El cuestionado rector renunciante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y precandidato presidencial por el partido ‘Ahora Nación’ Alfonso López Chau, se encuentra inmerso en un claro conflicto de intereses, tras haber consumado su plan, de elegir en una Asamblea Universitaria a su amigo y hombre de confianza, el vicerrector Arturo Talledo Coronado, como el nuevo rector que lo reemplazará. Mientras tanto, la vicerrectora Shirley Chilet Cama y un numeroso grupo de colegas docentes acudirán a Sunedu para denunciar las acciones del ingeniero López Chau.

Vicerrectora se levantó de la mesa y abandonó la Asamblea Universitaria

“No estoy dispuesta a usurpar funciones que no me han sido conferidas como vicerrectora académica y como miembro de la Asamblea Universitaria, dado que solo el hecho de debatir estos puntos me convertiría en cómplice. Muchas gracias a todos y procederé a retirarme”, exclamó la vicerrectora Shirley Chilet Cama, tras reclamarle en su propia cara al rector de la UNI Alfonso López Chau quien es acusado de abuso de autoridad, aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible.

En tal sentido, el rector y su grupo cercano de docentes buscaría apoderarse de la UNI con el objeto de asegurar en el poder a personajes de su partido ‘Ahora Nación’.

La arquitecta y vicerrectora Chilet Cama advirtió que el objetivo de la Asamblea Universitaria convocada fue ilegal, ya que la misma, no estaba facultada de acuerdo a ley para designar o elegir a rectores o vicerrectores.  

De acuerdo a un informe periodístico, López Chau habría realizado una oscura maniobra y cambió la normativa de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con el objetivo de que su amigo el vicerrector Arturo Talledo Coronado asumiera el mando de la casa de estudios. Anteriormente, de acuerdo a la Ley Universitaria, la UNI habitualmente elegía a un nuevo rector con elecciones generales y/o universales, pero en marzo de este año, el entonces rector y precandidato presidencial logró diseñar un nuevo artículo para el estatuto, y mediante dicha resolución, en adelante, es la Asamblea Universitaria la que ahora podría elegir a un nuevo rector. Lo que configura un evidente conflicto de intereses. De esa manera López Chau consumó su plan, debido a que su amigo y hombre de confianza, el vicerrector Talledo Coronado fue elegido como nuevo rector en dicha asamblea.

La Asamblea Universitaria de la UNI, finalmente dio por electo a Arturo Talledo Coronado, trasgrediendo así toda jurisprudencia universitaria y habría logrado que todo su grupo controle la universidad de ingenieros, poniendo en juego un presupuesto de 200 millones de soles anuales. Prácticamente, la UNI pasaría a ser gobernada por el partido político ‘Ahora Nación’ quien desde el 8 próximo de mayo pondrá como rector a Talledo Coronado.

Cabe recordar, que la Contraloría General de la República, también identificó pagos irregulares por más de S/ 900,000 autorizados por el rector López Chau para funcionarios administrativos en régimen CAS, sin sustento presupuestario, ni cumplimiento de normas legales. Los pagos se realizaron entre 2021 y 2022, y fueron considerados un perjuicio económico para la universidad. Sin embargo, la Asamblea Universitaria no aplicó sanciones, ni destituyó de la UNI a López Chau.

Finalmente, tras la grave acusación de la vicerrectora Chilet Cama, contra López Chau, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible ¿Qué hará al respecto el jefe de Sunedu Manuel Castillo Venegas? Asimismo, ¿qué acciones tomará el procurador público? ¿Y la Fiscalía, qué espera que no abre una investigación preliminar de oficio?

Cuando tu padre es el actual alcalde de Chaclacayo y amigo cercano del alcalde de Lima, perteneciente además al partido Renovación Popular, las llaves de la ciudad (y también las plazas) están prácticamente aseguradas.

La figura televisiva y empresaria Alejandra Baigorria se casó este último sábado 26 de abril con el exfutbolista Said Palao, eligiendo como lugar para realizar su boda religiosa la Iglesia San Pedro, en el Centro de Lima. Posterior a ello, se dirigieron a la Plaza Mayor de Lima, la cual lucía oportunamente cerrada para los flamantes esposos. Sin embargo, ha llamado mucho la atención de propios y extraños que la plaza más importante de la capital luzca completamente vacía, sin que exista una fuerte razón social que amerite obstaculizar el libre tránsito peatonal.

Todo se trataría de una suerte de ‘compadrazgo’ entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, ambos pertenecientes a la agrupación política Renovación Popular, para favorecer indebidamente a la hija de este último, permitiéndole poder desplazarse libremente, evitando que los ciudadanos de a pie malogren su sesión fotográfica.

Previamente, el popular ‘Porky’ había prometido casar por civil a los novios y efectivamente el último sábado ofició la boda. Cabe recordar que los alcaldes distritales o provinciales pueden celebrar un matrimonio por la vía civil, de igual manera lo puede hacer un notario público o un juez encargado del Registro Civil.

Sin embargo, no se encuentra dentro de sus potestades del burgomaestre limeño el cierre intempestivo de espacios públicos como la Plaza Mayor, sin que haya de por medio la alteración de la seguridad pública. En el caso particular, ‘Porky’ cerró toda la plaza para que la hija de su amigo se pasee tranquilamente para su sesión fotográfica.

Rafael Lopez Aliaga mandó a cerrar la Plaza Armas para Said Palao y Alejandra Baigorria. Un lugar publico, solo para la hija del Alcalde de Chaclacayo de Renovación Popular ¡Indignante! pic.twitter.com/IuWIezqnae

— Chacotero (@ChacoteroPeru) April 26, 2025

Al respecto, la congresista Susel Paredes fue una de las primeras en criticar dicha disposición, haciendo énfasis en la relación amical entre el alcalde de Lima con el Chaclacayo.

“Cerrar un espacio público central como la Plaza Mayor por un familiar de tu compañero de partido es la peor forma de hacer política y de gobernar nuestra ciudad. Prebendas y amiguismo. Lima no merece esto”, escribió la parlamentaria en su cuenta de X.

Se junta con youtubers, pero no acude a un incendio

Cabe recordar que López Aliaga fue duramente criticado por no asistir al incendio ocurrido en un almacén clandestino en Barrios Altos, alegando que es una “alcalde gerente”, añadiendo que no es un “alcalde figuretti”.

Sin embargo, sí se le vio muy distendido y sonriente cuando recibió al youtube Speed, tanto así que lo nombró simbólicamente alcalde de Lima por un día, se paseó junto a él dentro del Palacio Municipal, y hasta le entregó un ramo de flores y un diploma.

Ahora, nuevamente ‘Porky’ posa ante las cámaras para decir que fue él quien casó a la hija de su amigo, olvidándose todos los problemas de la ciudad, cosas que sin lugar a dudas son más importantes.

Algo que resulta sorprendente es el influyente poder que tiene César Acuña Peralta a través de su partido Alianza para el Progreso (APP) que ha logrado posicionar a varios afiliados en los puestos claves y estratégicos dentro del Congreso de la República. lo cuales incluyen direcciones generales y jefaturas en áreas como Administración, Recursos Humanos, Presupuesto y Servicios Generales. El ‘común denominador’ de estos recomendados tienen estrechos vínculos con la Universidad César Vallejo, institución educativa de propiedad de Acuña Peralta. ​

Acuña prácticamente maneja el Congreso y desde la gestión de la Mesa Directiva para el periodo 2022-2023, con la elección de su subordinado Alejandro Soto, el popular “plata como cancha” exigió a los congresistas de la bancada de APP que mostraran sus votos, con el fin de garantizar la lealtad interna. De la misma, con la actual gestión del apepista Eduardo Salhuana.

Pero los pecados de César Acuña no solo obedecen a sus despropósitos como gobernador regional quien se pasó más de 100 días ausente, dejando al abandono la región de La Libertad. El principal aliado de Dina Boluarte y líder de APP se la pasó viajando, olvidándose que era gobernador de La Libertad; eso sin mencionar que decidió destinar un presupuesto de aproximadamente S/160 millones de soles para la construcción de una nueva sede de la institución que él actualmente dirige.

Gracias a ese control adquirido sobre las jefaturas del Congreso, Acuña Peralta ostenta la capacidad de influir en las decisiones administrativas y legislativas que el país necesita.​ Prácticamente utiliza su partido y a otros aliados, como las bancadas de derecha para consolidar su poder absoluto; y a pesar que reiteradamente lo ha negado, su importante cuota de poder en el gobierno de Dina Boluarte, a través de su partido, APP, se ha mostrado con tanta evidencia, que durante incontables votos, siempre se encargaron de blindar y proteger, no solo a la mandataria, sino, a sus cuestionados ministros.

APP en medio de una red de prostitución y un asesinato

Cómo olvidar al exjefe de la Oficina Legal del Congreso Jorge Torres Saravia, quien fuera ‘mano derecha’ de César Acuña y Luis Valdez en APP, y que aún se encuentra investigado, porque habría colocado mujeres para que se prostituyan dentro del Parlamento. eso sin contar que, él está denunciado por violación y tras haber discutido con su exasesora Andrea Vidal, ella fue acribillada a balazos, sin que hasta aún no se dé con sus responsables materiales.

Obstetra de confianza de César Acuña fue designada como directiva en Sunedu

Hace más de dos meses, la obstetra Susana Edita Paredes Diaz, a través de la Resolución de Presidencia N° 017-2025-CONCYTEC-P, fue designada como representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) ante el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

Paredes Diaz es militante del partido Alianza para el Progreso (APP) y lleva años enseñando en la Universidad César Vallejo, institución que recurrentemente ha sido sancionada por la Superintendencia. Sin embargo, con ella como representante ante el Consejo Directivo, ¿la Sunedu continuará fiscalizando a la universidad de ‘plata como cancha’?

Como se sabe, la Sunedu fiscaliza a las universidades como la César Vallejo (UCV), donde Paredes Diaz se desenvuelve como docente de investigación de las carreras profesionales de Obstetricia, Nutrición y Medicina en pregrado y postgrado, desde hace aproximadamente 12 años. Y ¿de quién es esa universidad? Nada menos que de César Acuña Peralta, quien también es propietario del Partido Alianza para el Progreso, (APP).

Tentáculos de APP de César Acuña controlaría a EsSalud

‘Alianza para el Progreso’ de César Acuña Peralta, además de controlar el Ministerio de Salud a través de su ministro correligionario César Vásquez, también puso la mira en el Seguro Social de Salud, y vino presionando al MTPE para que inmediatamente designen al nuevo presidente ejecutivo de EsSalud.

Como se sabe, en EsSalud apareció un vendaval de sorpresivas movidas y cambios. Primero destituyeron a su presidenta ejecutiva, María Aguilar del Águila. Luego como para “cubrir el puesto” pusieron a un requisitoriado muy afín a Alianza para el Progreso (APP), se trataba de Constantino Vila Córdova. Y tras percatarse de la gran “patinada”, también lo sacaron de la Presidencia Ejecutiva y pusieron a una “encargada” que ignora el campo de la salud. Se trata de Lelia Lourdes Lazo Cornejo, una abogada experta en derecho municipal y registral (ex militante de Fuerza Popular) y que aún “reposa” como presidenta interina en el Seguro Social, hasta que se designe al nuevo titular.

Sonia Delgado Céspedes, ex militante de APP, es designada como directora de Digemid

A fines del mes de marzo, la señora Delgado Céspedes quien pertenece a las filas de Alianza para el Progreso (APP) reemplazó a Moisés Mendocilla, en medio del escándalo por los sueros fisiológicos mortales que causaron la muerte de cuatro personas.

Crean oficina para acuñista en el Congreso

Una militante de APP, sin licenciatura ni maestría, gana más de s/19 mil como jefa de una oficina creada recientemente por la Mesa Directiva del Congreso. Se trata de Yessenia Lozano Millones (36 años), la autodenominada hija política de César Acuña Peralta.

Dicha oficina se halla en el tercer piso del Congreso de la República y su existencia casi nadie la conoce. Hace siete meses, esta oficina no existía; y se denomina Centro de Modalidades Formativas del Poder Legislativo, creada -recientemente- por la Mesa Directiva del Congreso; incluso se modificó, el reglamento interno del Congreso en octubre del 2024. Apenas inaugurada, se colocó al frente de esta nueva oficina a la militante y ferviente admiradora de César Acuña Peralta; según difundió hace unas horas el dominical Cuarto Poder.

Así las cosas, el poder político que ejerce César Acuña Peralta en el gobierno de Dina Boluarte, marca un nefasto precedente en el Perú, porque en lugar de discutir una agenda país para solucionar los problemas tangenciales que sufren todos los peruanos; básicamente están enfrascados en las cuotas de poder y las influencias políticas en beneficio de sus allegados más cercanos.

De vuelta a los más buscados. Tras unos cuantos días ausente en el Programa de Recompensas, el líder e ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, ha vuelto nuevamente a ser incluido en la lista elaborada por el Ministerio del Interior (Mininter) para que cualquier ciudadano pueda proporcionar información o indicar el lugar para su captura, y para ello ha fijado una recompensa de 500 mil soles.

Desde la cartera del interior se ha indicado que la decisión de incluirlo nuevamente se debió a que tenían que completar unas diligencias legales luego que el Tribunal Constitucional (TC) anulara don sentencias en su contra, estas relacionadas a los casos ‘Aeródromo Wanka’ y ‘La Oroya’. Sin embargo, aún recae sobre él una orden de prisión preventiva de 24 meses por el presunto financiamiento ilegal de su partido y su vinculación con la organización criminal ‘Los Dinámicos el Centro’.

Es por eso que ahora figura en la página oficial del Programa de Recompensas denunciado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho pasivo propio y negociación incompatible.

En tanto, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, también ha vuelto a ser incorporado en el programa de recompensas. La recompensa para quien lo reporte al Mininter será de S/ 50.000.

El exministro prófugo de la justicia viene enfrentando acusaciones de corrupción relacionadas al caso ‘Puente Tarata’.

En un país donde la presidente Dina Boluarte juega al escondite con los miembros de la prensa y se esconde tras los micrófonos oficiales, o utiliza de voceros a los ministros que la escudan sin el menor remordimiento, la transparencia ha dejado de ser un derecho para convertirse en un lujo. Al parecer, la presidente del Perú se olvidó que responder preguntas a la prensa es parte fundamental de las obligaciones de un gobierno que se debe a sus ciudadanos. ¿Acaso no sería mejor transparentar su gestión? ¿O es que teme mostrar aún más sus limitaciones ante preguntas incómodas o voces que puedan increparle verdades demasiado dolorosas de asumir?

Penosa papel del canciller Schialer en entrevista con Exitosa.@CancilleriaPeru@presidenciaperu@pcmperu pic.twitter.com/wPZYHqQ1QN

— Revista Lima Gris (@Limagris) April 28, 2025

La reciente evasiva del Canciller peruano Elmer Schialer Salcedo ante una simple pregunta periodística no es solo una anécdota; es el síntoma de un sistema podrido hasta la médula.

Frente al cuestionamiento de por qué la presidenta Dina Boluarte no responde preguntas a la prensa, durante una entrevista con Jesús Verde, para radio Exitosa, el Canciller Elmer Schialer respondió: «Los tiempos del señor son los tiempos del señor, tengamos fe». ¿Fe en qué exactamente, Canciller? ¿En que algún día la presidente Dina Boluarte tendrá la dignidad de responder por sus actos?

Esta patética escena refleja una enfermedad política que ha infectado nuestras instituciones. Los funcionarios públicos, quienes deberían ser servidores del pueblo, se comportan como dioses inaccesibles que conceden audiencias solo cuando les conviene.

«Los tiempos de Dios», dice el Canciller, como si la rendición de cuentas fuera un acto divino y no una obligación constitucional. La metáfora del silencio es poderosa. Y no se trata solo del Canciller.

Ministro Morgan Quero en su papel de escudero de la presidenta Dina Boluarte. @presidenciaperu @pcmperu @MineduPeru pic.twitter.com/UR55XBTQu8

— Revista Lima Gris (@Limagris) April 28, 2025

El ministro de Educación, Morgan Quero, juega el mismo juego de sombras cuando se le pregunta por qué la presidente no da entrevistas: «Yo creo que estamos recibiendo los mensajes de la presidenta a través de sus discursos, de sus inauguraciones». ¿En serio, ministro? ¿Es esa su definición de transparencia y diálogo democrático?

¿Hasta cuándo permitiremos este circo? ¿Hasta cuándo normalizaremos que quienes deberían informarnos nos traten como intrusos en nuestra propia casa? La comunicación no es un favor que nos hacen; es una obligación inherente al cargo que ocupan. El poder emanado del pueblo les exige hablar cuando se les requiere, no cuando les plazca o cuando «los tiempos del señor» lo determinen.

La metáfora religiosa utilizada por el Canciller Elmer Schialer es particularmente ofensiva en un Estado que supone democrático. Escudarse en «los tiempos del señor» no solo es una evasiva cobarde, sino una profanación de la fe de muchos peruanos que entienden que la religión no debería ser un escudo para la incompetencia política.

Y mientras se esconden tras discursos y ceremonias protocolares, figuras como Hinojosa mantienen su posición como «jefe de gabinete técnico del despacho presidencial», según confirma el propio ministro Morgan Quero. El ministro asegura que este funcionario «sigue cumpliendo con sus funciones», aunque el vocero constitucional debería ser el Premier Gustavo Adrián. Este teatro de sombras donde nadie sabe quién habla por quién no solo profundiza la crisis de comunicación gubernamental, sino que agrava la situación de un gobierno cuya aprobación está por debajo del margen de error estadístico del 5%.

Mientras tanto, los problemas reales del país siguen acumulándose como basura que nadie quiere recoger. La inseguridad ciudadana, la corrupción institucionalizada, la pobreza creciente… todos estos asuntos urgentes pasan a segundo plano mientras jugamos al gato y al ratón con funcionarios que se creen por encima de dar explicaciones.

¡Qué ingenuidad! No hay conversación cuando una de las partes se niega sistemáticamente a participar en ella. No hay diálogo posible con quien considera que responder es opcional. El reloj de la paciencia ciudadana está a punto de agotar su cuerda. Y cuando eso suceda, quizás los ministros y funcionarios entiendan que el verdadero tiempo de Dios es el tiempo del pueblo peruano, que tarde o temprano, pasa factura a quienes confundieron el servicio público con un trono privado.

La próxima vez que un el Canciller «devuelva la pelota», recordémosle que no estamos jugando un partido. Estamos construyendo un país. Y en esa construcción, el silencio de la de presidente Dina Boluarte no es una opción. Es una traición a los valores democráticos.

Mientras el Congreso de la República debate la segunda votación del proyecto de ley que incrementa la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) del sector eléctrico del 5% al 10%, la Central de Trabajadores defiende la propuesta con un informe de Osinergmin solicitado en 2022, cuyo enfoque limitado y sesgado pretende asegurar que este aumento no afecta las tarifas eléctricas. Sin embargo, un análisis detallado revela que, aunque la PTU no forme parte directa de la fórmula tarifaria, sí incide indirectamente en variables clave que podrían encarecer la electricidad, afectar a millones de peruanos y comprometer la estabilidad del sector. Por ello, es imperativo contar con una evaluación técnica completa y el pronunciamiento de sectores clave como FONAFE y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Central de Trabajadores sostiene, basándose en el informe de Osinergmin, que, según la Constitución, la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) y su reglamento, la PTU no es un costo operativo incluido en el Valor Agregado de Distribución (VAD) ni en otras tarifas, ya que se deriva del resultado económico de las empresas y no de los costos necesarios para prestar el servicio. Este razonamiento, aunque válido en un sentido estrictamente regulatorio, es incompleto y sesgado. Al destinar un 10% de las utilidades a la PTU, se reduce significativamente el capital disponible para rubros críticos como inversión en infraestructura, mantenimiento de redes y desarrollo de energías renovables. Estos rubros, a diferencia de la PTU, sí forman parte de la estructura de costos que determina las tarifas eléctricas.

Por ejemplo, una menor inversión en modernización de redes aumenta los costos operativos a largo plazo, ya que sistemas obsoletos son más caros de mantener y menos eficientes. Asimismo, retrasar proyectos de energías renovables, que requieren un capital inicial elevado y a menudo subsidios estatales, pero reducen costos con el tiempo, podría mantener al país dependiente de fuentes más costosas y volátiles, como los combustibles fósiles. Estos factores, que sí entran en la fórmula tarifaria, podrían traducirse en alzas de hasta un 5% en las tarifas para usuarios regulados, afectando a unos 30 millones de peruanos. Esta preocupación ha sido advertida por la totalidad de gremios empresariales consumidores de electricidad, quienes temen que un incremento en las tarifas eleve sus costos de producción y se traslade a los usuarios finales, encareciendo bienes y servicios.

El informe de Osinergmin, solicitado en 2022 y no elaborado específicamente para el Congreso de la República, admite que el impacto económico del aumento de la PTU no ha sido plenamente evaluado y sugiere que FONAFE y el MEF realicen un análisis adicional. Esta omisión evidencia la necesidad de un estudio más amplio antes de avanzar con la norma. El sector eléctrico es único: su estructura financiera depende de ingresos garantizados y, en muchos casos, subsidios estatales, lo que lo hace altamente sensible a cambios como este. Compararlo con sectores como la minería o la pesca es un error, ya que la electricidad es un servicio esencial cuya estabilidad afecta directamente a los hogares, las industrias y la competitividad del país.

Por ello, el Congreso tiene la responsabilidad de exigir un análisis técnico que contemple:

• Impactos financieros: Cómo la reducción de utilidades afecta la capacidad de las empresas para invertir sin trasladar costos a las tarifas.
• Efectos en los consumidores: Proyecciones claras sobre posibles alzas tarifarias y su impacto en el costo de vida.
• Consulta multisectorial: Involucrar al MEF, FONAFE, el Ministerio de Energía y Minas, gremios empresariales, consumidores y expertos para garantizar una decisión informada.

Aprobar esta norma sin estas respuestas sería un paso en falso. No se trata de negar derechos laborales, sino de garantizar que las decisiones en un sector tan crítico como el eléctrico sean responsables y sostenibles. Instamos a los congresistas a actuar con responsabilidad, protegiendo a los consumidores y al futuro energético del Perú.

En el Perú, los sindicatos surgieron como legítimos defensores de los derechos laborales. Pero el tiempo y los intereses torcieron el rumbo de algunos. Hoy, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú no lucha contra la explotación: sino que estaría tras un lobby en el Congreso para capturar un botín disfrazado de «derechos laborales».

El nuevo golpe que planean es simple pero letal: duplicar del 5% al 10% el porcentaje de utilidades que reciben los trabajadores de las empresas eléctricas. El pretexto: equipararse a otros sectores como la pesca o las telecomunicaciones. La realidad: blindar beneficios millonarios para un pequeño grupo de sindicalistas ya privilegiados, a costa del bolsillo de 33 millones de peruanos.

Los aliados políticos: Acción Popular y Renovación Popular

Detrás de este lobby sindical se mueven piezas políticas. Congresistas como Ilich López (Acción Popular), Elvis Vergara (Acción Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular) han puesto sus firmas y votos al servicio de este proyecto, revelando la trama oculta, que tendría como fin el control de cuotas de poder en empresas estatales del sector eléctrico. No se trata solo de dinero, se trata de manejar contrataciones, obras, concesiones y puestos claves.

El 21 de abril de 2025, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que modifica el Decreto Legislativo 892. Así, un negocio sindical disfrazado de «justicia social» dio un paso más hacia su legalización.

¿Quién paga esta fiesta sindical?

Las empresas eléctricas estatales no son clubes privados de sindicalistas. Sus utilidades deberían destinarse a modernizar redes, ampliar cobertura en zonas pobres, subsidiar tarifas a poblaciones vulnerables y financiar la transición hacia energías limpias. Pero con la nueva repartija, esos fondos se reducirán.

Diversos gremios empresariales (CONFIEP, SNI, SNMPE, AMCHAM) y técnicos del propio Estado han advertido los riesgos. Entre los más graves están el alza de tarifas eléctricas de hasta 4% para hogares, pequeñas empresas, agricultores y comercios. Disminución de inversiones en nuevas plantas y energías renovables. Deterioro de la competitividad de sectores productivos que dependen de una energía asequible. Privilegios desproporcionados para 7,000 trabajadores que ya reciben hasta 18 sueldos anuales.

El Ministerio de Trabajo, en informes oficiales, ha señalado que el proyecto carece de sustento técnico, económico y jurídico. No existe evaluación de impacto. No hay estudios de sostenibilidad. Solo hay presión sindical y cálculo político.

Han pasado casi tres años y el MEF no responde hasta la fecha.

SPR cuestiona pretensión de sindicato Luz y Fuerza

La Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) mediante una carta enviado al presidente del Congreso Eduardo Salhuana, manifestó su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 01644/2021-CR, que propone aumentar del 5% al 10% la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas eléctricas, cambiar el criterio de reparto entre trabajadores, y destinar los excedentes al FONCOMUN en lugar del Tesoro Público.

Según la SPR esto Impactaría negativamente en las tarifas eléctricas, generando mayores costos que terminarían afectando a usuarios finales (hogares, comercios y pequeñas industrias). Esto tambiénpondría en riesgo la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas, sobre todo de las más pequeñas. Lo que buscan los sindicalistascarece de justificación técnica y económica, afectando la confianza y predictibilidad del marco regulatorio del sector. Además, señalan que el cambio en el reparto (75% días laborados, 25% remuneración) distorsiona el reconocimiento del nivel de responsabilidad y especialización de los trabajadores. Finalmente, señalan que desviar los excedentes al FONCOMUN podría conducir a una ineficiente asignación de recursos debido a la limitada capacidad de gestión de los gobiernos locales.

Mediante la misiva enviada a Salhuana han solicitado una revisión más rigurosa del proyecto para buscar una solución equilibrada, técnica y coherente con las necesidades del sector eléctrico, considerando que el servicio eléctrico es esencial para los ciudadanos.

Misiva de la SPR dirigida al presidente del Congreso.

El verdadero rostro del proyecto

Este no es un proyecto laboral. Es un mecanismo de captura del Estado. Si prospera, no solo subirá el precio de la electricidad: se consolidará un modelo de prebendas y corrupción donde sindicatos y congresistas se reparten utilidades, puestos y contratos, mientras millones de peruanos pagan la cuenta.

La historia del Perú está llena de sindicatos que olvidaron a los trabajadores para convertirse en reinados enquistados en el poder. Luz y Fuerza parece decidido a seguir ese manual. Y en el Congreso, como siempre, no faltan los que venden su voto al mejor postor. La campaña electoral se acerca, y parece que algunos congresistas buscan tener como caballito a batalla a oscuros sindicatos.

El Ministerio de Educación aprobó —mediante resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU — otorgar defensa legal al ministro de Educación Morgan Quero Gaime con fondos públicos, pese a estar denunciado por presunta discriminación contra el pueblo Awajún.

En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE— el Ministerio de Educación a venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.

Con la Resolución de Secretaría General N.º 111-2024-MINEDU de fecha 2 de julio de 2024, el Ministerio de educación aprobó la defensa legal de Ana del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, por presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación. Acusación que comparte junto al actual ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime.

En efecto, mediante la Resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU, publicada el 31 de octubre de 2024, se declara procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del actual titular del sector.

Cabe señalar que, el actual representante del MINEDU, es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, en el marco de una investigación preparatoria, a raíz de sus declaraciones del 10 de junio de 2024, en las que afirmó:

“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan […]”.

Estas declaraciones se emitieron en relación con los casos de violencia sexual contra menores de edad ocurridos en la UGEL Condorcanqui, vinculados a poblaciones nativas Awajún y Wampis.

La norma Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 185-2016-SERVIR-PE, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”. – Anexo 2, toda vez que en su numeral 6.2 de la establece cuándo NO procede otorgar defensa legal. Entre los supuestos menciona:

Literal b) Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable de ser el caso haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Directiva, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas del ejercicio de la función pública.(el subrayado es nuestro)

¿Se justifica el uso de recursos del Estado para defender declaraciones que podrían constituir actos discriminatorios? ¿Acaso las presuntas declaraciones discriminatorias forman parte del «ejercicio regular» de funciones del ministro Morgan Quero? ¿Es un «criterio de gestión» insultar a un pueblo originario como el Awajún?

Si bien es cierto que el ministro actuaba en calidad de funcionario público al momento de las declaraciones, ello no implica per se que sus expresiones estén cubiertas por el marco funcional de su cargo. En este caso, las expresiones atribuidas al ministro —según la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra — no solo carecen de justificación funcional, sino que colisionan especialmente si éstas contravienen principios constitucionales como el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección de los pueblos indígenas (artículos 1, 2 y 89 de la Constitución Política del Perú).

El caso del ministro Morgan Quero es particularmente indignante. Un alto funcionario acusado de emitir declaraciones discriminatorias contra el pueblo originario Awajún, y el Estado —nuestro dinero— pagando por su defensa. Como si las palabras que hieren a nuestras etnias fueran parte del deber ministerial. Como si ofender fuera una prerrogativa del cargo.

Resulta profundamente preocupante que, ante esta denuncia, algunos actores políticos y gremiales hayan salido a respaldar al ministro sin siquiera considerar la realidad estructural de exclusión que enfrentan las comunidades Awajún y Wampis no solo en el departamento de Amazonas.

Este caso amerita una revisión urgente por parte de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. La defensa legal con fondos públicos debe proteger el cumplimiento del deber, no blindar actos reprochables.

El artículo 77 de la Constitución establece que el uso de los recursos públicos debe estar orientado a fines de interés general. En consecuencia, el financiamiento de la defensa legal de un ministro acusado de realizar expresiones discriminatorias genera un conflicto ético-administrativo, pues se estaría utilizando dinero de todos los peruanos para proteger actos que podrían constituir una afectación directa a un sector históricamente vulnerado como el pueblo Awajún.

En términos de control de legalidad, corresponde evaluar si este acto administrativo —aunque aparentemente válido en su forma— resulta ilegítimo por su contenido y por la finalidad que persigue.

¿Es este el Perú que queremos? ¿Uno donde la discriminación se protege con fondos públicos mientras las comunidades indígenas luchan por ser escuchadas?

Según la Resolución de Secretaría General N.º 087-2025-MINEDU, se formalizó una modificación presupuestaria por 970,950 soles al rubro Defensa Judicial del Estado. Si bien este fondo está legalmente destinado a la defensa jurídica del Estado como institución, existe el riesgo de que parte de estos recursos termine beneficiando a funcionarios de alto nivel involucrados en procesos legales por actos realizados durante su gestión. Esto abre una legítima preocupación ciudadana: ¿estamos financiando con recursos públicos una defensa que debería ser personal?