La tecnología puede ser beneficiosa para la humanidad si es utilizada de manera correcta. Cada cierto tiempo aparece un nuevo celular con alguna mejora: más rápido, más eficiente, más duradero, pero todos al final cumple la misma función que es estar conectados.

De acuerdo a un estudio realizado el año pasado por Nomophobia, un portal especializado en tecnología, el 93 % de los peruanos encuestados lo utiliza para revisar sus redes sociales. Cabe indicar que dentro de ese universo no podrían estar excluidos los estudiantes. Por su parte, la empresa Claro también elaboró una encuesta, revelando que la gente utiliza sus celulares en un 66 % para realizar llamadas; en tanto el uso de WhatsApp se disparó hasta en un 97 %.

Esa cifra elevadísima viene preocupando a profesores y padres de familia de todo el país, pues consideran que muchas veces los dispositivos móviles no vienen siendo utilizados de manera provechosa por los estudiantes, sobre todo los que se encuentran en la etapa del colegio, años en que un niño está más propenso a ser influenciado por supuestos líderes de las redes sociales.

Ante ello, el Proyecto de Ley (PL) n.° 5532 de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) acaba de ser aprobado en el Parlamento con 80 votos. La iniciativa legislativa regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en todas las instituciones y programas educativos a nivel nacional, ello con la intención de mejorar la atención en clase, reducir el uso excesivo de internet, evitar riesgos relacionados con la exposición digital constante, además de combatir el ciberacoso.

Dicho PL cuenta con excepciones relacionadas con estudiantes que cuenten con condiciones de salud que requiera el uso de dispositivos electrónicos como parte de su atención.

Cabe recalcar además que este proyecto ahora deberá ser aprobado por el Ejecutivo para su promulgación. Una vez promulgada, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tendrán un plazo de 60 días para elaborar un reglamento donde se detallen las disposiciones para su implementación en las aulas de todos los colegios, sean particulares o estatales.

En palabras de la autora del proyecto, esta ley “ahora está en más de 20 países para poder ayudar a los jóvenes a tener una buena formación académica. Hoy entran al colegio con el celular y se distraen, no atienden las clases; además, están vulnerables a cualquier ciberataque. Si no está el celular, ellos van a poder concentrarse y su nivel académico va a levantarse”. Pero, ¿qué tan cierto es todo eso?

Resultados no son concluyentes en otros países

Aparte del Perú, 79 países del mundo ya se encuentran implementando restricciones para el uso de celulares en las escuelas, de acuerdo al informe ‘¿Prohibir o no prohibir? Monitoreo de las regulaciones de los países sobre el uso de teléfonos inteligentes en la escuela’, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco).

A propósito de ese estudio, la psicóloga María Becerril Pérez, de la UNAM, observó distintos resultados en los países donde rige la restricción de celulares en las aulas, determinando que el estudio carece de una conclusión definitiva desde el ámbito científico, ya que los datos disponibles no son concluyentes.

La investigadora sacó esas conclusiones en base a resultados disímiles en Suecia o Estados Unidos. En el primer país se reveló que las escuelas con restricciones del uso de celulares los estudiantes no obtuvieron calificaciones ni positivas ni negativas en su rendimiento académico. En tanto, en el segundo país se detectó que a pesar de haber una prohibición se registró un mayor índice de ciberacoso.

«Sobre el uso de celulares, en las primeras etapas, digamos la etapa preescolar o en la etapa de primaria baja, que son los primeros tres años es optar por un no rotundo, y en términos de primaria al quinto y sexto de primaria, un pequeño acercamiento e ir reconociendo cómo es; en la secundaria con un uso restringido, obviamente con el bachillerato igual, eso sería en términos estrictos de un sí o un no”, recomendó la académica para el portal mexicano Milenio.

Las realidades educativas son muy similares en México y Perú. Al respecto, la última prueba PISA del año 2022 nos indicó que tres de cada cuatro estudiantes tienen bajo desempeño en las matemáticas; ambos países cuentan con 66 % de bajo rendimiento de su alumnado.

Por todo ello es importante revisar a profundidad qué tan conveniente será restringir radicalmente el uso de celulares en los colegios. Una alternativa podría ser regularlos de acuerdo al nivel de instrucción, complementando el aprendizaje con salidas al exterior del aula, visitando museos o sitios arqueológicos donde los niños se encuentren alejados de sus celulares.

Ayer el ambiente en la sede central del Ministerio de Cultura fue tenso. El Ministrio Fabricio Valencia estuvo durante horas encerrado en su oficina. Hasta hoy continúa sin dar declaraciones a la prensa sobre el escándalo que involucra también a la señora Shirley Hopkins Cerna, quien sin contar con título universitario —y al mismo estilo Richard Swing— ha sido beneficiada con órdenes de servicio por 127,500 soles.

Recien por la noche, el ministerio de Cultura nos envío al correo un comunicado que intenta confundir al público y ocultar el favoritismo en la contratación de Hopkins Cerna para que cumpla el servicio de coordinación administrativa para el Gabinete de Asesores en el Despacho Ministerial.

Aquí el comunicado del Ministerio de Cultura:

«Ante la publicación que viene circulando en las redes sociales, respecto a presuntas irregularidades en la contratación de una locadora de servicios en la gestión del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, se informa lo siguiente:

1.- La mencionada locadora presta servicios en la Oficina del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura desde mayo de 2024, es decir, varios meses antes de la designación del actual ministro, Fabricio Valencia, quien asumió funciones en septiembre de 2024.

2.- La contratación de dicha locadora se realizó conforme a la normativa vigente, cumpliendo con los procedimientos internos establecidos por la entidad, a través de la Oficina General de Administración y la Oficina de Abastecimiento.

3.- La información difundida en dicha publicación se basa en versiones inexactas y tendenciosas, que reflejan prácticas contrarias a la ética. En ese sentido, rechazamos categóricamente cualquier acto que atente contra la honra, honorabilidad y dignidad de las personas.

El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con el uso correcto y transparente de los recursos del Estado. Por ello, se ha dispuesto poner a disposición de las autoridades competentes toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos».

El comunicado intenta proteger al ministro y dirigir la responsabilidad a la Oficina de Administración y la Oficina de Abastecimiento. Nos queda claro que desde el Ministerio de Cultura buscan poner paños fríos al escándalo por el cual el ministro será citado a la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República la primera semana de junio.

El caso de Shirley Hopkins es un calco del caso Richard Swing, donde estuvieron involucrados cuatro ministros de Cultura. Esta vez, el ministro Fabricio Valencia tendrá que explicar por qué se le aumentó el monto de las órdenes de servicio durante su gestión, pagandole 10 mil soles mensuales a Shirley Hopkins sin contar con título universitario. Además, tendrá que responder si mantiene una relación sentimental con la locadora y si es que usó el vehículo oficial para sus salidas privadas.

La jugosas contrataciones de Shirley Hopkins en el Ministerio de Cultura, habría sido por su presunta relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia Gibaja. Esto no obedecería a criterios meritocráticos, sino a su cercanía con el ministro.

Las órdenes de servicio por 127,500 soles se ha traducido en beneficios directos para ella. Además, se ha habría dado uso del vehículo oficial del ministerio para salidas privadas entre ambos, lo cual podría constituir un caso de peculado de uso.

Sobre este nuevo escándalo en el Ministerio de Cultura, el congresista Alex Paredes, mencionó: «Debería intervenir la Contraloría, se supone a hay un órgano de control, hay un órgano de recursos humanos. Sabemos que hay filtros cuando se tratan de contrataciones, y son ellos los que tienen que responder y es la Contraloría la que tiene que intervenir, porque ahora ya está bien considerado y sancionado en el Código Penal el tema de nombramiento indebido en el cargo».

Además, sobre el uso del vehículo oficial para salidas personasles, agregó: «Podríamos estar hablando de un peculado de uso, por no administrar adecuadamente los recursos del Estado».

El caso Valencia-Hopkins es más que una historia de una simple relación: representa una posible utilización del poder para beneficio personal. El dinero pagado a Hopkins no proviene del bolsillo del ministro, sino del presupuesto público, afectando la confianza ciudadana y el principio de transparencia que debería regir la función pública.

El ‘Doc’ quiere cantar ‘Libre soy’. Vladimiro Montesinos Torres, nacido en Arequipa el 20 de mayo de 1945, acaba de cumplir 80 años y tiene pensado celebrarlo en libertad, y es que tiene en mente acogerse a la Ley 32181, que indica en su primer artículo que “Los mayores de ochenta años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 286 o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal”.

Cuenta el abogado César Pacheco para Infobae Perú que el ex asesor de Alberto Fujimori pueda gozar de los beneficios de la Ley promulgada por Dina Boluarte el año pasado, formalizando su solicitud ante el Poder Judicial.

“Todos los sentenciados que tengan 80 años se van libres. Así dice la ley y la ley se cumple al pie de la letra”, mencionó el letrado.

Asimismo, rechazó una posible detención domiciliario para su patrocinado, indicando que le correspondería libertad acatado reglas de conducta.

“¿Por qué va a ir a detención domiciliaria? Su libertad con reglas de conducta. Ya el juez dirá cuáles son las reglas de conducta que le va a imponer, pero sale libre porque él está ahorita incomunicado en la Base Naval del Callao”, respondió.

¿Sale en junio del 2026 o el 2031?

Quien fuera una de las personas más poderosas del país, aquel asesor que supo tejer una red de corrupción a base de sobornos a jueces, fiscales, empresarios y dueños de medios de comunicación, controlar medio país utilizando el Servicio Nacional de Inteligencia, y ordenar a grupos paramilitares silenciar a los opositores del gobierno del ‘Chino’, no ve las horas en dejar finalmente la prisión de Base Naval del Callao, sin embargo, aún queda pendiente una condena en su contra, la misma que extendería por seis años más su deseo de libertad.

En efecto, el ‘Doc’ fue sentenciado a 25 años por la masacre en Barrios Altos y a 20 años por la desaparición forzada y homicidio del dirigente Santiago Fortunato Gómez Palomino, confundido en ese entonces con un terrorista; posteriormente, el Grupo Colina reconoció que se había equivocado de sujeto.

Sobre la primera condena a Montesinos Torres le correspondería salir de prisión en junio del año próximo; en tanto con la segunda los jueces supremos resolvieron que la pena menor hubiera sido absorbida por la mayor (la de 25 años por Barrios Altos) si es que se trataba del mismo proceso penal, cosa que no ocurrió.

Al respecto, su abogado mencionó que ya se había presentado un recurso de amparo citando el caso del ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Juan Rivero Lazo, en donde el Tribunal Constitucional señaló que le correspondía su libertad porque en 1992, fecha de la desaparición y muerte de Palomino, no estaba vigente el tratado que considera como un delito permanente la desaparición forzada. Asimismo, en ese momento el Código Penal permitía la “refundición” de todas las penas por delitos relacionados en una sola.

De esta manera es que se espera que su patrocinado obtenga su libertad el próximo año, fecha en que ya estaría teniendo 81 años.

El Ministerio de Cultura (Mincul) vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, el titular del sector, Fabricio Valencia Gibaja, enfrenta serios cuestionamientos por su presunta relación sentimental con Shirley Hopkins Cerna, quien ha recibido órdenes de servicio por un total de 127,500 soles desde su llegada a la cartera. Lo que en un inicio parecía una vinculación personal se ha transformado en un caso con indicios de posibles delitos como negociación incompatible, tráfico de influencias y peculado de uso.

Desde el Congreso de la República, Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización confirmó que el ministro será citado al parlamento tras la denuncia periodística.

La figura central de este escándalo es Shirley Hopkins Cerna, una mujer de 34 años, sin título universitario, que reside en San Borja, a pocas cuadras de la sede del Mincul. Desde mayo de 2024 ha sido contratada reiteradamente por el ministerio bajo diversas órdenes de servicio, a pesar de contar únicamente con estudios técnicos y simples diplomados de corta duración.

La contratación de Hopkins, según denuncias internas, no obedece a criterios meritocráticos, sino a su presunta cercanía con el ministro. Las fuentes aseguran que ambos mantienen una presunta relación sentimental y que esta cercanía se ha traducido en beneficios directos para ella. Además, se ha reportado el uso del vehículo oficial del ministerio para salidas privadas entre ambos, lo cual podría constituir un caso de peculado de uso.

Las cifras hablan por sí solas. Hopkins recibió su primera orden de servicio el 16 de mayo de 2024 por 22,500 soles. Le siguieron contratos de 15 mil, 30 mil y otros dos más, todos emitidos ya bajo la gestión de Valencia. La última orden fue el 2 de abril de 2025, por 30 mil soles, bajo el concepto de “coordinación administrativa para el Gabinete de Asesores”.

A pesar de no cumplir con los requisitos académicos exigidos inicialmente para este tipo de funciones, el Ministerio de Cultura redujo las exigencias de los Términos de Referencia, permitiendo que Hopkins acceda a estos contratos. De acuerdo con la documentación presentada, ella solo cuenta con un título técnico en administración bancaria emitido por un instituto privado.

La situación ha generado un clima de incomodidad y rechazo dentro del Mincul. Altos funcionarios aseguran que el caso es conocido por todo el personal del piso 8, donde se encuentra el despacho ministerial.

Consultada sobre el tema, la abogada Mónica Yaya, experta en contrataciones con el Estado, señala que podrían configurarse los delitos de negociación incompatible, colusión y tráfico de influencias, debido al evidente beneficio económico que Hopkins habría recibido gracias a su vínculo con el ministro. Además, de comprobarse el uso del vehículo oficial con fines privados, estaríamos ante un delito de peculado de uso.

Este nuevo escándalo trae a la memoria el caso Richard Swing, cuando el Ministerio de Cultura, bajo el gobierno de Martín Vizcarra, fue señalado por el otorgamiento irregular de millonarias órdenes de servicio. Lamentablemente, se evidencia que los patrones de favorecimiento político y sentimental se siguen repitiendo.

El caso Valencia-Hopkins es más que una historia de una simple relación: representa una posible utilización del poder para beneficio personal. El dinero pagado a Hopkins no proviene del bolsillo del ministro, sino del presupuesto público, afectando la confianza ciudadana y el principio de transparencia que debería regir la función pública.

Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte guarda silencio, y el ministro Valencia continúa en el cargo. La Fiscalía y la Contraloría tienen ahora la responsabilidad de esclarecer si los vínculos sentimentales han cruzado la línea de lo legal y han comprometido recursos del Estado en beneficio de una persona sin los méritos necesarios para acceder a ese tipo de contrataciones.

Jalón de orejas. La llaqta de Machu Picchu se ha convertido para el Ministerio de Cultura (Mincul) en su gran ‘gallina de los huevos de oro’, pues paulatinamente se pretende incrementar su aforo a cantidades que afectarían su estructura y preservación.

Recientemente, se conoció que el Mincul tiene pensado aumentar su aforo a ¡27 mil turistas por día!, proyecto rechazado de plano por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco calificándola de “inviable”. El argumento en ese momento del ministro Fabricio Valencia fue que se abarataría el precio de boletos, reduciendo la duración de la ruta a una hora, pero con el beneficio de que más turistas puedan ingresar a la ciudadela inca.

Al respecto, la Controlaría General de la República le ha advertido al Mincul que actualmente se evidencia una “sobrecarga turística”, la cual viene afectando sobremanera su estructura y ecosistema.

Asimismo, informó que no se viene efectuando el cobro de la tarifa general de S/. 152 por la visita a la Ruta Realiza Diseñada, porqué está incluida en los boletos adquiridos para el ingreso a la red de caminos mencionada, lo que viene afectando al erario público.

De acuerdo al informe n.° 010-2025-OCI/5765-SOO elaborado por el mencionado órgano de control, se determinó una sobrecarga de 2505 visitantes a la terraza superior de la ciudadela durante el periodo comprendido entre el 17 y el 30 de abril del 2025, y de 1546 viajeros entre el 1 y el 30 de mayo de 2025.

La comisión de control alertó que estas situaciones no garantizan la conservación de las áreas debido a que el constante tránsito de visitantes podría provocar la erosión del suelo en zonas con pendientes pronunciadas y áreas cercanas, así como la compactación del terreno por el peso y frecuencia de turistas, deteriorando caminos, escalinatas, muros y plataformas incas.

Ante ello, el Mincul tiene un plazo reglamentario de 45 días, prorrogable por otros 45 días más, para corregir estas irregularidades. De no hacerlo, la Contraloría activará un servicio de control posterior para determinar responsabilidades.

“Si no superan estas situaciones adversas, identificaremos responsables administrativas e incluso penales, sin importar el cargo: sea el titular de la entidad o un servidor de menor rango”, advirtió Guzmán Vera Coronel, vocero de Contraloría para Nueva TV Nacional.

Tal parece que desde lo más alto del Mincul se pretende exprimir en todo lo posible esa maravilla cusqueña, legado de nuestros ancestros. Construida hace siglos, la ciudadela podría desaparecer en menos tiempo de lo que uno se lo imagina a causa de la codicia de algunas malas autoridades.

El dato:

La llaqta de Machu Picchu fue declarada el 9 de diciembre de 1983 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Desde el año 2015, el Ministerio de Educación (MINEDU) ha organizado concursos públicos para el Ascenso en la Carrera Pública Magisterial (CPM) bajo la promesa de garantizar una trayectoria meritocrática. Los Concursos de Ascenso 2024 y 2025 —regulados por la RVM N.º 077-2024-MINEDU y la RVM N.º 048-2025-MINEDU publicado el 13 de mayo de 2025— han introducido un cambio que ya he señalado anteriormente y que considero excluyente: el subcriterio 1.2 solo otorga puntaje a los títulos de segunda especialidad y títulos de profesor o licenciado en educación obtenidos posteriormente al nombramiento. 

Todo indica que esta modificatoria habría sido añadida por la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) del MINEDU, bajo la dirección de Eloy Alfredo Cantoral Licla.

Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional del concurso de Ascenso 2024 aprobado con la RVM N.º 077-2024-MINEDU.

Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional del concurso de Ascenso 2025 aprobado con la RVM N.º 048-2025-MINEDU.

Por ejemplo, en la región Amazonas, existen más de 180 docentes titulados en Educación Inicial que, ante la escasa disponibilidad de plazas en dicho nivel para contrato docente, decidieron continuar su formación profesional y obtuvieron un segundo título en Educación Primaria. Estudiaron cinco años adicionales para completar esta segunda carrera, y muchos de ellos recién lograron su nombramiento en los concursos de 2017, 2018 y 2019.

El problema es que, como estos títulos fueron obtenidos antes de su nombramiento, el MINEDU, a cargo del ministro Morgan Niccolo Quero Gaime, no les reconoce a los docentes el mérito de contar con dos especialidades en educación. En total, estos docentes han estudiado diez años, y sin embargo, su esfuerzo ha quedado invisibilizado tanto en el proceso de Ascenso 2024 y pronto en el de 2025, debido a una norma injusta y restrictiva que desconoce la formación previa al nombramiento.

Asimismo, miles de docentes hoy ostentan un título de segunda especialidad en educación, obtenido antes de su ingreso a la CPM, y gracias al cual pudieron alcanzar una plaza de nombramiento.

Actualmente, en el proceso de reasignación docente no existe ningún criterio que excluya el mérito de contar con una segunda especialidad u otro título profesional o de licenciado en Educación. Lo mismo ocurre en las evaluaciones para acceder a cargos directivos de IE, UGEL o DRE o de especialistas en Educación. ¿Por qué, entonces, se pretende penalizar dicho mérito en el proceso de Ascenso 2025? Esta contradicción no solo genera desigualdad, sino que también despierta sospechas de manipulación política en el acceso a cargos de mayor jerarquía dentro de la Carrera Pública Magisterial.

Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional del concurso de Ascenso 2023 aprobado con la RVM N.º N.º 061-2022-MINEDU.

Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional de los concursos de Ascenso 2021 y 2022 aprobado con la RVM N.º 057-2021-MINEDU y modificatorias.

Este cambio representa una alteración deliberada en la evaluación docente, ya que en todos los concursos de ascenso previos —incluidos los de 2016, 2019, 2021, 2022 y 2023— el subcriterio 1.2 de la Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional (aprobado por las RVM N.º 088-2015-MINEDU, N.º 115-2019-MINEDU, N.º 063-2021-MINEDU, N.º 057-2021-MINEDU, N.º 061-2022-MINEDU y N.º 102-2023-MINEDU, junto con sus modificatorias) no condicionó la fecha de obtención de otro título profesional, de profesor, licenciado en Educación o segunda especialidad para otorgar puntaje como parte de la valoración de la trayectoria profesional del docente nombrado.

Surge una pregunta de fondo: ¿Será que muchos de estos docentes tienen el perfil para ascender a la quinta, sexta o séptima escala, y eventualmente postular como directores de UGEL, especialistas u otros? De ser así, ¿existe una intención deliberada de frenar estos ascensos para mantener el control político o clientelar de los cargos directivos a nivel nacional?

Cabe señalar que no existe ninguna disposición en la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.º 29944) ni en su reglamento que sustente este nuevo criterio. El Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2013-ED, establece en el inciso 53.2 del artículo 53 lo siguiente:

“La formación profesional y los méritos del postulante comprenden estudios de posgrado, segunda especialidad, actualización y capacitación, especialización, los cargos desempeñados, las distinciones obtenidas y la producción intelectual.”

Este artículo no impone restricciones respecto a la fecha de obtención de los estudios señalados. En otras palabras, no se exige que los títulos o grados académicos hayan sido obtenidos después del nombramiento en la CPM.

El MINEDU debe rectificar esta disposición y restablecer el reconocimiento de los títulos de segunda especialidad y títulos profesionales sin condicionamientos temporales injustificados. Si lo que se busca es meritocracia, el Estado no puede aplicar criterios excluyentes que contradicen el reglamento de la Ley magisterial y la historia reciente de sus propios concursos de Ascenso docente.

El 3 de septiembre de 2024, la presidenta Dina Boluarte y el entonces premier Gustavo Adrianzén designaron a Fabricio Valencia Gibaja como ministro de Cultura. Su llegada estuvo respaldada por un sólido currículum: abogado por la PUCP, con posgrados en Patrimonio y Turismo Sostenible, y estudios de maestría en Museología y Gestión Cultural en la Universidad Ricardo Palma.

Sin embargo, los títulos académicos no bastaron para sostener su gestión. Con el paso de los meses, comenzaron los cuestionamientos, y hoy el ministro enfrenta una de sus peores crisis políticas, envuelto en un nuevo escándalo dentro del Mincul.

Altos funcionarios del ministerio han revelado la existencia de una presunta relación sentimental que se desarrolla en el piso 8 de la sede central en San Borja. Pero lo que podría parecer un asunto privado, se ha tornado público debido a graves implicancias legales que podrían existir: tráfico de influencias, negociación incompatible y peculado de uso.

El caso nos recuerda al escándalo de Richard Swing, cuando millonarias órdenes de servicio desde el Ministerio de Cultura fueron entregadas a dedo durante el gobierno del investigado expresidente Martín Vizcarra. Todo indica que el despilfarro y los favores personales en el Ministerio de Cultura no son cosa del pasado.

Fabricio y Shirley: los secretos del piso 8

El piso ocho de la sede central del Ministerio de Cultura en San Borja es donde se encuentra el despacho del ministro Fabricio Valencia. Una de nuestras fuentes nos dice: “Esto ya no se puede ocultar. Aquí todos saben de la relación que existe entre el ministro y Shirley Hopkins. Además, la está beneficiando con órdenes de servicio y usa el vehículo oficial para sus salidas. Eso es uso indebido de los recursos públicos”.

Otra fuente ministerial menciona: “Por la relación que tiene Shirley con el ministro, ella ahora se siente empoderada. Ella vive cerca del ministerio, y se encuentran afuera para almorzar juntos. Sorprende cómo gana tanto sin tener título universitario”.

“El ministro usa el vehículo oficial para sus salidas con ella. Le gusta almorzar en El Escondite de la Av. Aviación, Pardos de la Av, Canadá y el restaurante La Buena Muerte de la calle Aldana. Los de seguridad de Estado son testigos claves”, comenta un alto funcionario de la sede central.

Curiosos nombres de restaurantes que serían los preferidos por el ministro.

A inicios de mayo, un hecho llamó poderosamente la atención en la sede central del Ministerio de Cultura. Debido a que se colocó una nueva puerta de seguridad en el despacho ministerial. Lo que causó mayor sorpresa del hecho es que la nueva puerta solo se abre desde adentro. Nos preguntamos, ¿qué intenta proteger o ocultar el ministro de Cultura?

El ministro Fabricio Valencia, como cualquier ciudadano, tiene pleno derecho a amar y a entablar relaciones personales, pues incluso Dios amó. Sin embargo, ese derecho termina donde empieza el uso indebido del poder público. De existir una relación sentimental con la señora Shirley Hopkins, esto interfiere con la gestión del Estado y se convierte en una vía para beneficiar a una trabajadora del ministerio mediante órdenes de servicio generosas y constantes; ya no estamos ante un simple asunto personal, sino ante una posible irregularidad administrativa e incluso un delito.

Según su ficha Reniec, se confirma que la señora Shirley Hopkins vive actualmente en el distrito de San Borja, muy cerca de la sede central del Ministerio de Cultura. Tiene 34 años de edad y se encuentra casada.

Shirley Hopkins y las órdenes de servicio por 127,500 soles

La presunta relación amorosa entre el ministro Valencia Gibaja y Shirley Hopkins ha indignado a muchos funcionarios del Ministerio de Cultura, porque, a pesar de no tener título universitario, ha conseguido diversas órdenes de servicio que suman hasta hoy un total de 127,500 soles.

La primera orden de servicio de Hopkins Cerna en el Mincul es del 16 de mayo del 2024, por un monto de 22,500 soles, por el servicio de especialista en gestión administrativa. La segunda fue el 13 de agosto del 2024, por el monto de 15 mil soles, por el servicio de analista en planificación y coordinación.

Pero para Shirley Hopkins, la llegada de Fabricio Valencia al Mincul es también el inicio de una buena racha, ya que su tercera orden de servicio con fecha del 04 de octubre de 2024, durante la gestión de Valencia Gibaja como ministro, alcanzó el alto monto de 30 mil soles por el servicio de analista administrativo. Pero esto no es todo; tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, aparece una nueva orden de servicio con fecha del 08 de enero de 2025 por el monto de 30 mil soles, por el servicio de analista administrativo para el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.

Fuente: Ministerio de Cultura.

La relación entre Valencia y Hopkins con el pasar de los meses fue más intensa, y las órdenes de servicio no pararon. Recientemente, el 2 de abril pasado, una nueva orden de servicio apareció para Hopkins Cerna.   Esta vez, la engreída del ministro de Cultura emitió la orden de servicio N.° 01925-2025-S por el monto de 30 mil soles, por el servicio de coordinación administrativa para el Gabinete de Asesores en el Despacho Ministerial.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Es importante señalar que el monto de los 30 mil soles a favor de Shirley Hopkins es por 85 días. Es decir, un promedio de 10 mil soles mensuales. Durante esos días, la amiguita del ministro debe brindar información del sector. Ella especialmente se mueve como asistente de coordinación parlamentaria del Mincul. O sea, para entre el Congreso y el despacho del ministro Fabricio Valencia.

Aquí surge una pregunta pertinente: ¿cómo una persona que no cuenta con título universitario logra obtener del Ministerio de Cultura órdenes de servicio por 30 mil soles? Al parecer, su relación con el ministro Valencia Gibaja habría ayudado a obtener las jugosas órdenes de servicio con la complicidad del área administrativa y la oficina de Abastecimiento del Ministerio de Cultura.

Shirley Hopkins no registra grados académicos ni títulos en Sunedu.

Una administradora sin título universitario

En el CV que presentó Shirley Hopkins Cerna al Ministerio de Cultura, se detalla lo siguiente: “Administradora, con experiencia en el sector público en relaciones de coordinación parlamentaria, asistencia oportuna del seguimiento a los pedidos formulados por el Legislativo y la evolución de respuesta. Así como el área administrativa gubernamental de la alta dirección de órganos constitucionales del poder ejecutivo. Con capacidad de trabajo bajo presión, con alto grado de sociabilidad, formación orientada a la creación de valor, trabajo en equipo, criterio para toma de decisiones en el logro de objetivos y en el cumplimiento de metas asignadas, habilidad en el análisis de escenarios imprevistos y la conducción adecuada de relaciones a todo nivel”. 

Sin duda, Hopkins conoce de relaciones, pero nos preguntamos: ¿qué documentación le solicitó el Ministerio de Cultura en los Términos de Referencia (TdR) para su contratación? Sorprendentemente, el Mincul solo le solicitó un «título» técnico en las carreras de Administración, Contabilidad o Economía. Y un diplomado en Coordinación Parlamentaria o Contrataciones del Estado. Es decir, no hubo meritocracia; le bajaron la valla para beneficiarla, ya que Shirley Hopkins no cuenta con ningún título universitario.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Dentro de la documentación presentada al Ministerio de Cultura, la señora Hopkins solo presentó un certificado de un instituto de educación superior tecnológico privado.   En el documento se lee: Profesional Técnico en Administración Bancaria, el cual fue emitido el 3 de noviembre de 2014. Junto a ese documento también adjuntó otros dos simples certificados de un diplomado de Gestión Parlamentaria y otro diplomado en Contrataciones del Estado. Aquí lo que se evidencia es que se priorizan favores políticos, sentimentales o pagos indebidos por encima de la capacidad.

El silencio del ministro Valencia y Shirley Hopkins

Tras revisar toda la documentación referente a la contratación de Shirley Hopkins Cerna y conocer su relación especial con el titular del Mincul, nos comunicamos con el ministro Fabricio Valencia el pasado viernes 16. En el mensaje enviado se le indicó: “Le escribo para recoger sus descargos sobre su relación con la trabajadora Shirley Hopkins, quien también ha sido beneficiada con órdenes de servicio del Ministerio de Cultura durante su gestión. Es importante tener su versión sobre este caso; espero que pueda responder a más tardar el día lunes”.

El mensaje fue leído por el ministro, pero no hubo respuesta. Ese mismo lunes 19, nos comunicamos repetidas veces con Shirley Hopkins. La primera llamada a la señora afortunada de las órdenes de servicio fue a las 9:51 am. Minutos después se le envió el siguiente mensaje: “Buenos días, señora Shirley Hopkins. Estamos realizando un informe periodístico donde se le menciona a usted y al ministro Fabricio Valencia. La estaba llamando para recoger su descargo sobre su relación con el ministro de Cultura”. Este mensaje también fue leído, pero no obtuvimos respuesta.

Luego de ello, insistimos con una llamada al ministro a las 12:34 del mediodía, pero no quiso responder. De la misma forma, llamamos nuevamente a las 2:43 pm a Shirley Hopkins, pero tampoco respondió nuestra llamada telefónica. Hasta el cierre de este informe, ninguno de los dos funcionarios ha querido dar sus descargos.

Recientes movidas en el Mincul tras llamadas

El pasado martes 20, tras poner en conocimiento al ministro Fabricio Valencia sobre el informe periodístico que se estaba preparando, un hecho inusual sucedió en su rutina ministerial. El vehículo oficial que transporta al ministro de placa EAM 519 de la marca china Hongqi fue cambiado por otro vehículo. Sorprendentemente, se comenzó a movilizar en otro auto, modelo Lexus de color negro con placa EGS 075.

Fuente: Sunarp.

Este hecho nos recuerda al caso de faldas del expremier Alberto Otárola con Yazire Pinedo. Debido a que el dominical “Panorama” reveló que el auto marca Lexus de placa EGS 106 que usaba Otárola y que llegó a la casa de Lince donde vive la joven Yazire Pinedo, terminó siendo guardado al interior de un almacén ubicado en el distrito del Rímac, a 500 metros de Palacio de Gobierno.

También en estos días se le ha visto a la señora Shirley Hopkins transportándose en una camioneta marca Jetour color blanco con placa CAB 312. Curiosamente, la movilidad está registrada a nombre de Shirley Hopkins y su esposo.

Camioneta de Shirley Hopkins en el estacionamiento del Mincul.

Presuntos delitos

La abogada Mónica Yaya, expresidenta del tribunal de OCSE y experta en contrataciones con el Estado, sobre el caso del ministro Fabricio Valencia y Shirley Hopkins, mencionó: “Aquí podríamos estar hablando de negociación incompatible con el encargo, por las contrataciones que se dieron durante el período en que él ha sido ministro. Él habría utilizado su poder para favorecer los intereses personales de la señora. La negociación incompatible con el cargo se da con el simple interés que puede tener el ministro en favorecer a la señora. Además de ese delito, podría haberse dado el delito de colusión. En la colusión, ambos se ponen de acuerdo, es decir, se orquesta ese favor en perjuicio del Estado y se produce un intercambio de favores. El ministro puede haberle facilitado los contratos a cambio de un favor sentimental. Habría un intercambio de favores para beneficiar a un privado en beneficio del Estado. También aquí podría haber tráfico de influencias, ya que le facilitaría un beneficio a la señora».

Además, la experta en contrataciones con el Estado mencionó:  “Si se utilizó el vehículo oficial para salida en pareja, estaríamos hablando del delito de peculado de uso, que significa utilizar los bienes de la institución pública para provecho privado”.

Finalmente, este caso nos recuerda al escándalo de Richard Swing en el Mincul y al caso del exministro de Defensa Mariano González.  Lamentablemente, son ejemplos de cómo decisiones personales dentro del aparato estatal pueden cruzar la delgada línea entre lo privado y lo público, afectando la confianza ciudadana y dejando espacio a cuestionamientos sobre el uso del poder para fines personales.  El dinero con el que se le paga a la señora Shirley Hopkins no sale del bolsillo del ministro Fabricio Valencia, sino del erario público que es de todos los peruanos. ¿Qué dirá a todo esto la presidenta Dina Boluarte?