Si no hay solución el paro continúa. El gobierno de Dina Boluarte podría estar llegando a su final debido a que no consigue ponerle un alto a las extorsiones, a pesar que de manera periódica sus ministros salen a comunicar que las cifras de delitos se vienen reduciendo, aunque eso no se condice con las calles.

El gremio de transportistas, uno de los sectores abanderados de las protestas, ya realizaron dos paros en la ciudad, paralizando el desplazamiento de miles de ciudadanos que no encontraban vehículos para sus trabajos. Ahora, anuncian que vienen planificando un nuevo paro, pero esta vez indefinido, exigiendo el final del gobierno de Boluarte.

En declaraciones con Canal N, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), confirmó que ayer presentaron ante el Congreso una solicitud de vacancia en contra de la presidenta de la República para que se convoquen a nuevas elecciones.

“El pueblo peruano ha pedido hoy que se vayan todos, el gobierno y el Congreso, pero sabemos que no es viable. Lo que sí es viable es que el Congreso recapacite y legisle a favor del pueblo. Con un 3% de aprobación, la presidenta ha perdido toda capacidad y legitimidad de seguir conduciendo el destino del Perú. Es necesario de que el Congreso de soluciones concretas para el desarrollo del país, no podemos permitir más muertos, nos están matando”, indicó el dirigente.

Planean impedir que se realice con normalidad el APEC

Si es que su pedido no es atendido en el Legislativo, Carrera advirtió que son varios los gremios de transportistas que tienen en mente paralizar sus operaciones el próximo lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre para manifestarse e impedir que se realice el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) Perú 2024, que demandará la visita de dignatarios de diferentes nacionalidades.

“El Congreso el lunes (28 de octubre) inicia su periodo legislativo, así que mañana (jueves 24) estamos presentando un documento para adherirnos a la solicitud de vacancia de la presidenta Boluarte y se puedan llamar a elecciones generales, caso contrario, no se dará el APEC. La población quiere marchar y estaremos convocando a un nuevo paro para el 11 de noviembre”, aseveró.

Los máximos representantes políticos de nuestro país cuentan con una desaprobación que está por los suelos. No solo el Ejecutivo, a la cabeza de Dina Boluarte, tiene cifras desastrosas, sino que nuestro “Padres de la Patria” no vienen cumpliendo su rol fiscalizador, presionando a la jefa de Estado a que cumpla sus promesas, y tampoco ayudan promulgando leyes a favor de los ciudadanos.

Ya en diversas ocasiones el hombre de pie le ha hecho sentir su malestar a los parlamentarios. Solo cabe recordar el incidente protagonizado por los congresistas Waldemar Cerrón y María Agüero dentro de un mercado en Huancayo.

Ahora otro de los representantes de Perú Libre, el legislador Flavio Cruz, también fue abucheado por un grupo de dirigentes y manifestantes, quienes le mostraron su descontento por los resultados de su gestión, teniendo que salir el parlamentario escoltado por un fuerte contingente policial.

El incidente ocurrió cuando el parlamentario se encontraba en una entrevista en una emisora radial ubicada en el Girón Ramón Castilla, en la ciudad de Juliaca. Al escuchar la transmisión, un grupo de ciudadanos se congregó rápidamente en los alrededores de la estación para protestar en su contra y pedirle que rinda cuentas sobre las leyes que promovió en favor de la región.

Los ciudadanos comenzaron a gritar arengas reclamando a Cruz Mamani y a los otros congresistas representantes de Puno, por su inacción frente a sus demandas y la poca fiscalización hacia el gobierno de Dina Boluarte. “No queremos a ningún congresista de Puno. Ninguno debe venir”, se escuchaba.

Además de Cruz Mamani, el descontento también alcanzaba a los otros representantes de la región como Jorge Flores Ancachi, Óscar Zea, Carlos Zeballos.

La indignación de los manifestantes creció cuando comenzaron a llegar agentes policiales para resguardar la seguridad del parlamentario.

“Mira cuántos policías lo están protegiendo y la delincuencia asaltando en los barrios. La delincuencia o sicariato asesinando nuestra población de Juliaca y los policías acá dando seguridad”, exclamó uno de los ciudadanos a Radio Belén.

“No deben venir al pueblo de Puno. Son traidores. Ellos han sido alcahuetes de la matanza de nuestros hermanos que han muerto en la huelga. No es justo que estos den la cara, lo que deben hacer es irse del departamento de Puno y no volver nunca más. Y le preguntamos a estos satanases, congresistas ¿qué han hecho por el departamento de Puno? No han hecho nada. Están yendo a otro departamento, porque no pueden venir a su departamento”, expresó otra de las dirigentes.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, continúa insistiendo en presentar a los ojos del mundo un Perú próspero, seguro y ajeno a las extorsiones; es por ello que habría ordenado a su premier, Gustavo Adrianzén, que salga a dar la cara nuevamente para solicitar una “tregua” a los miles de manifestantes que vienen reclamando justamente que verdaderamente halla en el país seguridad para poder trabajar.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) invocó a los manifestantes que no organicen marchas ni protestas durante los días que dure el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), la cual está prevista a desarrollarse del 10 al 16 de noviembre, para así dar una buena imagen al mundo y no “un mal espectáculo”.

“Tengamos en cuenta que los días que se va a realizar APEC, 14, 15 y 16 de noviembre, el Perú va a ser visto por todo el mundo y tenemos que darle al mundo nuestra mejor imagen. Sería muy lamentable que en esos días demos un mal espectáculo, un espectáculo de conflicto”, manifestó el premier desde Ica.

“Yo invoco de la manera más fraterna a los manifestantes para que durante esos tres días se abstengan de realizar marchas y protestas a efectos de que nuestros visitantes puedan sentirse a gusto y seguros en nuestro país”, añadió.

Gobierno de Boluarte no es capaz de combatir la delincuencia

El titular de la PCM reconoció que la «criminalidad desborda la capacidad del Gobierno» en algunas ciudades las capacidades para enfrentarla.

«Lo único que pedimos es que por favor tengan consideración que la criminalidad es un fenómeno nuevo que desborda en algunas ciudades la capacidad que tenemos para enfrentarla. Pero el esfuerzo va a continuar. Hemos creado un grupo especial, GOREX, encargado de extorsiones. Hemos creado la línea 111. Hemos dispuesto tres mil millones de soles para la ampliación de los penales. Los penales están siendo intervenidos permanentemente por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas porque de allí también salen las extorsiones», expresó.

De otro lado, Gustavo Adrianzén aseguró que la solicitud de una vacancia presidencial contra Dina Boluarte no es la solución al problema de la delincuencia en el país.

«Nosotros no creemos que la solicitud de vacancia sea una solución al problema que ahora enfrentamos. Por el contrario, creemos que lo que debemos hacer es consolidar nuestra democracia», manifestó.

¡Escándalo en el Minem! El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, actualmente enfrenta una denuncia penal interpuesta por el congresista Jaime Quito, ante la nueva Fiscal de la Nación Delia Espinoza, por consignar información falsa en sus declaraciones juradas de intereses cuando asumió el cargo de ministro de Estado en febrero de este año, esto luego de haberse emitido un reporte de la Contraloría General de la República solicitado por el despacho parlamentario. Específicamente, por presuntos delitos de omisión en la declaración de documentos, falsedad genérica, aceptación ilegal de cargo, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de su posición, asociados a corrupción de funcionarios.

«Hoy denuncié penalmente al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por dar información falsa en DJ, sobre conflicto de intereses como dueño de Pevoex, contratista de Southern Perú, y la presunta negociación incompatible de #TíaMaría. Basado en el reporte de la Contraloría», se lee en el comunicado en la red social del legislador.  

Según el informe, Mucho Mamani habría mantenido un conflicto de interés al ser propietario mayoritario y gerente general de ‘Pevoex Contratistas S.A.C.’, una empresa contratista de Southern Peru Copper Corporation. A pesar de haber declarado que dejó de ser accionista en agosto de 2023, una investigación reveló que el ministro aún poseía el 63% de las acciones, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de su gestión. La acusación también señala que Mucho Mamani no incluyó en su Declaración Jurada de Intereses las ‘acciones’ y el capital que tenía en cinco empresas, entre ellas ‘Perforación’, ‘Voladura’ y ‘Excavaciones del Perú S.A.C.’ y ‘Corporación Merzenich S.A.C.’, donde tanto él como su esposa tenían participación accionaria y financiera. Esta omisión ha generado preocupación sobre la ética en su desempeño como funcionario público.

Finalmente, Mucho Mamani es acusado de negociación incompatible por haber utilizado su posición ministerial para favorecer sus intereses privados. Se le señala por intervenir en el proceso de reactivación del proyecto minero Tía María en beneficio de Southern Peru Copper Corporation, trasnacional con la que Pevoex Contratistas mantenía contratos.

Derecho a rezar. El congresista de Podemos Perú, Juan Burgos, acaba de presentar una iniciativa legislativa para aquellos estudiantes que cursen estudios superiores que profesen alguna religión para que tengan la posibilidad de realizar sus actividades académicas otro día que no sea sábado.

Con el referido proyecto de ley se busca que los estudiantes puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad religiosa.

En ese sentido, la fórmula legal plantea que quienes cursen estudios superiores universitarios o técnicos y deseen acceder a esta reprogramación de actividades los días sábados, podrán hacerlo presentando una constancia expedida por la autoridad religiosa del credo que profesan.

«Las universidades públicas y privadas resuelven la solicitud ofreciendo alternativas razonables de reprogramación dentro de los cinco días hábiles posteriores, sin que esto afecte el rendimiento académico del estudiante», agrega el artículo propuesto.

Se precisa también que los centros de estudios no podrán aplicar sanciones o imponer medidas que afecten el derecho de los estudiantes a reprogramar sus actividades académicas por motivos religiosos.

El proyecto señala, además, que se dará un plazo de 45 días hábiles al Ejecutivo para la adecuación de leyes conexas y a las universidades públicas y privadas para hacer lo propio con sus normas internas, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el texto.

En la exposición de motivos se indica que el estudiante que profesa alguna religión que tiene al sábado como día de descanso o de guardar «a menudo enfrenta dificultades cuando su institución educativa superior programa algún tipo de actividad académica en dicho día, lo que conlleva a un conflicto entre su derecho a la libertad religiosa y sus responsabilidades académicas».

Por el momento, la propuesta se encuentra en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. El proyecto también tiene como coautores a Luis Picón, Heidy Juárez, Kira Alcarraz, José Luna Gálvez y Nivardo Tello Montes.

El dato:

Cabe recordar que el legislador Juan Burgos, actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, es autor también de un proyecto de ley similar, orientada a trabajadores que profesan dichas religiones, a fin de que el día sábado sea no laborable y compensable para ellos.

Lo bajaron del carro. Transparencia y sinceridad son palabras que no se encuentran dentro del diccionario de la presidenta de la República, Dina Boluarte, pues cuando se le interroga por cierto tema que la involucra o parte de su Gabinete Ministerial, solo la prensa recibe respuestas evasivas o un silencio que puede durar más de 100 días.

La mayoría de los peruanos no le cree a la mandataria cuando sale a decir que se regresó del balneario de Asia en otro vehículo oficial, apartando al chofer Félix Montalvo Guevara para que éste se regrese por su cuenta.

“La única persona que usa el cofre es la presidenta. Son cinco vehículos asignados a la Presidencia, no de ahorita, de siempre. La única persona que sube a los vehículos es la presidenta y no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame”, fue lo que dijo la jefa de Estado luego de haber pasado más de 100 días de silencio con la prensa.

Los medios periodísticos saben que se trata de algo irregular y empezaron a indagar en el tema; ante ello, el chofer del ‘cofre’, Félix Montalvo, terminó siendo separado de la seguridad presidencial. Desde Palacio aún no se indican los motivos y es probable que repliquen las palabras de la jefa de Estado, señalando que se trata de la vida privada de la mandataria. No sería raro.

Trascendió que el suboficial PNP fue retirado del equipo de seguridad presidencial este último jueves, cuatro días después de que un reportaje del dominical Punto Final revelara que condujo al auto que llevó a Boluarte a la residencia en el condominio Mikonos. Si bien ha sido separado del equipo de seguridad de la presidenta, sigue siendo parte del Equipos de Seguridad del Estado.

El suboficial PNP Félix Montalvo Guevara, conductor del vehículo asignado a la mandataria Dina Boluarte, conocido como 'cofre', fue removido de la seguridad presidencial

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/yODADOZKy5

— Canal N (@canalN_) October 25, 2024

De acuerdo al informe del citado medio, Montalvo dejó a la mandataria en el condominio en Mikonos, y luego condujo el ‘cofre’ a la comisaría de Asia, junto al palacio municipal del distrito, donde pasó la noche. Luego, retornó a las 9:37 horas del día siguiente, el domingo 25 de febrero, sin escolta. Según explicó Jesús Poma, abogado del suboficial de la PNP, su defendido lo hizo así por orden del jefe inmediato. “Es parte del procedimiento regular. No hay nada irregular en eso”, sostuvo.

El Poder Judicial (PJ) archivó la denuncia penal contra el chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), José Luis Bernaola, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.

Durante la audiencia virtual, el juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Jorge Chávez Tamariz indicó que no se ha demostrado que Bernaola tuviera conocimiento de estructuraciones financieras como actos complejos, los cuales le competen al exmandatario y por ende dispuso también el levantamiento de las medidas coercitivas dictadas en contra de Bernaola y de sus bienes, así como la anulación de los antecedentes judiciales y policiales derivados del proceso.

«No se ha demostrado, menos advertido de las declaraciones o actuaciones, que tuviera conocimiento de estructuraciones financieras como actos complejos, y de actuaciones nacionales o internacionales, que le competen al acusado Kuczynski Godard. En este caso, en especial del equipo especial contra Bernaola, no tengo convicción en un nivel de sospecha preponderante o suficiente del conocimiento de procedencia ilícita (…) para que, de su sola declaración o de la falencia para demostrar en el tiempo que declaró alguna incongruencia, como para poder tenerlo en su contra», concluyó el juez Chávez Tamariz.

Finalmente, el Ministerio Público y la Procuraduría anunciaron que apelarán esta decisión para que se evalúe en segunda instancia.

El exministro del Interior y actual legislador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se ha manifestado en contra de la reciente implementación de ordenanzas municipales y del próximo Decreto Supremo que ha preparado el Ejecutivo para prohibir la circulación de motocicletas con dos ocupantes en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao declarados en estado de emergencia, como una medida para combatir la criminalidad. Él considera que esta iniciativa no solo es ineficaz, sino que además limita la libertad de los ciudadanos, y afecta a quienes realmente utilizan este vehículo de transporte para realizar sus actividades diarias.

Asimismo, subrayó que los distritos no tienen la facultad legal para emitir este tipo de restricciones. “Para empezar, los distritos no tienen la potestad para prohibir que dos personas anden en motos, porque si no tendríamos un país dividido en jurisdicciones donde está permitido en unos y prohibido en otros”, criticando así estas medidas porque podrían generar una fragmentación en el libre tránsito.

Rospigliosi, prácticamente desaprueba absolutamente todo con respecto a estas restricciones dirigidas hacia los motorizados de Lima, al argumentar que los criminales encontrarán otras formas de movilizarse, si se restringe la ocupación de las motocicletas. “Si vamos a establecer este tipo de prohibiciones, los sicarios se movilizarán mañana en mototaxis, luego prohibimos los mototaxis, y cuando se muevan en automóviles, prohibimos los automóviles, y si van a pie, prohibimos las zapatillas”, aseveró el parlamentario con gran ironía y agregó que la solución no radica en las prohibiciones, sino en fortalecer la investigación criminal y en la construcción de más centros penitenciarios para albergar a los delincuentes.

“Hay que construir cárceles donde hay que poner a estos criminales, y necesitamos liderazgo, algo que lamentablemente no tenemos. Estas pueden ayudar hasta cierto punto, pero tengo mis dudas de que resuelvan el problema de fondo”, sostuvo.

Ley perjudicaría a quienes utilizan las motos para trabajar

Por otro lado, Fernando Rospigliosi aseveró que estas prohibiciones perjudicarán a quienes realmente utilizan las motocicletas para fines legítimos, como trasladar a sus esposas e hijos, o para trabajar. “Estas limitaciones a la libertad de la gente son muy complicadas, habría que estudiarlo mejor antes de implementarlas porque pueden afectar a muchas personas”, concluyó el congresista.