Por Jorge Paredes Terry

La madrugada del 7 de junio de 2025, el aeropuerto Jorge Chávez se convirtió en el escenario silencioso de una fuga frustrada. Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente de 86 años conocido como «PPK», fue interceptado por la fiscalía cuando intentaba abandonar el Perú, aprovechando la caducidad de la comparecencia con restricciones aplicando la Ley 32130 aprobada por el Congreso y promulgada por Dina Boluarte. Según información no confirmada sugieren que llevaba maletas llenas de pertenencias esenciales, y un billete de primera clase con destino a un país sin extradición. Su abogado argumentó «trámites médicos», pero el fiscal detectó el patrón clásico de la huida: un hombre blanco, educado en Oxford y Princeton, ciudadano norteamericano, convencido de que las reglas no aplican para su estirpe . Mientras agentes lo escoltaban de vuelta a su residencia de San Isidro donde cumple arresto domiciliario por lavado de activos vinculado a Odebrecht, tres hombres de raíz indígena y andina respiraban el aire viciado del Penal Barbadillo. Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo: «los tres del Fundo», encarcelados en la misma prisión diseñada para expresidentes, pero en celdas muy distintas a la suite de PPK.

Los 3 del fundo Bardadillo

Ollanta Humala atraviesa su hora más oscura. El 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 15 años de prisión por lavado de activos. La sentencia, fría y contundente, detalló cómo recibió dinero del fallecido Hugo Chávez para su campaña de 2006 (cerca de un millón y medio de soles) y de Odebrecht en 2011 (3 millones de dólares). Su esposa, Nadine Heredia, recibió igual pena. Mientras Humala era esposado en la sala, Heredia, hospitalizada según sus abogados, solicitaba asilo político en la Embajada de Brasil. El expresidente militar, de rasgos y ascendencia indígena, fue trasladado al Barbadillo sin contemplaciones. Su futuro pende de un hilo: la Fiscalía investiga otro caso que podría sumarle 30 años más.

Alejandro Toledo, el economista de Cabana que pasó de vender periódicos en Chimbote a gobernar el Perú, cumple 20 años y 6 meses en Barbadillo. Condenado en octubre de 2024 por recibir 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, su actitud en el juicio fue un vaivén entre el cinismo y la súplica. Durante las audiencias, sonreía burlón al escuchar cifras millonarias. Pero en su declaración final, con la voz quebrada, imploró: «Por favor, déjenme sanar o morir en mi casa», alegando cáncer y problemas cardíacos. La jueza Inés Rojas fue implacable: «Defraudó al Estado». Hoy, a sus 79 años, llora entre rejas, lejos de Elian, su esposa, y de California, donde vivió años como profesor emérito fugitivo .

Pedro Castillo, el maestro rural de Chota, enfrenta un destino aún incierto. Encarcelado desde diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso, su encierro en Barbadillo es una batalla política continua. En marzo de 2025 inició una huelga de hambre contra lo que llama un «juicio pantomima». «Contra el juicio oral politizado y su condena anunciada, me declaró en HUELGA DE HAMBRE», escribió en una carta dirigida al país. Tres días después, deshidratado y débil, fue hospitalizado de emergencia. Regresó a prisión con visitas suspendidas y aislamiento. La Fiscalía pide 34 años por rebelión. Castillo insiste: «Solo di un discurso político»

PPK: El Privilegiado

 Mientras Humala, Toledo y Castillo los «tres cholos» como los estigmatiza la élite limeña habitan celdas de 8 metros cuadrados, Pedro Pablo Kuczynski navega una justicia paralela. La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por recibir US$ 4.8 millones de Odebrecht a través de sus empresas Westfield Capital y First Capital. En mayo de 2023, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de prisión contra él . Pero PPK, ciudadano estadounidense, exbanquero de Wall Street y miembro de la oligarquía limeña, no ha pisado una celda. Desde 2019 cumple arresto domiciliario en su casa de San Isidro, con restricciones de salida que, como demostró el intento de fuga, son fácilmente eludibles .

Su historial de escándalos los pagos de Odebrecht, las transferencias sospechosas a su chofer (US$602,000), los «Kenjivideos» donde se intentaba comprar votos para evitar su vacancia no han quebrado su aura de impunidad . Su defensa es técnica, fría, administrativa: «Westfield realizó consultorías legítimas», dice. Mientras Toledo llora y Castillo se desvanece de hambre, PPK negocia con abogados de alto perfil y presenta certificados médicos de clínicas privadas. El contraste es un mapa del racismo estructural peruano: el «gringo» blanco y angloparlante versus el cholo, el serrano, el indígena. PPK no evade la cárcel por inocente, sino porque el sistema protege a los suyos: la élite que aún controla bancos, medios y jueces

Barbadillo: El Mausoleo de un país Fracturado

El penal de Ate, bautizado «Fundo Barbadillo», es hoy un símbolo grotesco. Diseñado para albergar a Alberto Fujimori, hoy acoge a tres expresidentes vivos: Toledo, Castillo y Humala. Pero también es un espejo de las fracturas peruanas . Las celdas son iguales, pero los destinos no: Toledo suplica piedad médica; Castillo alza la voz como mártir político; Humala calla, consciente de que su condena es también el fin definitivo de su proyecto nacionalista. Mientras, en San Isidro, PPK toma whisky en su jardín, esperando que el tiempo o un juez compasivo lo absuelva. Su intento de fuga no fue un acto de desesperación, sino de arrogancia: la creencia de que su pasaporte azul y su apellido europeo lo ponen por encima de la ley que aplasta a los otros.

El Perú tiene hoy cuatro expresidentes encarcelados o procesados (incluido Martín Vizcarra, por cohecho en Moquegua), y uno bajo arresto domiciliario . Pero la justicia que los persigue es selectiva: lenta y decorosa para el blanco; veloz y brutal para el cholo. Mientras el Penal de Barbadillo se llena de huellas andinas, la fuga de PPK frustrada en el aeropuerto nos recuerda que algunas celdas tienen vista al mar, aire acondicionado, y puertas que siempre se abren hacia fuera.

La corrupción en las entidades estatales de Ayacucho se ha convertido en una plaga creciente y normalizada. Actualmente, existen más de 2,500 casos registrados, lo que refleja no solo la ineficacia del control público, sino también el enquistamiento de redes ilícitas en todos los niveles de gestión.

Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo y Control Concurrente del Congreso, presidida por el legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú), se evidenció la magnitud del problema. Funcionarios de distintas instituciones de Ayacucho expusieron la alarmante situación de sus entidades, reconocieron la fragilidad de los mecanismos de control y la limitada capacidad de sanción efectiva.

Yoshio Mabel Valenzuela Retamozo, representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ayacucho, informó que existen 2,586 casos activos por corrupción, incluyendo 370 casos en etapa de ejecución de sentencias condenatorias con reparación civil. Los delitos más comunes: colusión, peculado, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho. En resumen, el catálogo completo de la corrupción administrativa.

El congresista Luna reconoció la gravedad del fenómeno, señalando que se necesita “control concurrente real y sanción efectiva”. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la débil acción del Estado frente al avance sistemático de la corrupción en regiones históricamente desatendidas.

Por su parte, Víctor Oriundo, procurador del Gobierno Regional de Ayacucho, reveló que solo en esa entidad existen 778 casos de presunta corrupción, de los cuales 422 ya están camino a sentencia. Una cifra que habla por sí sola sobre la magnitud de la podredumbre institucional.

Ayacucho es un ejemplo más de cómo la corrupción no solo erosiona recursos, sino que perpetúa la desigualdad, deslegitima al Estado y posterga el desarrollo. La lucha anticorrupción no puede seguir siendo solo una promesa política: requiere voluntad, transparencia y sanciones ejemplares.

Con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este viernes el informe final sobre el escándalo del denominado «Cofre Presidencial», que apunta directamente a la presidenta Dina Boluarte por presuntas irregularidades que configurarían incapacidad moral permanente, causal de vacancia según el artículo 113 de la Constitución.

El informe, liderado por el congresista Juan Burgos, señala presuntas coordinaciones indebidas por parte de la mandataria, incluyendo actos en un condominio distinto al complejo Mykonos —ya vinculado a investigaciones anteriores— lo que agrava la situación y refuerza sospechas de uso indebido del poder para encubrir posibles actos ilícitos.

Entre las recomendaciones del documento se incluye el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, una reforma del reglamento del Congreso para fortalecer su rol fiscalizador, y la evaluación de una posible infracción penal por parte de Boluarte Zegarra. También se plantea que el Pleno debata una eventual vacancia como respuesta constitucional frente a las irregularidades detectadas.

Sin embargo, la posibilidad de que este informe prospere más allá del debate parlamentario parece lejana. El Congreso, que debería actuar como contrapeso institucional, ha sido uno de los principales escudos políticos del régimen de Boluarte. Bancadas como Alianza para el Progreso (APP), pese a su retórica ambigua, han sostenido una postura funcional al Ejecutivo, blindando sistemáticamente a la presidenta de cualquier consecuencia real.

Lo mismo ocurre con otras agrupaciones que, tras bambalinas, negocian cuotas de poder a cambio de su silencio o abstención. El Congreso no solo ha fracasado en su deber de fiscalización, sino que se ha convertido en cómplice activo de la parálisis moral que atraviesa el país. El voto en contra de APP al informe, es solo el último episodio de una alianza tácita que prioriza intereses partidarios sobre el bienestar nacional.

Mientras la ciudadanía asiste con escepticismo a este nuevo episodio de impunidad, el equilibrio de poderes sigue en entredicho. La crisis no es solo de la presidencia: es del sistema político entero, corroído por pactos de impunidad y carente de liderazgo ético.

No una, ni dos, sino ¡tres mociones de interpelación! El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Fabricio Valencia, acaba de cometer un gravísimo error que le podría costar su cargo al reducir considerablemente (2,400 kilómetros cuadrados) la zona correspondiente a la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

El ministro Valencia aprobó tal disminución, mediante la Resolución Viceministerial n.° 00128-2025-VMPCIC/MC publicada en el diario El Peruano, pese a que en setiembre pasado se advirtió la presencia de mineros ilegales cerca de la zona protegida.

Es por ello que congresistas de distintas bancadas llegaron a presentar hasta tres mociones de interpelación contra el titular de Cultura, teniendo que presentarse en el Parlamento para responder un pliego de 11 preguntas relacionadas a tan bochornosa reducción. Una de ellas se refiere al sustento técnico, científico y legal del recorte del sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y otra, a si el portafolio coordinó con la Unesco la modificación del territorio arqueológico, donde se han hallado más de 800 figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, entre otras.

De conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos a) y b) del artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción de interpelación.

¿Ministro Valencia presionado por los mineros?

Resulta llamativo que la principal autoridad de Cultura del país, quien en teoría debería de estar encargada de velar y proteger nuestro patrimonio cultural, sostenga que tal recorte no llegará a afectar el valor ni las características de la reserva arqueológica.

En tal sentido, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú viene exigiendo la inmediata destitución del titular del Mincul, argumentando que desde su cartera se viene promoviendo la afectación de nuestro patrimonio cultural.

Asimismo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) resaltó que justo esa área recortada coincida con el petitorio de decenas de mineros para la explotación de la zona.

En un pronunciamiento, la organización destacó que ha “identificado que en el área excluida no solo existen 57 concesiones tituladas y 165 petitorios mineros, sino que, además, a pocos días de la decisión gubernamental, se han presentado ante el Ingemmet al menos 58 nuevos petitorios mineros en la zona arqueológica excluida, generando mayor presión sobre esta área sensible”.

El dato:

En caso de que sus respuestas no resulten satisfactorias, el Congreso de la República podría respaldar una eventual censura contra el ministro del régimen de Dina Boluarte.

En medio de una creciente indignación nacional, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, enfrenta duras críticas por dos decisiones emblemáticas de su cuestionada gestión: la reducción del perímetro protegido de las Líneas de Nasca y Palpa, y las jugosas órdenes de servicio a la señora Shirley. Ambos casos exponen una alarmante tendencia: el debilitamiento institucional del Ministerio de Cultura y el avance de intereses privados, incluso ilegales, sobre el patrimonio cultural del país.

Nasca y Palpa: el tijeretazo al patrimonio

Una de las medidas más escandalosas del ministro Valencia fue la drástica reducción en un 42% del área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, pasando de 5,600 a 3,200 kilómetros cuadrados. Esta área, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, alberga cientos de geoglifos milenarios que aún no han sido completamente estudiados.

Según el ministro, la decisión responde a un “proceso de optimización técnica”, supuestamente respaldado por estudios internacionales. Pero el Colegio de Arqueólogos del Perú y diversas organizaciones patrimonialistas han calificado esta medida como irresponsable y servil a intereses extractivos.

Reducir el área protegida es abrirles la puerta a los mineros informales que desde hace años intentan ingresar a esa zona. No hay justificación científica ni técnica que respalde semejante atentado. Lo que hay es una larga lista de empresas mineras que vienen acechando la zona con vínculos al partido Alianza Para el Progreso de César Acuña.

El nuevo perímetro excluye zonas con presencia de geoglifos no mapeados y áreas que desde hace décadas estaban en proceso de conservación. Como resultado, la actividad minera informal ha comenzado a avanzar peligrosamente hacia sectores antes resguardados, según informes locales. Altos funcionarios del Ministerio de Cultura señalan que detrás de esta maniobra estaría el acalde de Nasca, Jorge Bravo (APP), y un grupo de mineros con vínculos políticos que operan en la región de Nasca.

Alcalde de Nasca, Jorge Bravo.

El caso Shirley Hopkins: miles de soles sin título universitario

Otro de los episodios que ha revelado el deterioro ético en la gestión de Valencia es la contratación de Shirley Hopkins, quien fue contratada para un puesto clave del sector Cultura sin contar con título universitario, lo que violaría la Ley Servir y los lineamientos del propio Ministerio.

Pese a las advertencias internas y la denuncia en Lima Gris, el ministro primero defendió públicamente su nombramiento, alegando experiencia en el sector. Sin embargo, en nuestra investigación revelamos que Hopkins no solo carecía del título profesional exigido, sino que tenía un vínculo previo con miembros del entorno político del ministro, lo que refuerza las sospechas de un caso de favoritismo político encubierto.

Esta contratación fue la gota que colmó el vaso para varios sindicatos del sector, que denunciaron una “política de nombramientos a dedo” en diferentes direcciones regionales de Cultura, entre ellas la de Cusco, donde el intento de imponer al controvertido Régulo Franco también provocó protestas laborales.

Ayer los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco realizaron un paro de 24 horas, una advertencia que anunciaría la caída de los oscuros negocios digitados desde Palacio de Gobierno.

Una gestión a espaldas de la cultura

La gestión de Fabricio Valencia Gibaja está siendo cada vez más percibida como opaca, ineficaz y favorable a intereses ajenos al sector cultural. Todo esto a que pesar que su padre fue un arqueólogo respetado y su madre  es una antropóloga que hasta el momento continúa sin pronunciarse sobre la gestión de su hijo.

A ello se suma su estilo autoritario, evidenciado en los múltiples conflictos con trabajadores del Ministerio y en las decisiones unilaterales que han derivado en protestas, paros y demandas judiciales, como ocurrió en el caso de la venta de boletos para Machu Picchu.

El ministro, lejos de corregir el rumbo, ha optado por minimizar las críticas y aferrarse al cargo, blindado políticamente por sectores del Ejecutivo que ven en él una ficha útil para facilitar concesiones y recortes en zonas estratégicas. Antes defendía el patrimonio y ahora desde el piso ocho de la sede central del Mincul parece que su tarea es lotizar nuestro legado cultural.

El caso de las Líneas de Nasca y Palpa y la designación de Shirley Hopkins no son hechos aislados, sino síntomas de una política cultural desvirtuada. En lugar de fortalecer la protección del patrimonio y profesionalizar la gestión, el ministro Fabricio Valencia Gibaja parece empeñado en desmantelar lo avanzado, abriendo camino a la informalidad, el clientelismo y el debilitamiento institucional.

En tiempos donde el Perú necesita reafirmar su identidad y proteger su riqueza histórica, la pregunta cae por su propio peso: ¿al servicio de quién está el Ministerio de Cultura bajo la gestión de Valencia?

Según el último informe emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, sucursal Iquitos, el turismo no destaca como actividad primaria en la economía regional, como sí resaltan los sectores agropecuario, pesquero y minero. El sector turístico no se puede evidenciar como actividad de primera importancia. Estos datos reflejan la cruda y veraz condición económica del turismo y que la autoridad regional nunca tuvo el mínimo interés por desarrollar la industria sin chimenea. Es decir, asumió la gobernación sin tener un plan estratégico de desarrollo turístico para Loreto. Y esta aseveración cobra fuerza al apreciar los cuadros estadísticos.

Este mal manejo del turismo debe quedar marcado como precedente para la población electoral y no dejarse sorprender ante tanto parlanchín que se ufana y enarbola la bandera del turismo como herramienta de solución a los problemas económicos de la región. Definitivamente, el gobernador René Chávez tiene una distorsión de la valía del turismo, que no es como él lo viene promocionando con juane y chicha, con fiesta y farra,  y con tufillos populistas y demagógicos con sonido a campaña electoral.

Gobernador Regional de Iquitos René Chávez.

Al parecer, de nada le sirvió su estancia en Cuba, ya que es un país que genera divisas por el turismo y la salud, a través de la hotelería hospitalaria; sin embargo, la región Loreto se encuentra en unidad de cuidados intensivos en ambos sectores. El gobernador Chávez debe saber que cada rincón o provincia de la región Loreto guarda atractivos culturales, naturales y de apoyo  que son claves para poder diseñar corredores turísticos, ya que esta región guarda la más grande riqueza en biodiversidad en sus bosques y ríos, cultura y tradición  en sus 33 pueblos originarios  y una belleza arquitectónica en la zona monumental de la ciudad de Iquitos que no la tiene ninguna otra región o ciudad amazónica peruana.

Ante los últimos hechos deplorables a turistas en el río Amazonas, los asesores y comunicadores del gobernador que desfilan semanalmente  por su despacho, deberían susurrarle al oído que es en vano recurrir a poses plañideras y querer estigmatizar con campañas orquestadas de animadversión a cada mando policial y, más aún, pretender castigarles con el destierro, como si ellos fueran los grandes responsables de las malas decisiones de su gestión que, sospechosamente, excusa al alto mando de  la V Zona Naval ya que son los responsables directos de patrullar los ríos amazónicos.

 Requena.

El gobernador loretano debe hacerse un mea culpa por las mentiras, medias verdades y la falta de atención al sector turístico, porque desde que inició su gestión restringió el presupuesto a la oficina de GERCETUR, o “confía” partidas de inversión a personas leales a su interés, como es el caso de  “arreglos y mejoras en Quistococha” y la “fiesta del juane y su chicha”. Asimismo, mantuvo distanciamiento frontal con los miembros de la CARETUR, pues, irrisoriamente, “inauguró” con matracas y serpentinas un vuelo comercial a la ciudad colombiana de Leticia,  pero  nunca más volvió a despegar o aterrizar alguna avioneta o avión  que nos conecte con la ciudad fronteriza; además, asigna fondos económicos a una oficina improductiva de la marca “Loreto”, donde funcionarios de turno, desde su creación hasta la fecha, despilfarraron o usaron irracionalmente el dinero. El gobernador Chávez debe entender y asumir que  fue elegido para liderar  una de las regiones más grandes del Perú que lo conforman 8 provincias, y en cada una de las mismas debería funcionar una oficina de turismo de enlace con GERCETUR debidamente implementado con  personal capacitado, herramientas tecnológicas y presupuesto asignado que hasta la fecha no se hace.

Los empresarios de turismo de la región Loreto han unido sus voces para decir ¡basta ya!  de estar quejándose y pidiendo suspicazmente “estado de emergencia” para la región, que no hará más que ahuyentar a los pocos turistas que llegan y, por consiguiente, sufrirían pérdidas económicas. Pero, por supuesto, esa suerte no correrían los funcionarios públicos del gobierno regional para hacer las compras o adquisiciones directas sin licitación. Es importante, que la población conozca   que el año 2024 el gobierno regional de Loreto  recibió del Estado S/. 1, 103 millones de soles,  y ejecutó 969 millones de soles, de los cuales invirtió en el sector turístico 77 millones, menos del 10% del monto total recibido y que fue distribuido de la siguiente manera: 34 millones de soles en el Centro Ferial y Turístico de Yurimaguas, 21 millones en el Boulevard de Requena, 12 millones en la Marina Turística en Iquitos, 4,4 millones de soles en construcción de un corredor, casetas y oficinas para información turística en Quistococha, 3 millones en creación y mejoramiento de los servicios públicos en la zona monumental de Iquitos, 2,6 millones soles en mejoramiento de servicios públicos en la Plaza San Francisco de Asís de Requena y otros dos montos de menor inversión, tal como se puede observar en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: MEF.

Esta noticia fue recibida con sorpresa por algunos empresarios de turismo porque hasta la fecha en algunos casos no se colocó ni un ladrillo o hay una evidente desproporción de lo manifestado con la realidad. Hubiese hecho bien invertir en promocionar el destino en ferias nacionales o extranjeras como de Madrid (España), Berlín (Alemania) y Anato (Colombia), entre otros escenarios.

Estamos seguros que los amazónicos le van a  exigir al “médico del pueblo” con mayor presupuesto otorgado por el Estado, para que se ponga a trabajar por la Amazonía en el poco tiempo que le queda y deje de ser berrinchudo con su pedido de “estado de emergencia”. Por otro lado, está en la obligación de esclarecer y rendir cuentas de los desembolsos millonarios que viene haciendo en el sector, porque si no logra sincerar las inversiones que ejecutó el año 2024 (sin revisar de años anteriores), automáticamente se sumará una nueva carpeta en la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público a su abultado legajo de investigaciones que recaen sobre él desde que fue alcalde de la provincia del Datem del Marañón,  y lamentablemente tendrá el mismo final de los anteriores gobernadores de la región Loreto.

Un Congreso deslegitimado aprobó ayer, en primera votación, la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes, sin embargo, al no alcanzar los 87 votos requeridos, ahora tendrá que someterse a un referéndum la reforma constitucional.

Al alcanzarse solo 77 votos, la reforma de la constitución deberá ser vista por la población. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, criticó severamente que esto pase por un referéndum, calificando tal vía como “absurda” pues implicaría “gastar una enorme cantidad de dinero”.

“Se ha presentado una reconsideración y, por lo tanto, el proyecto ha quedado en pausa, como el anterior. En la legislatura pasada se votó un proyecto idéntico de reelección de gobernadores y alcaldes, pero que tenía la eliminación de movimientos políticos. Esta vez ya no iba con los movimientos regionales, no tenía nada que ver. Solamente elección de gobernadores y alcaldes, cosa que hubiera sido muy positiva porque permite una mejor gestión y, además, una carrera política”, sostuvo para Canal N.

Alcaldes y gobernadores en ejercicio podrían volver a ser elegidos

El texto sustitutorio propuesto modifica los artículos 191 y 194 de la Carta Magna para permitir que gobernadores y alcaldes puedan postularse nuevamente tras su mandato de cuatro años, estando posibilitados los actuales gobernadores y alcaldes en ejercicio, como por ejemplo el gobernador regional de La Libertad, César Acuña o el burgomaestre capitalino Rafael López Aliaga.

Opiniones de los congresistas

El congresista Rospigliosi alegó que la reelección de autoridades no constituye un derecho fundamental, sino una decisión política, tal como ha reconocido el Tribunal Constitucional. “Posibilita la implementación de proyectos de desarrollo mediano y largo plazo, además, fomenta la profesionalización de la política”.

Por su parte, la congresista Ana Zegarra (SP), presidenta de la Comisión de Descentralización, señaló que la reelección permitirá que se concluyan proyectos que no son considerados por las nuevas autoridades. “Hay que darle la oportunidad, pues quien finalmente los elige son los electores”, dijo.

A su turno, Alejandro Cavero (Avanza País) manifestó que la reelección no es un derecho de los alcaldes, sino de los ciudadanos, pues es la libertad de poder decidir si un alcalde ha hecho bien o no su gestión y merece un periodo adicional.

En tanto, el parlamentario Alejandro Muñante (RP) dijo que la reelección de alcaldes no ha sido un problema, porque no ha superado el 20%, es decir, no todos los que querían una segunda oportunidad ganaban.

Por otro lado, el congresista Luis Aragón (AP), en representación de los autores de un dictamen en minoría, planteó que la reelección de autoridades municipales y regionales sea a partir del 1 de enero del 2027.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República (Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 003-2025-2-0192-AOP) ha dejado al descubierto una grave irregularidad en el nombramiento de Segundo Cecilio Acho Mego como Presidente Ejecutivo de EsSalud. El funcionario presentó constancias laborales emitidas por clínicas privadas que carecen de respaldo documental, lo que pone en duda su experiencia profesional y lo inhabilitaría para ejercer el cargo que actualmente ostenta. A esto se suma una inhabilitación vigente del Colegio Médico del Perú posterior a su designación, lo que agrava la situación y compromete la legalidad del proceso, así como los principios de idoneidad, veracidad y probidad que deben regir en la administración pública.

Designación cuestionada desde el origen

La Resolución Suprema N.º 003-2025-TR del 8 de marzo de 2025 formalizó la designación de Segundo Cecilio Acho Mego como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud, en calidad de Presidente Ejecutivo, con el respaldo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). No obstante, el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de EsSalud establecía una serie de requisitos obligatorios que el funcionario debía cumplir para asumir dicha responsabilidad.

Entre estos requisitos figuraban: contar con título universitario profesional, estudios de maestría, colegiatura y habilitación vigente en el Colegio Profesional correspondiente; además de conocimientos técnicos y diplomados de al menos 90 horas, manejo de ofimática e inglés básico. Pero lo más crítico: se exigía una experiencia laboral general mínima de ocho años y una experiencia específica de cinco años en cargos directivos o jerárquicos equivalentes en el sector público o privado.

La documentación bajo la lupa

El 19 de marzo de 2025, apenas días después de la designación, el Órgano de Control Institucional (OCI) del MTPE solicitó a la Secretaría General del ministerio el expediente completo que tuvo a la vista el ministro Daniel Maurate para respaldar la designación de Acho Mego. La jefatura de Recursos Humanos del MTPE respondió el 24 de marzo remitiendo enlaces con el currículum vitae documentado del funcionario y un informe fechado el 6 de marzo, que concluía que Acho cumplía con los requisitos establecidos en el MPP. Sin embargo, la verificación de los documentos presentados reveló inconsistencias notables.

Acho Mego incluyó tres constancias laborales emitidas por el Hospital Nacional Cayetano Heredia, la Clínica Megasalud Naranjal SAC y la Clínica CORI SAC, que supuestamente acreditaban cinco años, cuatro meses y trece días de experiencia en cargos directivos. Pero un análisis más profundo mostró que solo una de estas entidades —el Hospital Cayetano Heredia— lo registraba en planilla electrónica como trabajador dependiente.

Clínicas sin evidencia contable ni contractual

Ni Megasalud Naranjal SAC ni la Clínica CORI SAC registraron a Acho Mego como trabajador en planilla electrónica. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), a través de su base de datos, confirmó que no existió retención de impuestos de cuarta categoría (honorarios) ni de quinta categoría (planilla) por parte de estas clínicas durante los períodos en los que supuestamente el funcionario laboró como director médico.

El vacío es rotundo: no se emitieron recibos por honorarios, no hubo contrato escrito, no existió registro contable de pagos ni documentación firmada por el médico en funciones. La relación laboral fue verbal y carente de cualquier evidencia que demuestre la prestación efectiva de servicios. En resumen, las constancias emitidas por las clínicas carecen de sustento probatorio.

El reglamento de comprobantes de pago es claro: toda prestación de servicios profesionales debe estar respaldada por un recibo por honorarios. Sin embargo, entre el 15 de junio de 2010 y el 14 de diciembre de 2010, y entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de marzo de 2020, no se registró pago alguno a favor de Acho Mego por parte de las clínicas mencionadas. La Sunat lo confirma, y las clínicas no pueden probar lo contrario.

Sin pruebas, sin méritos suficientes

El OCI del MTPE ofició directamente a las clínicas involucradas el 14 de abril de 2025, solicitando detalles sobre el tipo de contrato, la jornada laboral y documentos suscritos por Acho Mego en calidad de director médico. La respuesta fue tan alarmante como reveladora: reconocieron que la relación contractual fue “verbal”, que no hubo horario de trabajo definido y que no conservaban ningún documento firmado por el médico en funciones.

Esta ausencia absoluta de pruebas desarma la principal evidencia presentada por el funcionario para acreditar su experiencia específica. Según el informe de Servir, en estas condiciones, las constancias no pueden ser válidas ni utilizadas para respaldar el ejercicio de funciones directivas.

En consecuencia, de los cinco años exigidos por el MPP como experiencia específica, el funcionario solo podría acreditar tres años, cinco meses y once días —correspondientes a su paso por el Hospital Nacional Cayetano Heredia—, lo cual lo deja fuera del umbral mínimo requerido para ocupar el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud.

Una inhabilitación que agrava la situación

Por si fuera poco, al momento de su designación, Segundo Acho Mego presentó una captura de pantalla que supuestamente acreditaba su condición de médico habilitado ante el Colegio Médico del Perú. Pero esta información también fue desmentida. El propio colegio profesional, a través de la carta N.º 002469-2025-CMP-CN-SG, remitida el 5 de mayo de 2025, informó al OCI que el funcionario se encontraba en condición de “NO HÁBIL” desde el 1 de abril de 2025, es decir, a menos de un mes de asumir el cargo. El 9 de mayo, la consulta en línea al portal “Conoce a tu médico” confirmó que esta condición no había cambiado.

Esta inhabilitación compromete seriamente la legalidad del nombramiento. El MPP exige colegiatura y habilitación vigentes como requisitos fundamentales para ejercer funciones de dirección en una institución de salud pública. La falta de habilitación no es un error administrativo menor: es una infracción que atenta contra la integridad del sistema público de salud y, en última instancia, contra los derechos de los asegurados.

Silencio institucional y responsabilidades pendientes

La gravedad del caso no ha sido respondida con celeridad. Hasta la fecha de emisión del informe de Contraloría, la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, entidad vinculada al cargo ejercido por Acho Mego, no había respondido a los oficios remitidos el 22 de abril y el 8 de mayo. La omisión institucional podría interpretarse como falta de voluntad para aclarar o corregir una designación claramente viciada.

El informe de Contraloría no deja margen de duda. Existen elementos suficientes para afirmar que Segundo Acho Mego no cumplía con los requisitos esenciales del puesto. Las clínicas no pueden probar que haya trabajado para ellas. Sunat no tiene registros de pagos. El Colegio Médico certifica su inhabilitación. El MTPE evaluó documentos cuya validez es, como mínimo, cuestionable. Y el silencio institucional refuerza la sospecha de una posible red de encubrimiento.

Un caso que exige consecuencias

Ante este escenario, la Contraloría ha recomendado al titular del MTPE adoptar las acciones necesarias para corregir los hechos irregulares y, de ser el caso, iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. La pregunta clave es: ¿se tomarán medidas o este será un caso más que quede impune bajo el manto de la burocracia?

La ciudadanía exige respuestas. El sistema de salud no puede estar en manos de funcionarios cuya trayectoria está cimentada sobre documentos sin sustento. La transparencia no es una opción, es una obligación. Y en este caso, la evidencia demuestra que la legalidad fue vulnerada, la confianza ciudadana traicionada y los principios que deberían regir la administración pública, pisoteados.

EsSalud emitió comunicado que blinda a Segundo Acho Mego

El reciente comunicado de EsSalud, en respuesta al contundente informe de la Contraloría General de la República que cuestiona la legalidad de la designación de su Presidente Ejecutivo, Segundo Cecilio Acho Mego, es un ejemplo clásico de control de daños institucional que, lejos de disipar dudas, las profundiza.

Aquí un análisis del lamentable comunicado de EsSalud:

1. Blindaje disfrazado de transparencia

«El señor Segundo Cecilio Acho Mego acreditó fehacientemente su experiencia profesional…»

EsSalud inicia su defensa con una afirmación rotunda que contradice de forma directa las conclusiones de la Contraloría y la SUNAT. Se omite por completo que ambas clínicas citadas (Clínica CORI y Megasalud Naranjal) reconocieron no haber conservado documentación que acredite la prestación efectiva de servicios por parte del funcionario. No hubo contratos escritos, no hubo comprobantes de pago, no hay evidencia contable ni administrativa.

Calificar como “fehaciente” una experiencia laboral sustentada en constancias sin respaldo documental ni tributario es, en el mejor de los casos, negligente; y en el peor, una maniobra de encubrimiento institucional.

2. Falsa narrativa de sometimiento al control posterior

«…se somete a la fiscalización posterior de las constancias señaladas, en el marco de la Directiva N.º 001-2023-SERVIR-GDSRH…»

Este argumento es engañoso. El proceso de fiscalización ya fue realizado y los resultados son públicos: las constancias presentadas carecen de sustento verificable. Presentar el sometimiento a una “fiscalización posterior” como gesto de integridad es una forma de dilatar responsabilidades y mantener en el cargo a un funcionario cuya designación, hoy, está objetivamente en entredicho. El comunicado tergiversa el sentido de la fiscalización: no se trata de una fase futura, sino de una acción ya concluida con observaciones graves.

3. Manipulación del hecho sobre la habilitación profesional

«…se encontraba habilitado profesionalmente, como se verificó en el portal institucional del Colegio Médico del Perú…»

Aquí se intenta maquillar otro de los puntos más sensibles del informe: la inhabilitación profesional. EsSalud omite que el Colegio Médico del Perú, mediante documento oficial, informó que Acho Mego estaba en condición de “no hábil” desde el 1 de abril de 2025, y que dicha condición seguía vigente al 9 de mayo. La supuesta captura de pantalla que lo acreditaría como habilitado carece de validez frente al pronunciamiento oficial del CMP. Este punto es especialmente crítico: según el MPP de EsSalud, la habilitación profesional es un requisito obligatorio al momento de la designación. No se trata de una formalidad, sino de un estándar mínimo de legalidad profesional.

4. Silencio sobre los hallazgos de SUNAT y falta de planilla

Lo más revelador del comunicado es lo que no dice: No se menciona que SUNAT confirmó que Acho Mego no percibió ingresos ni emitió recibos por honorarios en las clínicas donde supuestamente trabajó. No se responde al hecho de que solo figura en planilla del Hospital Cayetano Heredia, y no de las otras entidades con las que dice haber tenido vínculo laboral.

Tampoco se reconoce que, de los cinco años de experiencia directiva exigida, solo se puede acreditar tres años y medio. Este silencio cómplice refuerza la percepción de que EsSalud intenta construir una defensa superficial basada en afirmaciones sin evidencia real.

5. Lenguaje evasivo y apelación a la “trayectoria profesional”

«…reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a la trayectoria profesional…»

La mención a la “trayectoria profesional” es una táctica discursiva frecuente para desviar la atención del núcleo del problema: el incumplimiento de requisitos objetivos y verificables. La trayectoria no sustituye los requisitos legales. Este tipo de apelación emocional desvía la discusión técnica hacia lo subjetivo y refuerza una cultura de impunidad donde el pasado profesional puede justificar la omisión de reglas básicas.

Un comunicado que blanquea la irregularidad

El comunicado de EsSalud, lejos de aclarar las dudas, las profundiza. No responde a los hechos duros verificados por la Contraloría, evade las conclusiones de la SUNAT, ignora la inhabilitación formal emitida por el Colegio Médico, y pretende normalizar la ausencia de evidencia laboral con términos como “relación verbal” o “fiscalización posterior”.