El excongresista de la República, Daniel Abugattás, falleció este miércoles 22 de enero a los 69 años, tras una prolongada lucha contra una enfermedad, según confirmaron fuentes cercanas a su familia. Su deceso marca el fin de una era en la política peruana, donde fue reconocido por su influencia y participación activa en los debates y decisiones trascendentales de la nación.

Abugattás fue una figura destacada en la política peruana, especialmente conocido por su liderazgo dentro del Partido Nacionalista Peruano. Durante su carrera política, ocupó el cargo de congresista por dos periodos consecutivos, y alcanzó la presidencia del Congreso de la República entre julio de 2011 y julio de 2012, período en el que desempeñó un papel crucial durante el mandato del expresidente Ollanta Humala.

Una de las gestas más simbólicas de su carrera ocurrió cuando Abugattás fue el encargado de tomar el juramento a Humala en su investidura como presidente de la República el 28 de julio de 2011, un acto que marcó el comienzo de un nuevo gobierno de cambio en el país. Además, su cercanía con Humala lo llevó a ser vocero del Partido Nacionalista durante la campaña presidencial de 2006-2011, en la que el futuro presidente logró una destacada victoria electoral, lo que le permitió acceder a una curul en el Congreso.

Desde 2005, Abugattás jugó un rol protagónico en la vida política del país al unirse a Ollanta Humala para fundar el Partido Nacionalista Peruano, un movimiento que buscaba promover una visión nacionalista y de cambio en la política del país. Con el tiempo, el partido se integró a Unión por el Perú, una coalición que permitió consolidar su influencia en el Congreso.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación como presidente de la comisión encargada de investigar el escándalo de los ‘PetroAudios’ en 2008, un caso que reveló presuntos actos de corrupción en el segundo gobierno de Alan García relacionados con el sector petrolero. Abugattás fue clave en la conducción de esta investigación, que desató una serie de interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública.

El legado de Daniel Abugattás perdura no solo por su rol como legislador y dirigente político, sino también por su capacidad de mantenerse firme en sus convicciones y contribuir de manera significativa a los debates más importantes del país en tiempos de convulsión política. Su fallecimiento es un recordatorio del importante papel que desempeñó en la historia reciente del Perú.

Una más del peor presidente que tuvo el Perú. El ex presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, reapareció durante la audiencia virtual del Poder Judicial (PJ) donde su defensa legal trató de evitar la instalación de un juicio oral que sigue por el presunto delito de rebelión.

Durante su intervención, el exmandatario recurrió nuevamente a la victimización, alegando que durante su mandato siempre ha sido víctima de discriminación por ser un hombre de campo. «Yo soy un hombre rural, con su sombrero, del campo, oliendo a trabajo. Decían que yo huelo mal, no se me acostumbraba y no me querían dar la mano en el tiempo del Covid, yo huelo a pueblo, esa es la razón que me tiene acá», dijo Castillo Terrones.

Asimismo, Castillo Terrones solicitó que se varíe la prisión preventiva en su contra por arresto domiciliario y el uso de grillete, alegando que cuenta con una vivienda en Lima donde reside su familia.

Como se recuerda, el 7 de diciembre del año 2022, el chotano leyó un mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para presidentes dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

En enero del año pasado la Fiscalía de la Nación solicitó al PJ imponer 34 años de prisión contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

Cabe precisar que sobre Pedro Castillo hay una segunda prisión preventiva. Esta es de 36 meses por presuntamente liderar una red criminal en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La primera vicepresidenta de la República, Patricia Juárez, salió ante los medios indignada y cuestionó la denuncia constitucional en su contra y contra sus colegas, José Cueto, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Williams, y otros, presentada por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza por presunto delito de “negociación incompatible”.

Según la fiscal, la parlamentaria de Fuerza Popular junto con otros once congresistas habría favorecido la aprobación de un dictamen que les permitió percibir simultáneamente un sueldo y una pensión, lo cual se considera incompatible con sus funciones de cargos públicos, tal como lo establece el artículo 3° de la Ley Marco del Empleo público Ley 28175, que señala:

“Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultanea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado.

Las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas”.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, Patricia Juárez defiende a sus colegas militares y marinos y señala que el pago simultáneo de pensión y sueldo fue una medida legal y que la decisión se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional que permitía dicha práctica en ciertos casos, como el de los militares y asegura que no hubo ninguna «negociación incompatible» ni beneficio indebido, argumentando que la fiscal Delia Espinoza está actuando de manera inapropiada y violando la Constitución.

Patricia Juárez presentará denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación

La legisladora “naranja” sostiene que la denuncia contra ella y sus colegas parlamentarios “militares, marinos y policías” es una forma de persecución política y que la Fiscalía debería desistir de la misma, pues no tiene base legal y está infringiendo sus derechos, especialmente el artículo 93° de la Constitución que protege la inviolabilidad del voto de los congresistas. Asimismo, advirtió que se está preparando una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación Delia Espinoza por violar dicha prerrogativa constitucional.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, desde el lunes 20 de enero se encuentra en la ciudad de Davos, Suiza, participando en la reunión anual del Foro Económico Mundial, evento clave que reúne a líderes internacionales para discutir temas de economía y política global. Y en el momento de su intervención en calidad de panelista, Boluarte Zegarra alabó algunos aspectos de su gestión presidencial y resaltó los supuestos logros de su gobierno. Asimismo, reiteró su decisión de quedarse en el Gobierno hasta el 28 de julio del 2026. “Vamos a terminar el Gobierno el 28 de julio del 2026, porque así tiene que ser”, resaltó. 

 Además, contó ante el panel que su mandato presidencial es el que más tiempo ha durado en los últimos años, a diferencia de los habituales cambios de presidentes en el pasado, específicamente entre 2016 y 2021, “cuando hubo seis presidentes en el país”, sostuvo. 

Presidenta Dina Boluarte asegura que en su gobierno no hay corrupción

La mandataria chalhuanquina también subrayó que su gestión presidencial está libre de corrupción, y destacó sus supuestos logros en términos de estabilidad económica, como la baja inflación en comparación con otros países de la región y el fortalecimiento de la moneda nacional, el sol peruano, que ha ganado valor frente a otras monedas de la región. Pese a que dicha estabilidad se debe a la responsable política monetaria que maneja el Banco Central de Reserva (BCR), al mando de Julio Velarde.  

Entre tanto, la mandataria Boluarte Zegarra continuará con su agenda en el Foro suizo, donde continuarán abordando cuestiones clave para el futuro económico y político global; no obstante, al llegar a suelo peruano, la presidenta deberá acudir a la sede del Ministerio Público, para responder ante la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza por las investigaciones en su contra.

Los ‘Doble sueldo’. La Fiscalía de la Nación acaba de presentar una denuncia constitucional contra once congresistas de la República, pertenecientes a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alterno y Lucha contra las Drogas durante el periodo legislativo 2021 -2022, por presuntamente haber favorecido de manera indebida a cinco de los parlamentarios pertenecientes a dicho grupo de trabajo.

De acuerdo con la Fiscalía, los congresistas involucrados son José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela. A todos ellos se les atribuye el presunto delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado.

La denuncia se centra en el dictamen relacionado con el Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, que fue aprobado con un texto sustitutorio. Según la Fiscalía, esta normativa permitió que cinco de los congresistas denunciados, quienes además son pensionistas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, pudieran percibir simultáneamente su sueldo como legisladores y su pensión como jubilados, sin ningún tipo de límite o restricción en el monto total.

Entre los beneficiados por esta medida se encuentran José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León y José Ernesto Cueto Aservi, quienes son pensionistas de las Fuerzas Armadas, así como Alfredo Azurín Loayza, pensionista de la Policía Nacional. Según la denuncia, estos congresistas habrían actuado en su propio beneficio al interesarse directamente en la aprobación de la norma.

La Fiscalía de la Nación sostiene que las acciones de los congresistas denunciados constituyen un agravio al Estado, ya que habrían utilizado su posición como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional para promover una legislación que favorecía sus intereses personales. Este tipo de conducta, según la denuncia, encuadra en el delito de negociación incompatible, que sanciona a los funcionarios públicos que se interesan indebidamente en asuntos en los que tienen un conflicto de interés.

De acuerdo al artículo 2 del Decreto de Urgencia n° 038 – 2006, el funcionario o servidor del Estado no puede percibir ingresos mensuales mayores a seis Unidades de Ingreso del Sector Público (15,600 soles, de acuerdo a cifras del 2024), configurándose así un tope de ingresos.

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, presentó una iniciativa legislativa ante el Congreso de la República denominada: “Ley que declara la expropiación de inmuebles por necesidad pública, en el marco de la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035”.

En ese sentido, se pretende expropiar casonas históricas del Cercado de Lima argumentando que los propietarios de estos inmuebles no han realizado el mantenimiento ni las reparaciones necesarias. Por ello, se pretende expropiar casonas emblemáticas que han sido declaradas patrimonio cultural como ‘El Buque’ (cruce del jirón Cangallo con jirón Junín, en Barrios Altos), la ‘Quinta Heeren’ (Jr. Junín 1201, Barrios Altos) y la ‘Casa Echenique’ (Av. Emancipación 249, 251, 253 cercado de Lima); así como otros 68 predios más.

MML y Prolima expropiarán casonas históricas

La propuesta de López Aliaga indica que se ajusta a la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, con miras al 2035, impulsado por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima). En el Oficio N° 016-2025-MML-ALC presentado ante el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, se señala que la Municipalidad de Lima busca expropiar 71 inmuebles del Cercado de Lima y pagar una indemnización a los propietarios de estos, luego de que se realice una tasación por parte de la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda.

El proyecto de ley también propone un plazo de 5 años para que, tras entrar en vigencia dicha norma, la Municipalidad Metropolitana de Lima se encargue de iniciar los procesos de expropiación necesarios para la «ejecución de obras de recuperación y rehabilitación».

¿Por qué desean expropiar ‘El Buque’, ‘Quinta Heeren’ y ‘Casa Echenique?

La Municipalidad de Lima (MML) argumentó que busca expropiar las emblemáticas casonas históricas debido a que cuentan con una historia de negligencia y «destrucción permanente” por parte de sus propietarios. Por un lado, López Aliaga indicó que ‘El Buque’ ha entrado en una depredación y destrucción sistemática, como consecuencia del actuación de sus dueños. Mientras que, ‘La Casa Echenique’ tendría muchos años de deterioro y falta de mantenimiento. Asimismo, la MML acusó a sus propietarios de «una larga historia de negligencia» en la que se ha culpado al Estado, de cómo se encuentra actualmente.

Finalmente, ‘La Quinta Heeren’ tendría trámites de más de 5 años en los que se busca una solución para el estado en el que se encuentra. Entre sus graves afecciones destaca la humedad en las paredes y asentamientos del terreno.

El mundo al revés. Para nuestra jefa de Estado, Dina Boluarte, en el Perú las personas salen con una enorme sonrisa en el rostro a pasear un fin de semana totalmente despreocupados, los negocios atender con normalidad sin que un extorsionador los esté aterrorizando, los transportistas realizar sus rutas con la total confianza de que no recibirán balazos al finalizar su faena, los pequeños comerciantes, ambulantes, mototaxistas, más concentrados en sus ventas que en pagar el cupo a los delincuentes.

La presidenta vive alejada de la realidad y por mucho menos un Parlamento opositor ya estaría tramitando su moción de vacancia. Sus constantes disparates y omisiones para combatir la delincuencia ya la habrían catalogado como una incapaz moral, pero hasta el momento existe un silencio cómplice desde el Congreso.

Nuestra presidenta chalhuanquina afirmó este miércoles en Davos, Suiza, que «el Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social», y que ello lo hace un lugar confiable para las inversiones; pero también reconoció que los peruanos «tenemos» el problema de la criminalidad organizada, aunque subrayó que este es un padecimiento «global». 

«Creo que (el Perú) es un país en el cual se debe confiar no solo para la inversión nacional sino para la internacional, que es la que más nos interesa», dijo Boluarte durante su participación en el Segmento de Alto Nivel con Líderes y partes interesadas de América Latina: «Abordando las fallas de América Latina», encuentro que forma parte del Foro Económico Mundial 2025, al que asiste la mandataria en la mencionada ciudad europea. 

En Davos-Suiza, la presidenta Dina Boluarte reconoce que hay un problema de criminalidad organizada en el Perú.
Sin embargo, señala que el Perú está entrando a una gobernanza tranquila y que el país ha recuperado su tranquilidad social. pic.twitter.com/LzjnAlct69

— Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) January 22, 2025

La jefa de Estado enfatizó que el Perú «está entrando en una gobernanza tranquila» tras las crisis políticas que, desde el 2018 -luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República-, provocaron la sucesión de cinco mandatarios en seis años. 

No obstante, Boluarte dijo que el país aún debe lidiar con el flagelo de la «criminalidad organizada y transnacional», pese a que su Gobierno, según aseguró, encontró a la Policía «sin la logística necesaria» para enfrentar este problema. 

«Este problema no es típico del Perú, es global, estamos lidiando porque también encontramos un Ministerio del Interior, donde está nuestra Policía Nacional sin la logística necesaria, ahora estamos entregando equipos y uniformes, camionetas y motos para poder vencerla», dijo. 

Al parecer el congresista de la bancada de Podemos Perú, Darwin Espinoza, se encuentra en la “cuerda floja” tras las pruebas surgidas que lo involucran en actos de corrupción, porque habría recibido pagos millonarios para favorecer intereses empresariales, mediante modificaciones de normas legales en el sector pesquero.

Sin embargo, se dio tiempo para responder ante los medios si es que él y su esposa Bélgica Arangoitia serían parte de una organización criminal y rechazó tajantemente este señalamiento y negó la declaración de Sada Goray, porque según su apreciación ella “intenta ser admitida como colaboradora eficaz”.

Según la investigación de Cuarto Poder, la Fiscalía maneja la tesis de que empresarios pesqueros allegados a la investigada Sada Goray, entre ellos Juan Ricardo Torres Cubas, entregaron un S/1 050 000 y US$50 000 dólares a Espinoza Vargas, a cambio de promover la emisión del decreto supremo 009-2022, que modifica el reglamento del ordenamiento pesquero del atún, estableciendo medidas en la industria pesquera en el procesamiento del recurso atún.

Sin embargo, el legislador por Ancash niega todas las acusaciones, y asegura que Sada Goray ha manipulado testimonios y utiliza a su personal, como empleadas del hogar y choferes, para dar versiones que, según él, no tienen fundamento.

Darwin Espinoza negó viaje con Sada Goray a pesar que se les ve juntos en el mar

Asimismo, Darwin Espinoza Vargas negó que haya compartido viaje con Sada Goray a Punta Cana en República Dominicana y según su versión ambos coincidieron en el lugar dentro de un viaje de parejas. Como se recuerda, el programa dominical reveló que la empresaria corruptora habría cubierto los gastos del parlamentario, también sindicado como ‘chapafirma’.

“Yo no viajo con Sada Goray; sino voy en uno de parejas. Ahí es donde se coincide. Sada Goray no viaja de Lima a Punta Cana”, manifestó el legislador. Asimismo, en un afán de seguir defendiéndose ante la prensa, el congresista reiteró que no hay evidencia de pago o intercambio de favores y puso en duda la credibilidad de los testimonios de Sada Goray, sugiriendo que se trata de un intento de desviar la atención y dañar su reputación como parlamentario y niega haber recibido pagos por su participación en proyectos como el de «agua en bloque» o leyes relacionadas con el atún, alegando que estos se tramitaron antes de su gestión congresal y que otros parlamentarios promovieron esas iniciativas. Asimismo, aclara que la investigación involucra a varios congresistas; sin embargo, solo él ha sido señalado en esta indagación de manera reiterada, sugiriendo que se trata de un intento de desprestigio o venganza personal por parte de Goray, quien tiene antecedentes de prisión por corrupción.

Finalmente, acusó a la Fiscalía de parcialidad y filtraciones malintencionadas de información, como chats y documentos, con el propósito de alimentar el caso en su contra.