La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, intenta sostener un discurso optimista frente a la evidente crisis de los programas alimentarios en el país. Con un historial de recurrentes fallos en la implementación de iniciativas como ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’, hoy se presenta una nueva propuesta que, lejos de despejar dudas, las multiplica: permitir que los padres de familia administren directamente los alimentos destinados a los escolares.

La medida, presentada como una “novedad”, busca descentralizar la gestión del Programa de Alimentación Escolar. Urteaga Peña asegura que serán las propias comunidades educativas —padres, concesionarios o asociaciones— quienes asumirán la responsabilidad. Una corresponsabilidad que, en teoría, promovería el control social. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿no es esta una forma de trasladar la ineficiencia del Estado a ciudadanos sin experiencia ni recursos logísticos?

La ministra afirmó que esta vez habrá una fiscalización intersectorial y que su cartera trabajará junto a los ministerios de Desarrollo Agrario, Producción, Educación y Salud, además del Colegio de Nutricionistas, las Apafas y otros actores de la comunidad educativa. Sin embargo, después del fracaso de los programas anteriores, ¿es suficiente mencionar alianzas sin detallar mecanismos efectivos de control?

Respecto al contenido de los alimentos, se anunció que estos incluirán productos originarios de cada región, si hay disponibilidad. También se resaltó la participación de productores locales, aunque no se especificaron criterios de calidad, ni cómo se evitarán intermediaciones que inflan costos o reducen estándares nutricionales.

Leslie Urteaga indicó que el presupuesto actual supera los S/2 mil millones y que se ha planteado un aumento del 30 % para el 2026. La cifra impresiona, pero sin una rendición de cuentas clara, el dinero podría seguir evaporándose entre burocracia e irregularidades.

En paralelo, la ministra presentó el ‘Programa Nacional de Alimentación y Bienestar Comunitario’, que apunta a mejorar las condiciones de ollas comunes, comedores populares y el Programa del Vaso de Leche. En colaboración con Sedapal, se promete acceso a agua potable para zonas periféricas. Otro anuncio que suena bien, pero que choca con la escasa capacidad de ejecución mostrada en los últimos años.

Mientras tanto, aún no hay responsables sancionados por los errores del pasado y por los presuntos delitos cometidos en los anteriores y fallidos programas alimentarios, como ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. Y ahora, la apuesta es que los padres llenen ese vacío de gestión estatal. ¿Es eso realmente una solución, o apenas una forma de esquivar la rendición de cuentas?

La pugna entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, suma un nuevo capítulo. Esta vez, el burgomaestre limeño ha pedido públicamente a la presidenta Dina Boluarte la destitución del ministro, acusándolo de inacción y de haber llegado al cargo como parte de una cuota política del partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña Peralta.

Durante la presentación del primer tramo del corredor vial de la Vía Expresa Sur —una obra impulsada en Barranco, Surco y San Juan de Miraflores—, López Aliaga desvió la atención del proyecto para lanzar duras críticas contra Sandoval. No solo cuestionó su gestión en el MTC, sino que aseguró que el ministro habría solicitado cargos públicos durante una visita a su despacho, afirmación que Sandoval ha negado tajantemente. El alcalde, lejos de retractarse, reafirmó su versión con tono desafiante.

“Yo invoco a la señora presidenta que de una vez mande a su casa a este señor que funge de ministro. Este señor ha sido puesto como la cuota de poder del señor Acuña, que tampoco trabaja”, sostuvo el alcalde, sin ofrecer pruebas concretas, pero alimentando una narrativa cada vez más frecuente en su discurso: la del sabotaje institucional contra su administración.

Más allá del cruce de acusaciones, este enfrentamiento refleja una problemática más profunda: el uso del aparato estatal como campo de batalla político. Mientras la capital enfrenta retos urgentes en transporte, seguridad y planificación urbana, sus principales autoridades se enfrascan en disputas que poco contribuyen a soluciones concretas.

El alcalde López Aliaga también aprovechó para descalificar el reciente mensaje presidencial del 28 de julio, señalando que fue extenso y carente de propuestas novedosas. “Lo mismo que dijo el año pasado lo ha dicho ahora. Es la filosofía del expediente técnico”, ironizó.

Este tipo de declaraciones refuerzan un estilo político confrontacional que, aunque busca sintonizar con el hartazgo ciudadano, también corre el riesgo de agotar su impacto cuando no se traduce en resultados palpables.

En una ciudad donde los proyectos de infraestructura avanzan con lentitud y los intereses partidarios parecen anteponerse a la gestión, el enfrentamiento entre el alcalde y el ministro evidencia una vez más cómo la politiquería puede desviar el foco de los problemas reales que afectan a millones de limeños.

El mandato de Dina Boluarte Zegarra, a través del Despacho Presidencial inició un proceso público para contratar una agencia de viajes que gestione pasajes aéreos —nacionales e internacionales— por un período de 730 días, es decir, hasta mediados de 2027. La convocatoria incluye la compra de más de 2,700 boletos dentro del país y 57 hacia el extranjero, extendiéndose incluso al próximo gobierno.

Los destinos internacionales contemplan viajes a América, Europa y Asia, aunque los documentos oficiales no explican con claridad los motivos institucionales que justificarían tal volumen de desplazamientos. A esto se suma que no se ha consignado un monto estimado del contrato en la convocatoria pública, lo que alimenta las críticas sobre la falta de transparencia en la gestión presidencial.

La referencia más cercana es un contrato anterior firmado por el mismo Despacho Presidencial en junio de 2024, que superó los 1.7 millones de soles. Aunque la nueva adjudicación aún no se concreta, se estima que será resuelta a fines de agosto.

La decisión ha generado preocupación por su carácter anticipado y por la opacidad en torno a los objetivos de los viajes proyectados. En un contexto de crisis institucional, inseguridad y escasa conexión con las regiones, la planificación de desplazamientos costosos y poco justificados refuerza la percepción de un gobierno más enfocado en agendas externas que en atender las urgencias del país.

La presidenta Dina Boluarte Zegarra ha solicitado al Congreso de la República permiso para ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con el objetivo de cumplir compromisos internacionales en Japón e Indonesia. Esta nueva gira presidencial ocurre en un contexto nacional marcado por una creciente inseguridad ciudadana, conflictos sociales sin resolver y una débil gobernabilidad.

Según el documento oficial presentado al presidente del Parlamento, José Enrique Jerí Oré, la mandataria atenderá una invitación del gobierno japonés para participar en el “Día del Perú” dentro de la Expo 2025 en Osaka, además de sostener reuniones con el primer ministro Fumio Kishida y el emperador Naruhito. También se prevé su asistencia a encuentros empresariales organizados por PROMPERÚ, con la intención de atraer inversiones.

Posteriormente, Boluarte Zegarra tiene programado viajar a Yakarta, Indonesia, el 11 de agosto, como parte de la conmemoración del 50.º aniversario de relaciones diplomáticas con ese país. Esta visita responde a una invitación del presidente indonesio Prabowo Subianto.

Aunque la agenda presidencial se enmarca en actividades de promoción económica y relaciones bilaterales, resulta inevitable cuestionar la frecuencia con la que Boluarte opta por estar fuera del país. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan a diario problemas graves de criminalidad, desempleo y descontento social, sin una presencia sólida del Ejecutivo.

Estos constantes viajes contrastan con la escasa conexión de la presidenta con las regiones del Perú, donde los reclamos por atención estatal se acumulan. La solicitud de autorización ahora está en manos del Congreso que hoy dirige el cuestionado Jerí, que deberá evaluar si el país puede permitirse otra ausencia de su mandataria en medio de una crisis interna persistente.

No pudo más. Quiénes más que nuestros familiares más cercanos para hacernos recapacitar y aconsejarnos sobre lo mejor para nosotros. Tras 15 días de abstinencia alimenticia, la expremier Betssy Chávez, decidió dar por terminada su huelga de hambre luego que llegara a un acuerdo con un alto funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y tras haber escuchado los consejos de sus familiares y amigos más cercanos.

Fue su abogado, Raúl Noblecilla, quien indicara a través de un comunicado que la medida de su patrocinada se debió a una serie de conversaciones.

«Betssy Chávez levanta huelga de hambre tras 15 días, luego de llegar a un acuerdo con el Director Regional del INPE y ante la insistencia de sus familiares, compañeros y amigos. Exige cambios reales e investigar la corrupción en el Penal de Chorrillos que ha denunciado», indicó.

Betssy Chávez denunció que la acosaban sexualmente

Todo se inició cuando la expremier publicó una carta donde denunciaba que venía siendo víctima de una serie de hostigamientos por parte de funcionarios del INPE, llegando a asegurar que venía siendo chantajeada sexualmente, así como exigirle el pago de cupos en el interior del penal de mujeres de Chorrillos.

Tras varios días de iniciada su huelga de hambre, el letrado mencionó que su defendida presentaba un grave deterioro en su salud al punto de estar bajo riesgo de sufrir un paro cardiaco.

«Tengo el informe médico del día 22, lo cual da cuenta del precario y grave estado de salud de Betssy Chávez y se pueden advertir riesgos de paro cardiaco que cada día y cada hora se acrecientan. Esto implica que ella no pueda comparecer y solicitó que se suspenda esta audiencia. Betssy Chávez está yendo a la muerte, lo dice el doctor clínico», precisó aquella vez.

Aún tienen chances, pocas, pero las tienen. El Poder Judicial (PJ) ordenó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconocer la inscripción provisional del partido político Unidad Popular (UP), liderado por el expresidente del PJ, Duberlí Rodríguez.

De acuerdo a la resolución del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Cortes Superior de Justicia de Lima, se declaró fundada la demanda de amparo presentada por Rodríguez en representación de su partido.

El recurso presentado por el exjuez supremo plantea que se vulneró el derecho a la participación política de su partido, en lo referido al “derecho de constituir organizaciones políticas”.

En esa línea, el colegiado dispuso declarar nulo el Oficio N° 001059-2025-DNROP/JNE, así como la Resolución N° 160-2025-JNE, de fecha 12 de abril de 2025, mediante las cuales la autoridad electoral negó la inscripción provisional del partido político Unidad Popular, ordenándose su reposición al estado anterior de la vulneración y que la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas se reconozca la “inscripción provisional de la organización política ‘UP Unidad Popular’, a la fecha de la solicitud de la inscripción provisional, o en su defecto, la fecha de su calificación, el 7 de abril de 2025”.

Ello, en atención que al momento del pedido se encontraba vigente el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por lo que, una vez culminado favorablemente el periodo de tachas, se deberá inscribir definitivamente a dicha organización política, en el Registro de Organizaciones Políticas, considerando su inscripción en la fecha antes descrita.

“Se ha hecho justicia”

Por su parte, desde UP se emitió un comunicado señalándose que se ha hecho justicia con esta decisión de declarar fundado el amparo.

“Hoy podemos decir con orgullo que se ha hecho justicia. Recibimos esta noticia con alegría y esperanza, conscientes del enorme encargo que nos ha dado el pueblo. El tiempo apremia, los desafíos son grandes, pero es aún mayor nuestra sed de justicia y devolver al pueblo el poder que le fue arrebatado. Se avecina una lucha electoral y debemos unirnos para ganar esta batalla”, indicaron.

Mientras miles de ciudadanos siguen atrapados a diario en el caos del transporte público, la disputa entre el ministro de Transportes, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, vuelve a poner en evidencia cómo los intereses políticos terminan por obstaculizar cualquier intento de modernización real en la capital.

Pese a las declaraciones del ministro Sandoval asegurando que no se opone al proyecto del tren Lima-Chosica, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), lo cierto es que la descoordinación entre ambos niveles de gobierno refleja una gestión marcada por la desconfianza y la competencia institucional. “También sufrimos la frustración burocrática”, afirmó el titular del MTC en una entrevista, insistiendo en que hay un plan nacional ferroviario y normas que deben cumplirse. Pero esas normas parecen más una excusa para justificar la lentitud de su sector.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha cedido la operación del tren a empresas privadas, sin tener competencias reales sobre transporte urbano, según aclaró Luis Vilela, asesor de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Vilela fue enfático en señalar que la ATU y el MTC son las únicas entidades con facultades sobre transporte en Lima y Callao, no la comuna limeña.

El trasfondo de este cruce de versiones es una disputa política que parece no tener fin. Mientras el ministro y el alcalde se lanzan declaraciones cruzadas, la ciudadanía sigue esperando soluciones concretas para un sistema de transporte que, lejos de modernizarse, continúa fragmentado y al borde del colapso. En medio del enfrentamiento, los trenes no avanzan y los usuarios siguen pagando el precio de la ineficiencia.

Mientras la comunidad internacional intensifica sus denuncias por crímenes de guerra y genocidio cometidos por Israel en Gaza, el Estado peruano actualmente liderado por Dina Boluarte Zegarra ha optado por una estrategia opuesta: estrechar lazos con uno de los principales actores del complejo militar israelí. A través de la empresa estatal FAME SAC, el Perú ha firmado un contrato por 60 millones de dólares con Elbit Systems, firma que produce armamento militar y que es señalada por las Naciones Unidas por su rol en la maquinaria de ocupación y destrucción en Palestina.

El acuerdo va más allá de una simple compra. Incluye transferencia tecnológica y la fabricación en suelo peruano de sistemas de lanzacohetes múltiples (MLRS), armas desarrolladas por Elbit y utilizadas en conflictos urbanos con efectos devastadores. Con este convenio, Perú se convierte en el primer país de la región en abrir sus puertas al ensamblaje local de estos sistemas, en plena expansión internacional de la industria militar israelí.

FAME SAC y las compras sin licitación

Este contrato, firmado mediante un “concurso privado internacional” —una figura legal que elude procesos de licitación pública—, forma parte de una tendencia reciente: la normalización de acuerdos cerrados entre el Estado peruano y proveedores extranjeros de armamento, sin mayor fiscalización. En esta oportunidad, la propuesta israelí superó a las presentadas por las firmas china Norinco y turca Roketsan. Sin embargo, más que una competencia técnica, la decisión parece haber estado determinada de antemano: el Ejército ya contaba con presupuesto aprobado para la adquisición.

La modalidad de compra fue la misma usada previamente para adquirir 10.000 fusiles Arad 7 de la firma israelí IWI y 30 vehículos blindados 8×8 K808 de origen coreano. En todos los casos, FAME aplicó procedimientos amparados en la Ley N.º 31684 —conocida como la “Ley FAME”— que obliga a las fuerzas armadas a canalizar sus adquisiciones mediante esta empresa estatal, permitiéndole contratar directamente sin licitaciones abiertas.

Elbit Systems: una empresa denunciada internacionalmente

Elbit Systems no es una empresa cualquiera. Está en el centro de múltiples denuncias por su rol en el aparato de guerra israelí. El reciente informe de la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, documenta cómo esta y otras firmas han capitalizado económicamente la devastación en Gaza. La firma Elbit es mencionada específicamente por probar sus armas en territorio palestino, lo que ha llevado a calificar a Gaza como un “laboratorio de guerra”. Las armas desarrolladas en este contexto son luego comercializadas con la etiqueta “combat proven” (probadas en combate), una estrategia de marketing siniestro basada en la destrucción real de poblaciones civiles. Según Albanese, lo que sucede en Gaza no es solo una ofensiva militar, sino un modelo económico: “Este genocidio continúa porque es lucrativo para muchos”, afirma la relatora.

La firma del contrato con Elbit, en este contexto, no es una decisión técnica o comercial aislada. Tiene implicancias éticas y jurídicas. La Convención sobre el Genocidio de 1948 establece la obligación de los Estados no solo de no participar en actos genocidas, sino también de prevenirlos y de no colaborar de ninguna forma con su comisión o sostenimiento.

Firmar convenios con empresas señaladas por complicidad en crímenes de guerra puede exponer al Estado peruano a responsabilidades internacionales. Más aún cuando el informe de la ONU ha pedido expresamente a los países romper relaciones comerciales y militares con firmas como Elbit Systems, e incluso promover sanciones y acciones legales contra ellas.

Hasta ahora, el gobierno de Dina Boluarte no ha respondido públicamente al informe ni ha dado explicación alguna sobre los términos del contrato. Tampoco el Congreso ha mostrado interés en fiscalizar estos vínculos, mientras que organismos de derechos humanos locales e internacionales comienzan a manifestar su preocupación.

Fabricarán armas israelíes en Perú

El sistema MLRS que fabricará FAME en alianza con Elbit, denominado PULS, es un mecanismo de lanzamiento de cohetes de largo alcance usado en escenarios de guerra de alta intensidad. Su despliegue ha sido ampliamente documentado en operaciones militares israelíes sobre Gaza. El acuerdo con Elbit contempla la instalación de líneas de ensamblaje en Perú y el entrenamiento técnico del personal peruano, con miras a convertir al país en una plataforma de exportación regional. Elbit ha sido clara: su objetivo es posicionar a Perú como centro logístico para América Latina.

Este proyecto plantea preguntas inquietantes: ¿quién controla el destino final de estas armas? ¿Qué garantía existe de que no sean vendidas a otros gobiernos o actores involucrados en conflictos armados? ¿Es este el tipo de rol que el Perú quiere jugar en el escenario global?

¿Quién está detrás?

Poco se sabe sobre las personas o instancias concretas que impulsan estos acuerdos desde el Ejecutivo. Las decisiones se toman con secretismo, bajo el paraguas de la “seguridad nacional”. Sin embargo, está claro que existe un núcleo de poder dentro del Ministerio de Defensa y del propio gobierno que promueve la consolidación de FAME como brazo ejecutor de la industria militar sionista en el país.

Más grave aún, la falta de transparencia permite que estos convenios se firmen sin debate público, sin supervisión parlamentaria y sin evaluar su impacto ético y geopolítico.

¿Un negocio militarizado?

FAME SAC, con este tipo de convenios, se aleja de una lógica de desarrollo tecnológico autónomo o de fortalecimiento de capacidades nacionales. En cambio, se convierte en una extensión de industrias extranjeras cuyos intereses no son los del Perú. A esto se suma el carácter servil con que se ha presentado el acuerdo: lejos de una postura soberana, el Perú parece ofrecer su territorio como campo de operaciones para una empresa involucrada en uno de los conflictos más brutales del siglo XXI.

En suma, Perú ha decidido ubicarse del lado de una empresa israelí que, según el derecho internacional, es parte activa de un sistema genocida.