Condenado, pero muy lejos del país. Días antes de recibir su sentencia, Jorge Cuba Hidalgo, ex funcionario durante el gobierno de Alan García, huyó a Ecuador el pasado 20 de julio, anticipándose a lo que efectivamente fue una condena. Fue el fiscal José Domingo Pérez quien informó que la Policía había constatado que Cuba ya no se encontraba en su domicilio, escapándose al país del norte.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 21 años y 8 meses de prisión efectiva tras hallarlo culpable de haber favorecido a la trasnacional brasileña Odebrecht para la adjudicación de los dos primeros tramos del Metro de Lima.

El Juzgado Penal precisó que a la pena de 21 años y 8 meses de prisión contra Cuba Hidalgo se le deberá descontar el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Dispusieron la emisión de las órdenes de ubicación y captura a nacional e internacional.

A los exmiembros de la Comisión Especial de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, Mariella Huerta Minaya y Edwin Luyo Barrientos, también se le impusieron 21 años y 8 meses de prisión efectiva con ejecución inmediata. Al otro miembro del comité de licitación, Santiago Chau Novoa, se le dictaron 18 años y 4 meses de prisión efectiva.

El exasesor del MTC Miguel Ángel Navarro Portugal recibió 16 años de prisión, mientras que el primo de Jorge Cuba Hidalgo, Víctor Muñoz Cuba, 13 años y 4 meses.

Finalmente, el Juzgado Penal dictó contra los acusados Magdalena Bravo Espinoza y Jesús Wilfredo Uribe Tapia una pena de 5 años de prisión suspendida por 4 años bajo cumplimiento de reglas de conducta.

Cabe precisar que la exvoleibolista Jessica Tejada también fue acusada por presunto lavado de activos. Sin embargo, el tribunal la absolvió al considerar que no existen elementos que acrediten que cometió el delito dolosamente.

Reparación civil deberá ser pagada de manera conjunta

El Poder Judicial fijó en 12 millones de soles el monto por el delito de colusión, el mismo que deberá ser pagado por Jorge Cuba y los otros acusados por este delito.

Respecto al delito de lavado de activos, el Juzgado fijó la reparación civil en 12 millones de dólares. Este monto también deberá ser cancelada por el exviceministro de Comunicaciones junto a los otros condenados por este ilícito.

Quiere llevar agua para su molino y para ello quiere ganarse el voto de miles de mineros en proceso de regulación. Uno de los conflictos más significativos durante los últimos meses en el país es la minería no formal, encontrándose tanto los mineros artesanales como informales.

Cientos de mineros salieron a protestar para la ampliación del Reinfo, pero el Congreso de la República no ha cedido a sus reclamos. Tampoco encuentran una chance en el Ejecutivo, toda vez que han ido a querer reunirse con el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, no encuentran satisfactoria su visita.

Ante ello, como buen oportunista, Alfredo Barnechea (Acción Popular) está vez sí ha querido comerse ese ‘chicharrón’ para así tener un buen colchón de votantes para lo que sería su postulación a la presidencia el próximo año.

“La minería en el Perú se crea a pico y pala, abriendo socavones en las minas. Y son siempre esos mineros artesanales los primeros que empiezan abriendo la mina”, dijo en entrevista con Latina el periodista y político de 73 años. Sin embargo, mencionó, estos mineros suelen quedar al margen de las grandes decisiones y negociaciones en torno a la actividad minera, según el testimonio que denuncia la ausencia de un diálogo nacional efectivo.

En ese sentido, propone que el Ministerio de Economía (MEF) convoque de manera urgente a un diálogo entre la minería formal y la pequeña minería. El argumento sostiene que existen “muchísimas concesiones mineras que no están explotadas” y que no es posible otorgar estos permisos y dejar que pasen años sin ninguna actividad. “Hay 400 mil mineros artesanales a los que nadie defiende”, añade.

Reforma del sistema de concesiones y censo nacional minero

La brecha entre los mineros artesanales y la gran minería se ha profundizado, mientras los problemas de inseguridad persisten en diversas regiones del país, incluida La Libertad, Apurímac, Cusco y zonas de Loreto, a raíz del desplazamiento de los actores mineros, sostiene Barnechea. 

Para ello plantea una reforma inmediata en el sistema de concesiones mineras. El problema, sostiene el acciopopulista, reside en la acumulación de permisos sin actividad mientras miles de pequeños mineros buscan una oportunidad para trabajar formalmente. “Oiga, dele usted que pueda trabajar y que le vendan a ustedes el producto. Hay muchas maneras de resolver”, propone, sugiriendo un modelo de integración entre la minería a gran escala y la pequeña minería mediante condiciones justas de comercialización.

Otra propuesta central es la realización de un censo nacional minero, con el fin de modernizar el mapa de concesiones y distinguir claramente entre las diferentes modalidades de explotación. “Por primera vez, hay que hacer un censo nacional minero real. Y luego hay que hacer una reestructuración del mapa de las concesiones, porque hay muchos tipos de concesiones”, recalca.

Todo lo que toca Dina Boluarte queda contaminado, intoxicado, con un aura pestilente que es imposible de no reconocer a metros de distancia. Y es que su inexistente popularidad resulta contagiosa, generando el rechazo y el descontento de la población sobre su entorno, llámese ministros, asesores, voceros y ahora defensores del Pueblo.

Precisamente el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, acaba de vivir un bochornoso incidente durante su visita a Puno, siendo forzado a retirarse del Teatro Municipal al grito de la población que no aceptaba su presencia.

Dirigentes y representantes de distintas comunidades campesinas impidieron su participación, responsabilizándolo de no defender en su momento a las víctimas de la represión en Juliaca.

El incidente ocurrió durante una actividad organizada por comunidades campesinas de la región para analizar y pronunciarse contra la Ley 32293, norma que, según los organizadores, afecta directamente los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Algunos dirigentes lo acusaron incluso de representar los intereses del Congreso y del Ejecutivo.

“Lo hemos rechazado porque no defiende a nuestras víctimas, ni a nuestros derechos”, afirmó uno de los representantes comunales en declaraciones a medios locales.

Durante el acto, varios asistentes cuestionaron duramente el rol del defensor del Pueblo frente a las muertes ocurridas en la ciudad de Juliaca, el 9 de enero de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Aseguran que Gutiérrez no se ha pronunciado ni ha asumido un rol activo en la defensa de los familiares de las víctimas.

Además, señalaron que su elección como defensor —mediante el respaldo de una mayoría parlamentaria— lo vincula políticamente con el Congreso de la República, por lo que consideran que no garantiza una defensa independiente de los derechos fundamentales en regiones como Puno.

Ante la creciente tensión, Josué Gutiérrez tuvo que abandonar el lugar bajo estrictas medidas de seguridad, en una intervención directa de la Policía Nacional, a través de su unidad de Seguridad del Estado. El retiro se produjo por la puerta lateral del teatro, mientras los asistentes coreaban frases de desaprobación.

Comunidades indígenas de la región Puno expulsan del Teatro Municipal al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. @Defensoria_Peru @josuegutierrezf pic.twitter.com/8c5Q5MQImN

— Revista Lima Gris (@Limagris) July 24, 2025

Tras abandonar el recinto, el defensor del Pueblo declaró brevemente ante los medios de comunicación, señalando que existe desinformación sobre su gestión y reiterando que su despacho sí ha realizado acciones de defensa de derechos humanos en diversas regiones del país.

“Creo que hay un malentendido. Las comunidades no están bien informadas sobre el trabajo que hacemos. Hemos estado presentes y acompañando procesos en distintas zonas del país”, declaró.

Mientras la ciudad de Lima enfrenta serios desafíos en transporte, seguridad y servicios básicos, su alcalde, Rafael López Aliaga, parece haber decidido abandonar de facto su responsabilidad para enfocar sus energías en una campaña presidencial anticipada. Así lo denunció la regidora metropolitana Ivone Tapia Vivas, quien exigió su renuncia inmediata para que se dedique “al 100%” a su proyecto político personal.

Tapia Vivas no se limita a señalar una falta de atención en la gestión municipal; advierte también que López Aliaga estaría utilizando recursos de la comuna para promocionar su imagen y la de su partido, Renovación Popular. “Hace un momento escuchaba a un especialista sobre cómo se está utilizando el presupuesto de Lima Metropolitana para hacer campaña. Eso no me parece honesto”, declaró en entrevista con Exitosa.

La regidora que pertenece a las filas de APP, ha sido enfática en sus críticas a la forma en que el alcalde ha convertido actos oficiales en vitrinas políticas. Mencionó como ejemplo la reciente presentación de los vagones del frustrado tren Lima–Chosica, evento en el que no solo desvió el foco hacia su candidatura, sino que recurrió a una puesta en escena cuestionable, llevando incluso un cerdo como símbolo de campaña.

A esto se suma su abandono del diálogo institucional. López Aliaga “pateó el tablero” de la mesa técnica organizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde debía discutirse el avance del proyecto ferroviario. En vez de dialogar, optó por el insulto. Acusó al ministro César Sandoval de “ignorante” y “ayayero de César Acuña”, mientras la obra, que ha costado ya 24 millones de dólares en estudios, permanece paralizada y los vagones comprados duermen en almacenes que también le costarán a la ciudad.

Pero la controversia no termina ahí. Tapia Vivas recordó la agresión verbal del alcalde López Aliaga contra la presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, Abilia Ramos, a quien descalificó públicamente. “En lugar de pedir la renuncia de ministros, debería pedir disculpas a las mujeres que luchan todos los días por alimentar a sus comunidades”, sentenció.

A la vista de todo esto, queda una pregunta urgente: ¿quién está gobernando Lima mientras su alcalde hace campaña? Porque en las calles, lo único visible son paneles celestes, no soluciones.

Se fue al mismo estilo que Nadine Heredia. El exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, se fue del país el pasado domingo 20 de julio con destino a Ecuador, a pocos días de que el Poder Judicial dictara sentencia sobre el caso Metro de Lima.

Fue el fiscal José Domingo Pérez quien diera aviso esta mañana de la fuga de Cuba, aclarando que un informe policial había reportado la fuga del exfuncionario del segundo gobierno aprista (2006-2011).

«La Policía Nacional el Perú ha dado cuenta que el señor Cuba Hidalgo ha salido del país el 20 de julio vía terrestre por la frontera con el Ecuador«, informó en la diligencia el miembro del equipo especial Lava Jato.

La Fiscalía solicita 35 años de prisión contra Cuba, a quien le imputa haber recibido US$8 millones en coimas de la compañía brasileña para que este encaminara la licitación del Tramo 1 en beneficio de la misma.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional anunciará hoy su decisión después de dos años y seis meses de iniciado la etapa de juicio oral.

Como se recuerda, este proceso comenzó en el 2017 y se convirtió en una de las primeras investigaciones del caso Odebrecht en el Perú, en el que la constructora brasilera admitió haber pagado sobornos a funcionarios peruanos para suscribir un acuerdo de colaboración eficaz.

El dato:

Además de Cuba Hidalgo, el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Edwin Luyo, la exvoleibolista Jessica Tejada y otros se encuentran involucrados en el caso.

Para Edwin Luyo, el Ministerio Público pidió 35 años de prisión; en tanto, solicitó 25 años de cárcel para Jessica Tejada. Además, para los demás implicados se pidieron penas de hasta 34 años.

Lima pierde mientras el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y el ministro de Transportes César Sandoval se atacan. En lugar de avanzar hacia un diálogo técnico y responsable que permita destrabar el proyecto ferroviario Lima–Chosica, los mandamases del gobierno local y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han optado por una confrontación pública plagada de insultos, descalificaciones y acusaciones mutuas. La pugna entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro César Sandoval Pozo, más que un desacuerdo político, se ha convertido en una guerra de egos que termina afectando a millones de ciudadanos.

Rafael López Aliaga, fiel a su estilo agresivo y confrontacional, acusó al ministro Sandoval de carecer de idoneidad técnica para ocupar la cartera de Transportes y Comunicaciones. Durante un evento en Lurigancho-Chosica, no escatimó calificativos: “No tiene perfil ligado a transportes”, “su único mérito es ser ayayero del señor César Acuña”, y finalmente, lo tildó de “ignorante absolutamente del tema”. Palabras que venidas de un alcalde no solo revelan un tono grosero, sino una preocupante falta de disposición al diálogo institucional.

La reacción del ministro Sandoval no fue mucho mejor. Visiblemente molesto, respondió con amenazas de acciones legales por difamación y lo desafió públicamente a presentar registros que prueben un supuesto encuentro en la Municipalidad de Lima, el cual negó tajantemente. “Lamento mucho semejante patraña y mentira… Por ello, tomaré las acciones legales”, sentenció. El funcionario apepista no solo cayó en el juego de provocaciones del alcalde, sino que reforzó el espectáculo mediático, convirtiendo una disputa de gestión en un cruce personal.

Limeños deben soportar peleas insulsas

Ambos servidores públicos han perdido de vista su rol principal: servir al ciudadano. Mientras los limeños esperan avances en proyectos fundamentales como el tren Lima–Chosica, deben tolerar un espectáculo lamentable que confirma que ni el municipio ni el ministerio están actuando con visión técnica, responsabilidad política ni mínima madurez.

El proyecto ferroviario entre Lima y Chosica fue anunciado como una obra clave para aliviar el caótico sistema de transporte en la capital, especialmente en la sobrecargada zona este. Sin embargo, en lugar de ver cronogramas, avances de obra o estudios técnicos, la ciudadanía presencia peleas estériles protagonizadas por dos autoridades que han olvidado que el cargo público exige sobriedad, negociación y capacidad de priorizar los intereses colectivos sobre los personales.

El alcalde López Aliaga ha demostrado una vez más que su estilo comunicacional, lejos de conectar con la población, agudiza la polarización política. Su desprecio abierto por la institucionalidad del Ejecutivo evidencia una gestión más enfocada en confrontar y en impulsar una campaña electoral, que en construir. Pero el ministro Sandoval no está exento de críticas: su falta de templanza y su decisión de enfrascarse en una querella legal solo prolongan un enfrentamiento innecesario, además de contribuir al desgaste de la autoridad estatal.

La presidenta Dina Boluarte, responsable directa de la designación de Sandoval, también queda expuesta por permitir que una cartera técnica sea usada como cuota política. El MTC, más que ningún otro ministerio, requiere perfiles técnicos con conocimiento en planificación urbana, movilidad y transporte. La ausencia de ese perfil técnico ha sido una crítica válida que, lamentablemente, se diluye entre gritos y agravios.

Mientras tanto, los ciudadanos de Lima siguen atrapados en un sistema de transporte colapsado, sin un cronograma claro para el tren prometido, y con dos autoridades egocéntricas en pugna que parecen más interesadas en sus batallas personales, que en atender los problemas reales de la ciudad.

El país necesita funcionarios capaces de sentarse a dialogar, incluso en medio de profundas diferencias. Lo ocurrido entre López Aliaga y Sandoval es una muestra clara de cómo no debe funcionar el Estado. Y mientras ambos se insultan y se amenazan, los limeños siguen esperando respuestas, no excusas.

Se acabó el misterio. Los congresistas José Cueto (Honor y Democracia) y Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) anunciaron anoche que acordaron unir fuerzas con miras a la próxima votación para la nueva Mesa Directiva. La confirmación llegó a través de una fotografía donde se les ve estrechando manos.

La alianza implica que Cueto y Zeballos trabajarán juntos para presentar una única lista, con respaldo compartido de sus respectivas bancadas y otras agrupaciones que ya se han sumado. De resultar ganadora la fórmula Cueto-Zeballos, ambos tendrán roles claves en la conducción administrativa del Congreso.

Antes del acuerdo, José Cueto había asegurado que contaba con el respaldo de Renovación Popular, Podemos Perú y su grupo, Honor y Democracia.

Cabe recordar que Carlos Zeballos había declarado que no descartaba liderar una tercera lista si no se llegaban a consensos, sin embargo, tras varios días de conversaciones, optó por sumarse al proyecto de Cueto.

Con esta alianza, la fórmula Cueto-Zeballos se fortalece y se posiciona como una de las principales candidatas frente a la liderada por el congresista José Jerí, de Somos Perú.

Ambos congresistas han insistido en que la fórmula que proponen prioriza el consenso y el equilibrio político, y no responde a intereses particulares o de grupo.

Posibles respaldos

En tanto, el legislador Cueto indicó que Acción Popular estaría considerada para ocupar la primera vicepresidencia, aunque aclaró que aún se encuentran en procesos internos de decisión.

Por su parte, indica, también habría apoyo de algunas bancadas de izquierda como Juntos por el Perú, pero hasta el momento su respaldo solo es informal. También mencionó acercamientos con exmiembros del Bloque Magisterial.

El dato:

La elección está programada para este sábado, mediante votación secreta en el pleno. De no alcanzarse la mayoría simple, se procederá a una segunda vuelta entre las listas con mayor votación.

La designación de Gino Ríos Patio como representante del Ministerio Público ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado una ola de indignación. No solo por su perfil político, sino porque Ríos Patio posee una sentencia consentida por violencia familiar y maltrato psicológico. A pesar de ello, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha salido a respaldar su nombramiento, minimizando los antecedentes y colocando el foco únicamente en la legalidad del proceso. Pero ¿es suficiente cumplir con los requisitos formales para ocupar un cargo de esa envergadura? ¿Dónde queda el estándar ético?

Josué Gutiérrez ha sostenido que “no existe impedimento legal” para que Ríos integre la JNJ, órgano que evalúa y sanciona a jueces y fiscales. Su argumento se ancla en la literalidad de la norma, ignorando el mensaje institucional que se envía con este tipo de nombramientos. La violencia de género no es una falta menor. Es un delito que carcome los cimientos de la confianza ciudadana en sus instituciones. El silencio cómplice, o peor aún, la defensa activa de figuras como Ríos, erosiona aún más esa credibilidad.

El rol de la Defensoría del Pueblo no es el de interpretar la ley con frialdad técnica. Su misión es más alta: velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. En ese marco, la actitud de Josué Gutiérrez no solo resulta desconcertante, sino incompatible con los principios de la institución que representa. ¿Qué señal se le da a las víctimas de violencia familiar cuando quien debe protegerlas avala a un sentenciado por ejercerla?

La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué esta férrea defensa a Gino Ríos? ¿Es acaso un simple acto de lealtad política? ¿O hay un cálculo detrás para garantizar el control de un órgano clave como la JNJ? Lo cierto es que la obstinación de Gutiérrez no respondería al mandato de la ciudadanía, sino a intereses oscuros aún no del todo develados.

Al defender lo indefendible, Josué Gutiérrez no solo desnaturaliza el rol de la Defensoría del Pueblo. Se coloca, paradójicamente, del lado contrario al que juró defender: el del poder que protege al agresor.