El ocio, la madre de todos los vicios. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, presentó al presidente del Congreso de la República un Proyecto de Ley (PL) que regula la aprobación de feriados nacionales y días no laborales. Esta iniciativa legislativa tiene la finalidad de fortalecer la atención del servicio público a la ciudadanía, la productividad y competitividad del país, ante el alto número de días de descanso que se han establecido en los últimos cuatro años en perjuicio de la economía y los derechos fundamentales de las personas.

En el proyecto presentado se da a conocer los efectos negativos que produce la aprobación de feriados y de días no laborables para la productividad de las entidades y los conflictos de carácter laboral que se generan, posicionando al Perú en el ranking de los países con el mayor número de días de descansos remunerados en Sudamérica.

El titular de la Defensoría del Pueblo indicó que en el 2020 el Perú contaba con 12 feriados no laborables declarados por ley; no obstante, en los últimos años se aprobaron 4 nuevas festividades no laborables, por lo que suman 16 los días de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado, aumentándose a 46 si consideramos los 30 días de su periodo vacacional.

Este número elevado de feriados genera un impacto en el PBI, según ha sostenido el Banco Central de Reserva (BCR) en su Reporte de Inflación de setiembre 2023, refiriéndose a los efectos producidos por el aumento de feriados adicionales en la economía. El BCR señala que este incremento de feriados adicionales podría tener efectos diferenciados, y en algunos casos no deseados sobre las actividades económicas, además de elevar los costos laborales, afectando la contratación formal, con un impacto susceptible en los sectores no primarios.

Otro impacto significativo sustentado por la Defensoría del Pueblo es que los feriados para el sector público generan consecuencias negativas para los ciudadanos, debido a que la disminución de horas de atención al público frustra las gestiones que las personas quieren realizar en torno a sus derechos civiles, sociales y económicos. Sobre todo existe una afectación en los servicios esenciales, como en la educación, y por consecuencia a los miles de estudiantes de escuelas públicas de todo el país.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | La propuesta busca establecer una evaluación económica y social antes de aprobar feriados, con el objetivo de equilibrar la productividad del país y evitar los impactos negativos en la economía y los servicios públicos.

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— Exitosa Noticias (@exitosape) March 6, 2025

Por estos motivos, el PL establece la obligación de realizar una evaluación técnica económica y social previa a la aprobación de feriados nacionales y no laborables para evaluar sus efectos a corto y largo plazo, asegurando que el porcentaje de beneficios para la población sea inferior al de sus costos. De igual manera, precisa que la competencia para declarar feriados le corresponde exclusivamente al Congreso de la República y no a los Gobiernos Regionales y Locales.

El cuestionado Ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez anunció que no renunciará al cargo, a pesar de los alarmantes indicadores de inseguridad que ponen en zozobra al país, por causa de la incesante ola criminal que se encuentra enquistada en todos los rincones del Perú.   

Santiváñez Antúnez, en una entrevista para Exitosa, remarcó que su despacho ministerial, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú (PNP), viene realizando un trabajo «denodado» en la lucha contra la criminalidad.  

«Yo no voy a renunciar porque para mí una renuncia significaría rendirme. Nosotros en el despacho del Interior, conjuntamente con la Policía Nacional, estamos haciendo un trabajo denodado en la lucha contra la criminalidad. Somos una gestión que ha inaugurado comisarías, estamos comprando armamento, hemos logrado la donación de nueve helicópteros blancos de Estados Unidos», expresó el ministro.

Asimismo, y debido a las evidencias que muestran su estrecho vínculo y cercanía con la mandataria Dina Boluarte, negó ser el presidente del Consejo de Ministros «de facto» y aseguró que el líder de la PCM es Gustavo Adrianzén.

«Nosotros en el Consejo de Ministros tenemos un líder muy claro; un jefe del Consejo de Ministros que es el doctor Gustavo Adrianzén. Nosotros nos debemos a los lineamientos que nuestro líder nos dicta y yo soy sumamente respetuoso con él», añadió como respuesta.

Acusó a la Fiscalía de liberar criminales

Asimismo, el ministro Santiváñez Antúnez responsabilizó al Ministerio Público del distanciamiento con su institución el Mininter y los acusó de liberar delincuentes luego de que la PNP los captura.

«Yo no he presentado una demanda de inconstitucionalidad para querer tumbarme una norma que establece que la Policía tiene las prerrogativas para investigar. Nosotros no hemos iniciado el conflicto de esta supuesta guerra mediática. Nosotros no somos los que liberamos a los delincuentes cuando los capturamos», remarcó, respecto de la Fiscalía. Sin embargo, aclaró que tiene una buena relación con el Poder Judicial y que incluso, han trabajado en los juzgados de flagrancia.

«Nosotros estamos trabajando conjuntamente con todos los poderes del Estado. Mira nuestra relación con el Poder Judicial, es excelente. Desde que estaba el Dr. Arévalo en la Presidencia, nosotros incentivamos los juzgados de flagrancia. juzgados donde el Ministerio Público nunca pisó. Ahora con la señora presidenta del Poder Judicial estamos igualmente incentivando propuestas», culminó el cuestionado ministro.

Alto el crimen. La organización criminal ‘Tren de Aragua’ desde hace aproximadamente 10 años se encuentra en nuestro país, extendiéndose por diversas regiones para extorsionar y asesinar a cuanta persona caiga en sus redes, implementando redes de prostitución y demás negocios ilícitos. Con el pasar del tiempo muchos de sus integrantes del más alto rango han decidido asentarse en el Perú al ver que la justicia nacional es poco estricta y permisiva, corrompiendo a distintos funcionarios e incluso efectivos de la Policía para que los dejen operar con tranquilidad.

Desde el Ejecutivo se ha dicho en reiteradas ocasiones que vienen combatiendo a las distintas organizaciones criminales, pero no se ven resultados palpables en las calles, apreciándose que aún continúan las extorsiones a los emprendedores, sean estos grandes o chicos.

Ahora, desde la bancada de Fuerza Popular se viene impulsando una moción para declarar al ‘Tren de Aragua’ como una organización terrorista internacional.

El objetivo de esa declaratoria es que se mejore la cooperación entre nuestro país y los demás países donde también se encuentra dicha organización criminal venezolana. Si la moción es aprobada se crearían mecanismos legales y judiciales más efectivos para desarticularla.

En el documento también se plantea la creación de una comisión especial multipartidaria que trabajará en conjunto con el Ministerio del Interior y otras entidades en la formulación de estrategias prioritarias de seguridad.

Esta comisión trabajaría por un plazo de 180 días a fin de fortalecer la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

En la moción se exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que coordine con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancias regionales y países de la región, como Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay, para que se sumen a Perú y Ecuador en la designación del Tren de Aragua como organización terrorista internacional.

Así, con la moción que deberá seguir su trámite en el Congreso, se busca activar mecanismos de cooperación internacional para restaurar el orden y reforzar la seguridad en la región.

Tras hacerse público que el alcalde recurre a las redes sociales para responder a sus detractores que lo atacan por no aparecer en el lugar de los hechos donde ocurre el siniestro, el grupo de trabajo presidido por Juan Burgos, lo convocó para que responda si adoptó medidas preventivas antes que se desatara el incendio en Barrios Altos.

El legislador Juan Burgos Oliveros, a través de la Comisión de Fiscalización del Congreso convocó al alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, para que responda sobre las medidas que se habrían adoptado ante el incendio que se viene registrando desde el lunes 3 de marzo, en el edificio de seis pisos de la cuadra 4 del jirón Cangallo en Barrios Altos, en el centro histórico de Lima.

Sin embargo, sucedió algo inesperado. La sesión no se desarrolló debido a la falta de quórum, a pesar de la urgencia que exige el tema.

Burgos Oliveros, contó que citaron a López Aliaga con el objetivo de conocer las acciones de contingencia y evacuación que se habrían aplicado en el centro histórico, así como el control de licencias de construcción y fiscalización de las edificaciones en las zonas aledañas al siniestro. “Hemos citado en forma extraordinaria al alcalde de Lima y a la Compañía de Bomberos”, indicó el parlamentario.

Hasta el momento, más de 50 unidades de los Bomberos Voluntarios del Perú vienen trabajando en la zona siniestrada con apoyo de cisternas de agua de Sedapal.

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán Calderón, ha salido a defender con “dientes y uñas” al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tras los señalamientos que lo ponen como responsable de la falta de fiscalización en los almacenes donde viene ocurriendo el incendio en Cercado de Lima, e indicó que las masivas críticas, simplemente son respuestas al liderazgo del burgomaestre en las encuestas. “Estarían aprovechando el momento político», expresó el parlamentario celeste.

«Los que quieren señalar como el responsable al alcalde Rafael López Aliaga, lo único que quieren es aprovechar el momento político. A todos les queda claro que en los últimos meses está liderando las encuestas. Acá es una responsabilidad compartida», expresó.

Asimismo, señaló que la responsabilidad por el incendio en el Cercado de Lima es compartida y que Indeci también tendría un rol importante dentro del proceso de fiscalización de los almacenes.

«Acá es una responsabilidad compartida. (…) Indeci debería garantizar (la seguridad) y los Bomberos tendrían que tener el equipamiento para que combatan el siniestro», añadió con afán de justificar a la autoridad edil. Y desde su punto de vista, considera que el alcalde López Aliaga, está cumpliendo con cada una de sus promesas de manera firme y que los grandes proyectos están ejecutándose.

“Creo que él está cumpliendo cada una de las promesas de manera firme; los grandes proyectos de Lima están saliendo, se están avanzando; ha sacado a Lima de un proceso de recesión. Hoy está cumpliendo con Lima; tiene presupuesto de la Municipalidad de Lima. Está trabajando a través de Prolima con el tema de las casonas que está refaccionando y, además de ello, ha cumplido con el tema de las motos a cabalidad. Hoy no tiene quién más recibir las motos. El alcalde de Lima se está haciendo responsable de su promesa», culminó Bazán Calderón.

Diego Bazán, congresista de Renovación Popular, ante ausencia de RFL durante incendio en centro de Lima: Los que quieren señalar como el responsable al alcalde Rafael López Aliaga, lo único que quieren es aprovechar el momento político. pic.twitter.com/g9hkSe6qCS

— Revista Lima Gris (@Limagris) March 5, 2025

El titular de la cartera de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, mediante Resolución Suprema n.° 006-2025-MC, primero aceptó la renuncia de Jamer Nelson Chávez Anticona del cargo de Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, quien desde el 11 de octubre del 2024 fue designado a dicho cargo y además anteriormente se desempeñó como Decano Nacional del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú.

Y seguidamente, mediante la Resolución Suprema n.° 007-2025-MC se designó en reemplazo de Chávez Anticona, en el mismo cargo de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, a la arqueóloga, Moira Rosa Novoa Silva y quien anteriormente se desempeñó como directora de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, ubicada en el tercer piso de la sede central.

La nueva viceministra Moira Rosa Novoa Silva, es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y fue vicedecana del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Asimismo, a través de su empresa privada ‘ANDISPANA CONSULTORES S.A.C’ fue proveedora del Estado, al que hoy pertenece. Su consultora elaboró Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el sector turismo, específicamente para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según nuestra fuente del Mincul, Novoa Silva es una funcionaria cuestionada y formaría parte del “grupo” que tiene “manejando” el Ministerio de Cultura. Entre tanto, su ingreso en el Viceministerio de Patrimonio Cultural, no solamente sería para reemplazar al exviceministro Jamer Chávez Anticona, sino por un tema de intereses en el patrimonio cultural. 

Mala sangre. La ex congresista fujimorista Alejandra Aramayo, quien recientemente se desempeñaba como jefa de la Oficina de Comunicaciones de Imagen Institucional del Congreso, presentó su carta de renuncia a dicho cargo luego que se difundiera un reportaje sobre la demanda civil que presentó contra su madre, Vilma Gahona, para exigir ser incluida en la repartición de un inmueble en Puno, un bien que fue cedido en calidad de herencia anticipada a otros miembros de la familia.

“Adopto esta medida como un acto de desprendimiento al trabajo encargado (…) Debo señalar que soy una convencida de que las instituciones están por encima de las personas y, por esta razón, creo necesario y pertinente dar un paso al costado en la función encomendada”, se lee en una misiva enviada al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana.

La exlegisladora fujimorista lamentó que la disputa familiar haya sido “expuesta” por los medios de comunicación, ya que, según su declaración, se trata de un tema que corresponde “al ámbito íntimo, privado y familiar, lo que ha llevado a desnaturalizar los hechos y a faltar a la verdad”.

En el mismo documento, agradeció la colaboración del equipo de trabajo del Congreso, que apoyó sus “esfuerzos para mejorar la imagen”, a pesar del reciente escándalo sobre una aparente red de prostitución que operaba dentro de la institución. “Hago votos por el éxito de su gestión, en la que, las facilidades en la labor periodística han sido manifiestas, gracias a la política de puertas abiertas implementada por su administración”, agregó.

Según un informe difundido por el dominical Cuarto Poder, la ahora ex funcionaria había recibido dos automóviles, dinero en efectivo y una casa en Arequipa. Sin embargo, la disputa surgió debido a la cesión de un edificio de cuatro pisos a sus otros hermanos (Mónica, Jorge y Adriana).

Mediante el Oficio n.° D000765-2025-PCM-SSCPP, el Subsecretario I de la Subsecretaría de Coordinación con Entidades Públicas y Privadas de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Marco Antonio Pajares Delgado, “presiona” a la secretaria general del Ministerio de Trabajo, Teresa Angélica Velásquez Bracamonte, para que se nombre al nuevo mandamás de EsSalud.  

El asunto del documento lleva por título: “Se solicita se nombre como Presidente Ejecutivo de ESSALUD a un funcionario de planta”.

Por lo visto, Alianza para el Progreso (APP), no solo se conforma con el control del Ministerio de Salud (Minsa), a través de su ministro apepista César Vásquez. Y ya puso la mira en el Seguro Social de Salud (EsSalud), para lograr su eventual control.

Movidas en EsSalud

Como se sabe, en EsSalud apareció un vendaval de sorpresivas movidas y cambios. Primero destituyeron a su presidenta ejecutiva, María Aguilar del Águila. Luego como para “cubrir el puesto” pusieron a un requisitoriado muy afín a Alianza para el Progreso (APP), se trataba de Constantino Vila Córdova. Y tras percatarse de la gran “patinada”, también lo sacaron de la Presidencia Ejecutiva y pusieron a una “encargada” que ignora el campo de la salud.

Se trata de Lelia Lourdes Lazo Cornejo, una abogada experta en derecho municipal y registral (ex militante de Fuerza Popular) y que aún “reposa” como presidenta interina en el Seguro Social, hasta que se designe al nuevo titular.

En ese sentido, los tentáculos de César Acuña Peralta ya no solo pretenden manejar la administración del Ministerio de Salud, con el ministro acuñista César Vásquez; sino también, las riendas del Seguro Social del Perú (EsSalud); y en caso que lo logren, tendrían la hegemonía de todo el sistema de salud y sanitario estatal del país.