La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, admitió este domingo que evaluó renunciar a su cargo después de que la presidenta, Dina Boluarte, cambiara la versión sobre la procedencia de los relojes Rolex que lució durante actividades oficiales; un caso por el que ha sido denunciada constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación.

Es decir, cambió su forma de pensar, luego de haber salido en diversas plataformas periodísticas a defender incondicionalmente la posesión de los relojes Rolex que ostentaba la presidenta debido a las dadivas que Wilfredo Oscorima le dio personalmente.

“Creo que es una mujer sumamente sensible, que es auténtica, justiciera en el sentido de querer hacer justicia social. No sé hasta qué punto es una mujer de izquierda”, agregó. A fines de mayo, mientras defendía a Boluarte en medio del destape del caso ‘Rolex’.

Toda esta noticia, surge en simultaneo al destape periodístico que indica que la ministra Hania Pérez de Cuéllar se reunió en más de una ocasión en secreto y a espaldas de la mandataria Dina Boluarte, con el ex jefe de la Diviac Harvey Colchado, para solicitarle que le siga los pasos al entorno del hermano presidencial, Nicanor Boluarte.

La presunta lealtad de Hania Pérez de Cuellar

Como se recuerda, hace tres meses, el 20 de marzo pasado, en una entrevista con Exitosa, la ministra Hania Pérez de Cuellar enfiló sus baterías contra Alberto Otárola, luego de que dejó de ser premier y no descartó que él esté detrás del escándalo de los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte, como venganza por haberlo sacado del premierato. Además, invocó a los medios de comunicación a investigar al respecto.

“¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué sale ahora cuando esto, se supone, que es de hace tiempo? ¿Por qué recién sale ahora? ¿Esto es una venganza? (¿De Alberto Otárola porque lo sacaron?) Yo creo que eso, ustedes los medios de comunicación, tienen que investigar”, arremetió contra Otárola Peñaranda.

Al respecto, inmediatamente, Alberto Otárola le respondió a Hania Pérez de Cuellar: “Niego tajantemente estar detrás del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista a Hania Pérez de Cuellar en Exitosa. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones, sin obtener respuesta”, aseveró en una publicación en su cuenta de X.

En aquella ocasión, el expremier dijo sentirse decepcionado por las declaraciones de la ministra de Vivienda y contó que Pérez de Cuellar no le contestaba el teléfono. En ese sentido, Otárola dijo que la ministra lo “conoce” por haber compartido más de un año espacio de trabajo y reiteró que no tiene “nada que ver” con la filtración de la información de la colección de Rolex de la mandataria.

En la entrevista difundida por Perú 21, Pérez de Cuellar reconoció que uno de los momentos más críticos que enfrentó el gobierno fue cuando la presidenta cambió su versión inicial de que los relojes eran artículos de antaño, y que posteriormente, reconoció que fueron entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

“He pensado incluso en renunciar. No solo allí [en ese período], sino cuando surgieron las marchas violentas también. La versión que ella ha contado, de que era un préstamo, es con la que yo me quedo […] Tengo claro que, si yo alguna vez veo algo turbio que es irrefutable, me voy a ir. Lo he hecho antes y no dudaría en hacerlo, no solo por mi apellido, sino porque tengo que honrarme como mujer y como madre”, señaló.

Asimismo, mencionó que tiene presiones familiares y sociales que ha enfrentado por ser parte de la administración de Boluarte y aseguró que debió romper relaciones con algunos integrantes de su círculo más cercano que la critican por participar en lo que llaman “un gobierno asesino”.

¿Acaso la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar, pretende limpiar su imagen para postular al Congreso en el 2026? En ese sentido, habrá que estar atentos y observar en qué partido se inscribe eventualmente.  

Que aún no cante victoria. La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, reabrir el caso de las pruebas rápidas contra el Covid-19, adquiridas durante el periodo del ex mandatario Martín Vizcarra.

A través de un comunicado en redes sociales, la PGE comunicó que pidió el “reexamen de los actuados, en virtud de 9 elementos de convicción, y que, en consecuencia, se disponga la reapertura de la investigación contra el señor Martín Vizcarra, en su calidad de expresidente, por la presunta comisión del delito de colusión y, de manera alternativa, de negociación incompatible”.

La solicitud se da luego de que el fiscal de la Nación interino anunció que la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra fue archivada y que no se formulará una denuncia constitucional. Dicha medida también fue adoptada para el caso de la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, y los exministros de Salud, María Hinostroza Pereyra y Víctor Zamora Mesia, quienes se encontraban comprendidos dentro de esta investigación preliminar.

En entrevista con RPP, Villena indicó que no se encontraron suficientes indicios que prueben la comisión del delito de colusión en perjuicio del Estado.

“No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle”, señaló.

Como se recuerda, en febrero del año pasado, el Parlamento había aprobado un informe que recomendaba acusar constitucionalmente a Vizcarra y a las exministras María Antonieta Alva, Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete. La acusación señalaba que Vizcarra y las exministras concertaron la compra de pruebas rápidas, interfiriendo con políticas de salud que priorizaban las pruebas moleculares.

La legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, ha presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana.

Las acusaciones contra Villena Campana, incluyen prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora en actos funcionales. Esto se debe al archivamiento de la denuncia por la compra irregular de pruebas rápidas de Covid-19 que involucraba al ex presidente Martín Vizcarra.

El petitorio incluye la destitución e inhabilitación del fiscal Villena Campana

Patricia Chirinos, quien ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas y ha esquivado a la prensa para no responder por los diversos cuestionamientos en su contra, también solicita la destitución e inhabilitación del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena para ejercer cualquier función pública por un período de hasta diez años.

La denuncia la remitió a la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones y se espera un procedimiento a seguir. Como se sabe, desde este lunes, los parlamentarios se encuentran en la Semana de la Representación y la Comisión Permanente sesionará la próxima semana, pero no tiene facultades para abordar reformas constitucionales.

Fiscal de la Nación interino archivó investigaciones contra expresidente Martín Vizcarra

Como se sabe, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, anunció el archivo del caso contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de Covid-19, al no encontrar evidencias de colusión.

El fiscal Villena Campana, confirmó su decisión de archivamiento, el pasado lunes 3 de junio, por lo cual no se formulará una denuncia constitucional contra el expresidente moqueguano.

A escondidas con el coronel. Tal parece que la jefa de Estado, Dina Boluarte, acaba de perder una de sus ‘escuderas’, pues la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Hania Pérez de Cuéllar, se habría reunido en más de una ocasión con el coronel Harvey Colchado, para indagar sobre los perfiles sugeridos por Nicanor Boluarte para contrataciones públicas, según un informe presentado por el dominical Cuarto Poder.

De acuerdo con el reportaje difundido anoche, los primeros contactos entre Colchado y el Gobierno ocurrieron seis días después de la caída del exgobernante Pedro Castillo (2021-2022) y la asunción de Dina Boluarte. En diciembre de 2022, el ex primer ministro Pedro Ángulo recibió la orden de la jefa de Estado para encontrar un jefe para la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), por lo que llamó al coronel. “Me pareció que una persona adecuada fue Colchado […] quería que me refiera algunos nombres”, confirmó el ex premier al dominical.

Días después, a través de un tercero, Pérez de Cuéllar solicitó reunirse discretamente con Colchado en una casa de seguridad de la Diviac en Surco. La primera reunión se llevó a cabo durante la tercera semana de diciembre, ya con Alberto Otárola como jefe de Gabinete.

En ese encuentro, la ministra expresó su desconfianza hacia Héctor Piscoya, recomendado para liderar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), de modo que solicitó que se le investigara. “En esa reunión se menciona al señor Nicanor Boluarte, en el sentido de que esta persona que estaba siendo recomendada para Sedapal era cercana al señor Boluarte. No confiaba en esa recomendación, por tanto, le consultaba a un policía honesto si esa persona tenía antecedentes o estaba investigada”, dijo Miguel Pérez Arroyo, abogado de Colchado.

La segunda reunión ocurrió a fines de enero y la ministra llevó currículos para filtrar funcionarios de su ministerio y “evitar pillos”. Entre marzo y julio la ministra y Colchado se reunieron tres veces más y ella mostró preocupación por actos de corrupción de empresas chinas.

La penúltima reunión se concretó a fines de septiembre de 2023 y fue la última que se dio en buenos términos. El 5 de noviembre, un reportaje dio cuenta de las citas de Nicanor con alcaldes que luego recibieron presupuestos millonarios del Estado. Ello cambió las relaciones entre el Gobierno y el coronel, ya que, luego de la última cita, el 24 de enero de este año, Pérez de Cuéllar aseguró que la denuncia mediática no tenía sustento y cambió de parecer sobre la competencia de Colchado para combatir la corrupción.

Al respecto, la ministra Pérez de Cuéllar respondió en X diciendo que “no tengo nada que ocultar. El señor Colchado y yo nos reunimos para ver temas vinculados a la corrupción existente en el sector, contra la que vengo luchando desde el inicio de mi gestión. Fiel a mis convicciones, responderé siempre con la verdad”.

Lennina Tukupi, comunicadora de la organización indígena, le envió un mensaje contundente al ministro de Educación, Morgan Quero:

“Señor ministro de Educación, Morgan Quero, el abuso sexual contra niños y niñas no es una práctica cultural de los wampis, es un delito”, refirió.

Además, se refirió a las más de 524 denuncias que se realizaron entre los años 2010 y 2024 que involucran a profesores de la región y que de estos casos solo 24 docentes fueron separados de sus funciones en instituciones educativas del distrito de Río Santiago.

La Nación Wampis exige sanciones contra los responsables  

Asimismo, Lennina Tukupi señaló que las autoridades locales han informado al Ministerio de Educación y a la Dirección Regional de Educación de Amazonas sobre la necesidad de sancionar a los directores que encubren estos casos.

Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre las medidas a tomar. “El Estado peruano no garantiza seguridad para niños y niñas wampis”, concluye el pronunciamiento.

La Nación Wampis

El territorio integral de la Nación Wampís se encuentra al norte de Perú y abarca tanto a zonas de la región Amazonas como de Loreto. Se ubica geográficamente en los distritos rio Santiago y Morona, siendo su extensión territorial de 1 327,760 has en las cuales se encuentran asentadas 22 comunidades Wampis tituladas, con 15, 300 habitantes aproximadamente (PNUD, 2013).

En el Norte el territorio de la nación Wampis limita con la frontera del Ecuador donde se hayan nuestros hermanos del pueblo Shuar. Por el Sur, se expande hasta la boca del río Santiago-Kanús (desembocadura al Marañón), con los territorios de las Comunidades Awajun de Domingusa y Marañón, el centro poblado de Borja, la Comunidad Awajun de Ajachim, hasta llegar al caserío de Colpa Unidos en el Bajo Morona. Por el Oeste compartimos territorio con las Comunidades Awajún del Río Cenepa, en cuyas cabeceras se encuentran las Comunidades de la nación Wampis de Putuim y Wichim, y la Cordillera del Cóndor bordeando el límite fronterizo con el Ecuador. Por el Este, está la cuenca del Río Morona-Kankaim hasta topar con los territorios de los Pueblos o Naciones Chapra y Achuar y los caseríos ribereños.

Se quitan el trabajo de encima. El Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, delegar facultades legislativas para el Poder Ejecutivo en los ámbitos de la reactivación económica, la seguridad ciudadana y otros temas.

Al sustentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), dio cuenta del contenido del texto sustitutorio del dictamen elaborado por la instancia a su cargo, recogiendo algunas sugerencias por los parlamentarios durante el debate en el pleno.

Una de ellas fue incorporar un ajuste fiscal del producto bruto interno (PBI) para cumplir con el déficit fiscal del 2% del PBI previsto para el presente año, dijo la parlamentaria.

Moyano también explicó que se incorporó la facultad de legislar sobre el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión que desarrolla el Instituto del Mar del Perú, toda vez que la ley que rige a esta institución data de 1981. Además, se acogió el pedido de incorporar la potestad de legislar para continuar con la recuperación extrajudicial de un predio del Patrimonio Cultural de la Nación.

Comisión Permanente se encargará de legislar hasta el 19 de julio

Por otro lado, el Congreso autorizó delegar a la Comisión Permanente la facultad de legislar hasta el 19 de julio del año en curso. Sin embargo, se precisó que se trata de determinados puntos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Legislativa N.º 020-2023-2024-CR publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La Comisión Permanente, de acuerdo al inciso 4 del artículo 101 de la Carta Magna, se encuentra facultada de legislar desde el día siguiente al término de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2023-2024 hasta el 19 de julio de 2024.

La RL señala que se permite legislar sobre los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que figuren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como aquellos que se añadan por acuerdo de la Junta de Portavoces, conforme a sus atribuciones.

Asimismo, las propuestas del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 105 de la Constitución. Se excluyen, además, los asuntos mencionados en el artículo anterior cuya delegación a la Comisión Permanente no es procedente, conforme al segundo párrafo del inciso 4 del artículo 101 de la Carta Magna.

El Congreso rechazó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cuestionó el dictamen aprobado en primera votación por el Pleno que precisa la prescripción de los delitos de lesa humanidad del 1 de julio de 2002, hacia atrás.

Ante dicha intromisión, desde el Parlamento emitieron un comunicado publicado este viernes 14 de junio que responde a lo pedido por la CIDH:

“El Perú es una República democrática, social, independiente y soberana, de acuerdo al articulo 43° de la Constitución Política del Estado”.

“El Congreso de la República, primer poder del Estado peruano, es igualmente independiente de las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponden. Por lo tanto, rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones”, se lee en el documento.

Asimismo, se indicó que el Poder Legislativo abordará el tema “con total Independencia y autonomía en la oportunidad que lo crea conveniente” y “tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes”.

La CIDH requirió al Peru suspender tramite de proyecto de ley sobre delitos de ‘lesa humanidad’

Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Perú que se suspenda “inmediatamente” el trámite del proyecto de ley que se está avanzando en el Congreso y que busca restringir los alcances de los delitos de ‘lesa humanidad’ para que no puedan ser aplicados en casos cometidos antes del 2002. La comisión señala que esta suspensión debe aplicarse hasta que cuenten con todos los elementos para pronunciarse sobre las medidas provisionales y el impacto que tendrá esta norma en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Asimismo, convocó al Estado peruano, así como a los representantes de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia pública virtual para el lunes 17 de junio del 2024 las 8:30 a.m. hora de Costa Rica.

Se le acabó el berrinche. La bancada de Acción Popular informó a través de un comunicado la reincorporación del parlamentario Illich López, quien el 8 de agosto del 2023 presentó su renuncia “irrevocable” junto a otros siete legisladores por encontrarse en desacuerdo con la elección de Darwin Espinoza como vocero del grupo parlamentario. 

Los otros congresistas que también renunciaron fueron María del Carmen Alva, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique. De este grupo, solo José Arriola se unió a la bancada de Podemos Perú, mientras que los demás permanecen como no agrupados.

El vocero titular de la agrupación parlamentaria, Elvis Vergara, dio la bienvenida al congresista López Ureña en la cuenta oficial de la bancada en la red social X.

“¡Bienvenido! Por la institucionalidad partidaria y el trabajo unificado a favor del país, damos una cálida bienvenida al congresista Ilich López. Con gran esperanza, extendemos la invitación a nuestros correligionarios congresistas a regresar y trabajar juntos por el Perú”, señaló. 

Ante ello, el congresista Ilich López en respuesta manifestó, “Es un honor regresar a mi bancada y seguir trabajando en conjunto por el bienestar de nuestro país. Estoy convencido de que, unidos y con transparencia podemos seguir adelante”.

Tanto Illich López como Darwin Espinoza son acusados de pertenecer a ‘Los Niños’

El “Caso los Niños” se refiere a un grupo de congresistas investigados por la Fiscalía de la Nación por presuntos vínculos con actos de corrupción ocurridos durante el gobierno del expresidente encarcelado Pedro Castillo. Los implicados son Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Juan Mori, Ilich López y Raúl Doroteo.

Las acusaciones indican que estos legisladores habrían respaldado las decisiones del entonces presidente Pedro Castillo a cambio de beneficios personales y protección frente a investigaciones por corrupción. Estos congresistas son señalados de formar parte de una estructura de corrupción que operaba dentro del Congreso de la República.

El dato:

Con el regreso de Ilich López a Acción Popular, la agrupación parlamentaria suma nueve integrantes.