Política
Congresista Franco Salinas sobre Vacunagate “Lamento que el presidente Sagasti y su premier nos sigan mintiendo”
El congresista Franco Salinas López es vocero de la bancada de Acción Popular y miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Él como parlamentario le cree a la excanciller Elizabeth Astete cuando asevera que el presidente Francisco Sagasti le autorizó a inmunizarse en el mes de enero, con la vacuna Sinopharm.
Conversamos con el parlamentario y estas fueron sus fuertes declaraciones:
¿Qué opina de las últimas revelaciones de la excanciller Elizabeth Astete que confirma una vez más que el presidente Sagasti aprobó su vacunación irregular?
Es un escándalo. Yo realmente lamento que el presidente y su premier nos sigan mintiendo; porque, por último, ¿por qué mentiría la señora Astete? ¿Cuál sería su finalidad? Aquí el tema es que ellos tienen que descartar. Porque aquí hay un escándalo grande que es el Vacunagate, en los que están inmersos exministros, expresidentes y exfuncionarios. Incluso, dicen que hay una segunda lista que está fondeada, y que nadie sabe dónde está.
¿Lo que afirma la señora Elizabeth Astete es verdadero o falso?
La exministra Astete es una diplomática con 40 años de carrera y efectivamente, cometió un error. Ella obtuvo la primera dosis, y la segunda ya no se la puso. Pero, lo que hay que ver acá es ¿por qué una diplomática de carrera que es canciller inventaría algo así? ¿Con qué finalidad? Si todo hace parecer que, lo que ella dice es verdad. Yo personalmente creo en lo que dice la excanciller Astete.
Mientras, la exministra de Salud Mazzetti lo niega. ¿Le cree usted a Pilar Mazzetti??
A la ministra Mazzetti no le creo, porque ha dicho que no participó, y que no sabía. Entonces, ya no se le puede creer a ella. La exministra Astete ya no tiene nada qué perder, pero el gobierno sí tiene bastante qué perder. Por eso creo que ellos podrían estar mintiendo.
El presidente Sagasti no asistió hoy a la audiencia virtual de la Subcomisión y solo envió sus descargos por escrito.
Yo creo que ha cometido un error, porque de una u otra manera, él es congresista encargado de la presidencia de la República. Él debería respetar el fuero parlamentario y asistir, si no tiene nada qué ocultar; pero como tiene algo que ocultar, presuntamente, porque lo van a desenmascarar porque seguramente sabia y sabe otras cosas, no se ha expuesto. Lo que iba a pasar en la sesión, es un careo, pero ni siquiera ha presentado su descargo. Lo que él ha dicho, es que no iba a asistir porque no tiene nada más que decir; sin embargo, sí tiene cosas qué decir. Tiene que contarle la verdad al país, porque sigue gobernando sobre la base de la mentira, porque parece que es una extensión del gobierno del señor Vizcarra. Y así como el señor Vizcarra no va a la Subcomisión, el señor Sagasti tampoco va; así como el señor Vizcarra mintió con el tema de las vacunas, el señor Sagasti también nos sigue mintiendo con el tema de las vacunas y así como el presidente Vizcarra se corre de la verdad, parece que este gobierno también se corre de la verdad.
Si en las próximas horas se corrobora que lo dicho por la excanciller Astete es cierto, y que el presidente Sagasti le ha mentido al país ¿Qué acciones va a tomar su bancada en el Congreso?
Yo le voy a ser sincero. Hay mucho temor; así como hubo un cargamontón por el tema de la vacancia; hay mucha sensibilidad. Y también hay otro tema, mucha gente tiene miedo por la situación electoral y no quieren que se malinterprete como una estrategia política. Los mismos candidatos probablemente tienen que estar a la expectativa y quieren ver qué cosa decide el Congreso y no quieren que se mueva mucho el panorama; pero creo que debería esclarecerse la verdad. El Congreso debe seguir investigando y conocer la verdad; ver qué es lo que pasó y probar si esto es verdad. Lo mínimo que merecería el gabinete Bermúdez es interpelarlo. Lo mejor que le puede pasar al Perú es que el gobierno del señor Sagasti se vaya.
¿No cree que más allá del cálculo político, el Perú no se merece un presidente embustero?
Mire, yo creo que, sin entrar a calificarlo, hay una ideología comunista. En todo caso, hay un sesgo político, incluso en el tema del manejo de las vacunas, porque no querían que los privados intervengan y ahora están pidiendo ayuda. Entonces, sí hay un cálculo político, pero el Congreso tiene que ejercer su control fiscalizador y no creo que le alcance al presidente Sagasti, salvo que haya una ostensible comisión del delito; pero sí a la premier y a los ministros que eventualmente podrían estar mintiéndole al país, solamente para cuidar su “pellejo” y lo que están haciendo en el gobierno.
Hay muchos temas que han quedado en la nebulosa, como el informe Carbone, que señala que no existe una segunda lista de vacunados. Ellos la han negado ¿Qué va a pasar?
Yo creo que la lista la han fondeado. Creo, que al verse inmiscuidos ellos mismos, dentro de estos grupos de ensayos clínicos: hay una lista de vacunados VIP, y hay una lista de vacunados de Palacio de este gobierno, de la embajada china, del sector privado, y de medios de comunicación. Creo que nos están mintiendo a todos los millones de peruanos; nos están ocultando cuál es la verdad. Lamento que estemos nuevamente en un gobierno de la mentira, pero hago un llamado a los patriotas, a los demócratas y a los que sepan la verdad, y a los que saben que han jugado con la vida de miles de peruanos en la primera línea y que siguen muriendo. Yo personalmente, le pregunté al presidente Sagasti cuando nos invitó a Palacio, si sabía de la segunda lista y me dijo que no había tal lista y que, en todo caso, la segunda lista a la que se refería Carbone, era pues, la primera lista, pero corregida. Esas fueron sus palabras, pero yo no le creo.
Para terminar, ¿Qué opina de los periodistas que se han reunido en secreto con el expresidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno?
Bueno, eso es vergonzoso, porque se muestra que efectivamente, ha habido un sesgo en la información. Ha habido un sometimiento de los medios de comunicación y de algunos periodistas muy conocidos a la ideología vizcarrista. Ellos lo han defendido, lo han blindado, lo han endiosado, pero hoy se sabe la verdad, así, como ya se sabe que hay una periodista que entraba a escondidas a Palacio de Gobierno y que le preparaba las entrevistas. Yo lamento, por ejemplo, que el Consejo de la Prensa Peruana no se pronuncie. Pero qué se va a pronunciar, si el 80% de los medios de comunicación están concentrados en los grupos de poder, y ellos son los que manejan todo. Entonces, de qué estamos hablando. En el Perú lamentablemente nos dejamos llevar; no nos gusta saber la verdad; queremos seguir siendo gobernados por la mentira, por la corrupción y cuando uno pelea, cuando interpela, cuando uno fiscaliza, nos dicen obstruccionistas, golpistas; nos dicen de todo. Pero bueno, ya vieron que más temprano que tarde, la verdad nos reivindica.
Política
La oscuras movidas de Luz y Fuerza en el Congreso
Continúan los intentos por beneficiar a un grupo de sindicalistas de empresas eléctricas estatales. Especialistas cuestionan campaña en busca del aprovechamiento del dinero público con el apoyo del Congreso.
En el Perú, los sindicatos surgieron como legítimos defensores de los derechos laborales. Pero el tiempo y los intereses torcieron el rumbo de algunos. Hoy, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú no lucha contra la explotación: sino que estaría tras un lobby en el Congreso para capturar un botín disfrazado de «derechos laborales».
El nuevo golpe que planean es simple pero letal: duplicar del 5% al 10% el porcentaje de utilidades que reciben los trabajadores de las empresas eléctricas. El pretexto: equipararse a otros sectores como la pesca o las telecomunicaciones. La realidad: blindar beneficios millonarios para un pequeño grupo de sindicalistas ya privilegiados, a costa del bolsillo de 33 millones de peruanos.
Los aliados políticos: Acción Popular y Renovación Popular
Detrás de este lobby sindical se mueven piezas políticas. Congresistas como Ilich López (Acción Popular), Elvis Vergara (Acción Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular) han puesto sus firmas y votos al servicio de este proyecto, revelando la trama oculta, que tendría como fin el control de cuotas de poder en empresas estatales del sector eléctrico. No se trata solo de dinero, se trata de manejar contrataciones, obras, concesiones y puestos claves.
El 21 de abril de 2025, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que modifica el Decreto Legislativo 892. Así, un negocio sindical disfrazado de «justicia social» dio un paso más hacia su legalización.
¿Quién paga esta fiesta sindical?
Las empresas eléctricas estatales no son clubes privados de sindicalistas. Sus utilidades deberían destinarse a modernizar redes, ampliar cobertura en zonas pobres, subsidiar tarifas a poblaciones vulnerables y financiar la transición hacia energías limpias. Pero con la nueva repartija, esos fondos se reducirán.
Diversos gremios empresariales (CONFIEP, SNI, SNMPE, AMCHAM) y técnicos del propio Estado han advertido los riesgos. Entre los más graves están el alza de tarifas eléctricas de hasta 4% para hogares, pequeñas empresas, agricultores y comercios. Disminución de inversiones en nuevas plantas y energías renovables. Deterioro de la competitividad de sectores productivos que dependen de una energía asequible. Privilegios desproporcionados para 7,000 trabajadores que ya reciben hasta 18 sueldos anuales.
El Ministerio de Trabajo, en informes oficiales, ha señalado que el proyecto carece de sustento técnico, económico y jurídico. No existe evaluación de impacto. No hay estudios de sostenibilidad. Solo hay presión sindical y cálculo político.
Han pasado casi tres años y el MEF no responde hasta la fecha.
SPR cuestiona pretensión de sindicato Luz y Fuerza
La Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) mediante una carta enviado al presidente del Congreso Eduardo Salhuana, manifestó su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 01644/2021-CR, que propone aumentar del 5% al 10% la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas eléctricas, cambiar el criterio de reparto entre trabajadores, y destinar los excedentes al FONCOMUN en lugar del Tesoro Público.
Según la SPR esto Impactaría negativamente en las tarifas eléctricas, generando mayores costos que terminarían afectando a usuarios finales (hogares, comercios y pequeñas industrias). Esto tambiénpondría en riesgo la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas, sobre todo de las más pequeñas. Lo que buscan los sindicalistascarece de justificación técnica y económica, afectando la confianza y predictibilidad del marco regulatorio del sector. Además, señalan que el cambio en el reparto (75% días laborados, 25% remuneración) distorsiona el reconocimiento del nivel de responsabilidad y especialización de los trabajadores. Finalmente, señalan que desviar los excedentes al FONCOMUN podría conducir a una ineficiente asignación de recursos debido a la limitada capacidad de gestión de los gobiernos locales.
Mediante la misiva enviada a Salhuana han solicitado una revisión más rigurosa del proyecto para buscar una solución equilibrada, técnica y coherente con las necesidades del sector eléctrico, considerando que el servicio eléctrico es esencial para los ciudadanos.
Misiva de la SPR dirigida al presidente del Congreso.
El verdadero rostro del proyecto
Este no es un proyecto laboral. Es un mecanismo de captura del Estado. Si prospera, no solo subirá el precio de la electricidad: se consolidará un modelo de prebendas y corrupción donde sindicatos y congresistas se reparten utilidades, puestos y contratos, mientras millones de peruanos pagan la cuenta.
La historia del Perú está llena de sindicatos que olvidaron a los trabajadores para convertirse en reinados enquistados en el poder. Luz y Fuerza parece decidido a seguir ese manual. Y en el Congreso, como siempre, no faltan los que venden su voto al mejor postor. La campaña electoral se acerca, y parece que algunos congresistas buscan tener como caballito a batalla a oscuros sindicatos.
Política
Ministro de Educación Morgan Quero, investigado por discriminación, es defendido con fondos del Minedu
¿Uso legítimo o abuso de recursos públicos? ¿Por qué se normalizó el despilfarro de dinero?
El Ministerio de Educación aprobó —mediante resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU — otorgar defensa legal al ministro de Educación Morgan Quero Gaime con fondos públicos, pese a estar denunciado por presunta discriminación contra el pueblo Awajún.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE— el Ministerio de Educación a venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Con la Resolución de Secretaría General N.º 111-2024-MINEDU de fecha 2 de julio de 2024, el Ministerio de educación aprobó la defensa legal de Ana del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, por presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación. Acusación que comparte junto al actual ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime.
En efecto, mediante la Resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU, publicada el 31 de octubre de 2024, se declara procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del actual titular del sector.
Cabe señalar que, el actual representante del MINEDU, es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, en el marco de una investigación preparatoria, a raíz de sus declaraciones del 10 de junio de 2024, en las que afirmó:
“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan […]”.
Estas declaraciones se emitieron en relación con los casos de violencia sexual contra menores de edad ocurridos en la UGEL Condorcanqui, vinculados a poblaciones nativas Awajún y Wampis.
La norma Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 185-2016-SERVIR-PE, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”. – Anexo 2, toda vez que en su numeral 6.2 de la establece cuándo NO procede otorgar defensa legal. Entre los supuestos menciona:
Literal b) Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable de ser el caso haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Directiva, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas del ejercicio de la función pública.(el subrayado es nuestro)
¿Se justifica el uso de recursos del Estado para defender declaraciones que podrían constituir actos discriminatorios? ¿Acaso las presuntas declaraciones discriminatorias forman parte del «ejercicio regular» de funciones del ministro Morgan Quero? ¿Es un «criterio de gestión» insultar a un pueblo originario como el Awajún?
Si bien es cierto que el ministro actuaba en calidad de funcionario público al momento de las declaraciones, ello no implica per se que sus expresiones estén cubiertas por el marco funcional de su cargo. En este caso, las expresiones atribuidas al ministro —según la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra — no solo carecen de justificación funcional, sino que colisionan especialmente si éstas contravienen principios constitucionales como el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección de los pueblos indígenas (artículos 1, 2 y 89 de la Constitución Política del Perú).
El caso del ministro Morgan Quero es particularmente indignante. Un alto funcionario acusado de emitir declaraciones discriminatorias contra el pueblo originario Awajún, y el Estado —nuestro dinero— pagando por su defensa. Como si las palabras que hieren a nuestras etnias fueran parte del deber ministerial. Como si ofender fuera una prerrogativa del cargo.
Resulta profundamente preocupante que, ante esta denuncia, algunos actores políticos y gremiales hayan salido a respaldar al ministro sin siquiera considerar la realidad estructural de exclusión que enfrentan las comunidades Awajún y Wampis no solo en el departamento de Amazonas.
Este caso amerita una revisión urgente por parte de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. La defensa legal con fondos públicos debe proteger el cumplimiento del deber, no blindar actos reprochables.
El artículo 77 de la Constitución establece que el uso de los recursos públicos debe estar orientado a fines de interés general. En consecuencia, el financiamiento de la defensa legal de un ministro acusado de realizar expresiones discriminatorias genera un conflicto ético-administrativo, pues se estaría utilizando dinero de todos los peruanos para proteger actos que podrían constituir una afectación directa a un sector históricamente vulnerado como el pueblo Awajún.
En términos de control de legalidad, corresponde evaluar si este acto administrativo —aunque aparentemente válido en su forma— resulta ilegítimo por su contenido y por la finalidad que persigue.
¿Es este el Perú que queremos? ¿Uno donde la discriminación se protege con fondos públicos mientras las comunidades indígenas luchan por ser escuchadas?
Según la Resolución de Secretaría General N.º 087-2025-MINEDU, se formalizó una modificación presupuestaria por 970,950 soles al rubro Defensa Judicial del Estado. Si bien este fondo está legalmente destinado a la defensa jurídica del Estado como institución, existe el riesgo de que parte de estos recursos termine beneficiando a funcionarios de alto nivel involucrados en procesos legales por actos realizados durante su gestión. Esto abre una legítima preocupación ciudadana: ¿estamos financiando con recursos públicos una defensa que debería ser personal?
Política
Minedu cubre defensa del exministro Daniel Alfaro y el actual ministro Morgan Quero y otros 17 funcionarios
Con dinero de todos los peruanos se paga a abogados que defienden a exfuncionarios y funcionarios con problemas legales en el Ministerio de Educación.
Durante la gestión del ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, entre abril de 2024 y abril de 2025, la Secretaría General del Ministerio de Educación emitió 21 resoluciones mediante las cuales se concedió defensa legal a 19 personas —entre funcionarios y exfuncionarios— involucrados en procesos judiciales, investigaciones fiscales y administrativas, en el marco de presuntas responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.
En el ajedrez político del Perú, hay piezas que se mueven solas. No importa si están en jaque, si cometieron errores, o si su jugada fue torpe: el tablero se inclina siempre a su favor. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido que ciertos jugadores merecen protección. No importa el color de su ficha ni las reglas del juego.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE—, ha venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Bajo este marco, se han aprobado 19 defensas legales a favor de funcionarios y exfuncionarios del sector. Aunque se argumenta que el procedimiento se ajusta a la norma, en la práctica se configura un sistema desigual donde los beneficios se otorgan de manera selectiva. Mientras a algunos se les rechaza la solicitud sin mayor explicación, otros —incluido el exministro Daniel Alfaro, el ministro Morgan Quero Nicollo y exfuncionarios— reciben el respaldo del Estado como si se tratara de un privilegio garantizado.
Daniel Alfaro fue ministro de Educación del investigado expresidente Martín Vizcarra.
Entre los beneficiados destacan:
- Ruth Marina Vilca Tasayco, exjefa encargada de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 063-2024-MINEDU, Expediente N° 12819-2023, 04/04/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al MINEDU).
- Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación (Resolución N° 077-2024-MINEDU, Expediente N° 04529-2021, 18/04/2024, presunta comisión del delito de exhibiciones obscena en material educativo).
- Leoncio Delgado Uribe, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 080-2024-MINEDU, Expediente N° 01938-2023 y Expediente N° 17692-2021-0-1801-JR-LA-84, 25/04/2024 y 03/03/2025, ambos por presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
- Willy Arturo Olivera Absi, exjefe de la Oficina De Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 082-2024-MINEDU y N° 120-2024-MINEDU, Expedientes distintos, 25/04/2024 y 2/07/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
- Raúl Antonio Moral Guillén, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 083-2024-MINEDU, PAD, 26/04/2024, presunto incumplimiento de funciones).
- Víctor Enmanuel Luján Ccorahua, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 101-2024-MINEDU, PAD, 22/05/2024, presuntamente, incumplimiento de funciones).
- Ana Del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Resolución N° 111-2024-MINEDU, investigación fiscal, 2/07/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
- Catalina Julietta Horna Melo, , excoordinadora del Área de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 126-2024-MINEDU, Expediente judicial, 11/07/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Hernán Jesús Navarro Franco, exencargado de la Unidad de Planeamiento y Normatividad de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación(Resolución N° 160-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 181-2024-MINEDU y N° 238-2024-MINEDU, expedientes distintos, 27/09/2024 y 13/12/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Ruth Angélica Ho González, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 183-2024-MINEDU y N° 184-2024-MINEDU, casos fiscales, 1/10/2024, presunta negociación incompatible).
- Daniel Alfaro Paredes, exministro de Educación, (Resolución N° 193-2024-MINEDU, juicio oral, 16/10/2024, presunta omisión funcional),
- Morgan Niccolo Quero Gaime, actual ministro de Educación (Resolución N° 208-2024-MINEDU, denuncia fiscal, 31/10/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
- Eric Franklin Paz Meléndez, exjefe de la Oficina de asesoría Jurídica del Ministerio de Educación(Resolución N° 215-2024-MINEDU, Expediente N° 05605-2024, 13/11/2024, presunta, indemnización por daños y perjuicios en perjuicio de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación).
- Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 238-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Ministerio de Educación.
- Fiorella Angélica Noguera Mendieta (Resolución N° 018-2025-MINEDU, caso fiscal, 22/01/2025, presunta negociación incompatible).
- Yovana Alfaro Ramos, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 026-2025-MINEDU, caso fiscal, 30/01/2025, presunta negociación incompatible).
- María Julia Martínez Reyes, excoordinadora macrorregional de la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura Educativa (Resolución N° 037-2025-MINEDU, Expediente N° 04492-2024, 14/02/2025, presunta indemnización de daños y perjuicios al Ministerio de educación).
- Nataly Luza Chacón, Especialista Senior en Remuneraciones de la Oficina de Gestión de Personal de la Oficina General de Recursos Humanos (Resolución N° 085-2025-MINEDU, PAD, 9/04/2025, presunta falta disciplinaria).
Casos improcedentes, no recibieron el beneficio de defensa legal de parte del Ministerio de Educación: Roberto Carlos Arrieta Casas – R.M. N.º 140-2024-MINEDU – 05/08/2024 y Rubén Jaramillo Zavala – R.M. N.º 141-2024-MINEDU – 05/08/2024.
Entre los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación involucrados en procedimientos judiciales y administrativos durante el 2024 y 2025, destacan; Ruth Marina Vilca Tasayco, exresponsable del Programa de Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, como se recuerda habría estado involucrada en la compra de computadoras por 146 millones de soles, en la gestión del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lo que provocó su interpelación y censura.
En el caso de Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, estaría implicada en la investigación por ser coautora del texto escolar en el que se incluía un enlace con contenido sexual inapropiado para los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria, situación que ocasionó la interpelación de la exministra de Educación Flor Pablo Medina en el gobierno de Martín Vizcarra.
Política
La buena fortuna de Vladimir Cerrón: en cuestión de meses anulan dos sentencias en su contra y ahora el Gobierno ya no ofrece recompensa por su captura
Cabe recordar que sobre el fundador de Perú Libre aún recae una orden de 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.
Dos de tres. “Abran campo para la reaparición de Vladimir Cerrón”, pareciera decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya viene contando los días para su salida de Palacio de Gobierno, no sin antes retirar del camino las piedras y obstáculos del escurridizo líder de Perú Libre, quien en los últimos meses la buena fortuna, y ciertos fallos legales, le vienen sonriendo de par en par.
Y es que hasta hace unos días se ofrecía por el ideólogo del partido del lápiz hasta 500 mil soles por su captura, pero al realizarse una consulta rápida al portal de recompensas del Estado su nombre ya no figura en la lista de los más buscados.
Como se recuerda, a finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’. En esa ocasión la Corte había concluido que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional de Junín y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado.
Meses después, en marzo del año en curso, el mismo alto tribunal también le anuló la condena impuesta por negociación incompatible en el caso ‘La Oroya’. De acuerdo al TC, tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón Rojas en los supuestos delitos.
En ambas ocasiones el ex gobernador de Junín denunció ser un “perseguido político”.
Sin embargo, aún queda en pie una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los presuntos aportes ilegales de su partido que habrían favorecido las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Resulta relevante recalcar que en la actualidad el líder de Perú Libre no cuenta con condena alguna en su contra, así como de no tener inhabilitación alguna para ejercer cualquier cargo de elección popular, pudiendo postularse como alcalde, diputado o senador.
El dato:
No solo Vladimir Cerrón ha sido borrado del mapa del Programa de Recompensas del Mininter. El ex ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, también abandonó la lista de los más buscados. Él se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.
Política
Detectan que partido de Martín Vizcarra falsificó 5 mil firmas para su inscripción [VIDEO]
Reniec indicó que durante proceso de inscripción de partido Perú Primero del ex presidente se encontró la firma de afiliados sin haber dado su consentimiento.
Política
Alcaldes del Cusco denuncian maltrato durante ceremonia del Premio Nacional Sello Municipal [VIDEO]
Burgomaestres viajaron a la capital para recibir una placa de reconocimiento, pero esta nunca llegó. Alcaldes denuncian improvisación y maltrato por parte de la presidenta Dina Boluarte y ministra Leslie Urteaga.
Política
IRTP es copado por Fuerza Popular, Ninoska Chandía prepararía terreno para campaña electoral
La presidenta del IRTP ratificó a exjefe de prensa de Fuerza Popular, Christian Peralta Navarrete. Primero aceptó su renuncia y al día siguiente lo designó como su asesor II. Anteriormente él trabajó en el Parlamento gracias a los fujimoristas y habría formado un grupo de ‘cuentas falsas’ contra opositores. Con el nuevo ROF ratificaron a más ‘allegados’ en sus cargos de confianza.
Las movidas y reacomodos dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP,) continúan bajo la jefatura de su presidenta ejecutiva Ninoska Chandía Roque. Como se recuerda, el mes pasado, exactamente el 10 de marzo, mediante Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE designó bajo el régimen CAS como hombre de su confianza a Christian Clemente Peralta Navarrete en el cargo de Asesor de la Jefatura Institucional de la entidad estatal.
Han transcurrido apenas 42 días desde su designación, y mediante Resolución de Jefatura n.° 000022-2025-IRTP-JE, del martes 22 de abril, la señora Chandía Roque resuelve aceptar la renuncia de Peralta Navarrete; y al día siguiente, mediante la Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril, decide contratar nuevamente a Peralta Navarrete como servidor de confianza, esta vez como Asesor II (bajo el régimen laboral D.L 1057).
Con nuevo ROF en IRTP hay todo un ‘mejunje’ interno
Resulta que desde la jefatura del IRTP liderada por Ninoska Chandía y desde la Oficina de Gerencia General comandada por José Ernesto Vidal Fernández, dieron el visto bueno a un ramillete de personajes que ya pertenecían a la casa televisora y radial, tras haber elaborado informes y memorandos dirigidos a la Oficina de Gestión de Talento Humano “confirmando” que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), “los elegidos” cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para los cargos asignados.
Es decir, las “ratificaciones” se basaron en el nuevo Reglamento de Organización Y Funciones del IRTP (ROF), que la señora Ninoska aprobó el 06 de febrero del 2025, el cual consta de 02 títulos y 81 artículos, dizque porque era necesario, en honor a la “modernización de la gestión del Estado”.
Servidores fueron ‘ratificados’ en sus cargos de confianza
Pero no solo el extrabajador de la bancada de Fuerza Popular y del exministro Demartini, Christian Clemente Peralta Navarrete, acaba de ser ratificado y/o reasignado en el IRTP, como asesor II de la Jefatura de la entidad.
La señora Ninoska Chandía también designó a Graciela Elizabeth Ramírez Alberca, en el cargo de Asesora II, quien apenas hace 4 meses Julio Demartini la designó como asesora en el Midis; a Víctor Raúl Ahumada Bastidas, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General; a Nelly Flor Ramos García, también como Asesora I de la Gerencia General; a Rogger Mauro Gallardo Kruger, como Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; a Carlos Alfredo Castro Gao, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a Jorge Ricardo Tisnado Ipanaque, como Jefe de la Unidad de Logística; y a Jean Carlos Chávez García, como Jefe de la Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Ex jefe de prensa de Fuerza Popular continúa como asesor de IRTP
El Asesor II de la jefatura del IRTP, Christian Clemente Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73 curules) en 2016, sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.
Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del Parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.
En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta Navarrete negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.
“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.
Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del cuestionado exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la Oficina de Comunicación e Imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año. Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud; y actualmente, continúa formando parte del circulo de confianza de la allegada a Nicanor Boluarte, la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninoska Chandía Roque.
Política
Renuncia Javier Llaque a la jefatura del INPE tras bochornosa fuga de un reo en el penal de Lurigancho
Medida fue oficializada en la Resolución Suprema n.° 077 -2025 –JUS, publicada esta mañana en el diario El Peruano.
Sepultura para Guillermo Gutiérrez
UNSAAC: rector Eleazar Crucinta Ugarte es denunciado por discriminación
La oscuras movidas de Luz y Fuerza en el Congreso
Crisis en la educación rural 2024: Zonas amazónicas en desventaja y estrategias de docentes asháninkas
Álvaro Vargas Llosa: su pareja lo deja, la ex contraataca y Bayly opina
Ollantaytambo: atentado al Patrimonio Arqueológico revela presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de Autoridad
La soberbia mata señores de Poderosa: tres asesinatos más en Pataz
Susel Paredes: «El Perú no merece una gobernante de esa calaña, Dina Boluarte tiene que ser vacada» [VIDEO]
Piura, laudato sí
Los satélites de Keiko Fujimori: Cansada de que hasta “un panetón” le gane en las encuestas, la hija del dictador prepara una estrategia para el 2026
Gobierno Regional de Loreto capacitó a más de 200 conductores
Detectan que partido de Martín Vizcarra falsificó 5 mil firmas para su inscripción [VIDEO]
La hija pródiga, de Mabel Valdiviezo (2024)
General Víctor Zanabria se fue de viaje a Colombia junto con su pareja, una suboficial de segunda [VIDEO]
Motociclistas podrían ser multados hasta con S/ 428 si no usan chalecos con la placa del vehículo o visores transparentes [VIDEO]
-
Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General4 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo