El congresista José Luna Gálvez anunció que impulsarán una urgente moción de censura en contra del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, debido a la apresurada Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE) y por el conflicto inacabable que aún no logra la formalización minera de miles de ciudadanos peruanos.

Asimismo, el líder de ‘Podemos Perú’ cuestionó que el titular del Minem haya enviado dicho dictamen a «última hora» al Congreso, asegurando que este problema debió resolverse hace dos años.

«Creo que el ministro Mucho definitivamente debería ser censurado porque no puedes esperar hasta última para tratar de pasarle al Congreso un problema que debía haber solucionado hace dos años», aseveró.

Luna Gálvez calificó como un «abuso» que los mineros tengan que dormir por varios días en los exteriores del Parlamento para alzar su voz de protesta por la incierta situación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y enfatizó que Mucho Mamani es un ministro «indolente». Además, aseguró que la Ley MAPE es un «mamarracho».

«(Hay mineros que llevan cinco días afuera del Congreso) Eso es un abuso, definitivamente este ministro es indolente y ha esperado a última hora para presentar un proyecto que realmente es un mamarracho (…) (¿Podemos va impulsar la censura?) Nosotros vamos a impulsar la censura de ese ministro», refirió Luna Gálvez.

El titular de la cartera de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, mediante Resolución Ministerial N° 000418-2024-MC primero aceptó la renuncia de Daniel Adolfo Gaspar Navarro Reto, del cargo de Director de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, quien desde el 25 de enero de este año fue designado por la exministra de Cultura Leslie Urteaga.

Y seguidamente, mediante la Resolución Ministerial N° 000419-2024-MC se designó en reemplazo de Navarro Reto, en el mismo cargo de Directora de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, a Nelly Nereida Hernando Urbina, quien prácticamente asciende en el cargo, porque ya lleva en el Ministerio de Cultura más de 10 años de servicio, desempeñándose generalmente como Asesora del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Nuevo director de Patrimonio Cultural es arqueólogo

Asimismo, a través de la Resolución Ministerial N° 000420-2024-MC, el ministro Valencia Gibaja designó a Hugo Renzo Ventura Ayasta, en el cargo de Director de Programa Sectorial III de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.

El arqueólogo colegiado Ventura Ayasta se ha desempeñado en el Ministerio de Cultura, en la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad.  Y además tiene una consultora “Arkeos Asesores Consultores S.A.C.” Esta empresa actualmente se encuentra activa y brinda servicios de asesoría en asuntos de exploración y arqueología. No obstante, Ventura Ayasta tendría que haber renunciado a su cargo de gerente general de dicha empresa; de lo contrario, mientras se viene desempeñando como servidor del Estado, podría incurrir en un presunto conflicto de interés.

Voto de confianza. El juez supremo Roberto Rolando Burneo Burneo juramentó como el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el periodo 2024 -2028. Durante la ceremonia de juramentación realizada en el Palacio de Justicia estuvieron presentes el titular del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, la jefa de Estado Dina Boluarte, así como de otras autoridades.

Su elección como presidente del JNE fue decidida en octubre por la Sala Plena de la Corte Suprema del PJ, que lo designó como su representante ante el tribunal electoral.

En su discurso, Burneo Bermejo expresó su compromiso con la democracia y el Estado de derecho, enfatizando la importancia de respetar la voluntad popular en los próximos procesos electorales. “Asumo esta responsabilidad con el compromiso de servir a nuestros ciudadanos”, afirmó.

El abogado titulado en la Universidad de Piura cuenta con una maestría en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UCP). Integró la Sala Constitucional y Social Permanente del PJ y se desempeñó como secretario judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes.

Debe señalarse que, en octubre del 2022, Burneo Bermejo fue nombrado juez supremo titular por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el marco del concurso público para la selección y nombramiento de jueces supremos N.°003-2021-SN/JNJ.

Cuenta con diplomados en Tributación Internacional, Interculturalidad e Identidad, Derecho Notarial, Contrataciones del Estado y Simplificación Administrativa, así como cursos de Liderazgo y Habilidades Directivas, Diseño de Políticas Públicas, Planificación Estratégica, Compras del Estado, entre otros.

Se ha desempeñado como Asesor de la Alta Dirección en la Gerencia General de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y ha ocupado puestos legales de jefatura, coordinación y consultoría en instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL); Ministerio de la Producción (PRODUCE); Instituto de Defensa Civil (INDECI); y EsSalud.

En el ámbito privado, ha formado parte de diversos estudios de abogados como en el estudio Alva, Burneo & Ramirez Abogados Consultores entre 1999 al 2002 y el Estudio de Abogados Fort, Bertorini, Godoy, Pollari & Carcelén Abogados S.A. (Fobego) entre 2006 y 2007.

Por su parte, Salas Arenas retorna a la Corte Suprema para retomar su función de juez supremo. El presidente del PJ, Javier Arévalo, lo designó como presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

A su casa a comer lo que se ofrece en Qali Warma. Congresistas de diversas bancadas han presentado una moción de censura contra el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, tras las graves denuncias relacionadas por la mala calidad de alimentos distribuidos por el programa de alimentación escolar Qali Warma.

«Los hechos ilícitos han sido recurrentes y eso acredita que el señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social debe ser censurado, pues no ha estado cumpliendo sus funciones con celo, diligencia y menos con mínima preocupación para fiscalizar estos programas alimentarios, que son muy importantes para alimentación de los niños más pobres del país; por lo que, en atención a la ética en la función pública ya ha debido renunciar al cargo, asumiendo su responsabilidad política», dice la moción de censura.

La investigación periodística de ‘Cuarto Poder’ reveló que la empresa Frigoinca habría suministrado desde el año 2021 conservas con carne de caballo, etiquetadas fraudulentamente como carne de res, a centro educativos que participan en el programa.

El reportaje también mostró documentos que evidencian la distribución de conservas de la marca Don Simón en mal estado, las mismas que llegaron a parar a colegios de varias regiones del país, como La Libertad, Áncash, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Amazonas y Lambayeque.

Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de Frigoinca, señaló que dicha empresa habría utilizado un esquema de sobornos para evitar que funcionarios de Qali Warma y Digesa denunciaran las presuntas irregularidades.

Además, acusó a Víctor Salazar, quien fue funcionario de Qali Warma hasta diciembre de 2022, y a Freddy Hinojosa Angulo, actual vocero de la Presidencia de la República, de ser cómplices en este presunto caso de corrupción, otorgando favores a Frigoinca.

Sumado a esa información, el programa dominical ‘Punto Final’ reportó que Frigoinca donó conservas de carne y cerdo de la marca Don Simón para el consumo de perros en Chepén (región La Libertad), con la advertencia de que no eran aptas para el consumo humano.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario Carlos Anderson, impulsor de la censura, mencionó que “lo que ha pasado no quede impune. Alguien tiene que pagar las consecuencias”, en relación al actual titular del Midis que ya lleva 18 meses al mando de esa cartera, uno de los ministros más longevos durante la gestión de Dina Boluarte.

En el marco de mejora del procedimiento legal y operativo de ejecución de la ley de obras por impuestos, se propuso hoy en el pleno reformas a la ley 29230.

En una emocionante sesión del Pleno de hoy el presidente de la Comisión de Economía, el ‘niño’ López, expuso esta mejora a la norma, la cual ayudará a impulsar la inversión pública en los gobiernos regionales y locales con participación del sector privado a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Conforme a lo que dijo el congresista López «el objetivo del dictamen es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (…) busca ampliar las entidades habilitantes que además del gobierno local y regional se habilitará también a las universidades nacionales para que ellos también puedan utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos y mejorar su infraestructura mediante la participación privada.

«Si bien es cierto los gobiernos regionales tienen determinados objetivos de cierre de brechas, estos no impactan a través de obras por impuestos a la solución de otros tipos de problemas como la educación» dijo López.

Lo que busca este dictamen es ampliar fuentes de financiamiento para expandir la capacidad de realizar proyectos bajo obras por impuestos.  «En la actual norma no se puede utilizar los recursos directamente recaudados y lo que hace esta norma es también que estos recursos puedan habilitar también que estos recursos puedan utilizarse para estos proyectos y su planificación para que puedan ser desarrollados. Además, se plantea un seguimiento y monitoreo [esto huele a más burocracia y que va ser más lenta la ejecución] a través de ProInversión. Además, el uso de IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar».

Debemos recordar que esta herramienta que impulsa la inversión en salud, saneamiento y educación, en favor de comunidades con brechas identificadas, contribuye a cerrar la profunda pero muy profunda brecha en infraestructura que tiene Perú. Solo en Apurímac existe un puente de piedra que data de 1580 que hasta ahora se utiliza porque no se ha construido otro.

Por su parte el diputado Víctor Flores se refirió a la situación del mecanismo «el monto máximo del CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) considera a los dos últimos años y no solo el último como señaló MEF, lo cual ha perjudicado a los gobiernos regionales para hacer obras por impuestos. Consideramos debe actualizarse excepcionalmente los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales, locales y universidades. Para que en un plazo de 15 días MEF pueda actualizar los flujos transferidos, los montos reducidos para el repago de los CIPRL y la relación de los convenios suscritos. La modificatoria prevista incidiría en la reducción de 91 proyectos sin adjudicarse por un máximo de 877 millones».

La congresista Diana González, mencionó la importancia de la norma «que fortalece el régimen de OXI, dónde el privado diseña e implementa la obra, cerrando muchos presuntos canales de corrupción, y el Estado tiene que reconocer al sector privado como aliado estratégico para el cierre de brechas, y muchos ministros han reconocido el impacto de OXI para la realización de obras y el incremento de las mismas respecto al año anterior». También mencionó «fortalecer los techos presupuestales de los gobiernos regionales y locales para la emisión del certificado de OXI, pero en la última ley del crédito suplementario se incluyó una modificación a la segunda disposición que redujo el monto máximo que pueden usar los gobiernos regionales y locales, afectándolos».  En resumen, se busca incrementar el techo presupuestal para coadyuvar a los gobiernos regionales.

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque fue crítica con esta propuesta. «Estoy opuesta a la incorporación de la reducción al IGV en el art. 7 de la norma, por tener un impacto, porque significaría una reducción a los propios gobiernos locales. Ya de por sí las empresas tienen de por sí ciertos beneficios».

El congresista Eduardo Castillo Rivas solicitó en el pleno al presidente de la comisión de economía, «incorporar a los locadores como beneficiarios de la especialización y certificación gradual de profesionales señalados en el art. 7 de la norma 29230». Es decir, pretende hacerlo más rápido incorporando a los locadores como parte de los beneficiarios.

Finalmente, por 60 votos a favor fue aprobado en primera votación esta propuesta. El proyecto será materia de segunda votación en 7 días calendario.

Posteriormente, según informó la oficina de comunicaciones del Congreso, el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedido para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Este miércoles 20 de noviembre el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre. Y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, hoy el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, envió el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.

Sin embargo, la congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) solicitó al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, citar con “carácter de urgencia” al ministro Mucho Mamani, para que informe y explique en detalle sobre los alcances y el contenido del Proyecto de la Ley MAPE, recientemente aprobado en el Ejecutivo.

“Solicito tenga a bien citar con carácter de urgencia al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho, a la siguiente sesión extraordinaria […] para informar sobre el contenido y alcances del Proyecto de Ley 09555/2024-PE Ley de la pequeña minería y minería artesanal”, se lee en el documento.

Cabe mencionar que el documento entregado al Poder Legislativo, indica en su tercera disposición complementaria que los procedimientos iniciados con el Reinfo continuarán su trámite en esas instancias durante 6 meses, contados desde el día hábil siguiente a la publicación de la nueva ley y al finalizar dicho plazo, indican, que el Minem asume las funciones que se le habían dado a las Direcciones Regionales de Energía y Minas y las Gerencias Regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREM/GREM) con el Reinfo para la formalización minera.

Mineros informales bloquearon Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE

Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.

Más de mil mineros informales hoy mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.

Primero fue el premier Gustavo Adrianzén, que salió a declarar tras la medida de detención preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte Zegarra, y se atrevió a decir que existe una “judicialización de la política”, mencionando incluso, que hay una soterrada intención de promover una vacancia presidencial.

Seguidamente, hizo lo mismo, el titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al afirmar que el fallo judicial del juez Richard Concepción Carhuancho “no tiene explicaciones técnicas” y que además obedece a un proceso politizado.

Y en menos de unas horas, se sumaron tres ministros “escuderos” para defender, no precisamente, a la presidenta Dina Boluarte; sino a su hermano Nicanor. Quien, en lugar de ponerse a derecho, pasó a la clandestinidad e ingresó a la categoría de prófugo de la justifica.

Escudero 1: Ministro César Vásquez asevera que todo es ‘un show mediático’

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quizá por una orden de su mentor César Acuña Peralta, ha vinculado esta situación con los esfuerzos que existen para lograr la desestabilización del gobierno y señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho tiene “mucho afán mediático”.

El ministro también se pronunció sobre el reciente fallo judicial que dicta 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte y considera que algunos actores políticos buscan desacreditar la gestión de la mandataria, tras el supuesto éxito de la APEC.

Además, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por haber tomado la medida y refirió que tiene “mucho afán mediático, y una pasión por las cámaras”. Asimismo, remarcó que el sistema se está politizando porque se afecta la presunción de inocencia, así como la estabilidad política del gobierno, y en especial al propio hermano de la presidenta.

“Estamos vulnerando la presunción de inocencia. Se está desnaturalizando esta medida de prisión preventiva. Uno de los grandes afectados es el señor Boluarte por ser hermano de la presidenta. Hace daño que la justicia se politice”, sostuvo el ministro de Salud.

Escudero 2: Ministro Whittembury pide que ‘justicia no sea politizada’ para Nicanor Boluarte

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, insinúa que el inicio de la lectura de la resolución que dictó prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, coincidió estratégicamente con el cierre del Foro APEC y consideró que esto podría ser un intento de desviar la atención de los logros que se alcanzaron en dicha cumbre internacional. Y al momento de ser consultado sobre la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, Whittembury se reafirmó en su posición, de que la justicia no debe estar politizada

Escudero 3: Ministro José Arista critica prisión preventiva contra Nicanor Boluarte

Por último, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas José Arista afirmó que, en su condición de ciudadano, le llama la atención que algunas personas sean detenidas durante 36 meses sin una investigación completa. Asimismo, criticó la resolución que dicta prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, advirtiendo que debe respetarse el derecho de las personas a ser tratadas como inocentes, hasta que se demuestre lo contrario.

¡Los niños no se tocan! Existen personas que valiéndose del anonimato de las redes sociales buscan acercarse a nuestros hijos, creándose perfiles falsos o acercándose a ellos a través de los mismos juegos. Personas depravadas que solo buscan saciar sus deseos más enfermizos sin importarles que con ello estarían destrozándole le vida a un inocente.

Se ha publicado la Ley N.° 32169, la misma que penaliza el acoso sexual contra menores de 14 años. Como se recuerda, la norma fue aprobada en el Pleno del Congreso el 31 de octubre pasado.

Para la firma de la autógrafa, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, estuvo presente Diana Gonzales Delgado, de Avanza País, autora de la iniciativa legislativa. En ese momento, mencionó que, para crear el delito de acoso sexual a menores de 14 años, se tuvo que incorporar el artículo 176-D al Código Penal peruano.

“Esta iniciativa surgió durante las reuniones sostenidas en semana de representación entre el Grupo Multipartidario Arequipa y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien advirtió que la actual tipificación del delito de acoso sexual, como requiere de la negativa de consentimiento por parte de la víctima, no incluye los casos donde la víctima es menor de 14 años”, explicó.

De acuerdo al documento publicado en el diario oficial El Peruano, la persona que “de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía” con una niña o niño, podría recibir una condena de entre seis y nueve años de prisión. Además, podría ser inhabilitado conforme a los numerales 5,9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.

“Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta, valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio tecnológico”, indica el texto.

La Ley, oficializada este jueves, lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén.