Por Ramiro Puelles

Durante más de quinientos años, el pueblo peruano ha librado una lucha incansable por conquistar el poder y forjar su propio destino. Desde los días de la colonia, marcados por la masacre y el saqueo de los pueblos originarios, hasta las gestas revolucionarias que desafiaron el yugo extranjero, nuestra historia es un testimonio de resistencia. En el siglo XVI, Manco Inca, desde Vilcabamba, enfrentó a los invasores españoles que se apropiaron de estas tierras. En el siglo XVIII, Túpac Amaru II lideró una rebelión que, aunque terminó en su cruel desmembramiento, encendió una llama de libertad que nunca se apagó. Estas luchas, lejos de doblegar al pueblo, fortalecieron su anhelo de autodeterminación.

La llegada de José de San Martín en 1820 marcó un hito en la lucha por la independencia, pero no todos se unieron a la causa patriota. Muchos, seducidos por el poder del ejército realista, traicionaron la lucha por la libertad, un eco que resuena en quienes, aún hoy, parecen priorizar intereses externos sobre los de la nación. Sin embargo, el pueblo andino, con figuras como Mariano Bellido, un arriero que conocía las rutas de la sierra y la costa hasta Bolivia, y su esposa María Parado de Bellido, quien enfrentó la muerte con un silencio heroico para proteger al ejército patriota, demostró un compromiso inquebrantable. Con la llegada de Simón Bolívar y la victoria en la Batalla de Ayacucho en 1824, sellada en la Pampa de la Quinua, el Perú logró su independencia formal. Pero la victoria militar no se tradujo en poder real para el pueblo. Los descendientes de quienes apoyaron a los realistas, junto a las élites criollas, asumieron el control, relegando a los campesinos y pueblos originarios a la marginación, tildándolos de “iletrados” e incapaces de gobernar.

Por más de dos siglos, la historia del Perú ha sido una lucha desigual. Golpes de Estado, gobiernos militares al servicio de intereses extranjeros y una élite económica que perpetúa el saqueo han marcado nuestro camino. Incluso en el siglo XX, los gobiernos, incluidos los de Ollanta Humala, no lograron romper con este legado de exclusión. Sin embargo, en 2021, el pueblo peruano dio un paso histórico. Contra todo pronóstico, desafiando encuestas manipuladas y una campaña de desprestigio que acusaba de “terruco” a cualquiera que defendiera un cambio, Pedro Castillo, un maestro rural de Cajamarca, ganó las elecciones presidenciales. Este triunfo no fue solo electoral: fue expresión pura de siglos de lucha, un momento en que el pueblo, por primera vez, pareció acercarse al poder.

El 28 de julio de 2021, la juramentación simbólica de Guido Bellido en el premierato enviaba un mensaje claro de reivindicación. La Pampa de la Quinua se convertía, una vez más, en un escenario de victoria para el pueblo, con la gran diferencia de que esta sería una victoria electoral democrática frente a las fuerzas que, por siglos, han intentado someter al pueblo peruano. La elección de Castillo y la designación de Bellido representaron, para muchos, una reivindicación genuina, un logro histórico para un pueblo que, durante quinientos años, ha enfrentado una lucha desigual contra élites, poderes fácticos y traiciones internas.

Sin embargo, este momento de esperanza no estuvo exento de desafíos. La breve gestión de Bellido como premier estuvo marcada por controversias y una feroz oposición que buscó desestabilizar al gobierno desde su inicio. El escudero de un gobierno democrático había caído, y con ello, el inicio del fin se avizoraba. La destitución de Castillo —tras un proceso jurídicamente cuestionable— y el ascenso de Dina Boluarte al poder evidenciaron que el pueblo había llegado al gobierno, pero no al poder. Las élites, apoyadas por sectores mediáticos y económicos, lograron frustrar el proyecto popular, dejando un sabor amargo entre los millones que votaron por un cambio.

Hoy, a cuatro años de la asunción de Castillo y la juramentación de Bellido en la Pampa de la Quinua, la lección es clara: la lucha del pueblo peruano no termina con una victoria electoral. La historia nos enseña que el verdadero poder exige organización, vigilancia y resistencia constante frente a quienes, desde dentro o fuera, buscan perpetuar la exclusión. Este 28 de julio de 2025, en homenaje a los patriotas que han dado su vida por la patria, reafirmamos que no retrocederemos. Nuestra lucha, que comenzó hace más de quinientos años, sigue viva. El pueblo peruano, combativo y grandioso, continuará batallando hasta que el poder que le corresponde por derecho sea verdaderamente suyo.

Por años, Lima ha convivido con un tránsito caótico, pero en los últimos tiempos la situación ha llegado a niveles alarmantes. La ciudad se ha convertido en una jungla vial, donde la temeridad de muchos conductores, tanto de transporte público como privado, se impone a diario sobre cualquier indicio de orden o respeto a la vida humana.

El más reciente ejemplo trágico ocurrió el miércoles 30 de julio, cuando una cúster de transporte público invadió y colisionó en los carriles exclusivos del Metropolitano, causando la muerte de tres ciudadanos. Sin embargo, lejos de generar una reflexión colectiva o una respuesta contundente de las autoridades, el hecho ha sido absorbido por la rutina de la indiferencia. Especialmente habría que poner la mira de la fiscalización a los choferes de empresas como ‘El Anconero’, ‘El Chosicano’, y ‘El Chino’, entre otras, que continúan sembrando el terror en sus pasajeros debido a sus maniobras temerarias.

Los casos de vehículos invadiendo las vías del Metropolitano son cada vez más frecuentes y atrevidas. A pesar de las advertencias y del historial de accidentes fatales, diversos conductores, incluso policías con vehículos civiles siguen ingresando sin autorización a estas rutas diseñadas para el transporte masivo formal.

La infracción y la imprudencia tampoco es exclusiva del transporte público. Motociclistas, taxistas, autos particulares, e incluso triciclos circulan con total desparpajo por estos carriles. Algunos lo hacen amparados en lunas polarizadas, otros simplemente evaden controles inexistentes. Lo más alarmante es que, hasta vehículos del Estado (sobre todo de la PNP) han sido registrados cometiendo esta misma falta, como si el ejemplo desde el poder no tuviera mayor importancia.

Las motos lineales son otro problema crónico y desatendido. Con una impunidad pasmosa, cientos de motociclistas invaden veredas, se cruzan los semáforos en rojo, conducen en sentido contrario y ponen en riesgo la vida de peatones y conductores por igual. Ellos se han apropiado del espacio público como si les perteneciera, y encima responden agresivamente y orondos cuando alguien osa reclamarles por sus acciones. Y todo ocurre a la vista y paciencia de la Policía de Tránsito, la ATU, la Sutran y la Municipalidad de Lima, entidades que parecen actuar más como espectadores que como autoridades. Nadie pone orden, nadie fiscaliza y nadie sanciona con rigor y mano dura.

Más preocupante aún es que miles de conductores del transporte público con decenas de papeletas continúan circulando sin problema alguno. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) permita esto? ¿Por qué sigue sin implementarse un sistema de depuración real del parque automotor? Lo que Lima necesita con urgencia es una reforma estructural del transporte, pero lo que recibe a cambio son promesas vacías, medidas tibias y una bochornosa confrontación política entre el alcalde de Lima, que más parece estar enfocado en su campaña presidencial y el ministro de Transportes, el acuñista César Sandoval. Mientras estos personajes se lanzan dardos en medios y redes sociales, los limeños arriesgan su vida cada día al abordar un bus o simplemente al cruzar una pista.

La anarquía vial de Lima no es producto del azar. Es la consecuencia directa de años de permisividad, abandono institucional y falta de voluntad política. El tránsito en esta ciudad ya no es solo ineficiente y deplorable, es letal. Y si las autoridades continúan mirando hacia otro lado, el próximo accidente de tránsito ya no será una sorpresa; simplemente será parte de una tragedia anunciada y cotidiana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano suspender de manera inmediata el trámite del proyecto de Ley N° 7549/2023-CR que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa implicados en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, por violar tratados internacionales firmados por el Perú, y que busca blindar a militares, policías y comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos.

Durante la ceremonia de graduación de nuevos suboficiales de tercera de la PNP, la presidente Dina Boluarte alzó la voz no como jefa de Estado, sino como jefa de una cruzada peligrosa: la legalización del olvido. La institucionalización de la impunidad. «No somos colonia de nadie, espetó, refiriéndose a la Corte IDH. ¿desde cuándo defender los derechos humanos es un acto de sumisión extranjera? ¿Quién protege al país de un grupo que quiere impunidad pese desatar el terrorismo de estado? También sostuvo: «no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia» no es un acto de firmeza. Es, en realidad, una negación abierta a cumplir tratados internacionales. Llamar «justicia» a lo que claramente es preparar el terreno para que no sea llevada a juicio por las muertes en el sur. El gobierno de Dina Boluarte quiere un país sin memoria.

Como si los desaparecidos de Ayacucho, los ejecutados extrajudicialmente en Barrios Altos, caso por el cual la Corte IDH declaró responsable al Estado peruano por violaciones al derecho a la vida y la integridad personal, o los estudiantes secuestrados en La Cantuta, fueran meros fantasmas que incomodan la escenografía oficial. ¿Quién, en su sano juicio, puede justificar esto sin ruborizarse? Solo la presidente de los amigos, de ese pequeño sector que sostiene su precario gobierno.

El canciller Elmer Schialer, ha dicho que la Corte IDH pretende «abortar un proceso legítimo y constitucional. ¿Legítimo para quién? ¿Para las víctimas o para los victimarios? Cuando el jefe de la diplomacia peruana trata de poner límites a una Corte que solo exige que no se consagre la impunidad, no está defendiendo la soberanía: está defendiendo un blindaje contra quienes deben purgar condena sin excusas ni disculpas disfrazadas. Dice que la Corte «debería esperar a que se promulgue la ley. ¿Esperar qué? En el Perú durante la época del terrorismo se asesinó estudiantes y se desapareció campesinos, ¿esperar no es también una forma de complicidad?

Por su parte el premier Eduardo Arana ha dicho, sin pestañear, que el Perú «está sometido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que la Corte IDH debería dejar el «activismo». ¿Activismo? El único activismo que hay aquí es el del Congreso y el Ejecutivo por enterrar la memoria. Afirmación tan reveladora como peligrosa. Porque cuando los defensores del poder acusan de activismo a quienes deben velar por los derechos humanos, están confesando que no les gusta cuestionamiento alguno y mucho menos si es contrario a su agenda.

Quieren hacernos creer que el Perú es una víctima de la Corte IDH, como si el verdadero atropello fuera el pronunciamiento internacional y no los desaparecidos, los torturados, los niños ejecutados por balas del Estado. ¿cómo puede un país que no ha cerrado las heridas del terror querer perdonarse a sí mismo? ¿Cómo puede el Gobierno mirar a los ojos a las madres de La Cantuta o de Accomarca y decirles que «la Corte no debe hacer activismo»?

¿Cuál es el rol del gobierno de Dina Boluarte? Se indigna con la Corte IDH por atreverse a pedir que se suspenda su promulgación. No habrá reconciliación real. A eso no se le llama soberanía. Se les llama traición a las víctimas. Recuerde, las víctimas no olvidan presidente Boluarte.

Por Jorge Paredes Terry

Mientras la usurpadora Dina Boluarte se dedica a señalar a Bolivia y otros países de la región como «Estados fallidos», su miopía política le impide reconocer que, si el Perú aún mantiene cierta estabilidad económica, aunque ficticia y sin beneficio real para las mayoría, es gracias a las inversiones de dos potencias comunistas: China y Vietnam.

 Lejos de ser mérito de su gobierno, el supuesto «crecimiento» peruano se sostiene sobre los hombros del gigante rojo asiático, cuyo Partido Comunista (PCCh) ha convertido a nuestro país en otro eslabón de su estrategia global, pero al menos nos evita el colapso total.  

Boluarte, en su servilismo hacia la derecha criolla y el imperialismo occidental, olvida que son las empresas estatales comunistas chinas las que hoy extraen nuestros minerales, construyen carreteras y financian megaproyectos, mientras las corporaciones estadounidenses y europeas solo saquean y se van. Si el Perú no es aún un «Estado fallido» como los que ella desprecia, es porque China nos usa como patio trasero extractivista, pero al menos invierte. Mientras tanto, su gobierno no es más que un títere sin visión, incapaz de entender que la única soberanía posible en esta era es la que se negocia con Beijing.  

China salva a los «Estados fallidos» que Boluarte desprecia.

La presidenta ignora o finge ignorar, que los mismos países que su círculo político califica de «fracasados» (Bolivia, Venezuela, Cuba) son socios estratégicos de China, y es precisamente el apoyo del PCCh lo que les permite resistir el bloqueo imperialista yanqui y avanzar en proyectos de desarrollo. Bolivia nacionalizó sus recursos, pero es la tecnología y el financiamiento chino lo que le permite industrializar el litio, lamentablemente las malas decisiones del gobierno de Arce que se alejó del plan plurinacional y quiso abrazar las ideas del neoliberalismo, pero ese será tema de otro artículo. Venezuela, a pesar de las sanciones, sigue en pie gracias al petróleo que compra Beijing. Cuba, aunque asfixiada por el embargo, sobrevive con la cooperación médica y comercial china.  

¿Y el Perú? Seguimos siendo un enclave primario-exportador, pero es indiscutible que, sin la inversión china, ya estaríamos peor. Las mineras chinas como MMG (Las Bambas) o Chinalco son las que sostienen nuestras exportaciones, mientras el gobierno de Boluarte no hace más que reprimir protestas y servir a los intereses de una élite corrupta.  

El doble discurso de la derecha peruana: odian al socialismo, pero aman el dinero chino.

Lo más hipócrita de este escenario es que la misma clase política que demoniza a China como «comunista» se arrodilla ante sus capitales. Las élites peruanas firmarían tratados con el diablo si les da ganancias, pero luego se llenan la boca hablando de «libertad» y «democracia» mientras el pueblo sigue en la miseria.  

Si Boluarte tuviera un mínimo de coherencia, en vez de atacar a Cuba o Venezuela, debería besar la bandera roja de las cinco estrellas del gobierno chino, porque es el PCCh el que, con sus préstamos e infraestructura, evita que el Perú caiga en la irrelevancia económica. Claro que China no es una benefactora desinteresada, su modelo es extractivista y neocolonial, pero al menos ofrece más que las potencias occidentales, cuyo único aporte históricamente ha sido saquear, imponer dictaduras y dejar crisis.

Vamos a educar a la fallida de palacio. ¿Hacia dónde va el Perú?

El problema no es China, sino la falta de un proyecto nacional soberano. Mientras Boluarte y su séquito se limitan a administrar la decadencia, otros países de la región incluso aquellos que ella llama «fallidos», negocian con Beijing en mejores términos porque tienen políticas de Estado claras.

Si de verdad queremos salir del subdesarrollo, deberíamos aprender del éxito económico chino: planificación estatal, industrialización y alianzas Sur-Sur. En vez de ser un sirviente del capitalismo salvaje, el Perú debería mirar hacia Beijing y exigir transferencia tecnológica y acuerdos justos, no solo extractivismo.  

Pero eso requeriría un gobierno con cerebro y patriotismo, algo que Boluarte y su entorno no tienen. Mientras tanto, seguiremos siendo un Estado semi-fallido, salvado únicamente por la inversión comunista que tanto odian en privado pero de la cual dependen en público.  

Que viva China y la solidaridad antiimperialista!

Por Rafael Romero

A la espera de que el canciller Schialer acepte nuestro reiterado pedido de entrevista, los hechos curiosos en Torre Tagle se multiplican durante su gestión.

Resulta curioso que, en setiembre del 2024, cuando a José Betancourt se le removía de su cargo de embajador en Egipto, tras reclamos de las autoridades árabes por su supuesta mala conducta, ese mismo mes aparecía la Resolución 1352-2024-RE, con la cual se designaba a María Chiozza Bruce de Zela, esposa del ex viceministro Hugo de Zela, como Coordinadora de la Unidad de Integridad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lo raro es que Betancourt no fue sometido a ningún proceso administrativo sancionador. Por lo contrario, a su retorno a Lima se le premió con el puesto de asesor especializado de la Oficina de Recursos Humanos de la Cancillería, mientras que al embajador en retiro Hugo de Zela, ex viceministro de Relaciones Exteriores, se le benefició con el nombramiento de su esposa como jefa de Integridad, olvidando que el Poder Judicial le anuló una resolución ilegal y abusiva con la cual destituyó a Fortunato Quesada de su cargo de embajador en Israel, debiéndole reponer al servicio diplomático por ser víctima de un complot perpetrado, según los expedientes, por el mismo De Zela y el canciller del Lagarto, Néstor Popolizio.

¿Estamos ante una burla? ¿Ante un juego de amistades o protecciones al margen de la transparencia y ética pública? Según el diario La República y un portal de denuncias antifujimorista (https://denunciaconsulescorruptos.blogspot.com/p/camarilla-de-diplomaticos.html), el “embajador Hugo de Zela Martí­nez fue jefe de gabinete del ministro Tudela y embajador en Buenos Aires durante el fujimontesinismo. Alan García lo nombro embajador en Brasil, junto con él se llevó a la que era en ese entonces su novia, María Eugenia Chiozza Bruce, creando un puesto que no existía en el Consulado de Sao Paulo. Personas allegadas comentaron, en esa oportunidad que la srta Chiozza en la tarde volaba a Brasilia para estar el resto de la semana con el novio y luego regresaba a Sao Paulo con el novio. La Embajada quedaba durante días abandonando y lógicamente despachaba desde Sao Paulo junto a su novia”.

Frente a todo eso, esta es la hora de evaluar la situación por parte de la embajadora Silvia Alfaro, cuando un Congreso ha sido tomado por gánsteres y ha renunciado a la fiscalización, y cuando solo existe una carpeta abierta en la Fiscalía para investigar a altos funcionarios de Cancillería.

Silvia Alfaro es la directora de la Academia Diplomática del Perú “Javier Pérez de Cuéllar” (ADP) y no puede ser indiferente a la problemática del amiguismo, de los privilegios, de los abusos, complots, argollas y vacas sagradas en Torre Tagle, porque dicha academia “es la entidad superior de formación profesional e investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores y es la única vía de acceso a la carrera diplomática, siendo responsable de la formación integral de los aspirantes al Servicio Diplomático, así como del continuo perfeccionamiento de sus funcionarios y los valores y principios tradicionales”.

Sin embargo, el tema es más delicado porque según el Reglamento de la ADP, aprobado por Resolución Ministerial firmada por la entonces ministra de Relaciones Exteriores Cayetana Aljovín, el 24 de enero del 2018, en su Artículo 8, se dispone que la Academia tiene la finalidad de asegurar la formación integral y multidisciplinaria de los aspirantes al Servicio Diplomático y el perfeccionamiento y especialización de los funcionarios del Servicio Diplomático, a través de la organización y desarrollo del Programa de Formación Profesional Continua y, en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, oficina donde curiosamente se encuentra José Betancourt.

Igualmente, resulta preocupante que en el Capítulo I (Art. 10) de dicho reglamento se señale como “Órgano de Gobierno” de la Academia al “Consejo Superior”, cuya presidencia está en manos del viceministro de Relaciones Exteriores. Es decir, cuando se produjo el complot para agraviar al embajador Quesada con un escándalo mediático, a través de un programa dominical en junio del 2018, ese mismo “Consejo Superior” de la Academia estaba en manos del entonces viceministro Hugo de Zela. Ahora bien, si la Corte Suprema de Justicia ya anuló las resoluciones de Popolizio y De Zela, fabricadas contra el embajador Quesada, cómo va a hacer Silvia Alfaro, directora de la ADP, para estudiar e investigar académicamente ese caso, preservando los valores morales, éticos, la honradez, integridad y lealtad para evitar a futuro inconductas funcionales como las de Popolizio, de Zela, Boza y Rubín, que no solo fueron ilegales sino de inaceptable bajeza. De manera que frente a ese affaire la ADP no puede ni debe permanecer indiferente.

¿Dónde queda la memoria de Alberto Ulloa, Carlos García-Bedoya o Javier Pérez de Cuéllar? Los programas académicos no pueden ser inertes sino piezas vivas para la mejor preparación y competencias de los embajadores del Perú de hoy y de mañana, máxime cuando hay “Cursos de Perfeccionamiento” dirigidos a los funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, que son obligatorios dentro del plan de carrera y se tienen en cuenta en el proceso de promociones con “formación de excelencia”, y en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos. En suma, el canciller Schialer y la directora Silvia Alfaro tienen la palabra.

Puedo verlo así. Son dos cuerpos, uno junto al otro, un cuerpo se dedica al otro, el cuerpo joven cuida y conserva en vida y a la vez en imagen al cuerpo más viejo. La gloria del cuerpo viejo es la riqueza de los afectos, de las memorias, aunque las memorias se vayan retirando y disipando de ese cuerpo. Pero ese cuerpo, por su sola existencia, en sí mismo, en lo que es, y por eso había que mostrarlo tal cual, sigue siendo memoria viva, luz, simiente, amor, herencia. Sin ese cuerpo viejo no habría cuerpo joven. No habría nada.

El cine, aquí, quiero decir, la imagen, actúa como un homenaje a la vida, a la continuación de lo viviente. Y no hay que eludir la muerte, hay que, de algún modo, traspasarla. Una nieta ayuda a su abuela, una nieta y su abuela conversan y no hay nada más natural. La esencia de todo, en los pequeños momentos que se dan día a día. Hay que percibir, el regalo, el presente. Para eso es el cine. La relajada y máxima cotidianidad expuesta y compartida contiene lentitudes, inercias, desvíos, encantos y secretos.

También están las pequeñas secuencias reflexivas y en cierto sentido ‘enfriadoras’; distancias, instancias de reflexión, momentos ‘clínicos’ como la contemplación introspectiva de las radiografías, u otros momentos que incluyen más cercanamente la materialidad y la tecnología del recuerdo: tanto las clásicas fotos familiares como trampolín o espejo o pequeñas máquinas del tiempo, así como los negativos, con su peculiar aspecto colorido, usados como una discreta y efectiva estrategia de extrañamiento.

El montaje, -con el espejo como portal o un umbral (posible o imposible) de un mundo a otro- superpone y hasta fusiona (¿poéticamente? ¿de manera metafísica?) ambos cuerpos, en el sentido de que ambos son o fueron o serán uno solo. O también es como si fuesen dos edades distintas de un mismo cuerpo. Hay incluso en la película una suerte de alusión al respecto.  

Será obvio, y en este trabajo más, porque es un buen ejemplo de esto, pero quiero recalcarlo. No se requiere de sentimentalismo alguno para expresar con veracidad toda una gama creíble de sentimientos. No se requiere de exageraciones o de contorsiones dramáticas para mostrar el sutil peso de lo real.

Por Nicolás López-Pérez

Los días de ira bajo un cielo lila: 27 de julio de 2025, quinto aniversario luctuoso de Enrique Verástegui (Lima, 1950-2018); 28 de julio de 2025, conmemoración número doscientos cuatro de la independencia del Perú. No solo Lima, sino todo un país se levanta para saludar al más allá. Al leer los vínculos entre deseo y creación desde Verástegui, el arte aparece frente a nosotros como un sistema de vida y un programa de obra.

En el verano de 1994, Verástegui y un grupo de escritores publicaron la declaración constituyente de la Sociedad para la liberación de las rosas, suscrita en la primavera del 1993 y pensada en 1992 frente al quinto centenario del primer viaje de Cristóbal Colón. Antes, el cañetano había irrumpido en la escena literaria con el inolvidable En los extramuros del mundo (1971) y otros libros de poesía y ensayo. Por aquel entonces, los manifiestos de Hora Zero ya habían cumplido la mayoría de edad. El poema integral, Splendor (1972-1995), que después involucró a mentes de la Red de los poetas salvajes, quienes lo publicaron en un solo libro recién en 2013. Aunque a la fecha de la declaración, el grueso de Splendor había sido escrito y publicado. Ese es el presente desde el que nos dice: “Si los sucesivos textos que se han escrito sobre el Perú no han devenido más que en retórica, devaluados por la continua guerra civil que atraviesa su historia (…) no nos queda otro camino que denunciar estas prácticas corruptas que han hecho imposible la constitución del Perú como sociedad, como nación, y como país donde los hombres y mujeres que lo habiten encuentren finalmente el hecho mismo del ser que los constituye como realidad y como fin: la felicidad”.

El Perú es un país de cantos y épicas. El Perú fue y sigue siendo crónica: se cuenta y se denuncia. Justamente, esos textos sobre el Perú son pura retórica y están devaluados por la incesante guerra civil que se libra, son el centro de gravedad, aunque si sus autores lo niegan. El mejor ejemplo es César Vallejo, vitoreado y abucheado por sus contemporáneos. En la actualidad, Julio Barco, es un caso paradigmático: leído y criticado, caricaturizado y vapuleado. Cantos y épicas, crónicas y denuncias, eso también es la declaración de la Sociedad para la liberación de las rosas.

El canto a los objetos benignos: pareja, educación, ecología y rosas. La denuncia de los objetos malignos: el Estado, la droga y el analfabetismo. Verástegui vislumbraba el fin de siglo y el comienzo de un nuevo milenio como un acontecimiento, precisamente por su educación integral en religiones y cultura. Casi como una obra que desempeore el mundo, las referencias son conceptos que han estado ausentes en la historia y una obra que se ejecuta no solo en la declaración, sino también en la vida personal y la propia obra profesional. Cuando aludía a Splendor, por ejemplo, en una entrevista del verano de 1996 a Valentín Ahón para el segmento de cultura de El Comercio e intitulada “Ética para un final de siglo”, lo separaba en pecado, redención, virtud y conocimiento; y agregaba que todo ello conjugaba una ética que debiese “partir a nivel personal, sin invadir la intimidad ajena”.

De lo individual a lo colectivo, la declaración constituyente estuvo firmada por los peruanos Beatriz Ontaneda, Brenda Camacho, Elena Cáceres, Rubén Grajeda, Santiago Risso, José Beltrán Peña, Egidio Auocahuaque, Antonio Sarmiento, el boliviano José Mario Illescas, el catalán Jordi Royo, desde Girona, el chileno Roberto Bolaño y el mexicano Mario Santiago Papasquiaro. Entre periodistas, físicos, matemáticos, poetas y novelistas se constituye esta sociedad. Y la organización no queda en el simple ente institucional, sino que cabe la posibilidad de reconstituirse como: “células de estudio, que, en el futuro, puedan transformarse también en células de acción social”. La declaración de la Sociedad es intrínseca y extrínsecamente política. El norte de los militantes o socios debiera estar en la reivindicación de las libertades individuales, las libertades para la creación, para la investigación científica y para la reivindicación de las rosas, todo bajo los principios rectores de vida, belleza, verdad, justicia y felicidad, claves para que el Perú y América Latina puedan alcanzar un proyecto de realización. Este último deseado por los libertadores para las generaciones venideras.

Verástegui, en su obra profesional y en sus agenciamientos colectivos, plasmó estas directrices para la vida misma. A más de treinta años de la declaración, henos aquí ni cantando a las rosas ni haciendo florecer la rosa en un poema ni haciendo mermelada de rosa mosqueta, sino más bien delante a uno de los últimos movimientos poéticos transversales de América Latina. El Perú es un caldo de cultivo de la injusticia, de ahí que manifiestos, vanguardias y rabietarios literarios y artísticos se den con maestría y trascendencia. El legado de la Sociedad de Verástegui es esa posibilidad de volver a asociarnos para fomentar el amor, la educación, la ecología y las rosas.

En las rosas reside esa última ratio de la belleza: cómo el florecer de la rosa simboliza la perfección. Tal como poetizaba Hafez de Shiraz: “¿Cómo osó la rosa / atreverse a abrir su corazón / y dar al mundo / toda su belleza” (The Gift, Poems by Hafiz, the Great Sufi Master. Londres: Penguin, 1999, p. 40. Traducción propia). La poesía persa lograba sintetizar el lenguaje y el conocimiento en la naturaleza: el vino que se hace de las uvas en Omar Khayyam y la rosa en Hafez. Verástegui es un cultor de la rosa, cuya presencia no es ignota en la literatura peruana. Es más, un poema de Eduardo Chirinos nos pone frente a la espada y la pared: “Las rosas se abren y se cierran como ojos. Como libros que son ojos, ¿es posible la contemplación de la rosa y cerrar por un instante lo libros y los ojos?”. La rosa prevalece a los libros: es una belleza que nada más podría enseñarnos. Nos unimos por la ética y por la estética.

La rosa en la historia de la literatura, igualmente, es un ejercicio de tenacidad. Por ejemplo, los casi de veintidós mil versos octosílabos del poema Roman de la Rose (1240) o la Isla de las Rosas que existió en las costas de Rimini desde 1958 a 1967 para ver “florecer las rosas en el mar”, aparecen como consagraciones a la rosa, pero ¿seremos capaces de ser devotos a la rosa, en circunstancias que el capitalismo neoliberal, la crisis climática y el individualismo radical se han tomado nuestras sociedades?

“Reivindicamos la rosa como misterio de perfección y belleza de la naturaleza y le damos, también, un contenido simbólico”, nos dice también la declaración. No solo la rosa, sino el vínculo con la naturaleza: desde una grecolatina poiesis a una pulsión que busca representar y evaluar críticamente; desde una guirnalda de flores a las hojas del árbol. Cambian los tiempos, cambian las materialidades: la rosa es un ideal, pero no es que quien escribe o hace arte debe reproducirla tal cómo es. Verástegui nos recuerda que la rosa por milenios ha sido una imagen de la belleza, pero que, en el siglo XXI, nuestras creaciones tienen que poblar el mundo literario y vital como las rosas existen en el reino vegetal. En otras palabras, la creación involucra, intrínsecamente, tomar los materiales de la realidad y del tiempo y reproducir un mensaje capaz de criticar nuestro modo de hablar.

Ahí cabe la poesía, probablemente, uno de los motores de la organización celular que pudiera tener la Sociedad para la liberación de las rosas. Aunque Verástegui dijera, en una entrevista de 2005 con Paul Guillén, uno de los pocos que se han atrevido a pensar en y con la obra del cañetano, que la Sociedad no era sino una “sociedad clandestina, una sociedad secreta, una sociedad científico-mística que tiene por meta investigar la ciencia y la religión, eso es todo lo que puedo declarar”. El trabajo en las sombras era una buena idea para llevar adelante una investigación independiente, sin embargo, en nuestra sociedad actual es necesario defender y propagar las rosas de día y de noche; de lo contrario, la literatura es casi onanismo para cultores del ocio. Como destino, no solo el Perú, sino también la defensa de las libertades en todas las esquinas.

¿Contra qué dirán los lectores? El poeta italiano Franco Fortini nos lo aconsejaba con claridad en 1966: “El prejuicio común y antintelectual, la recurrente oposición reaccionaria del sentimiento a la razón, de la intuición a la dialéctica” (L’ospite ingrato. Bari: De Donato, 1966, p. 40. Traducción propia). Aun teniendo esto, ¿cómo defender las libertades en todas las esquinas? Asumiendo que los derechos humanos son el horizonte de nuestro tiempo, pero también trabajando en el buen vivir colectivo: amor, educación, ecología y rosas. En la creación literaria y poética, cuidarse de lo que nos advertía Fortini, hechos que quizás estén por impactar irreversiblemente en las prácticas letradas a través de la Inteligencia Artificial (IA).

Hace unos meses, un querido amigo me envió una reseña de uno de mis libros hecha por una IA sin revelarme la identidad de su autor: me asombró que estuviese bien escrita, pero había un vacío en el pecho. Quien escribió no paladeaba las palabras, puede que eso sea síntoma de qué aún nos queda una instancia que nos separa de las máquinas. La IA todavía no logra asimilar en perspectiva y multiplicidad de saberes, ¿por qué la digresión hacia la IA? Los productos literarios y poéticos de la IA oponen, recurrentemente, el sentimiento a la razón y viceversa; la intuición a la dialéctica y viceversa. La producción de literatura o poesía, alineada con los valores de la Sociedad, debiese volverse atractiva en la forma y en el modo de presentar la información. La misión, en el mejor de los casos, reside en la recuperación de los lectores que se han perdido: o porque no volvieron a la lectura o leen literatura destinada al fútil entretenimiento. Tal vez guiar a ese lector, conducirlo y encantarlo, es lo que probamos para salir de ese autoculpable olvido de la imaginación que padecen los tiempos actuales.

Puede que la antología Yo construyo mi país con palabras (2020) de Julio Barco o Muchachos desnudos bajo el arcoíris de fuego (1979) al cuidado de Roberto Bolaño, entre los ejemplos que me vienen a la mente o incluso Black Waters City (2019) de Américo Reyes Vera, sean una manera de presentar panoramas literarios reales o imaginarios como una descentralización y desconcentración de la literatura; y qué nos dicen la literatura en la forma, no hay receta única al escribir. La Sociedad nos presenta lineamientos para jugárnosla por una literatura para el siglo XXI, pero, al mismo tiempo, difuminar la oposición entre poeta e intelectual; científico e individuo público. Lo importante es ganar cómplices si también estamos, desde hace más de medio siglo, viviendo una guerra contra la imaginación.

Verástegui intentó una praxis colectiva sin vanidad. Asimismo, sin definiciones presuntuosas, solo en el cultivo de los principios de la Sociedad se materializa en la acción colectiva. No se nombran intelectuales ni luces del siglo, establecen las bases de un movimiento social desde el intelecto, la discusión y el trabajo local y en grupo. Justamente, debiésemos ser capaces de articular células que puedan aunar la estrategia tripartita de lucha que Antonio Gramsci conjuraba en un artículo de 1919: instrucción, conmoción y organización.

En este nuevo aniversario luctuoso, exhorto a Verástegui con una delicadeza poética de Splendor: muéstranos donde quieres que pongamos la rosa. Ya lo decía nuestro querido cañetano: si no tenemos espacio para cultivar las rosas, “podemos entrar en un parque público, y plantarlas”; y, sobre todo, una vez plantadas, cuidarlas y ofrecerlas para seguir en la belleza. Sé que estamos en la supervivencia, que muchos no llegan a fin de mes, que muchos no tienen para parar la olla al almuerzo, pero estamos tocando fondo. Ya habrán visto la prepotencia de quienes compran el silencio y avasallan a los desposeídos, cosa de ver a algún jefe de Estado mediático (agréguese al déspota de turno), nosotros todavía tenemos cabeza, poesía y a nosotros mismos. Aunque sean pocos, acudan al llamado de la Sociedad a propiciar agenciamientos humildes en torno al bien común: ya no basta con el escritor que se atrinchera solo, sino que la unión hace la fuerza. Cuidado: en la vuelta de la esquina, se asocian los que vendrán contra, las contrarrevoluciones están a flor de piel. Por eso, volver a Verástegui en 2025, 2026, 2027 y así sucesivamente: la sangre de los pueblos yace en la cultura para no extinguirse.

Por Tino Santander Joo

El 24 de febrero de 2024, el fallecido expresidente Alberto Fujimori declaró que el fujimorismo había decidido que la presidente Dina Boluarte se quedaría hasta el 2026. El Parlamento, la prensa y los medios de comunicación anunciaron la decisión como un mandato. Fujimori estaba abocado a reordenar a la derecha política y a los grupos de poder económico, formales e informales, en torno a su candidatura. Combatió hasta el 11 de septiembre de 2024. Fue despedido con honores de Estado y reconocido por la inmensa mayoría de peruanos, que perdonaron sus delitos y reconocieron sus logros.

Con la muerte de Alberto Fujimori, la coalición fujimorista perdió fuerza. Sin embargo, logró renovarse el pacto político en el Parlamento entre Fuerza Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre (llamada “la izquierda provinciana”) y otros grupos parlamentarios. Esta alianza evidencia el primer paso de una gran coalición nauseabunda. A ella se suman los grupos de poder económico, tanto formales (bancos, grandes empresas, etc.) como informales (mineros ilegales, organizaciones criminales), que, con la anuencia del gobierno, garantizan la continuidad de un modelo oligopólico y la impunidad de Dina Boluarte.

Esta coalición ha vendido las candidaturas al Parlamento, ha distribuido zonas de influencia política y dispone de millones de dólares. Además, cuenta con el respaldo del gobierno de Boluarte. Las elecciones están diseñadas para que la coalición que gobierna el Parlamento y controla el Ejecutivo continúe en el poder. Todo esto ocurre con la complicidad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quien denunció que más de veintitrés partidos están inscritos con firmas falsas. Luego de su denuncia, el país esperaba que actuase correctamente y desafiliara a los partidos mafiosos; sin embargo, ha guardado silencio, convalidando el fraude y la ignominia del sistema político.

La coalición nauseabunda —compuesta por la izquierda, la llamada centro derecha, los medios de comunicación tradicionales, el Parlamento, la fiscalía, el Tribunal Constitucional, las universidades, y los gremios empresariales y sindicales— es cómplice con su silencio e indiferencia del fraude electoral y de la desesperanza de la mayoría de los ciudadanos, que observa este proceso electoral con repudio. Intuyen que serán los mismos corruptos de siempre, quienes ya tienen compradas sus curules y sinecuras. Ningún “precandidato presidencial” se pronuncia sobre el fraude electoral. No les importa el país, ni la gente que sufre por la falta de salud, educación e infraestructura productiva. Solo les interesan sus privilegios y enriquecerse mediante la venta de candidaturas y los aportes ilícitos de los grupos de poder económico, formales e informales.

El país está dividido en dos sectores: por un lado, los candidatos mafiosos; por otro, la inmensa mayoría de peruanos que se levantan temprano a trabajar y estudiar, y que aún creen en la promesa de la vida peruana: un país libre, próspero, en el que sus ciudadanos sean felices. Esa fue la promesa de la independencia, una promesa incumplida. Los peruanos sabemos que los políticos corruptos jamás cumplirán los anhelos de los libertadores.

Al Perú no le queda otro camino que la insurgencia democrática, es decir, la toma de conciencia ciudadana, la organización desde abajo, el voto nulo, la movilización pacífica. Además, el derecho a la desobediencia civil está amparado por el artículo 46 de la Constitución: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”.

Es necesario rebelarnos, cerrar el Parlamento, destituir a Boluarte y permitir que una Junta Transitoria —presidida por un miembro del Tribunal Constitucional o de las Fuerzas Armadas— asuma el gobierno por un año y convoque a elecciones limpias, no fraudulentas.

No hay otro camino, querido lector. Usted decide: ¿nos rebelamos o seguimos con la coalición nauseabunda que busca perpetuarse en el poder?