Respaldando al dictador. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizó una invitación formal a la agrupación política Perú Libre, liderada por el prófugo Vladimir Cerrón, con el fin de que algunos de sus representantes viajen a dicho país para participar de la toma de mando del dictador Nicolás Maduro prevista para mañana.

«El festival que combinará actividades políticas, culturales y sociales, se celebrará del 7 al 15 de enero de 2025 en Venezuela, en ocasión de celebrar el 10 de enero un momento de gran relevancia para el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana», indica la invitación.

De acuerdo a Panamericana Televisión existen por el momento dos parlamentarios que estarían viajando en las próximas horas a Venezuela: se trataría de los legisladores Flavio Cruz y María Agüero. Cabe precisar que el PSUV estaría corriendo con todos los gastos que implica el desplazamiento de los congresistas a Venezuela, significando ello que el Legislativo no aportará ni un sol para el viaje de ambos.

Los “observadores”

Como se recuerda, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro le pagó los pasajes a cuatro congresistas peruanos para que estén presentes como “observadores” de los comicios realizados el pasado 28 de julio en Venezuela.

En esa ocasión viajaron los parlamentarios Kelly Portalatino, María Agüero y Elizabeth Taipe, de Perú Libre, y el Guillermo Bermejo, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, quien este último a su retorno al Perú manifestó que el proceso electoral se realizó de manera “pacífica”.

“El consenso de los más de mil observadores que hemos venido, es que la jornada electoral en Venezuela se ha dado en absoluta tranquilidad, de manera pacífica, y con la presencia de representantes de todos los diez partidos políticos que participaron”, manifestó en esa oportunidad.

Se tuvo que regresar literalmente volando desde el otro extremo del mundo. 21 parlamentarios han presentado hoy una moción de censura contra el actual presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, quienes consideran que no se tomaron las medidas adecuadas para atender el caso sobre una presunta red de prostitución dentro del Parlamento.

Según el texto, el parlamentario habría vulnerado el Reglamento, que le otorga la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y administrar los recursos del Congreso de manera adecuada.

“El escándalo ha generado una grave afectación al prestigio, honorabilidad y respetabilidad del Congreso de la República, lesionando la confianza ciudadana en las acciones del Poder Legislativo y de los integrantes de la representación nacional”, se lee en el documento presentado ante el pleno.

A pesar de que la reputación institucional del Congreso estaba en tela de juicio, Salhuana optó por viajar a China, pese a los pedidos de algunos parlamentarios para que permanezca en Perú. Los promotores de la moción de censura argumentan que este anuncio agravó la situación.

Sin embargo, la medida será recién atendida en marzo cuando se dé inicio a la primera legislatura del año, la cual finaliza el 31 de julio. Previamente, a pocas horas de su regreso a la capital, el legislador de Alianza Para el Progreso (APP) aseguró que no renunciaría a su cargo.

“Sobre el tema de la censura, ya lo he reiterado: respeto el punto de vista de los colegas, pero objetivamente no hay fundamento ni razón para solicitarla. En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro a hacerlo”, afirmó ante los medios.

Por su parte, el líder de APP, César Acuña, solicitó que la Fiscalía priorice la investigación sobre el caso que ha salpicado a su partido. “No vamos a blindar a nadie porque el ADN de APP es la honestidad y la transparencia. Los corruptos y delincuentes a las cárceles, y a quienes malogran la imagen del Congreso, que se les investigue”, sentenció.

Aún no termina por esclarecerse por completo la muerte del empresario Nilo Burga Malca, quien era proveedor del programa social Wasi Mikuna (antes Qali Warma), y quien fuera encontrado su cuerpo dentro de una habitación de un hotel del distrito de Magdalena en extrañas circunstancias.

Previamente, informes periodísticos daban cuenta de que su empresa estaba involucrada en la entrega presuntamente de alimentos de mala calidad para Wasi Mikuna, programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Una de las fuentes para esos reportajes fue Noemí Alvarado, ex trabajadora de Frigoinca, empresa de Nilo Burga, quien salió a denunciar que entre los años 2021 y 2023 dicha empresa empezó a comercializar carne de caballo haciéndola pasar como carne de res para la entonces Qali Warma.

Esa información habría salido a la luz luego que el padre de sus hijos, Gonzalo Barreto, manifestó que había recibido un soborno de 30 mil soles para que robe el teléfono que Nilo Burga le había confiado a Noemí Alvarado.

De acuerdo al testimonio de Barreto, este entregó el celular al periodista Martín Riepl Cuperstein y a Josías Sanchez Dávila, ambos relacionados con las empresas competidoras de Frigoinca: Productos Gambrinus S.A.C., empresa fundada por el abuelo del periodista hace 60 años y que en la actualidad también provee de alimentos a Wasi Mikuna; y CAAS Alimentos, donde Sánchez Dávila es accionista.

“Sí, mi abuelo formó una fábrica conservera en 1962. Este es un sector donde hay diversas empresas competidoras”, confirmó Riepl a un medio de información.

Cuenta Barreto en su manifestación que luego que robó el teléfono que Nilo Burga le había entregado a su trabajadora Noemí Alvarado, toda la información guardada en ese dispositivo fue utilizada para la elaboración de los reportajes difundidos por Latina.

“Me ofrecieron la cantidad de 30 mil soles con la finalidad de entregar lo solicitado y amenazar de muerte a mi pareja en caso de que me denunciara. Este dinero fue entregado de la siguiente manera: dos días después de los hechos se me entregó 10 mil soles por parte de Josías (Sánchez) y siete días después Martín Riepl me entregó 20 mil soles”, indicó Barreto ante notario público el 25 de setiembre de 2024.

Participación de Cayetana Aljovín

Durante una entrevista ofrecida a RPP, César Euscástegui, representante legal de Nilo Burga, manifestó, sustentándose en la misiva dejada por su patrocinado fallecido, que Cayetana Aljovín, presidenta del Directorio de Latina y sus sobrinos poseen fábricas de enlatados, empresas que representaban una competencia directa a Nilo Burga.

Justamente los primeros reportajes periodísticos salieron desde la casa televisiva donde ella es presidenta del Directorio, teniendo en cuenta además que el caso trataba sobre una empresa que representaba una competencia directa para sus intereses comerciales.

Cabe mencionar que Cayetana Aljovín ha sido ministra de Relaciones Exteriores, Energía y Minas y Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también fue viceministra durante el segundo gobierno de Alan García Pérez. Lo más resaltante son los vínculos que tiene con la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

Los acercamientos entre Cayetana Aljovín y la presidenta Boluarte Zegarra iniciaron cuando esta lideró el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Las visitas de la entonces presidenta de la Sociedad Nacional Pesquera (SNP) podían durar hasta una hora y media, según los registros de visitas al MIDIS y era habitual verla aparecer en diversas actividades junto a la mandataria. Incluso, en algunas ocasiones se las vio juntas repartiendo pescado.

Mi relación con la señora Boluarte es la de una presidenta de gremio —en mi caso la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)— con una funcionaria del Estado de un sector que tiene temas o problemáticas en común”, dijo Aljovín a El Foco en abril del 2023.

Periodista Martín Riepl desmiente acusaciones

Por su parte, al ser consultado por la declaración de Barreto, Rielp sostuvo que la declaración de Barreto busca desviar la atención de las denuncias de corrupción en Qali Warma. “Se insiste en que nos distraigamos en otro lado y se pierda atención sobre lo verdaderamente relevante del caso y las múltiples denuncias e investigaciones periodísticas que lo sostienen”, resaltó.

Ahora se la quieren dar de cucufatos y santas palomas. Luego que se conociera la presunta existencia de una red de prostitución dentro del Congreso, donde jovencitas de agraciada figura y poca experiencia laboral se paseaban muy sonrientes y despreocupadas por las oficinas de los congresistas, ahora el Parlamento ha emitido una directiva que modifica de manera temporal el código de vestimenta de su personal con motivo de la temporada de verano 2025.

A partir de esta normativa, los empleados podrán asistir a sus labores sin la necesidad de portar saco y corbata durante los días de trabajo comunes; sin embargo, se reitera la prohibición de usar prendas consideradas inadecuadas como minifaldas, jeans, zapatillas, shorts y otras similares, tal como lo establece el Reglamento Interno de Trabajo de la sede de la Representación Nacional.

Según el comunicado, los días laborales regulares no exigirán el uso de saco y corbata, promoviendo así mayor confort para los trabajadores en las oficinas del Parlamento. Sin embargo, la Dirección General de Administración recordó que cualquier incumplimiento del código de vestimenta podría derivar en sanciones, conforme lo estipula el artículo 89, literal “W”, del Reglamento Interno de Trabajo.

La flexibilidad del código de vestimenta no aplicará en todas las circunstancias. El Congreso dejó en claro que el uso de vestimenta formal es obligatorio en eventos oficiales, como las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente y las reuniones de las comisiones. Estas restricciones buscan mantener la seriedad y el decoro necesarios en estas instancias, en línea con el Código de Conducta de los Servidores y Funcionarios del Congreso de la República.

El día de ayer la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro llevó a cabo una “diligencia de inspección técnico policial en el Congreso” como parte de la investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia. Este exjefe del área legal del Legislativo está siendo investigado por el presunto delito de explotación sexual, un caso que tomó notoriedad tras el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, quien presuntamente colaboraba con Torres Saravia en el reclutamiento de mujeres para actividades de prostitución.

Con el ritmo (y firma) del ‘Chino’. Con 17 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 9385/2024-CR, que restituye la firma del expresidente Alberto Fujimori Fujimori en la Constitución Política del Perú de 1993.

La iniciativa busca derogar la Ley 27600, Ley que suprime firma y establece proceso de reforma constitucional.

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), manifestó que la propuesta legislativa plantea restaurar el texto de la Carta Magna de 1993 a su estado original incluyendo la firma del presidente que la promulgó.

“Cabe precisar que este acto no busca reivindicar a una figura en particular, no es un ensalzamiento personalista de Alberto Fujimori, sino es muestra de nuestro un compromiso con la lealtad histórica y construir una verdadera reconciliación basada en la objetividad”, aseveró Rospigliosi Capurro.

Explicó, además, que la supresión de la firma del expresidente fue un hecho inédito en nuestra historia, ya que, en la Carta Magna, se ha identificado a los mandatarios que las promulgaron, incluso cuando podamos disentir y criticar las decisiones adoptadas por sus gobiernos.

“Dentro de nuestro ordenamiento constitucional, el acto de promulgación permite al ciudadano conocer no solo el contenido de la norma, sino también la fecha de publicación y los nombres del presidente del Congreso que firmó la autógrafa y del presidente de la república que la promulgó”, señaló el parlamentario de Fuerza Popular.

Finalmente, afirmó que, por estas consideraciones, es preciso materializar el restablecimiento de nuestra historia constitucional en un compromiso con la verdad y la integridad de su registro histórico.

La iniciativa legislativa será materia de segunda votación transcurridos siete días calendarios, según el artículo 78 del Reglamento del Congreso.

Por su parte, la congresista Isabel Cortez Aguirre (BDP) presentó una cuestión previa para que la propuesta regrese a la Comisión de Constitución y Reglamento. Sin embargo, esta fue rechazada por 16 votos en contra. Tuvo 5 a favor y 4 abstenciones.

Posteriormente, la legisladora Ruth Luque Ibarra (BDP) presentó una reconsideración a la primera votación. Fue rechazada con 16 votos en contra. Tuvo 6 a favor y 4 abstenciones.

Tras el asesinato de la extrabajadora del Congreso de la República, Andrea Vidal, se destapó la existencia de una presunta ‘red de prostitución’ al interior del Legislativo quien habría “reclutado” a señoritas a través de la Oficina Legal y Constitucional liderada por Jorge Torres Saravia, quien es investigado por trata de personas. Entre las féminas en mención, se encuentra Isabel Cajo Salvador, de 26 años, que ingresó a la Oficina Legal del Congreso; sin embargo, su perfil no obedecía precisamente a la de una asesora, porque era más conocida por vender sus fotografías y videos de entretenimiento para adultos en la página “OnlyFans” y cuyo nombre de usuario es Isatoons”.

A pesar de ello, y que no cumpliría con el perfil requerido, la joven Cajo Salvador fue contratada por el congresista no agrupado Edwin Martínez Talavera y actualmente trabaja en el despacho del legislador. No obstante, Martínez Talavera, defendió nuevamente la contratación de Isabel Cajo en su despacho y aseguró que para el cargo que ocupa la joven «no se necesita ser profesional».

En entrevista para Canal N, el parlamentario no agrupado respondió que Cajo Salvador no está impedida de contratar con el Estado.

«Primero, la señorita no está impedida de contratar con el Estado. Segundo, cumple con el requisito de tener una carrera técnica. Para el cargo que ella ocupa no se necesita ser profesional y, a pesar de ello, ella tiene ocho ciclos de derecho, por lo que cumplía con los requisitos. Tiene experiencia tanto en el sector privado como el sector público. Yo desconozco de lo demás», sostuvo y añadió que él no pone los requisitos para contratar a una trabajadora en el Parlamento y rechazó que exista una presunta ‘red de prostitución’ en el Legislativo.  

«El perfil para contratar un trabajador no lo pongo yo, está establecido dentro de las normas del Congreso de la República (…) Estoy plenamente convencido que eso es totalmente falso (sobre la presunta red de prostitución en el Congreso)», culminó.

En #CuentasClaras, el congresista Edwin Martínez defendió la contratación en su despacho de Isabel Cajo, vinculada a presunta red de prostitución en el Parlamento: "Para el cargo que ocupa no necesita ser profesional"

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— Canal N (@canalN_) January 8, 2025

La Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, junto a la Policía de Trata de Personas intervinieron la sede de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, como parte de la investigación preliminar contra el imputado Jorge Torres Saravia, quien fue denunciado por el presunto delito de explotación sexual y por haber montado una presunta ‘red de prostitución’ en las instalaciones del Parlamento.

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron a la sede congresal y llegaron hasta el piso 6 alrededor de las 11:10 de la mañana. Las diligencias pertinentes específicamente fueron realizadas por 3 agentes policiales y 1 integrante del Ministerio Público, quienes ingresaron por la puerta ubicada en la cuadra 2 de la Av. Abancay. Tras más de una hora, ellos se mantuvieron en la sede congresal para continuar con las diligencias sobre la investigación por la presunta red de proxenetismo, que operaría en el Legislativo.

En tal sentido, el Ministerio Público compartió a través de su cuenta de X algunas imágenes de las diligencias realizadas. Simultáneamente, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que se viene desarrollando en el Parlamento, la congresista Norma Yarrow advirtió que el Secretario Técnico de la Oficialía Mayor Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, habría amenazado a asesores de una comisión congresal para no continuar con la investigación sobre la presunta ‘red de prostitución’ en el Legislativo.

Como se recuerda, el pasado jueves 2 de enero, la Fiscalía ya había intervenido las oficinas del Congreso para recabar pruebas contra el investigado Jorge Torres Saravia, principal sindicado por este caso. Posteriormente, al día siguiente, el viernes 3 los integrantes del Ministerio Público volvieron a ingresar a los pasillos del Palacio Legislativo para continuar con más diligencias y recopilación de pruebas.

La congresista Norma Yarrow advirtió que Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, alto funcionario del Congreso quien actualmente desempeña el cargo de Secretario Técnico de la Oficialía Mayor, estaría amenazando a algunos asesores para no continuar con la investigación sobre la presunta ‘red de prostitución’ que operaría en el Parlamento.

Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la parlamentaria señaló que Neciosup Santa Cruz habría amenazado a dos asesoras de una Comisión compleja del Congreso y les indicó que no se les renovará sus contratos en el mes de marzo de este 2025, sí siguen colaborando en las diligencias.

«Hugo Neciosup está llamando a su despacho—y habría también que pedir las cámaras, no se van a borrar mañana—a algunos asesores para decirles que, si siguen con este tema, en marzo no se les renovaría sus contratos. Eso me lo ha dicho personalmente una asesora de una Comisión que está sumamente compleja por este tipo de llamados que hace el señor Hugo Neciosup a su despacho”, declaró Yarrow ante el grupo de trabajo parlamentario.

“El área administrativa está respondiendo lo que quiere”, añadió la parlamentaria, en respuesta a las aseveraciones de Neciosup Santa Cruz, sobre los proveídos que fueron firmados por Torres Saravia para contratar a la señorita Isabel Cajo Suarez en el área Legal y Constitucional del Congreso, y que este procedimiento era de conocimiento del entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, de APP, quien firmó el nombramiento de la trabajadora congresal.

Finalmente, hoy en ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz indicó que nunca escuchó en el Parlamento sobre la existencia de una presunta ‘red de prostitución’ del Congreso.