En una muestra más del desgobierno y la politización que afecta al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, finalmente acató –a regañadientes– el mandato judicial que ordenaba la reposición del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas. Su terquedad, más que un gesto de firmeza, fue una negativa abierta a respetar la ley.

Desde que el Tribunal Constitucional dispuso su reincorporación, y pese a que la Junta Nacional de Justicia restituyó su título en abril, Espinoza Valenzuela se negó por semanas a asignarle un despacho, desobedeciendo al Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Esta actitud no solo puso en entredicho su capacidad de liderar una institución ya golpeada por la crisis, sino que expuso una peligrosa indiferencia ante las resoluciones judiciales.

Gálvez Villegas, quien fue separado en 2021 sin condena firme, estaba en su derecho de regresar. No obstante, la máxima autoridad del Ministerio Público prefirió alargar el conflicto y tensar aún más la situación institucional. Fue necesaria la amenaza de una denuncia por «omisión de funciones» para que Delia Espinoza terminara por firmar la Resolución N.º 1874-2025-MP-FN, publicada el 20 de junio, asignando finalmente a Tomás Gálvez la Fiscalía Suprema de Familia.

Este episodio evidencia un patrón preocupante: Espinoza Valenzuela no solo está enfrascada en una pugna interna con Patricia Benavides por el liderazgo de la Fiscalía, sino que también actúa al margen de la Constitución y los fallos del Poder Judicial. Su obstinación no es digna de una fiscal de la Nación. Si no está dispuesta a cumplir la ley, debería, como sugiere el propio Gálvez, dar un paso al costado.

Dios los cría. Desde la izquierda buscan formar un frente que le dé batalla a la derecha en las próximas Elecciones del 2026, y para ello no importa juntar “perro, pericote y gato”.

Ni buen recobró su libertad Antauro Humala en el año 2022 dejó en claro que tenía toda la intención de incursionar en la política para estar cerca del poder, ya que desde las armas le había sido proscrito. Así, de manera no oficial, estuvo vinculado con el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), donde salía cada cierto tiempo a exponer su ideología para muchos extremista.

Luego de que el pasado 28 de enero la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ratificara la cancelación de la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el líder etnocacerista que purgó condena por el recordado ‘Andahuaylazo’ anunció que el exmandatario Pedro Castillo y él se unirán bajo los colores de Juntos por el Perú (JPP) del congresista Roberto Sánchez.

“Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, indicó Humala Tasso.

En ese sentido, Antauro explicó que la coalición con Castillo obedece a que tienen como enemigo común a la derecha peruana.

“Este bloque va a causar polémica porque está creciendo. Vamos a informar de qué se trata y voy a hablar con los compatriotas”, manifestó.

Además, adelantó que el anuncio oficial se realizará en una conferencia de prensa en Lima junto al exministro Sánchez y a un delegado de Pedro Castillo. En otro momento, aseguró que el expresidente Castillo “tuvo errores”.

Consultado sobre las personas que integrarán la plancha presidencial, Antauro mencionó que esta no está definida, pero que esta deberá estar formada por los mejores dirigentes de los partidos de la coalición.

“Seguramente nosotros vamos a liderar las listas de diputados y senadores. Yo no puedo ser candidato (presidencial), solo puedo liderar una lista al Senado”, sostuvo.

El dato:

Cabe precisar que además de los grupos de izquierda antes mencionados, a la coalición también se unirá otro partido de izquierdo que -según Antauro- todavía no puede ser revelado. Sin embargo, aclaró que no se trata de Perú Libre.

Mientras el país atraviesa una crisis económica y miles de ciudadanos luchan por llegar a fin de mes, el Congreso de la República vuelve a dar una muestra clara de desconexión y derroche. Una de sus unidades ejecutoras ha firmado un contrato de alquiler por S/ 480 mil anuales para ocupar el sexto piso de un edificio en la avenida San Luis 1361. La cifra, que equivale a S/ 40 mil mensuales, resulta escandalosa considerando que el Congreso ya cuenta con numerosas oficinas en el Centro Histórico de Lima, muchas de las cuales están subutilizadas.

La operación ha sido oficializada mediante una resolución directorial que no ofrece mayor justificación técnica ni argumenta por qué se optó por ese predio en particular. Aunque se menciona que se evaluaron doce postores, no se detallan los criterios que llevaron a adjudicar el contrato al consorcio ‘Pisano SAC’, empresa cuyo gerente general Luis Arturo Luy Chung, figura como militante de Somos Perú, partido político con representación congresal. Este vínculo ha encendido las alarmas sobre posibles conflictos de interés y favorecimientos indebidos.

Más preocupante aún es el hecho de que el gasto no se limita al alquiler. La resolución autoriza el uso de fondos públicos para costear el transporte diario en taxi de ida y vuelta entre la sede del Congreso y el local en San Luis. Con un costo estimado de S/ 30 por trayecto y hasta S/ 80 diarios por persona, el gasto operativo se dispara de forma absurda y sin justificación clara.

Desde el Congreso se intenta justificar esta decisión argumentando que el local servirá para la implementación de oficinas relacionadas con la futura bicameralidad. Sin embargo, no existe un plan concreto aprobado para dicha reforma, lo que convierte este alquiler en una apuesta costosa e innecesaria.

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es simple: ¿era realmente necesario alquilar un nuevo espacio cuando ya existen oficinas disponibles en pleno centro de Lima? Para varios parlamentarios, la respuesta es un rotundo no. Denuncian que este tipo de decisiones solo refuerzan la imagen de un Congreso que gasta sin control y prioriza intereses políticos por encima del bienestar ciudadano.

En tiempos de austeridad, este tipo de gastos injustificados representan no solo una burla a la población, sino también una señal clara de que la reforma que realmente necesita el Congreso es la de su propia ética.

La pugna en la cúpula del Ministerio Público ha alcanzado un nuevo punto de tensión. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio un ultimátum de 24 horas a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para restituir en el cargo a Patricia Benavides, tal como ordena la Resolución N.º 231-2025-JNJ.

A través de un oficio firmado por Magnolia Martínez Hidalgo, directora de Procedimientos Disciplinarios, la JNJ señaló que Espinoza no ha cumplido con el mandato de reponer a Benavides en el cargo, pese a que el pleno del organismo anuló el proceso disciplinario que originó su suspensión.

“Requiérase a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela […] que en el día cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N.º 231-2025-JNJ, esto es, reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación”, señala el documento. Además, la JNJ advierte que, en caso de desacato, se podrían tomar medidas más drásticas, incluyendo el uso de la fuerza pública.

Por su parte, Espinoza Valenzuela ha reiterado por tercera vez su pedido a la JNJ para que se le remita la resolución completa y el acta que respalda la decisión del pleno, asegurando que necesita esos documentos para formalizar la reposición. El Ministerio Público informó del requerimiento a través de un comunicado en la red social X.

Este nuevo episodio agrava la confrontación institucional entre Espinoza y Benavides, en un escenario donde el liderazgo del Ministerio Público permanece en entredicho. La presión crece mientras la JNJ exige cumplimiento inmediato, y Espinoza responde con demandas formales para documentar su accionar.

La crisis continúa escalando y la incertidumbre se instala en el sistema de justicia peruano.

Mala hija. Todo comenzó cuando el dominical Cuarto Poder difundió una nota sobre cómo había llegado a trabajar dentro del Congreso la joven abogada Yessenia Lozano, desempeñándose como jefa del Centro de Modalidades Formativas y colocar dentro de sus documentos tener una maestría.

Pero eso no era todo. En el citado medio se lograba observar cómo una inmensa imagen del líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se asomaba en una pared de su oficina como si se tratara del presidente de la República.

Ante tales cuestionamientos, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que Yessenia Lozano efectivamente había vulnerado el principio de neutralidad al exhibir la imagen del infame ‘Plata como cancha’. Según la Resolución n.°1830-2022-JNE, el JNE declara infundada la apelación presentada por la autodenominada “hija política” de Acuña Peralta.

En su fallo del pasado 19 de junio, el JNE confirmó la resolución del JEE, destacando que la exhibición de propaganda política en un espacio oficial constituye una infracción clara al deber de neutralidad electoral.

“La señora recurrente, como funcionaria pública, infraccionó el principio de neutralidad, en un contexto en el cual ya se encontraba convocado el proceso electoral de las EG 20266, siendo que, en este caso, no solo se trata de una mera exhibición de la imagen del fundador de un partido político, sino que se trata de la muestra del nombre y símbolo de una organización política inscrita en el ROP del JNE, el cual cuenta con inscripción vigente para participar en proceso electoral”, se lee en el fallo.

Lozano, en su apelación, argumentó que es “usual que, en las oficinas de los servidores públicos, estos guarden fotografías de seres queridos, personajes que admiran e incluso imágenes religiosas, las que corresponden a su esfera privada”, sin embargo, para el JNE “ello no resulta de recibo para desvirtuar el hecho denunciado”.

Finalmente, el JNE considera el hecho de que el propio Congreso anunció, tras el reportaje, que se procedería a retirar el cuadro de César Acuña. “Lo que abunda a determinar que el hecho denunciado se cometió”, aseveran.

El dato:

Al ser una primera infracción, no se impondrá sanción de multa. Esta recién procedería con una segunda infracción.

Se tiene confianza. El vacado expresidente Pedro Castillo aún no concluye su proceso judicial, el mismo que lo podría llevar por largo tiempo dentro de prisión, pero ya se proyecta para obtener un escaño en el futuro Congreso bicameral. Y es que el congresista de la bancada Juntos por el Perú (JPP) –Voces del Pueblo, Víctor Cutipa, anunció que el exmandatario chotano cuenta con el apoyo de tal agrupación.

“Lo vamos a postular y la definición final [sobre si postulará a la cámara de Senadores o la cámara de Diputados] será tomada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Juntos por el Perú”, afirmó Cutipa en declaraciones a Canal N.

Asimismo, el parlamentario no dudó en decir que en realidad será “el pueblo” quien terminará postulando a Castillo Terrones porque cuenta con una “gran solidaridad” de su parte. “El pueblo lo va a postular porque, si se dan cuenta, hay una gran solidaridad con él y solicitan su candidatura”, remarcó.

No hubo golpe de Estado para Cutipa

Desde la perspectiva del legislador, Pedro Castillo no cometió ningún golpe de Estado ya que no llegó a verse ningún levantamiento de armas ni menos un cierre efectivo del Congreso, pese a que se le escucha perfectamente a Castillo decir en su mensaje a la Nación, transmitido en señal abierta, que se procederá con el cierre del Legislativo y el estado de excepción.

“Creemos que ni siquiera es necesario esperar que este colegiado expida una sentencia para darnos cuenta de que no hubo golpe de Estado”, mencionó.

En tanto, desde sus redes sociales, Castillo Terrones ya viene impulsando su postulación, compartiendo las siete metas que sostendrán su plataforma electoral y la de sus aliados. Estas son:

• Promover la Asamblea Constituyente con el objetivo de crear una nueva Constitución que considere la diversidad pluriétnica del país.
• Defender la soberanía nacional sobre los recursos naturales, priorizando la producción, educación, salud, vivienda, empleo digno y seguridad integral para todos los ciudadanos.
• Impulsar una economía nacional participativa e inclusiva, considerando todos los sectores productivos y realidades culturales y geográficas del Perú.
• Reestructurar y moralizar el sistema de justicia, incluyendo la reparación y el acceso a justicia para las víctimas de la represión contra las protestas de diciembre de 2022 y los meses posteriores.
• Solicitar la liberación del presidente elegido democráticamente, así como de otros presos considerados políticos por el partido, recluidos desde diciembre de 2022.
• Plantear la derogación de todas las leyes consideradas de blindaje para la corrupción y el crimen organizado que fueron aprobadas por el actual Congreso.
• Formular otros puntos programáticos de acuerdo con la evolución del proceso unitario y de movilización social.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso presidida por la apepista María Acuña Peralta (APP) archivó la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra y cuatro de sus exministros por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y 2023, tras su asunción al poder.

Con once votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, el grupo parlamentario concluyó que la acusación no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 89° del Reglamento del Congreso.

La denuncia, impulsada por la congresista Ruth Luque, también involucraba al exjefe del gabinete Pedro Angulo, al exministro de Defensa Alberto Otárola, al excomandante general de la PNP César Cervantes y al exministro de Justicia, José Tello. A todos se les señalaba por su presunta responsabilidad política y penal en la represión de manifestaciones que dejaron decenas de muertos y heridos.

El informe de calificación aprobado señala que no se logró establecer una relación directa entre los hechos denunciados y posibles infracciones constitucionales o delitos como homicidio calificado o lesiones graves. En ese sentido, la Subcomisión determinó que no era procedente admitir la denuncia para dar inicio a un proceso político-penal.

La decisión generó opiniones divididas en el Congreso. Mientras algunos legisladores respaldaron el sustento técnico del informe, otros denunciaron un posible blindaje a las más altas autoridades del país ante hechos graves ocurridos durante la crisis social y política que siguió a la vacancia de Pedro Castillo.

El Parlamento aún tiene pendientes otras denuncias contra Boluarte Zegarra. Una de ellas, presentada por el congresista Jaime Quito, la acusa de haber asumido irregularmente la jefatura del Estado. Esta será evaluada en próximas sesiones.

Además, se revisan informes preliminares sobre otras autoridades, como el juez supremo Víctor Ticona, denunciado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible cuando presidía el Jurado Nacional de Elecciones. La Subcomisión continúa evaluando otros informes de calificación.

Todo suma para mejorar la ‘Tierra del Eterno Sol’. En un esfuerzo conjunto entre el congresista de Alianza por el Progreso (APP) Jorge Marticorena, el gobernador de Ica, Jorge Hurtado y el Poder Ejecutivo, se aprobó el Decreto Supremo n.° 119-2025 -EF, que autoriza la transferencia de S/77,647,154.00 millones para financiar actividades de limpieza y descolmatación de cauces, conformación de dique con material propio, perfilado y refine de talud de dique, y acarreo de material excedente en zonas declaradas en Estado de Emergencia por impacto de daños ante intensas precipitaciones pluviales en la región de Ica.

El representante de la región Ica destacó la importancia de dicha transferencia que permitirá al gobernador de Ica, Jorge Hurtado y a su gerente general, Abel Osorio, realizar intervenciones de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres desde la unidad ejecutora de agricultura y otros proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad y el desarrollo económico de la región.

«Me siento orgulloso de haber podido contribuir a este logro significativo para la región de Ica. Lo seguiré sosteniendo, la articulación y coordinación entre las autoridades es fundamental para lograr resultados concretos y beneficiosos para nuestros hermanos iqueños, tantas veces olvidados. Para lograr que Ica sea grande, aquí todos debemos sumarnos. Agradezco al gobernador de Ica, Jorge Hurtado, a su gerente general y a los medios de comunicación de Ica y del país por estar marcándonos la cancha porque gracias a ello podemos seguir perseverando con la ruta de trabajo que debemos impulsar desde el Congreso de la República», señaló Marticorena.

El también vocero de APP detalló que en el Decreto Supremo se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el mismo que se encuentra amparado en el Decreto Supremo n.° 021-2025, prorrogado mediante el Decreto Supremo n.° 050-2025-PCM y el Decreto Supremo n.° 066-2025-PCM, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.