El gabinete de ministros encabezado por el premier Arana se presentó hoy en el congreso a apelar la moción de confianza. El premier dio un discurso que más parecía promesas de campaña o el plan de gobierno de 5 años cuando solo quedan 12 meses.

Arana dixit

El premier se mostró halagüeño en cuanto a supuestos resultados de un mejor desempeño económico en cuanto al PIB: «El año 2024, gracias al esfuerzo de los pequeños empresarios, de los emprendedores y de todos nuestros ciudadanos, logramos salir de la recesión y crecimos 3,3%, por encima de los países de la región. El Perú tiene hoy una inflación baja y estable. El 2024 fue de 2%, por debajo de países como México (que tuvo una inflación de 4,2%), Chile (4,5%), Brasil (4,8%) y Colombia (5,2%). Contamos con elevadas reservas internacionales. En diciembre del 2024, fueron equivalentes al 28% del PBI, por encima de lo registrado en otros países de la región como Brasil (15% del PBI), Colombia (15%), Chile (14%) y México (13%)».

No obstante la estabilidad macroeconómica, el premier reconoció que la informalidad continúa y no pudo ser capaz de ofrecer una solución realista a dicho problema.

«En el Perú enfrentamos un desafío estructural y profundo: la informalidad. Esta realidad abarca tanto la informalidad laboral como la económica, y afecta a más del 70% de nuestra población. Buscamos reconocer el esfuerzo de millones de peruanos, brindarles una oportunidad para iniciar un camino hacia la formalidad y construir, con ese objetivo, implementaremos un Régimen Temporal del Impuesto a la Renta para personas naturales, que permitirá regularizar voluntariamente las rentas obtenidas hasta el ejercicio gravable 2023».

El plan de gobernabilidad de Arana se puede resumir en tres ejes que él mismo mencionó: 1. Fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada. 2. Impulsar la inversión y el empleo para garantizar el crecimiento económico. 3. Garantizar elecciones libres, transparentes e incuestionables en el 2026.

Sobre el primer punto no ofreció algo concreto más allá del anuncio de algunas capturas y operaciones policiales en progreso. Sobre lo segundo, anunció financiamiento de proyectos en infraestructura, pero que por su envergadura no podrán ser terminadas de ejecutar en 12 meses. Sobre el tercer punto, más pareció un buen deseo que una realidad.

Sin embargo, Arana se jactó de la salud de la economía peruana:

“Nuestra economía se ha recuperado, demostrando una notable resiliencia frente a los desafíos globales y respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos, una fortaleza monetaria y fiscal, elevadas reservas internacionales y presencia activa en los mercados mundiales. En marzo último, el PBI aumentó 4,7%, acumulando 12 meses consecutivos de crecimiento. A nivel trimestral, la economía peruana creció 3,9% en el primer trimestre del 2025, marcando cinco trimestres consecutivos de expansión.  Destaca especialmente el dinamismo de la inversión privada, que repuntó con fuerza y creció 8,8%, impulsando la generación de empleo y el aumento del consumo en los hogares”.
En cuanto a proyectos de infraestructura, mencionó la «Nueva Carretera Central», que tendrá 185 kilómetros de longitud, que reducirá el tiempo de viaje entre Lima y La Oroya y beneficiará a más de 10 millones de personas, potenciando el comercio, la agricultura, la minería y el turismo». Con una inversión superior a 24 mil millones de soles, bajo un acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia». Esto último ejemplifica que serán obras que se ejecutarán o terminarán de ejecutar los próximos gobiernos post-Boluarte.

También anunció que en «el presente año 2025 se adjudicarán 34 proyectos por un estimado de 8600 millones de dólares, consolidando una agenda ambiciosa de inversión y crecimiento, beneficiando a más de 15 millones de personas en más de 21 regiones del Perú». Proyectos como son la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, que será adjudicada en julio del 2025. Con una inversión de 1582 millones de dólares, «la cual contempla la rehabilitación, construcción, mejoramiento y mantenimiento de 965 kilómetros de vía en las regiones de Junín, Huancavelica, lea, Ayacucho y Apurímac, beneficiará a 1.6 millones de habitantes».

Agua y saneamiento

Arana anunció que, para coadyuvar al cierre de brechas en agua y saneamiento, «vamos a seguir impulsando el proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Chincha, una iniciativa de gran impacto ambiental y social que se ejecutará con una inversión de 97 millones de dólares y beneficiará a más de 345 mil habitantes». Se suman 9 proyectos más: las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Cajamarca, Huancayo, San Martín, Puerto Maldonado, Trujillo y Cusco, así como la Desaladora de Ilo y los servicios de saneamiento en Chanchamayo y Concepción».

«Para este año. Tenemos previsto culminar 78 obras adicionales de agua y saneamiento en 17 departamentos que beneficiarán a más de 83 mil personas, con una inversión total de 700 millones de soles, así como 30 nuevas obras, que favorecerán a más de 8 mil habitantes de las comunidades rurales más vulnerables del país, con una inversión de 120 millones de soles. En el ámbito urbano: en el 2025 se culminarán 39 obras de agua, saneamiento y drenaje pluvial, llevando mejoras concretas a más de 715 mil personas, de las cuales 212 mil accederán por primera vez al servicio de agua y saneamiento. Hoy estamos ejecutando 87 obras en 20 departamentos con una inversión superior a los 6 mil millones de soles, en regiones como Áncash, Puno, Piura y Tacna, donde muchas familias han tenido que esperar 18, 30 y hasta 40 años. Es importante destacar la reciente firma del contrato del proyecto de agua y saneamiento, que beneficiará a 105 asentamientos humanos de Piura, Castilla y 26 de Octubre, un proyecto esperado por más de 15 años, que favorecerá a 466 mil personas con un monto de inversión de más de 636 millones de soles. De igual manera, la obra de agua y saneamiento integral en Juliaca, que representa un monto de inversión de 1600 millones de soles para el beneficio de 370 mil personas, quienes han esperado casi 40 años. Igualmente, en Carabayllo, después de 13 años de larga espera, hemos firmado el contrato del Esquema Integral Carabayllo, una mega obra de 885 millones de soles que beneficiará a 279 mil vecinos de Lima Norte, con 14 reservorios, 220 kilómetros de redes de agua, 175 kilómetros de alcantarillado y más de 23 mil conexiones domiciliarias».

Cultura… para el asfalto

Arana también anunció algo que podría traer cola a futuro y es: «Dinamizar la inversión requiere actuar oportunamente». El Diagnóstico Arqueológico de Superficie es un nuevo e innovador mecanismo que permite desde este año a los proyectos de los sectores vivienda, desarrollo agrario y turismo, entre otros, identificar tempranamente la posible presencia de bienes inmuebles prehispánicos en su ámbito de intervención, evitando paralizaciones imprevistas. Se atenderán entre el 2025 y el primer semestre del 2026, 700 inicios de diagnósticos y se implementarán 27 procesos de consulta previa, de los cuales 11 culminarán en el 2025, entre ellos: el Proyecto Minero Coroccohuayco, la nueva Carretera Central y el Proyecto Turístico Choquequirao, beneficiando a más de 10 millones de personas».

Seguidamente, mencionó en lo referente a la minería que «Actualmente existen 67 proyectos de inversión minera, que pertenecen a la gran y mediana minería, y engloban un total de 64 mil millones de dólares». De estos, 31 proyectos corresponden a nuevas iniciativas que ya han iniciado sus primeros trámites y autorizaciones, con una inversión superior a los 41 mil millones de dólares. Cabe resaltar que existen 19 proyectos que han registrado trámites este año 2025 por más de 7,600 millones de dólares». No obstante, el embajador en retiro y exdirector de una empresa minera canadiense, Guillermo Russo Checa, se ha referido permanentemente a que estos anuncios de proyectos de 64 mil millones de dólares los viene escuchando desde casi diez años atrás. Como refiere sobre estos proyectos que no se ejecutan: «Estoy hasta la coronilla de oír lo mismo siempre».

En lo referente a la naval, Arana se refirió a que: «Impulsaremos los encadenamientos productivos promoviendo la industria naval, a través de la construcción, por primera vez, de una moderna embarcación de investigación científica, con una inversión de 212 millones de soles y la primera renovación de la flota de IMARPE en 47 años, contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y a la seguridad alimentaria de más de 33 millones de peruanos».

Respecto a otras obras de infraestructura, señaló que «continuaremos con el trabajo iniciado por este gobierno con las vías nacionales de: Evitamiento Abancay en Apurímac, la carretera Oyón-Ambo tramo 2 en Pasco, Santa María-Santa Teresa-Machu Picchu y su túnel en Cusco, Huánuco-La Unión-Huallanca tramo 1 en Áncash y Sayán-Churín-Puente Tingo en Lima. Además, en 14 900 kilómetros de carreteras no concesionadas dejaremos contratos de servicios de conservación, que permitirán mantener las vías con óptimos niveles de uso».

También mencionó la puesta en marcha del puerto Matarani: «Ya está en marcha la ampliación del terminal portuario de Matarani, con una inversión de 598 millones de dólares». Asimismo, en el proyecto puerto multimodal Horizonte de Verano en Arequipa se incluirá una planta de hidrógeno verde. Y, en Marcona, impulsaremos la concesión del nuevo terminal portuario, con una inversión de más de 319 millones de dólares». Nótese el uso y abuso del verbo futuro.

 En irrigación

«El proyecto Chavimochic III ha sido reactivado. Esta irrigación asegurará el agua para 111 mil hectáreas, beneficiará a 129 mil agricultores y generará 150 mil empleos. Hacia diciembre del 2025, la presa Palo Redondo y el sifón Virú estarán en ejecución de obra. En Piura, hemos avanzado con el destrabe del proyecto Alto Piura y Poechos, garantizando su ejecución bajo la modalidad de gobierno a gobierno, asegurando el agua a más de 150 mil hectáreas y beneficiando a 110 mil agricultores. En Áncash, se ha reactivado el proyecto Chinecas, que garantizará el agua para 114 mil hectáreas y beneficiará a más de 20 mil agricultores. En Arequipa, hemos avanzado con la puesta a punto del proyecto Majes Siguas; aquí se rehabilitará la infraestructura para dotar de agua a 20 mil hectáreas de pequeños productores. Este 19 de junio se anunciará el Estado ganador de la licitación internacional para la ejecución del proyecto. En Ayacucho, el proyecto Iruro, cuyas obras inician este sábado, irrigará 10 mil hectáreas, beneficiando a 13 mil agricultores. Finalmente, estamos culminando el expediente técnico del proyecto Yanapujio a ejecutarse en los distritos de Yunga, Ubinas e Ichuña. Este proyecto beneficiará a 3 mil agricultores del valle del Tambo y mejorará el riego de 9 mil hectáreas». Todo esto no es más que poner la primera piedra y el resto, trámites a resolver por muchos años.

Perú no va al mundial, pero tiene al Papa como nuevo Machu Picchu.

El premier anunció la creación de la «Ruta Turística Caminos del Papa León XIV», que busca convertir al Perú en un importante destino del turismo religioso por su vinculación al sumo pontífice, primer papa de nacionalidad peruana. Para ello se viene trabajando con los gobiernos regionales y locales de Lambayeque, La Libertad, Piura y el Callao, para la identificación e implementación de los circuitos turísticos».

Shock… Desregulatorio y democracia con músculos

«Por disposición de la presidenta constitucional de la República, he dispuesto acelerar la implementación del shock desregulatorio, con una visión inclusiva y promotora de la competitividad local y regional, simplificar las reglas, eliminar la burocracia excesiva y crear un entorno más ágil, justo y eficiente para todos los peruanos. Al reducir barreras burocráticas, simplificar trámites y eliminar regulaciones, promoveremos mayor inversión privada, lo que redundará en un crecimiento adicional del PBI de entre 0.8% y 1% al finalizar el año 2025, además de fortalecer el proceso de descentralización y promoción de la inclusión productiva. De otro lado, he dispuesto que INDECOPI continúe trabajando para la eliminación de 5050 procedimientos considerados como barreras burocráticas». En resumen, buenas noches y buena suerte. Ninguna medida concreta, solo buenos deseos.

En lo institucional, Arana mencionó: «La nuestra no será una democracia débil, sino que tiene que ser una democracia fuerte que enfrenta a sus enemigos con decisión y dentro del marco de la ley». Luego hizo recuento de logros en la lucha contra el crimen.

«En el mes de mayo del 2025, se llevaron a cabo 6 megaoperativos y más de 70 mil intervenciones a nivel nacional que han permitido la detención de 19446 personas. ■ Gracias a un trabajo articulado con la Policía de Colombia, el último 15 de mayo se logró la detención internacional de Miguel Rodríguez Díaz, alias «Cuchillo». Pronto será extraditado al Perú. ■ En un contundente golpe al crimen organizado, la Policía Nacional del Perú capturó unos días después a ocho integrantes de la organización criminal “Los Sicarios de Cuchillo” por su presunta implicancia en el secuestro y asesinato de los 13 trabajadores en la provincia de Pataz. ■ El 21 de mayo, en un operativo realizado en la Vía Expresa de Lima, se capturó a los integrantes de la banda criminal “Los Injertos del Centro”, con la intervención de la SUAT y la DIRINCRI. ■ El 22 de mayo, en Tingo María, se capturó a Yojairo Arancibia Sevillano, alias “Jota Jota», número dos de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, liderada por Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.

En resumen, no ofreció una política institucional, sino un recuento operativo extraído de los telediarios.

Luego continuó: «El proyecto “Perú Seguro”, con apoyo del BID, implementará un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial en 107 comisarías de alta incidencia delictiva a nivel nacional, con una inversión de 38 millones de soles, detectando delitos en tiempo real, identificando biométricamente a requisitoriados, reconociendo placas vehiculares, facilitando la reacción inmediata y la investigación policial». Además, se integrará con entidades como el MTC, la ATU, gobiernos locales y centros comerciales, ampliando su alcance en la prevención del delito». Es decir, se desarrollará un Estado de vigilancia permanente hacia todos los ciudadanos, como manifiesta, por otra parte, en su polémica propuesta por la ley de terrorismo urbano: «En el marco del compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales, en octubre de 2024, se presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 9085/2024-PE, que modifica el Código Penal para enfrentar con mayor severidad los delitos de sicariato, extorsión e incorpora el delito de terrorismo urbano. Hacemos un llamado al Poder Legislativo para impulsar conjuntamente esta propuesta».

Deportaciones. Como Trump, pero en papel

«Nos hemos propuesto, hasta diciembre del 2025, ejecutar más de 3500 operativos de verificación y fiscalización migratoria. A través de estos operativos se podrán identificar, con el uso de dispositivos móviles y tecnología biométrica, a personas extranjeras en situación irregular y ponerlas a disposición de las autoridades. Presentaremos en el segundo semestre de este año una propuesta normativa para la creación de lugares de estancia temporal para extranjeros que ingresaron o permanecen de manera ilegal al país; de esta manera mantendremos un control migratorio efectivo».

Y en lo penitenciario,

«Continuando con los lineamientos establecidos por la señora presidenta de la república, consolidaremos el control de los penales y reduciremos su hacinamiento y el uso de la tecnología para el control de los mismos. Para ello, en el 2025 se prevé aprobar el financiamiento de hasta 800 millones de dólares, del BID y la Corporación Andina de Fomento. Lo que permitirá: i. la construcción del establecimiento penitenciario Ancón III con capacidad de 3120 unidades de albergue, ii. un establecimiento para procesados con una capacidad de 16 mil unidades de albergue, iii. un establecimiento penitenciario de régimen cerrado especial que cuente con 10 mil unidades de albergue y iv. el nuevo Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP). Para agosto de 2025 se suscribirá el contrato de endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento, con el objetivo de financiar el proyecto de inversión de creación del servicio de readaptación social en el establecimiento penitenciario de Colquepata – Cusco, cuyo costo de inversión actualizado es de 516 millones de soles y capacidad de 2530 unidades de albergue. El establecimiento penitenciario de Abancay es una obra que se viene ejecutando con un costo de 116 millones de soles y contribuirá con 785 unidades de albergue (…) El crimen organizado transnacional exige respuestas firmes y coordinadas. Por ello, el Gobierno evalúa mecanismos de cooperación bilateral para el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen, incluyendo centros especializados como el CECOT de El Salvador. Esta medida busca descongestionar los penales, desarticular redes criminales que operan desde prisión y reafirmar el principio de autoridad. El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen. Estamos decididos a recuperar el control total del sistema penitenciario. Desde diciembre de 2025, contaremos con el servicio de control especializado de seguridad privado dirigido a controlar el ingreso y salida de personas, objetos y paquetes, en dos establecimientos penitenciarios con alto índice de población penal, con una inversión de 8 millones de soles. Este servicio permitirá neutralizar el ingreso de sustancias y objetos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios».

REINFO

ARANA anunció la «Depuración del REINFO», eliminando distorsiones normativas, incentivos perversos y actores que operan al margen de la legalidad. 2. Promoción de una formalización efectiva, que permita integrar a la economía formal a aquellos operadores mineros que cumplan con los requisitos técnicos, sociales y ambientales. 3. Acción sostenida contra redes ilegales, mediante inteligencia operativa, control territorial estratégico y articulación multisectorial (…), teniendo en cuenta el empleo inadecuado que se ha dado respecto del REINFO. Se dieron medidas concretas para depurar el mismo. En primer lugar, se ha procedido con la revocación automática de 1425 inscripciones que estaban suspendidas en diversos distritos de la provincia de Pataz; y en segundo lugar, es conveniente recordar que en la actualidad existen 86 mil REINFOs, de los cuales 65 mil se encuentran suspendidos y tienen plazo para regularizar hasta el 5 de julio próximo, al término del cual se proyecta alcanzar más de 40 mil exclusiones a nivel nacional. El gobierno asegura que no existirá una prórroga indiscriminada del REINFO. Junto a ello, se procederá a fiscalizar minuciosamente el mal uso de este registro de mineros en vías de formalización, procediendo a su exclusión inmediata en caso de detectarse cualquier anomalía. Durante el 2022 al 2025, la UIF ha emitido 161 informes, en los cuales se identifican movimientos financieros sospechosos por un monto aproximado de 2804 millones de dólares, de los cuales 2248 millones de dólares (el 80% del total) estarían directamente vinculados a actividades de minería ilegal. En ese sentido, formulo un llamado categórico al Ministerio Público para que actúe con decisión frente a tales operaciones sospechosas.  Asimismo, anuncio la publicación de la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, instrumento de gestión que marca un cambio estructural en la política pública; y el Protocolo que regula la participación conjunta contra la minería ilegal en Pataz. A partir de julio de 2025, se implementará el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que tiene por finalidad la supervisión de la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos, maquinaria y productos fiscalizados en la pequeña minería y minería artesanal».

Política exterior: ¿Existe?

«Un objetivo central, que involucra a todas las instituciones del Estado y al pueblo peruano, es el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que seguiremos implementando las recomendaciones para avanzar en este objetivo. En materia de seguridad, el Perú asumirá un rol de liderazgo en la implementación del Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina y el impulso del Banco Andino de Datos, que permitirá mejorar la cooperación regional frente al crimen organizado, el tráfico de armas, el narcotráfico y la minería ilegal para contribuir a un entorno regional más seguro. Hemos abierto una nueva etapa de oportunidades con la estrategia Perú Abre Fronteras, que marca el comienzo de una era de acuerdos comerciales diseñados para colocar a nuestras pequeñas y medianas empresas en el centro de la escena internacional. Con relación al tema de los aranceles impuestos por los Estados Unidos, el gobierno del Perú viene participando en un proceso de diálogo con las autoridades y equipos de la autoridad competente de dicho país, enfocado en preservar los beneficios alcanzados bajo el Tratado de Libre Comercio vigente. Somos un socio confiable, complementario y con relación construida sobre resultados concretos».

«Respecto al TLC con Indonesia, se han venido sosteniendo reuniones de negociación, siendo que la próxima reunión tendrá lugar en Jakarta, en la primera quincena de julio. El que, de suscribirse, permitirá que las exportaciones peruanas ingresen a uno de los mercados más grandes del mundo, con 280 millones de personas, y a la economía más grande del sudeste asiático. De otro lado, hemos iniciado las negociaciones para un acuerdo de asociación integral con los Emiratos Árabes Unidos y se continuará con las negociaciones para la suscripción de un TLC con Tailandia y El Salvador, consolidando el posicionamiento de las empresas peruanas, en especial de nuestras medianas y pequeñas empresas, en los mercados internacionales. Asimismo, nuestra meta para diciembre del 2025 es poner en vigor el tratado de libre comercio suscrito con Guatemala, Hong Kong y el Protocolo de Optimización del TLC Perú-China, dos acuerdos que amplían las oportunidades de nuestras exportaciones y mejoran nuestra inserción en el mercado asiático. De igual manera, este año se realizará la segunda edición del Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos y la suscripción de un acuerdo para el lanzamiento de cohetes Sonda desde la base de la Agencia Espacial del Perú. Una política exterior eficaz no puede estar completa sin un compromiso firme con nuestros connacionales en el extranjero, particularmente en momentos en los que los migrantes están enfrentando nuevas dificultades. Por ello, estamos ampliando y descentralizando nuestra red de servicios consulares. En el 2024, las 141 misiones diplomáticas y consulares del Perú realizaron 283 actividades de promoción económica y, en lo que va de este año, han llevado a cabo 85 actividades. Asimismo, organizaron, en 2024, 900 actividades de promoción cultural y durante el presente año se han realizado 250», es decir, cócteles.

Así mismo, anunció que «en el mes de julio se tiene programado realizar una misión político-comercial a los Estados Unidos con el propósito de promover nuestras potencialidades político-comerciales y al Perú como socio estratégico». Oremos.

Y finalmente concluyó diciendo que:

¡En este país no reinará el miedo! ¡Aquí prevalecerá el Estado de derecho, la fuerza de las instituciones y la voluntad de los peruanos a vivir en orden y en paz! He planteado un camino claro, realista y firme. En este último año de gestión, nuestros mayores desafíos son luchar sin tregua contra la criminalidad organizada, impulsar con decisión el crecimiento económico y fortalecer con convicción la transición democrática, garantizando elecciones libres y transparentes». Y logró que el Congreso le dé el voto de confianza.

¿De vuelta a la década de 1970? Esta mañana, a las 11:25 a.m., diversos congresistas presentaron el Proyecto de Ley (PL) n.° 1565/2024-CR que declara de interés público la nacionalización de la empresa Telefónica del Perú.

Tal iniciativa, promovida por parlamentarios de izquierda (Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Jaime Quito, Roberto Sánchez, entre otros), plantea además la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, una entidad pública de derecho privado que estaría adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que reemplazaría a la actual operadora de telecomunicaciones.

El mencionado PL establece que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar la expropiación de todas las acciones, activos y operaciones de Telefónica del Perú en un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la entrada en vigencia de la norma.

Entre los argumentos expuestos, se señala la necesidad de proteger los intereses del Estado, de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), del capital de los proveedores y del servicio estratégico de telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar la conectividad en todo el territorio nacional.

La propuesta también incluye dentro del proceso de expropiación a empresas asociadas como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cibersecurity & Cloud Tech Perú, creadas entre marzo y junio de 2020. 

Según el proyecto, el pago por la expropiación —denominado “justiprecio”— se calculará con base en la última operación extrabursátil de venta del 99.3 % de acciones de Telefónica del Perú. A este monto se le descontarán las deudas tributarias, sanciones regulatorias y otras penalidades que la empresa o su matriz mantengan con el Estado.

La última vez que se intentó expropiar en el país

Nuestra Constitución Política de 1993 refiere en su artículo 70 la existencia de un “procedimiento expropiatorio”.

Art. 70°: “(…) A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

Asimismo, en el segundo artículo de la Ley General de Expropiaciones, Ley 27117) podemos hallar una definición de expropiación. En la citada norma se indica que “la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

Siguiendo con la Ley 27117, la causal de un procedimiento de expropiación, así como el uso o destino que tendrán los bienes expropiados, deberá ser por necesidad pública o seguridad nacional.

El antecedente más reciente sobre un intento de expropiación podría encontrarse cuando el entonces primer ministro Guido Bellido, a través de un comunicado en Twitter, anunció en setiembre del 2021 que convocaría a la empresa PlusPetrol, encargada de explotar y comercializar el gas de Camisea, para renegociar el reparto de las utilidades generadas, agregando que de no llegar a un acuerdo se buscaría la “recuperación o nacionalización” del yacimiento gasífero.

El ex premier sostenía esa alternativa basándose en el ideario que Perú Libre presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no siendo una idea caprichosa de su parte.

“La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso. […] Los principales yacimientos de la gran y mediana minería […] deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción. El yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas, también”, se lee en plan de gobierno que llevó a Pedro Castillo como presidente.

Cabe recordar que el Estado concesionó a la empresa PlusPetrol la explotación de ese recurso y es esa la base legal que impediría una expropiación.

Por otro lado, el artículo 70 de nuestra Carta Magna está sujeta a interpretaciones que van desde el análisis con qué quiere decir con “seguridad nacional” o necesidad pública”. Solo basta hacer un poco de memoria con lo que quiso hacer el expresidente Martín Vizcarra, en el 2020, con las clínicas privadas que estaban vendiendo a sobrecosto los medicamentos durante la pandemia. El ‘Lagarto’ les otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas para que bajen los precios de las medicinas, apelando en ese momento que se trababa de un asunto de “necesidad pública”.

Bien dicen que para ser político hay que tener una vena actoral para convencer a los ciudadanos, tener un control escénico, sonreír cada momento o, cuando se dé la ocasión, mostrar un rostro compungido ante una triste noticia. Tanto los políticos como los actores y actrices solo nos muestran una careta que oculta oportunamente su verdadera identidad, confundiéndonos en varias ocasiones sobre sus verdaderas intenciones. Así, saber reír, llorar o mostrarse indignado es una cualidad que los asemeja.

El más reciente caso del salto del mundo de la pantalla chica a la política la podemos encontrar en el actor Renato Rossini, quien intentará convertirse en el futuro alcalde de Jesús María representando al partido de Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña.

El actor de 54 años fue oficializado a través de las redes sociales del partido de ‘Plata como cancha’, posando al lado del cuestionado gobernador de La Libertad que prefiere irse de viaje a poner orden en su región.

Según Rossini, su postulación representa una evolución lógica de su vocación pública: “Siempre he estado cerca de la gente”, declaró durante su presentación, sin embargo, según la base de datos del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no se encuentra afiliado al partido político.

Risas y tangas: todo vale para ser elegido

Junto con Rossini se suma la exconductora de televisión Sofía Franco, figurando como precandidata a la alcaldía de Lima. La ex pareja del alcalde del ex alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, se postulará junto con el partido Progresemos.

Asimismo, el humorista Carlos Álvarez desde hace varios meses atrás ya inició su campaña presidencial para las Elecciones del 2026 junto con el partido País para Todos, aunque durante los últimos días dejó entrever sus pretensiones al manifestar que su relación con dicho grupo político no se encuentra en su “mejor momento”.

Pero no solo ellos intentarán convertirse en autoridades públicas. Años atrás, vedettes, actores y actrices, ex deportistas, o cómicos buscaron mejor fortuna por intermedio del voto popular.

Desde el mundo de las luces y lentejuelas, allá por el año 1995, una curvilínea Ivonne Susana Díaz Díaz, para todos Susy Díaz, salía a la Plaza San Martín enseñando en una de sus nalgas el número 13, número elegido para postularse al Congreso. Inmediatamente se ganó la simpatía del ciudadano de a pie, siendo elegida como las más votadas.

La entonces parlamentaria del partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA) presentó 120 proyectos de ley, convirtiéndose en la legisladora con más iniciativas presentadas durante esa gestión. Se aprobó 30 proyectos de los 120 presentados por la ‘Chuchi’.

Sin lugar a dudas, Susy Díaz dejó un precedente y es así que en el 2016 la también exvedette y actriz cómica Mariella Zanetti se convirtió en regidora del distrito de Surco. No tuvo la misma suerte cuando quiso tentar una curul cuatro años después, presentándose con el número 8 por el partido Vamos Perú por Lima. Solo obtuvo 3231 votos.

En el 2020 otra actriz cómica, Lucy Bacigalupo, quiso sumarse a la ola postulando para el Parlamento con el partido Avanza País, pero solo obtuvo 936 votos.

Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita’, no se quiso quedar atrás y en el 2022 decidió lanzarse como regidor en el distrito de La Victoria por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Para mala suerte de él no dio en la ‘clave’ correcta y no fue elegido.

Efraín Aguilar, conocido director y productor televisivo, se aburrió de estar detrás de cámaras y se presentó como candidato al Congreso por el partido Renovación Popular. El popular ‘Betito’ se quedó ‘fuera de foco’ luego de conseguir 1891 votos.

El ex arquero de Alianza Lima, George Forsyth, se convirtió en alcalde de La Victoria el año 2019 luego de obtener el 30,32 % de los votos válidos. El 12 de octubre renunció a su cargo para poder postular a las Elecciones Presidenciales del 2021. Su ex esposa, la actriz Vanessa Terkes, probó las mieles de la política en un corto periodo, postulando al Legislativo el 2021 con el partido APP. La ‘chata’ Terkes obtuvo una buena cantidad de votos (13,844, según ONPE), pero no le bastó para alcanzar una curul.

En tanto, las exvoleibolistas Gabriela Pérez del Solar, Leyla Chihuán, Cenaida Uribe, Cecilia Tait, se colocaron el fajín de parlamentarias en distintos periodos. Ahora, ex voleibolista arequipeña Diana Gonzales forma parte de los 130 ‘Padres de la patria’.

Desde el mundo del balompié también surgieron intenciones políticas, como el caso de Germán Leguía que postuló al Congreso el año 2021 por APP. Asimismo, Julio ‘Coyote’ Rivera se presentó para las Elecciones del 2021 como candidato congresal por el partido Unión por el Perú. Por su parte, Jean Ferrari, también quiso ocupar un escaño en el Congreso, postulando el 2021 con el partido Victoria Nacional.

A este paso es más que seguro que youtubers, streamers y supuestos influencers de las redes sociales terminarán ocupando una curul en nuestro alicaído y desprestigiado Congreso de la República. Ya veremos a los nuevos elegidos por el voto popular realizar transmisiones en vivo, pidiendo ‘tap tap’ en la pantallita para promover una ley o abstenerse de una votación.

Otra más a la lista del ‘Lagarto’. El expresidente Martín Vizcarra se encuentra entre los peores mandatarios que ha tenido el Perú; solo basta recordar que dio la orden de encerrar a millones de peruanos en sus casas durante la pandemia del coronavirus, existiendo millones de peruanos que viven del día a día. En esos años, miles de personas no sabían cómo llevar un pan a sus hogares, mientras que el infame ‘Lagarto’ experimentaba consigo mismo inoculándose vacunas supuestamente “de prueba”. Solo él y sus allegados más cercanos podían sentirse seguros, en tanto miles eran cremados y enterrados sin poder ser velados por sus seres queridos.

Antes de que se diera todo eso, el entonces mandatario, el 30 de setiembre de 2019, manda a cerrar el Congreso de la República argumentando que el existía una maniobra de “obstrucción y blindaje” desde el Parlamento que se negó a suspender la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, a los que Vizcarra entendía que tal nombramiento estaba siendo direccionado desde el fujimorismo.

Es por ello que anoche el Pleno del Congreso aprobó, por reconsideración, inhabilitarlo de cualquier función pública durante 10 años.

Tras aprobarse una reconsideración a la votación del pasado 30 de abril, cuando se rechazó inhabilitar al exmandatario, la representación nacional logró 67 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones para sancionar a Vizcarra.

La reconsideración fue presentada por los legisladores Noelia Herrera (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) y fue aprobada con 95 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones.

La propuesta recibió el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú, Honor y Democracia, además de algunos congresistas no agrupados. Por su parte, el grupo Juntos por el Perú – Voces del Pueblo votó en contra o se abstuvo.

La ‘cola’ de Vizcarra: ya lleva tres inhabilitaciones

Martín Vizcarra no solo se encuentra inhabilitado por cerrar el Congreso, sino que también cuenta con dos inhabilitaciones previas. Así, fue inhabilitado por 10 años por presuntamente haberse vacunado de manera irregular contra el Covid-19 en octubre de 2020, solo unos meses antes de que fuera vacado.

Además, el exmandatario cuenta con otra inhabilitación de 5 años por presuntamente haber tenido vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Por alguna razón que escapa a la lógica común —y que bordea más bien la dramaturgia del poder mal ejercido—, el Ministerio de Cultura del Perú ha decidido destinar más de 30 mil soles del erario público en la instalación de una puerta de vidrio templado con sistema digital de seguridad en el despacho para el ministro Fabricio Valencia. Sí, en un país donde los artistas mendigan presupuestos, donde los museos mueren lentamente y donde las expresiones culturales no oficiales son condenadas al olvido, el ministro decidió blindar su oficina como si de una bóveda bancaria se tratara.

La orden de compra N° 0000225, emitida el 2 de junio de 2025 a favor de la empresa KAP KAE SAC, especifica la adquisición de una mampara, puertas de vidrio templado, sistema de apertura digital y un pequeño archivador de melamine para el octavo piso del Ministerio de Cultura. Es allí donde despacha el ministro Valencia, y es allí donde, según fuentes internas del MINCUL, también se encuentra instalada una cama.

Orden de compra de puerta de seguridad. Fuente: Ministerio de Cultura.

El problema no es solo el gasto innecesario —se gastó treinta sueldos mínimos por esa puerta— sino el mensaje que se transmite: la cultura del encierro, de la opacidad, del privilegio en la sombra. Lo grave no es solo el vidrio templado, sino lo que pretende esconder. Porque, según se ha filtrado, esta puerta de alta seguridad solo se abre desde dentro. ¿De qué se protege el ministro? ¿O a quién pretende proteger u ocultar?

Todo esto sería un detalle excéntrico —una anécdota más para los archivos de la arrogancia oficial— si no fuera porque la instalación de esta puerta coincidió, con sospechosa puntualidad, con los días previos a que estallara el escándalo de Shirley Hopkins, la mujer vinculada al ministro y que, sin título profesional alguno, recibió jugosas órdenes de servicio por parte del mismo Ministerio. ¿Casualidad?

¿Qué ocurría dentro de ese despacho del piso 8? ¿Por qué necesitaba el ministro un acceso restringido, casi clandestino, a su oficina? ¿Por qué una cama? ¿Por qué una puerta que transforma una oficina pública en una guarida privada? Las preguntas son muchas, y las respuestas, como suele pasar en este país, brillan por su ausencia.

La transparencia, palabra tan manoseada en los discursos oficiales, parece convertirse aquí en un eufemismo grotesco. Mientras los artistas independientes reciben correos de rechazo con la excusa de “no hay presupuesto”, mientras el patrimonio se deteriora sin intervención estatal, mientras los gestores culturales viven en la precariedad, el ministro se construye un búnker.

Y no un búnker cualquiera: un espacio blindado, cerrado, insonorizado, exclusivo. Un palacio de cristal para un príncipe que prefiere esconderse antes que rendir cuentas. Así se cultiva la desconfianza, y así se gesta también la rabia social.

Porque el pueblo no es tonto. La ciudadanía intuye que algo huele mal. El Perú ha sido educado —por las trágicas lecciones de su historia— para sospechar de los lujos del poder, de los símbolos del encierro, de los silencios estratégicos. Y cuando la cama se junta con la puerta blindada, y cuando la puerta se junta con la presunta amante con contratos públicos, el relato ya no se puede maquillar con notas de prensa ni con declaraciones anodinas.

Fabricio Valencia no solo debe dar explicaciones, debe comparecer ante el Congreso y rendir cuentas ante los ciudadanos. Porque la cultura, señor ministro, no es una cueva privada ni una coartada para el confort personal. La cultura, bien entendida, es un acto público, un compromiso con la verdad, un espacio de apertura, no de encierro.

Las decisiones que se toman desde los escritorios de los ministerios no son inocuas. Si usted manda a poner una puerta que solo se abre desde dentro, lo que transmite no es seguridad, sino miedo. Si manda instalar una cama en su despacho, no está descansando: está deshonrando la función pública. Y si gasta más de 35 mil soles en ese capricho, mientras niega apoyo a quienes hacen cultura en las calles, lo que usted construye no es una política cultural, sino una tragedia.

Esto parece una tragicomedia, ya que hasta los propios funcionarios del piso 8 de la sede central del Mincul nos dicen: “No sabemos quién está más templado, el vidrio o el ministro”.

Lo cierto es que ningún ministro anterior se atrevió a tanto. La falta de transparencia y el recorte al polígono de las Líneas de Nasca son dos casos que han convertido a Fabricio Valencia Gibaja en un personaje tristemente célebre.

El dato:

La empresa KAP KAE SAC, solo en estos meses del 2025, ha cobrado más de 150 mil soles del Ministerio de Cultura.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Día de miércoles. Parece que los astros se vienen alineando para que Dina Boluarte no esté más en la presidencia, lo que significaría que no pueda dar su discurso de 28 de julio. Y es que algunos ‘hilos’ se vienen rompiendo por el caso ‘Cirugías’, donde la mandataria se habría realizado una operación quirúrgica en horario laboral, abandonando sus funciones durante más de una semana.

Si ya se encuentra intranquila con el voto de confianza de su primer ministro Eduardo Arana, donde no tiene asegurado los votos para su aprobación, ahora la “mamá de todos los peruanos” está dudando en alistar nuevamente su maleta de viajes, ya que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, viene alistando una moción de vacancia en su contra.

“Voy a presentar la vacancia, voy a buscar las firmas. Lo importante es que se logren las firmas que se necesitan para poder ingresar. (…) La redacción ya la tengo preparada”, dijo Burgos tras la sesión de la Comisión de Fiscalización de hoy miércoles 11 de junio.

El parlamentario de Podemos resaltó los aparentes actos de intimidación del Gobierno contra Cabani y su empresa.

“Con este informe de intimidación que está realizando al personal médico, intimidación al cirujano que la operó y, sobre todo, valiéndose de obstrucción a la justicia y la verdad habiendo sustraído un documento como si fuera de la baja catadura moral, un robo. Están hablando de una persona que realmente con las arcas del Estado qué estará haciendo”, añadió Juan Burgos.

Una carta notarial que podría significar el punto final para Boluarte

Recientemente, el médico cirujano Mario Cabani le había enviado a Boluarte una carta notarial para que confirme que efectivamente había ingresado al quirófano para realizarse unos “retoquitos” y no solo tratarla de una simple “afección funcional” en la nariz.

Cabani indicó que de no rectificarse públicamente la mandataria tomará acciones legales en su contra por difamación agravada y calumnia, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Además, señala que Boluarte no pagó inicialmente los US$4,500 por el servicio, anulando una boleta del 15 de julio de 2023. El pago se habría efectuado recién el 3 de abril de 2025, adjuntándose como prueba la boleta correspondiente.

Asimismo, el galeno le exigió a Boluarte Zegarra cesar los actos de intimidación y difamación «directos o mediante terceros», incluyendo a su abogado Juan Carlos Portugal y al ministro de Educación, Morgan Quero.

El enfrentamiento entre la presidenta Dina Boluarte y el cirujano Mario Cabani ha tomado un giro explosivo que, más que disputa legal, revela el desmoronamiento de una alianza de conveniencia. Cabani, quien participó en una intervención quirúrgica estética a la mandataria durante una inusual y polémica licencia médica, ahora aparece como su crítico más severo. A través de una carta notarial, le exige que diga la verdad sobre la cirugía o enfrentará una demanda por difamación y calumnia.

Pero esta pelea no es nueva: es el final predecible de una complicidad política y profesional que se sostuvo mientras el manto de impunidad lo permitía. Cabani no es un denunciante externo ni un médico independiente que se ha sentido ofendido moralmente; es parte del sistema que durante semanas evitó colaborar con la justicia, rehusándose a declarar ante la Comisión de Fiscalización. Y solo cuando el cerco se cierra, aparece la indignación.

El cirujano también denuncia «acoso» del Ejecutivo por supuestamente impedir que los médicos declaren, a pesar de que el Poder Judicial ya autorizó el levantamiento del secreto médico. Esta declaración parece más una estrategia de defensa ante su inminente responsabilidad, que una legítima denuncia de persecución.

Así, lo que vemos no es una lucha por la verdad, sino una ruptura entre aliados que comparten responsabilidades en un encubrimiento. Ambos intentan reescribir la narrativa para minimizar su propio costo político y legal. El relato de “yo no fui, fue ella” se instala como un último intento desesperado de desmarcarse del escándalo.

El tiempo de impunidad se agota, y con él, las lealtades forjadas en la opacidad. El enfrentamiento Cabani–Boluarte es, en realidad, un síntoma de que cuando la verdad se aproxima, hasta los cómplices buscan salvarse solos.

‘Viernes 13’ para dos ministros del Gabinete Arana. Puede que en cuestión de horas el gobierno de Dina Boluarte se caiga como un castillo de naipes, pues mañana su primer ministro, Eduardo Arana, acudirá al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Haciendo un recuento, ya 52 parlamentarios manifestaron que votarán en contra de la confianza.

Un día después, el viernes 13 de junio, en primera hora, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero, se presentará en el Parlamento para ser interpelado. En la sesión, convocada a partir de las 9:00 horas, deberá responder un pliego conformado por 20 preguntas sobre una serie de controversias respecto al proceso de formalización minera y la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El pliego interpelatorio gira alrededor de la reglamentación de la ampliación del Reinfo, específicamente en la disposición que permitía a los herederos de concesiones mineras continuar con el proceso de formalización sin la necesidad de conformar una persona jurídica. Este mecanismo, considerado inicialmente como una vía para facilitar el proceso legal a los pequeños mineros, terminó por convertirse en el foco de fuertes críticas tanto por parte del Congreso como de organizaciones civiles.

Si bien la cartera retrocedió y derogó dicha modificación, los parlamentarios consideraron pertinente que el titular de la cartera acuda de igual forma.

Ministro de Cultura también será interpelado

Ese mismo día, a las tres de la tarde, el titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Fabricio Valencia, también deberá presentarse en el hemiciclo del Congreso para que responda un pliego de 52 preguntas acumuladas en tres mociones de interpelación.

El cuestionado titular del Mincul deberá contestar el motivo de la reducción del área que comprende las Líneas de Nasca, aunque días después tal ministerio emitió una segunda resolución que daba marcha atrás de tal recorte; sin embargo, los legisladores consideran que el retrocedo fue de manera parcial y que la reserva arqueológica se mantiene bajo amenaza de los mineros ilegales.

Además del recorte en Nasca, otros legisladores sustentaron sus mociones con denuncias sobre supuestas contrataciones irregulares y uso ineficiente de recursos públicos. Al respecto, el legislador Elvis Vergara denunció que la trabajadora Shirley Hopkins habría sido beneficiada con órdenes de servicio por más de 126 mil soles, pese a no cumplir inicialmente con los requisitos exigidos.