumbo de la investigación y la eventual imputación de cargos contra los implicados.

Cabe recordar que el caso se inició cuando Ana Siucho, esposa de Edison Flores, otorgó una entrevista al programa ‘Beto a Saber’, afirmando que su hermano Roberto Siucho le entregó un auto BMW a ‘Chibolín’ como parte de pago por haberle ayudado a obtener la nacionalidad china. Para ello, el conductor televisivo habría recibido el apoyo de la entonces jefa de Migraciones, Roxana del Águila, todo ello a mediados de febrero del 2020.

La esposa del ‘Oreja’ Flores acusó a ‘Chibolín’ de pedir un millón de dólares a cambio de gestionar con una fiscal especializada en delitos de lavado de activos la devolución de 100 kilos de oro incautado en Aduanas.

La fiscal en cuestión es Elizabeth Peralta, a quien Hurtado nombró como “la mamá”. Ella figura cuando Javier Miu Lei, también gerente de mineras, pide a Iván Siucho la intervención del presentador televisivo por su cercanía con funcionarios del Estado en 2020. 

“Javier quería que lo ayude en un proceso por lavado de activos. Mi hermano [Iván] le hace la consulta al señor Andrés, porque se jactaba de sus influencias, y él dice ‘claro que sí, vamos a conversar’”, narró Ana Siucho.

“Cuando mi hermano le hace la pregunta si podía ayudar ‘sobre el lavado de activos, Andrés le responde ‘déjame ver cuánto me cobran’. A los días, Andrés se comunica y le dice ‘me cobran un millón de dólares’. Lo dice por teléfono. Trataba de cuidarse”, agregó.

De acuerdo con su relato, Andrés Hurtado utilizó a los hermanos Siucho para concretar las negociaciones de Miu Lei, a quien el presentador apodó como ‘Chifa’.

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, decidió abrir una investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el presunto delito de encubrimiento personal relacionado al vehículo presidencial denominado ‘cofre’, el cual habría servido para transportar al prófugo Vladimir Cerrón.

Dicha información fue ratificada por el abogado de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, en declaraciones para distintos medios. Asimismo, esta investigación preliminar también comprende al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y otras cuatro personas.

“El día de ayer se emitió la disposición número 1 se emitió la disposición número 1 que apertura investigación preliminar contra el ministro Santiváñez, la presidenta de la República y cuatro personas más, por el caso del cofre. La presidenta en calidad de autora por el delito de encubrimiento personal, por el supuesto uso del cofre en donde aparentemente, dice el Ministerio Público estaba Vladimir Cerrón”, expresó el letrado.

Como se recuerda, el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, reveló unos audios en los cuales el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría dicho que el auto presidencial fue utilizado para ayudar en la fuga del líder de Perú Libre.

Por otro lado, es pertinente mencionar que la Fiscalía le ha abierto a Boluarte Zegarra tres investigaciones desde que inició su mandato.

La primera fue en enero del 2023 por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en el contexto de las muertes ocurridas durante las protestas en contra de su Gobierno.

La segunda se inició en abril de este año por un presunto enriquecimiento ilícito. Previamente, el medio digital La Encerrona evidenció que una colección de 14 relojes, incluido un Rolex.

A la puna. El Gobierno Central ha dispuesto, tras reunión del Consejo de Ministros, la ampliación del penal de máxima seguridad Challapalca para el posterior traslado de sentenciados por sicariato, extorsión, secuestro y posesión de armas de fuego, esto en el marco de la reciente declaratoria de emergencia establecida en 12 distritos de la capital.

El anuncio fue dado por el ministro de Defensa, Walter Astudillo durante una conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, e incluye además remitir al Congreso “el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal”.

“Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Challapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal”, finalizó el ministro.

Sobre el penal de Challapalca

El penal de Challapalca, uno de los tres penales considerados de máxima seguridad en el país, se encuentra por encima de los 4,800 m.s.n.m., entre los departamentos de Tacna y Puno, siendo por ello calificado como la cárcel más alta del mundo.

El penal de Challapalca se encuentra ubicada sobre la cordillera de los Andes hacia la frontera de Perú con Bolivia al sureste del país, cerca del fuerte militar Inclán de la Caballería, a 211 kilómetros de la ciudad de Puno, por vía terrestre en malas condiciones (trocha), cruzando parajes despoblados y en un tiempo aproximado de seis horas desde la ciudad de Puno y, de acuerdo, como se encuentre la vía. La población más cercana es Mazocruz, ubicada a aproximadamente a dos horas de distancia.

Las instalaciones de la prisión fueron construidas en 1997. Posee una estructura relativamente moderna y terminada. Ocupa un área de terreno de 12.000 metros cuadrados, de los cuales 4.500 están con estructuras culminadas. Consta de cinco bloques de edificios, uno para la dirección del penal, los dormitorios de los vigilantes y de un sector habilitado donde se encuentran cuatro celdas de aislamiento. En otro bloque están ubicadas la cocina del penal y el ambiente de la enfermería.

Allí están el homicida de la peruana Stephany Flores y la estadounidense Natalee Holloway, el neerlandés Joran van der Sloot, el sanguinario criminal Gerson Gálvez Falla, alias ‘Caracol’, líder de la banda del Callao ‘Barrio King’, o el rollizo líder del Tren de Aragua en Perú, Héctor Prieto Materano, también conocido como ‘Mamut’.

El ‘buen amigo’. La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional contra el ex primer ministro Alberto Otárola Peñaranda. De acuerdo a la tesis fiscal, la ex mano derecha de Dina Boluarte habría cometido los delitos de colusión simple y agravada en perjuicio del Estado.

Aquella denuncia constitucional presentada ante el Parlamento viene relacionada con la contratación de Rosa Pierina Rivera Bermeo, amiga de Otárola Peñaranda, en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Rivera Bermeo fue contratada mediante órdenes de servicio para prestar servicios tanto en la Presidencia Ejecutiva como en la Gerencia General de dicha entidad, durante el periodo en que Otárola Peñaranda ejercía como presidente del Consejo de Ministros.

La Fiscalía de la Nación ha señalado que esta contratación podría constituir un caso de colusión, debido a la relación personal entre Otárola Peñaranda y Rivera Bermeo, lo que podría haber influido en la decisión de su contratación en Devida. La denuncia busca que el Congreso de la República evalúe y determine la responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros en estos hechos.

Este tipo de denuncias son evaluadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que decide si procede o no iniciar un juicio político.

Las amigas beneficiadas de Otárola

Como se recuerda, el programa dominical Panorama reveló que dos allegadas a Otárola visitaron la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posteriormente obtuvieron contratos significativos con el Estado. Estas visitas y los contratos consiguientes generaron sospechas de posibles favoritismos. Una de las beneficiadas fue Rosa Rivera Bermeo, quien visitó el despacho del premier el 2 de marzo de 2023, según un registro oficial de visitas a la PCM.

Rivera Bermeo obtuvo órdenes de servicio por un total de 54 mil soles tras su visita al despacho de Otárola. Este hecho ha sido uno de los puntos clave en la investigación que ahora lleva a cabo la Fiscalía de la Nación.

Hoy en una repentina conferencia de prensa, la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que se declaró el “estado de emergencia” por 60 días en 11 distritos de Lima Metropolitana y uno en el Callao (Ventanilla). La medida se da ante la presión de los diversos gremios y empresas de transportes que hoy salieron a las calles en un masivo paro para exigir EL RESPETO A LA VIDA. Esto debido al incremento de la criminalidad que azota al país entero y ante las extorsiones realizadas a miles de peruanos, todo a vista y paciencia de la indiferencia del Poder Ejecutivo y el Congreso.

El estado de emergencia regirá en los distritos de Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica y Ventanilla en el Callao.  

Lamentablemente, el ministro del Interior Juan José Santiváñez ejerce una desconexión con la realidad, al haber considerado que no se realizaría el paro de transportistas.   

Por su parte, el legislador Guido Bellido, más temprano envió un oficio al despacho de la presidenta de la República Dina Boluarte requiriéndole que emita la declaratoria de emergencia nacional, la cual se hace en atención  a la inseguridad ciudadana que enfrenta la población peruana y que se ha visto incrementada en los últimos meses, teniendo como último agravio los recientes reportes de muertes y heridos de choferes y cobradores de empresas de transportes público que son víctimas del cobro de cupos por extorsionadores.

El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de “control de plazo” que formuló la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el ‘caso Rolex’. Con esta solicitud denegada, la defensa legal de la jefa de Estado pretendía desestimar la investigación en su contra.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través del juez supremo, Juan Carlos Checkley, informó que la mandataria continuará siendo investigada por el delito de enriquecimiento ilícito y otros, en agravio del Estado peruano.

“El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve: Declarar infundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y otros en agravio del Estado”, se lee en el documento.

Pese a la complejidad, abogado de Boluarte pidió que se concluya investigación

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, aseveró que el plazo de investigación por el ‘Caso Rolex’ fue aplazado en 177 días de manera injustificada.

“El estado de la investigación, al día de hoy, ha vencido con 177 días de exceso, desde nuestra perspectiva”, advirtió Portugal durante la audiencia. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que debido a que el proceso presenta una considerable “complejidad”, el plazo de investigación preliminar, que en un primer momento fue fijado en ocho meses, debería computarse a partir del 17 de mayo del presente año, con una fecha de caducidad que se extiende hasta el 16 de enero del 2025.

“Se dispuso declarar compleja esta investigación y, en consecuencia, fija el plazo de investigación preliminar en ocho meses. Lo que evidentemente, a criterio de esta Fiscalía, deben ser computados a partir de esa misma fecha: 17 de mayo del 2024. Por lo que el vencimiento, para nosotros, recién se produciría con fecha 16 de enero del 2025″, manifestó el representante del Ministerio Público.  La medida se basó en la necesidad de continuar con la verificación de documentos, así como con la realización de peritajes sobre los bienes muebles, inmuebles y más informes financieros existentes.