Política
Congresista Guido Bellido «Es una necesidad el retiro del 50% de la ONP, además será una gran inyección a la economía local»
En esta entrevista el congresista de la República Guido Bellido Ugarte, brinda detalles de su propuesta de retirar el 50% de la ONP para beneficiar a más de 13 millones de afiliados. Además, nos habla de la inscripción de su partido político «Pueblo Consciente», con el cual piensa participar en las próximas elecciones presidenciales del 2026.

La propuesta para el retiro del 50% de la ONP se encuentra en la Comisión de Constitución desde el año 2021, curiosamente esta comisión desde esa fecha viene siendo presidida por Fuerza Popular, para el congresista Guido Bellido la demora de su propuesta se debió a que la bancada de Fuerza Popular no suelta la presidencia de la Comisión de Constitución en estos tres años. «Si en este período la actual presidenta no lo agiliza, esperamos que el próximo presidente de la Comisión de Constitución lo pueda acelerar en la brevedad posible», señala Bellido.
Aquí la entrevista.
Usted está promoviendo la liberación del 50% de la ONP ¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos?
Hay más de 13 millones de aportantes a la ONP que no han sido beneficiados con ningún retiro al igual que los aportantes a la AFP. Se ha hecho ya más de 4 retiros a los aportantes a la AFP, sin embargo, a la ONP se le ha negado esa posibilidad, pese que tanto a los aportantes de la ONP y la AFP hemos estado en la misma situación de crisis económica post pandemia, en la propia pandemia y demás. Entonces, yo creo que lo justo en este caso es atender esta demanda que esta pendiente y por eso nosotros hemos presentado un proyecto de ley que es la 1975 – 2021 que aparte de buscar el retiro de la ONP también hace una modificación a la Constitución, ya que el artículo 12 de la Constitución protege como intangible, entonces, hay que romper esa intangibilidad, darle una excepcionalidad. Tomando esa excepcionalidad entonces es posible el retiro.
Usted plantea el retiro del 50% de la ONP…
Así es… y dictaminado por la Comisión de Constitución. En este momento nuestro proyecto de ley ya lo hemos expuesto, ya hemos sustentado en la Comisión de Constitución y esta a la espera que esa comisión pueda sacar el predictamen. Si en este período la actual presidenta no lo agiliza esperamos que el próximo presidente de la Comisión de Constitución lo pueda acelerar en la brevedad posible. Y nosotros vamos a estar muy pendientes ya que en anteriores ocasiones hemos estado impulsando el tema de la AFP, ahora que la AFP ya se pudo autorizar y nuestros hermanos ya están prácticamente utilizando la posibilidad de poder retirar, ahora nos estamos dedicando íntegramente al tema de la ONP.

¿Su propuesta del retiro del 50% tiene apoyo de otras bancadas en el Congreso?
En realidad, hay bastante apoyo y hay bastantes hermanos que en todas las redes sociales y a nivel nacional vienen exigiendo. Mira, al 2021, en realidad el número de afiliados supera los 13 millones, esa es a la ONP, y en realidad esa fue una cobertura del 71.5%, o sea, es altísimo. En todo caso, con este retiro nuestros hermanos podrían aliviar la situación económica, y sobre todo hay muchas personas que han aportado pues un año o dos años, y sus posibilidades de poder recibir pensión son mínimas, prácticamente no alcanza en el cómputo, pero sin embargo, con este retiro podrían recuperar todos los fondos que tienen. Esa es la idea.
¿Por qué se demoró tanto en pronunciarse la Comisión de Constitución?
Esto es desde el 2021. Lamentablemente nunca lo han querido tocar porque Fuerza Popular es la que viene presidiendo hasta el día de hoy; no suelta la Comisión de Constitución en estos tres años y ellos han mantenido la presidencia. Esperamos, pues, que en el próximo año permitan que se toque, así como de la AFP que casi nos ha demorado dos años exigir su retiro.

Congresista Martha Moyano, presidente de la Comisión de Constitución.
¿Cree que la propuesta y el proyecto de ley van a generar una inyección positiva a la economía?
Va a ser una inyección a la economía local y eso dinamiza prácticamente la economía interna del país. Porque estos fondos no salen del país, o sea, no salen fuera del sistema que tenemos sino más bien dinamiza; qué quiere decir, si una persona al momento de recibir sus fondos de la ONP lo que va a ir es a pagar las deudas, atenciones de salud, cumplimiento de deudas tributarias, deudas de diferentes tipo, mantenimiento de las casa que tienen, o sea, son operaciones diarias que se dan, y eso genera el ciclo virtuoso de la economía local, o sea, eso protege. En realidad, entre beneficiarios directos e indirectos es inmensamente grande en el país.
Congresista, ya se conoce que usted viene pretendiendo postular a la presidencia de la República y para eso hay un partido que usted ha fundado. En ese sentido, ¿Cuáles serían las principales propuestas de su partido?
Muchos hermanos nuestros nos han solicitado que podamos dar soporte. Nosotros hemos decidido, públicamente, de apoyar a un partido político que se llama Pueblo Consciente que está impulsado por los compañeros de la región Puno y la región del sur del país, y, por cierto, ya tenemos fecha y hora de presentación para su inscripción que va a ser el 10 de julio a las 8 y 30 de la mañana, ese día se estará presentando todos los requisitos que solicita el Jurado Nacional de Elecciones para continuar con su proceso.
Entonces, es una buena noticia y por nuestra parte creo que hay elementos realmente importantes para poder inculcar en el país y eso tiene que estar vinculado en el tema de la producción. Si nosotros, al desarrollo de la economía, al de la producción, damos soporte todo el brazo de la producción se puede construir educación, Derecho, filosofía, cultura, absolutamente todo se puede hacer, pero si en el tema de la producción nosotros tenemos deficiencias con barriga vacía no se va a poder hacer nada en el país. O sea, primero la clave aquí es llenar la barriga de la gente, garantizar la alimentación, y garantizando eso podemos garantizar salud, educación, cultura, podemos garantizar todas las actividades sociales y políticas de las personas sobre la base de la economía.

Curiosamente desde el Congreso se ha pretendido petardear la creación de partidos políticos regionales. ¿Cuál es su opinión respecto a eso?
En realidad, en ese tema existe una contradicción porque si existe un sistema de movimientos regionales ya no existirían los partidos políticos, y si existen los partidos políticos ya no existirían los partidos regionales, o sea, hay una contradicción. Entonces, cuál fortaleces ¿los partidos políticos o los movimientos regionales? Entre esos dos se tiene que decidir, y en ese caso por mayoría el Congreso ha decidido fortalecer los partidos políticos; se está en eso y falta una segunda votación.
“Pueblo Consciente” ya tiene fecha de inscripción y con esto va a poder participar en las próximas elecciones presidenciales del 2026.
Hay una gran posibilidad de que se pueda participar, pero, sobre todo, de inscribirse el partido, va a hacer de que participen personas que no tendrían posibilidad de participar en ningún partido, porque el partido no va a exigir que alguien tenga dinero para poder participar, sino que sea representativo, que tenga la confianza de la población. Entonces, hay mucha gente que tiene confianza de la población, gente transparente, representativa, pero no tienen dinero, por eso no participan; entonces, en este caso, el partido, su diferencia con los demás es que no va a cobrar cupos, nada por el estilo, sino lo único que va a exigir es que esa persona sea reconocida para participar en el partido, para postular por el partido y que tenga las cualidades morales y éticas reconocidas por la población.

En ese sentido, ¿el partido “Pueblo Consciente” es de izquierda, derecha o centro?
En realidad, es un partido de izquierda humanista.
Dentro de esa política de izquierda humanista ¿Qué resalta?
Resalta que aquí necesitamos fortalecer las capacidades del ser humano, de poner en el centro al ser humano, como parte de la naturaleza, y a una ciudadanía articulada intensamente al tema laboral, creo que una de las prioridades es satisfacer y dar oportunidades de trabajo a las personas. Lo único que quiere el peruano es trabajar. Si trabaja tiene la economía, tiene salud, tiene educación.
¿Pueblo Consciente cómo evitará a los personajes corruptos? ¿Cuáles serán los filtros?
El filtro es simple. Si a cualquier ciudadano de a pie, honesto o con buenos criterios le pides dinero para que sea candidato obviamente va a tener que adquirir compromisos, y esos compromisos van malogrando prácticamente el sistema político, pero si no le exiges eso y que pueda desarrollarse como una persona correcta y transparente, yo creo que podrían cumplir sin ninguna presión de ninguna parte; entonces, hay que darle libertades, pero también hay que darle la posibilidad de que puedan actuar con autonomía las personas, y nosotros eso es lo que vamos a dar. Queremos que los dirigentes tengan respaldo popular, porque cualquiera no tiene respaldo popular. Para que uno tenga respaldo popular tiene que tener nombre, trayectoria, debe haber actuado correctamente, eso es nuestro criterio.
¿Usted encabezará la lista del partido Pueblo Consciente?
Esas posibilidades yo creo que en su momento se va a ver. Yo creo que en este momento estamos preocupados para que se cumplan todos los requisitos y requerimientos para que se pueda inscribir.

Se cuestionan los gastos que está haciendo el Congreso de la República, ¿usted de repente se ha comunicado con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para cuestionar cómo se está gastando el dinero?
A mí me parece absurdo de que las licitaciones públicas deben ser con dos objetivos. Primero, que no existan hechos de corrupción, y segundo puedan tenerse los costos más bajos; pero contradictoriamente en las licitaciones lo que encuentras son dos cosas distintas. Primero, altos costos inflados que no tienen sentido, y lo otro son procesos dirigidos a otras empresas que ya linda con temas de corrupción. Entonces, creo que esos dos elementos jamás se deben presentar en los procesos, ya sea en el Congreso o en cualquier otro lugar, yo creo que pasa por transparentar el tema de gestión pública. Si la gestión pública encuentra el rumbo que debe tener que es encontrar el costo más accesible, más competitivo, y de la manera más transparente, creo que con eso resolvemos la corrupción, pero cuando el propósito es oscuro se usa al revés, o sea, para direccionar la licitación, para inflar costos y eso está mal.
Hablando de corrupción, usted ha tenido un papel importante en la fiscalización de EsSalud. Gracias a su despacho se ha podido suspender a gente involucrada en presunta corrupción.
Nosotros frente a cualquier pedido, cualquier alerta de irregularidades nuestro despacho actúa con una celeridad y también con acciones muy contundentes, y siempre lo vamos a seguir haciendo en esa línea.
Para finalizar ¿Cuál es su opinión sobre la presidenta Dina Boluarte al no querer conversar con la prensa?
Yo he estado en la Presidencia del Consejo de Ministros y siempre he atendido a la prensa muy amablemente, y por más dura que pueda ser la prensa hay que atender. Porque la prensa es eso, tiene que ser cuestionadora, tiene que ser incisiva, tiene que tener mil y una preguntas. Mi punto de vista, es que un gobernante no debe escaparse a la prensa, sino dar la cara y expresar, a través de los medios de comunicación, debe de informar. Para mí es una decisión incorrecta de cerrar las puertas a los medios de comunicación.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
Política
Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso
Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.
Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.
La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.
La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.
Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.
El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.
La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Política
REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?
La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.
El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.
Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.
Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.
Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.
Política
Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca
La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.
Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.
Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.
Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.
El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.
Política
PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.
PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.
La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.
La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.
“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.
Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.
Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.
Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.
Política
Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros
Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).
Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.
Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.
El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:
- Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
- Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
- Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
- Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.
Política
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias

Mientras el país atraviesa una crisis de legitimidad, pobreza creciente y una gestión estancada, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido priorizar su propio bolsillo. El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, con el cual oficializa un escandaloso aumento del sueldo presidencial: de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. La norma fue firmada por la propia Boluarte y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF que aprueba aumento de sueldo presidencial.
A pesar de tener apenas un 3 % de aprobación —la más baja para un mandatario peruano en las últimas décadas— y sin logros de gestión visibles, Boluarte ha decidido duplicarse el salario. En lugar de responder al clamor ciudadano por mejoras en salud, educación o seguridad, la presidenta opta por asegurarse un sueldo mensual superior a los S/ 35 mil, en un país donde la mayoría sobrevive con el salario mínimo o menos.
El decreto, según el Ejecutivo, se sustenta en la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057), que establece un nuevo régimen de compensaciones para altos funcionarios. También se argumenta que el aumento no demandará recursos adicionales del Tesoro Público, ya que será financiado con el presupuesto del Despacho Presidencial. Sin embargo, el gesto ha sido duramente cuestionado por la ciudadanía y diversos sectores políticos.

Boluarte no solo firmó su propio aumento de sueldo, sino que ahora se ubica entre las funcionarias mejor pagadas del país, a pesar de no tener resultados concretos que justifiquen semejante privilegio. La decisión se hizo oficial tras la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) por parte de Servir, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos por la Ley de Presupuesto 2025. Pero lo legal no siempre es lo legítimo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por el legislador Juan Burgos ya ha citado de urgencia a los titulares de la PCM, Eduardo Arana, el MEF, Raúl Pérez-Reyes y Servir para que este viernes 4 de julio expliquen el sustento real de este incremento. Porque más allá del tecnicismo, lo cierto es que el país no ve reflejado en la gestión de Boluarte Zegarra una razón válida para premiarla con más dinero.
El contraste es evidente. Hace no mucho, la presidenta declaró públicamente que con 10 soles se podía comer en el Perú. Hoy, con un ingreso mensual que supera los S/ 35 mil —sin contar gratificaciones—, la brecha entre su discurso y sus actos se vuelve insostenible. En julio, por ejemplo, recibirá una gratificación adicional por Fiestas Patrias del mismo monto, es decir, S/ 71,136 en un solo mes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF.
Pero más allá del descontento social, el aumento podría tener implicancias legales. La Ley 28212, que regula las remuneraciones de altos funcionarios del Estado, establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, y fija como tope máximo diez Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP). Cada UISP equivale a S/ 2,600, por lo que el salario presidencial no debería superar los S/ 26,000.
Con el nuevo decreto, Boluarte sobrepasa ampliamente ese límite, lo cual podría configurar una infracción a dicha ley. Además, la misma norma indica que cualquier pago que exceda este tope es nulo de pleno derecho y genera responsabilidad administrativa para quienes lo autoricen.
De acuerdo con la Ley 28212, toda modificación en la escala salarial debe responder a principios de racionalidad y equidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, el aumento aprobado por el Consejo de Ministros va en contra de esta lógica, y evidencia una desconexión preocupante entre el gobierno y las necesidades reales del país.
Mientras millones de peruanos enfrentan precariedad económica, la presidenta ha decidido recompensarse a sí misma, como si estuviera liderando un país exitoso y en bonanza. La medida, aunque revestida de legalidad, refleja una ambición personal incompatible con el momento crítico que vive el Perú.
Dina Boluarte no solo es la presidenta más impopular en la historia reciente, sino que ahora también será una de las mejor pagadas. Una contradicción que retrata con claridad sus prioridades: primero su sueldo, después —muy después— el país.
Política
Premier Arana: “Un juez supremo gana mucho más que la presidenta”
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana sobre el aumento de sueldo presidencial brindó un absurdo y polémico argumento, minimizando el contexto social y priorizando comparaciones que poco justifican el privilegio.

Tras la aprobación formal del controvertido aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, en el Consejo de Ministros, duplicando su remuneración mensual. Según explicó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, la medida responde a una supuesta “homologación” con los salarios de otros jefes de Estado en América Latina.
Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la defensa incondicional del premier Eduardo Arana ha despertado cuestionamientos. En lugar de mostrar sensibilidad ante el contexto de crisis económica y el rechazo ciudadano, Arana optó por justificar el incremento apelando al rango constitucional del cargo presidencial. Afirmó que la presidencia es la más alta función del Estado y, por ende, debería ser la mejor remunerada.
“Con relación a la institución presidencial, no se debe hacer ni demagogia ni escarnio (…) tenemos funcionarios que están incluso por encima de S/ 60 mil soles, solo un juez supremo gana más que el sueldo aprobado”, señaló, en una inusual comparación que parece más una defensa personal que un análisis técnico.

El premier intentó deslindar el beneficio directo a Boluarte, señalando que no se trata de una persona, sino de un cargo. Según él, la iniciativa busca “darle el lugar que merece” la figura presidencial, completando así la reforma pendiente de Servir, que ya había ajustado los salarios ministeriales.
No obstante, su insistencia en justificar lo injustificable parece más alineada con una estrategia de blindaje político que con un criterio de equidad o eficiencia del gasto público. La decisión de aumentar el salario presidencial en medio de recortes sociales, crisis de legitimidad y baja aprobación ciudadana, refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la realidad del país.
Boluarte, cuya remuneración era una de las más bajas de Sudamérica, ahora se ubica entre las presidentas mejor pagadas del continente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿merece el país este tipo de prioridades mientras millones enfrentan precariedad y abandono estatal?
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