No es novedad que algunos medios tradicionales jueguen en pared con el Ministerio Público y algunos empresarios. En ese contexto, algunos diarios impresos sirven como caja de resonancia para señalar a diversos personajes políticos que en muchos casos les resulta incomodos.

Por ello, el Presidente del Consejo de Ministros y actual congresista Guido Bellido, mediante su cuenta oficial de X, se pronunció sobre la portada del Diario El Comercio, donde se señala que la Fiscalía pide 20 años de cárcel para los congresistas Guillermo Bermejo, Guido Bellido y 25 años de cárcel para Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

Tras la publicación periodística, Bellido Ugarte mencionó: «Estamos en un país donde el Ministerio Público se ha convertido en una herramienta de persecución política. En lugar de combatir la delincuencia, persigue sin pruebas a quienes asumen responsabilidades públicas por elección popular. Durante la segunda vuelta electoral, fabricaron acusaciones de afiliación a organizaciones terroristas sin una sola evidencia».

Además, agregó: «Se supone que el Ministerio Público debe garantizar la legalidad y proteger los derechos ciudadanos, pero en realidad solo resguarda el orden corrupto que ha oprimido al pueblo durante siglos. Este caso será emblemático: una institución que jamás ha enfrentado la delincuencia porque muchos de sus integrantes son parte de ella. Si fueran serios, habrían archivado el caso. Saben que las acusaciones son falsas, pero siguen derrochando el dinero del pueblo con el cuento del terrorismo».

Tras casi cinco meses de haber sido suspendido, Rafael Muente Schwarz, retomó sus funciones como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Su regreso se cumple tras el fallo a favor en segunda y última instancia administrativa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Cabe recordar que Muente Schwarz asumió el puesto en la entidad de telecomunicaciones en 2017 y fue reelegido en 2022 para un segundo periodo. Sin embargo, su regreso se da en medio de una serie de cuestionamientos por haberse ejercido un presunto conflicto de interés a su favor.

Los tres miembros del tribunal que reincorporaron a Rafael Muente son sus amigos y colegas de la PUCP

El Tribunal de Servicio Civil (SERVIR) que el último 14 de febrero declaró NULA la Resolución emitida por la Comisión Ad Hoc de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que hace cinco meses sancionó con la suspensión y 365 días sin goce de haber a Rafael Muente Schwarz, lo conforman nada menos que Rolando Salvatierra Combina, como presidente de la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil; y los vocales de la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil, Orlando De Las Casas De La Torre Ugarte y César Efraín Abanto Revilla.

Aquí lo insólito es que los tres miembros del tribunal, además de ser abogados y colegas de la PUCP de Rafael Muente Schwarz, también son sus amigos y compañeros de trabajo. Es decir, firmaron la resolución que favorece a Muente Schwarz, incurriendo de esa manera en un grosero y presunto flagrante conflicto de interés, en lugar de haberse inhibido.  

¿Por qué la PCM suspendió a Rafael Muente Schwarz?

En septiembre de 2024 la PCM suspendió a Rafael Muente Schwarz por un año sin goce de haber, argumentando el uso indebido de fondos públicos en un programa de capacitación. Sin embargo, el Tribunal de SERVIR conformado por los amigos cercanos de Muente Schwarz acaba de anular esta medida al considerar que hubo una vulneración al debido proceso.

Por su parte, Muente Schwarz afirmó que el proceso en su contra careció de sustento legal, señalando que la contratación de la capacitación cumplió con todos los procedimientos establecidos y acusa que se cometió una ‘usurpación de funciones’ dentro de la propia PCM.

«Recordemos que por efecto de la decisión de Servir, ningún acto administrativo posterior o cualquier acto que persiga un efecto jurídico es válido, bajo responsabilidad. No me dejan alternativas sino proceder con firmeza en defensa del cumplimiento de la ley, ante lo que ya constituye usurpación de funciones», advirtió y acusó al premier Gustavo Adrianzén, de tener una actitud parcializada en su contra.

Tras este escándalo por un presunto conflicto de interés que apuntó a favorecer al abogado Rafael Muente Schwarz se exige una inmediata investigación administrativa y si fuera el caso, también de tipo penal.

La sentencia final contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia se daría en el mes de mayo de este 2025 y con una posible condena de los acusados, según informó el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, e indicó que el caso permanece a cargo de su colega, el fiscal Germán Juárez Atoche. En esa línea, dio a conocer que ya se han acusado a 11 personas naturales y 2 personas jurídicas.

Fiscalía confía en la destrucción total de la presunción de inocencia

Asimismo, Vela Barba señaló que, tras los distintos pasos de los controles de legalidad judicial, se encuentran en el estadío de la defensa material de los acusados y que esta culminaría el próximo 5 de marzo, por ello señaló que el Ministerio Público confía en la destrucción total de la presunción de inocencia.

«Finalmente estamos en el estadío de la defensa material de los acusados que deberá culminar el 5 de marzo del 2025, con lo cual la expectativa de tener un pronunciamiento judicial de condena o absolución (…) emita la sentencia que corresponda. Pensamos que no debería de extenderse del mes de mayo», culminó.

Alista las maletas. El Poder Judicial (PJ) autorizó el viaje del ex congresista Kenji Fujimori, quien se ausentará del territorio nacional del 5 al 14 de marzo con destino a México.

«Autorizar el viaje internacional del sentenciado Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, desde la ciudad de Lima Perú, hacia el país de México del 05 al 14 de marzo, debiendo retornar a la ciudad de Lima, Perú, al término de la fecha solicitada«, se lee en la resolución judicial.

El ex legislador, ahora alejado de la política, argumentó que ese viaje es “una oportunidad para fortalecer la unión familiar y matrimonial”, pues desde el 2018 él y su esposa no han podido viajar juntos al extranjero. Asimismo, fuentes cercanas al entorno Fujimori Higuchi mencionaron que el viaje tiene como propósito poder asistir a la boda de sus ahijados, participando en la ceremonia como padrino.

Liberado de prisión efectiva

Como se recuerda, el año pasado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictaminó una condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida para Kenji Fujimori, al ser encontrado culpable del delito de tráfico de influencias reales agravado en perjuicio del Estado, esto en relación al sonado caso denominado como ‘Mamanivideos’.

El juez Manuel Luján Túpez detalló las razones por las que el tribunal supremo no aplicó la efectividad de la pena de cuatro años y seis meses contra Kenji Fujimori y los parlamentarios Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

“Resulta que entre una sentencia (año 2022) y la otra (dictada hoy) se emitió el Decreto Legislativo 1585 (noviembre de 2023) que tiene que aplicarse por favorabilidad, que es mandato del artículo 109 de la Constitución. Este decreto establece que, si la pena impuesta es menor de cinco años, esta puede ser suspendida, siempre y cuando los sentenciados cumplan los requisitos de ley”, afirmó. 

En este caso -agregó- los sentenciados Fujimori, Ramírez y Bocángel cumplían los requisitos y “porque la ley es igual para todos, sin diferencia, se dictó la pena suspendida y no efectiva”, precisó.

Asimismo, precisó que tales requisitos son: no tener antecedentes judiciales, cumplir con los mandatos de los órganos jurisdiccionales. “No se han fugado, han cumplido los mandatos que se establecían y, además, no existe ninguna conducta que hagan pronosticar que serán delincuentes consuetudinarios”, refirió.

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el informe final que recomienda acusar al exjefe de Estado Francisco Sagasti Hochhausler por presunta infracción constitucional y presunta comisión de abuso de autoridad, el cual propone inhabilitarlo para la función pública por diez años, de acuerdo con el artículo 100 de la Carta Magna.

La presunta infracción constitucional es por los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Carta Magna, y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, que está tipificada en el artículo 376 del Código Penal. Este obtuvo 18 votos favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones; en tanto, la propuesta de inhabilitación obtuvo 22 votos favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones.

A Sagasti Hochhausler se le acusa de haber emitido las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema N° 094-2020-IN, que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Las recomendaciones y la propuesta de inhabilitación se encuentran en el informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 285, 287 y 369, que fueran formuladas por los congresistas Juan Burgos Oliveros (PP), José Ernesto Cueto Aservi (HyD), el ciudadano Orlando Velasco Mujica y otros.

El expresidente Francisco Sagasti Hochhausler Sagasti manifestó que la decisión de pasar al retiro al conjunto de oficiales de la policía estuvo estrictamente enmarcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento.

Asimismo, sus ex ministros del Interior Rubén Vargas y José Elice también son acusados por el pase al retiro de los altos mandos policiales en noviembre del 2020.

Debido a que Rubén Vargas no compareció, solo se votó y aprobó la acusación constitucional e inhabilitación de José Elice. 

El ex ministro Elice dijo no entender por qué está incluido en esta acusación si en la fecha no era ministro del Interior, y calificó que estaba ante un proceso de juicio político, “cargado de más elementos políticos que jurídicos, porque la intención, sin duda, es evitar que en el escenario político actual, y en el ejercicio de sus derechos de participación política, algunas personas que pueden ser incómodas puedan postular a cargos de elección popular”

La presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra no solo cuenta con una de las aprobaciones más bajas en la historia política del Perú, logrando alcanzar apenas un 4 % según la última encuesta de Datum. Y ahora su impopularidad ha llegado a niveles sudamericanos, por lo que se mantiene como la peor presidenta de América del Sur.

Actualmente, la mandataria peruana se ubica en la décima casilla en el Ranking de Presidentes de Sudamérica en Febrero del 2025, de acuerdo a información del portal argentino CB Consultora. Dicha clasificación ubica a Dina Boluarte como la presidenta con menos aprobación del continente y, según algunos informes internacionales, una de las menos queridas del mundo.

Dina Boluarte es la peor presidenta de América del Sur

Según las encuestas realizadas entre los días 11 y 15 de febrero, con una muestra total de más de mil personas entrevistadas, CB Consultora determinó que la mandataria Boluarte Zegarra es rechazada por casi ocho de cada diez peruanos. El 77.1 % considera su gestión negativa o muy negativa, mientras apenas un 20.3 % la aprueba.

En total, el 56.3 % de los encuestados afirmaron que su trabajo como presidenta del Perú es muy malo, mientras que un 20.8 % precisaron que es malo.

Con estos indicadores negativos, la jefa de Estado de Perú se mantiene en el fondo del listado, siendo superada por Nicolás Maduro, Venezuela (9°); Luis Arce, Bolivia (8°); Gustavo Petro, Colombia (7°); Santiago Peña, Paraguay (6°); Lula da Silva, Brasil (5°); Gabriel Boric, Chile (4°); Daniel Noboa, Ecuador (3°); Javier Milei, Argentina (2°); y Luis Lacalle Pou, Uruguay (1°).

Hace cuatro meses fue ubicada como ‘la menos querida del mundo’

Como se recuerda, el récord de Boluarte Zegarra de alcanzar la mayor impopularidad, se produjo el pasado mes de octubre de 2024. En dicho periodo, el medio norteamericano ‘The Intercept’ la calificó como la autoridad menos querida a nivel mundial, recogiendo como base distintas encuestas.

«En un país dividido por profundas divisiones políticas, sociales y geográficas, hay pocos temas en los que todos los peruanos puedan estar de acuerdo. Pero las debilidades y fracasos de la presidenta Dina Boluarte han dado a la población de su nación una opinión unificadora: a nadie le gusta Dina», indicó el informe.

De esta manera, la impopularidad y el rechazo que ostenta la presidenta de la República sigue creciendo vertiginosamente, pese a que ella lo ignora y responde de manera adusta cada vez que es consultada por la prensa.

La Comisión de la Mujer y la Familia aprobó el dictamen del Proyecto de Ley n.° 8457, que busca el fortalecimiento y la protección de la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes a través de un marco de prohibiciones de los actos obscenos que vulnerarían a dichas personas que por lo general son vulnerables.

«¡No más actos obscenos frente a nuestros hijos! La Comisión de la Mujer aprobó por unanimidad el dictamen recaído en mi Proyecto de Ley n.° 8457 y otro, que fortalece los derechos de niños y adolescentes en el uso de los baños públicos y exhibiciones obscenas en la vía pública», expresó el legislador Alejandro Muñante en su cuenta de X.

¿Qué dice el Proyecto de n.° 8457?

El proyecto de ley de la bancada de Renovación Popular, denominado: “Ley que fortalece los derechos a la libertad e indemnidad sexual de los niños y los adolescentes”, básicamente, consta de tres prohibiciones. En primer lugar: se prohíbe el ingreso de personas trans a servicios higiénicos que no correspondan a su sexo de nacimiento.

En segundo lugar, se prohíbe cualquier tipo de exhibición obscena delante de menores de edad o de personas con discapacidad, impidiendo así que personas tomen este tipo de conducta en manifestaciones o actividades que se realizan en la vía pública.

Finalmente, la norma prohíbe que los niños y los adolescentes sean explotados y sexualizados a través de medios de comunicación y cualquier otra plataforma de difusión masiva de información.

Con su aprobación, el proyecto de ley pasará al Pleno, donde deberá ser debatido por los legisladores para su aprobación, y en caso que esta se dé, su autógrafa sea remitida al Poder Ejecutivo para que sea promulgada u observada.

Por: Jorge Paredes Terry

El refrán peruano “Casa del jabonero, quien no cayó, resbaló” ilustra la sospecha de que, tras décadas de cooperación con Estados Unidos, pocos actores políticos en nuestro País han escapado a la influencia —directa o indirecta— de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Investigaciones recientes, documentos desclasificados y testimonios recogidos por varios medios exponen una red de financiamiento que habría permeado a partidos de derecha, centro e izquierda, así como a ONGs y consultoras vinculadas a figuras clave de la política nacional.

¿Cooperación o injerencia?

USAID, creada en 1961 durante la Guerra Fría, opera en Perú desde los años 60, inicialmente enfocada en programas agrícolas y contra el comunismo. Hoy, su portafolio incluye proyectos de “gobernanza democrática”, “lucha contra el narcotráfico” y “desarrollo económico”. Según datos oficiales, entre 2010 y 2023, la agencia invirtió más de $1.200 millones en el país. Sin embargo, podemos señalar con contundencia que estos fondos han servido para alinear agendas políticas con intereses estadounidenses.

Partidos y personajes bajo la lupa

1. Derecha: Fuerza Popular.

Durante la década del 2010, USAID financió programas de “capacitación legislativa” dirigidos a congresistas. Documentos internos revelan que al menos 12 miembros del partido de Keiko Fujimori participaron en talleres auspiciados por la agencia.
Lourdes Flores Nano (PPC): Su ONG «Sección Femenina del PPC» obtuvo fondos para proyectos de “empoderamiento de la mujer” en Lima Norte, mientras ella mantenía reuniones con la embajada estadounidense.

2. Centro: Los socios del “progresismo moderado”

• Peruanos Por el Kambio (PPK): Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), USAID destinó $15 millones a programas de “modernización del Estado”. Empresas consultoras como «CFC Consulting», vinculada a excolaboradores de PPK, administraron parte de estos fondos.
• Martín Vizcarra: En 2019, su iniciativa de reforma política recibió apoyo técnico de la ONG Instituto de Estudios Peruanos (IEP), financiada por USAID.

Izquierda caviar: ¿Los caseritos de la embajada gringa?

• Nuevo Perú: La ONG «Red Muqui», aliada del partido de Verónika Mendoza, gestionó $500.000 para proyectos ambientales en Cajamarca, fondos canalizados mediante USAID.
• Marco Arana (Tierra y Libertad): Su organización «Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (GRUFIDES)» recibió apoyo para proyectos en zonas mineras, pese a su retórica antimperialista.

ONGs y consultoras: Los intermediarios clave

• Transparencia: Dirigida por Fernando Tuesta, ha administrado más de $10 millones de dólares de USAID desde 2000 para proyectos electorales, solo el 2016 recibió $2 millones para “observación electoral”.
• Chemonics International: Consultora estadounidense con contratos millonarios en Perú, acusada de sobrevalorar costos en proyectos antidrogas en el VRAEM.
• Grupo Propuesta Ciudadana: Vinculada a exministros de Humala, manejaron fondos para programas anticorrupción en regiones.

Políticos de todo pelaje

• Alejandro Toledo (ex presidente): Durante su gobierno (2001-2006), USAID financió proyectos en Tacna y Moquegua, donde sus familiares operaban empresas consultoras.
  -Yehude Simon (ex primer ministro): Su ONG «Desarrollo y Paz» recibió fondos para proyectos sociales en Lambayeque, mientras negociaba con la embajada temas de seguridad.
• Daniel Urresti (exministro): Colaboró con USAID en programas antidrogas antes de su candidatura presidencial.

¿Democracia o dependencia?

Algunos expertos señalan que el financiamiento de USAID, aunque legal, genera conflictos de interés. “Muchos proyectos son puertas giratorias para que políticos usen fondos públicos internacionales como trampolín”

Según se conoce los medios han buscado la opinión de los funcionarios de la embajada estadounidense, quienes han declinado en comentar, pero USAID defendió sus programas como “transparentes y enfocados en el desarrollo”. No obstante, en 2022, la Contraloría identificó «sobrecostos del 30%» en 12 proyectos de la agencia.

Si bien USAID ha contribuido a iniciativas sociales y ambientales, su historial en el Perú refleja un patrón de influencia transversal. Como advierte el analista político Ricardo Uceda: “Esto no es conspiración, es geopolítica. El riesgo es que nuestra clase política termine respondiendo a dos banderas”. La casa del jabonero, al parecer, sigue resbaladiza.

Los partidos políticos de los EEUU y su injerencia en el Perú

El NDI y e IRI, vinculados a Demócratas y Republicanos, canalizaron fondos para entrenar a políticos peruanos. Millones de USAID también se destinaron a la Policía y Fuerzas Armadas, generando cuestionamientos sobre soberanía.

Los Institutos Nacional Demócrata (NDI) y Republicano (IRI): Entrenando a la clase política.
Además de ONGs locales, dos actores clave en la estrategia de USAID en el Perú son el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), entidades vinculadas al Partido Demócrata y al Partido Republicano de EE.UU., respectivamente. Ambos han operado bajo el paraguas de la «promoción de la democracia», pero todos los que hacemos politica seria en el Perú, sabemos que su labor ha moldeado agendas políticas afines a Washington.

• NDI y la conexión con la izquierda moderada y el centro:
  Entre 2015 y 2021, el NDI recibió $4.5 millones de USAID para programas de «liderazgo juvenil» y «transparencia electoral». Según documentos obtenidos, estos talleres incluyeron a miembros de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, partidos de izquierda caviar. Verónika Mendoza participó en un foro del NDI en 2017 sobre «gobernanza inclusiva», meses antes de lanzar su candidatura presidencial.
• El NDI también trabajó con Acción Popular, facilitando asesorías en comunicación política a legisladores como Luis Aragón, cercano al expresidente Francisco Sagasti.
  
• IRI y la derecha peruana:
  El IRI, históricamente alineado con la derecha anticomunista, destinó $3.2 millones (2018-2023) a programas de «seguridad ciudadana» y «fortalecimiento partidario». Fuerza Popular y Renovación Popular (partido de Rafael López Aliaga) participaron en seminarios del IRI. En 2021, el congresista fujimorista José Williams viajó a Washington invitado por el IRI para «intercambiar buenas prácticas legislativas».
  
• Críticas y contradicciones:
  Organizaciones como la *Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señalan que estos institutos funcionan como «embajadas paralelas». «Entrenan a políticos para que repliquen modelos estadounidenses, incluso si no se adaptan a nuestra realidad», afirma Gloria Cano, abogada de la CNDDHH.

Fondos para la Policía y Fuerzas Armadas: ¿Cooperación o control?

USAID no solo ha financiado proyectos civiles. Entre 2000 y 2023, asignó $220 millones a programas de «seguridad» en el Perú, canalizados mediante el Departamento de Estado y el Comando Sur. Estos fondos han beneficiado directamente a:

Policía Nacional del Perú (PNP):

• Equipamiento antidrogas: $45 millones se destinaron a la compra de drones, vehículos y sistemas de comunicación para la Dirección Antidrogas (DIRANDRO). Sin embargo, en 2019, la Contraloría detectó que el 40% de estos equipos estaban subutilizados o dañados.
• Capacitación en «derechos humanos»: Curso financiado por USAID en 2022 para 500 oficiales, aunque organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que varios graduados estuvieron involucrados en represión durante las protestas de diciembre de 2022.

Fuerzas Armadas:

• Programas en el VRAEM: $30 millones se ejecutaron entre 2015-2020 para «desarrollo alternativo» en zonas cocaleras, pero documentos internos revelan que el 60% de los fondos fueron administrados por militares en proyectos sin supervisión civil.
• Base de Soporte Norte en Tumbes: Construida con $12 millones de USAID en 2018, oficialmente para «control migratorio», pero críticos la vinculan a intereses geopolíticos de EE.UU. en la región.

Personajes clave en el vínculo militar y político.

• Daniel Urresti: Exministro del Interior y exasesor de Defensa, promovió acuerdos con USAID para financiar la Policía durante el gobierno de Ollanta Humala. En 2023, su campaña presidencial incluyó propuestas alineadas con manuales del IRI sobre seguridad.
• Almirante Gonzalo Ríos Polastri: Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2020-2021), gestionó fondos de USAID para operativos en la selva. Renunció tras acusaciones de usar recursos en viajes no justificados.
  -Marisol Pérez Tello (exministra de Justicia): Abogó por ampliar el presupuesto antidrogas con fondos estadounidenses mientras su hermano, Luis Pérez Tello, dirigía la consultora Security Perú, contratada por USAID.

Implicaciones estratégicas: ¿Intereses compartidos o imposición?

El financiamiento a militares y policías refleja un enfoque de «seguridad nacional» promovido por EE.UU. en Latinoamérica. César Bazán, analista de La Mula, explica: «USAID y el Comando Sur trabajan en tandem. Los fondos para desarrollo en el VRAEM están atados a permisos para operativos antidrogas con agentes estadounidenses en territorio peruano».

Además, la injerencia de NDI e IRI ha generado fracturas internas. En 2022, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, acusó al NDI de «financiar a la oposición» tras revelarse reuniones entre el instituto y disidentes de su partido.

Dos banderas, un solo patrón.

La red de USAID en el Perú no se limita a ONGs y políticos: incluye un comité de expertos estadounidenses que entrenan elites locales y fondos militares con agendas encubiertas. Como resume el exembajador peruano Oscar Maúrtua: «Esto no es filantropía. Es un juego de poder donde Perú sigue siendo un tablero».

Mientras tanto, la casa del jabonero sigue resbaladiza: si los $1.200 millones invertidos por USAID en la última década se auditaran con lupa, quizás encontraríamos que, más que cooperación, son monedas para comprar influencia. Y en ese resbalón, la soberanía peruana podría estar cayendo.