En un contexto donde la ciudadanía exige cada vez más integridad y rendición de cuentas, resulta fundamental que quienes aspiran a la presidencia de la República lo hagan desde una posición ética incuestionable. En ese escenario, el comediante y actual precandidato presidencial Carlos Álvarez ha irrumpido en la arena política bajo el lema de ser una opción “limpia” frente a la corrupción, una propuesta que, a simple vista, puede resultar atractiva para un electorado harto de escándalos.

Sin embargo, detrás de esta promesa de renovación política emergen cuestionamientos relevantes sobre el entorno que acompaña a Álvarez en su intento por llegar a Palacio de Gobierno. En los últimos meses, el precandidato ha sido visto públicamente junto a figuras que arrastran serios cuestionamientos legales y éticos, lo que obliga a preguntarse con franqueza: ¿puede alguien liderar una cruzada contra la corrupción rodeado de personajes que enfrentan acusaciones por prácticas de presunta corrupción?

Uno de los nombres que genera mayor preocupación es el de Vladimir Meza Villarreal, actual presidente del partido ‘País Para Todos’, agrupación que respalda la candidatura de Álvarez. Meza actualmente enfrenta un juicio oral por el presunto delito de colusión agravada, relacionado con su gestión como alcalde provincial de Huaraz (2011-2014), en el denominado caso ‘Consorcio Huaraz’. La Fiscalía ha solicitado diez años de prisión. A ello se suma una sentencia previa por violencia familiar, emitida en 2015, así como investigaciones en curso por presunto lavado de activos y corrupción durante su paso por la administración pública.

La cercanía de Carlos Álvarez con Vladimir Meza no ha sido aclarada públicamente, pese a que este último dirige la organización política con la que postula. Álvarez ha optado por mantener silencio ante las investigaciones que rodean a su principal aliado político, una actitud que resulta poco coherente con su discurso de frontal oposición a la corrupción.

Pero Meza no es el único personaje en la órbita del precandidato que genera controversia. Otra figura que ha cobrado protagonismo dentro del partido ‘País Para Todos’ es Delsy Yesely Romero Álvarez, Secretaria General Nacional de la agrupación política y empresaria del sector construcción. Según diversas fuentes, Romero estaría siendo investigada por presunto tráfico de influencias y habría sido vinculada a un entramado de conflictos de interés con la Municipalidad de San Marcos, en la región Áncash.

Romero, exfuncionaria edil, habría aprovechado su cercanía con Meza para beneficiarse de información privilegiada y asegurar contratos de obra pública a favor de empresas vinculadas a su entorno familiar y personal. Las pesquisas apuntan a que su empresa, ‘Inversiones Generales Dyra E.I.R.L.’, así como consorcios relacionados con su pareja, Raúl Rodolfo Domínguez Ramírez, habrían obtenido adjudicaciones por millones de soles a través de licitaciones en distintas municipalidades del país.

Por ejemplo, en enero de 2021, el ‘Consorcio Fraguapampa’ —integrado por la empresa de Delsy Romero y la constructora de Domínguez Ramírez— recibió una adjudicación por más de 4.5 millones de soles por parte de la Municipalidad de San Marcos para la ejecución de una obra cultural denominada: “Mejoramiento de los servicios de difusión de actividades artísticas y culturales”.

Las empresas involucradas, además de compartir vínculos personales, tienen domicilio fiscal en la misma dirección en San Martín de Porres, lo que refuerza las sospechas de una estructura empresarial familiar dedicada a captar recursos públicos.

No se trata de un caso aislado. En mayo de 2024, la Municipalidad del Rímac otorgó al ‘Consorcio San Cristóbal’ —compuesto por las empresas de Domínguez Ramírez (C y R S.A.C) y un socio con domicilio legal compartido (Constructora y Consultores GSA S.A.C)— un contrato por casi 900 mil soles (S/ 889,890.44 exactamente) para la mejora de una losa deportiva. Las repeticiones en el patrón de adjudicación, los vínculos personales y la cercanía política con la dirigencia del partido hacen que el asunto no pueda ser simplemente ignorado.

Además, otras figuras del entorno de Delsy Romero, como Benancio Fidel Espinoza Saavedra —quien también ha sido presentado como parte del equipo de Carlos Álvarez—, tienen un historial de investigaciones fiscales. A pesar de estas circunstancias, el precandidato comediante aún no ha respondido con claridad sobre los criterios con los que elige a sus colaboradores y dirigentes de confianza.

Más allá de las personas, lo que parece emerger es una red preexistente de poder con origen en la gestión edil de San Marcos, trasladada ahora al partido político ‘País Para Todos’, donde Delsy Romero tendría una influencia decisiva. Fuentes cercanas al movimiento señalan que ella controla la toma de decisiones, la selección de candidatos y las negociaciones locales. Esta centralización del poder dentro del partido, sumada a los antecedentes descritos, compromete severamente la credibilidad del proyecto político que pretende liderar Carlos Álvarez.

El silencio del comediante devenido en político frente a estas conexiones resulta, cuando menos, inquietante. En Huaraz, un militante que prefiere mantenerse en el anonimato lo resume así: “Es inaceptable que personas con acceso al poder usen sus cargos para enriquecerse a costa del erario público. Si el señor Álvarez dice ser distinto, entonces debe dar explicaciones”.

El caso Meza y ‘País Para Todos’

No se trata únicamente de una cuestión de acompañantes. El partido mismo está bajo sospecha. ‘País Para Todos’ es liderado por Vladimir Meza, un economista natural de Huari, quien tras un fallido intento de volver a la política en 2022 —fue excluido por el JNE por errores documentales en su postulación a la gobernación de Áncash— ahora opera como presidente de la agrupación que impulsa la candidatura de Carlos Álvarez. Meza ha sido protagonista de diversas denuncias por actos de corrupción, incluyendo las que motivan su actual proceso judicial. Su rol en la configuración de la estrategia electoral del partido, y su cercanía con Delsy Romero, revelan un aparato político con intereses cruzados que contrastan con la imagen que se quiere proyectar.

Al cierre de este informe, Lima Gris intentó comunicarse telefónicamente con la señora Delsy Romero Álvarez para formularle básicamente dos interrogantes.

Primero: ¿si su empresa Inversiones Generales Dyra E.I.R.L. y consorcios vinculados a su pareja recibieron adjudicaciones millonarias de municipios donde ella y su entorno tuvieron influencia directa?  y si ¿puede garantizar que dichos contratos se obtuvieron sin acceso privilegiado ni favoritismo político?

Y segundo: ¿Qué rol jugó ella en la selección de candidaturas, como la del señor Carlos Álvarez, y cómo responde a quienes señalan que existe una red de poder heredada de la Municipalidad de San Marcos ahora reconfigurada en la estructura partidaria?

Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

En este panorama, el mensaje anticorrupción de Carlos Álvarez requiere más que palabras. La ciudadanía tiene derecho a saber con quién se alía un candidato que aspira al más alto cargo del país. ¿Qué compromisos adquiere con quienes lo acompañan? ¿Está dispuesto a cortar vínculos con personajes cuestionados, o se trata simplemente de una figura que presta su popularidad a una estructura tradicional?

El momento exige transparencia. Si Carlos Álvarez verdaderamente quiere marcar distancia de la política que critica, debe explicar ante la opinión pública cuál es su relación con Meza, Romero y su entorno. No basta con el silencio ni con el humor. La lucha contra la corrupción comienza por casa.

Apretón de manos y cada uno por su lado. El Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes acontecidas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. Cabe recordar que dicha denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación, pero el Parlamento consideró que no había pruebas suficientes para seguir con el proceso.

Tal decisión fue tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), significando el cierre del caso desde el lado político; sin embargo, eso no impide que la Fiscalía continúe investigando por su cuenta.

El informe final fue elaborado por el congresista José Jerí, quien recomendó que se archive la denuncia. En su presentación explicó que no había elementos suficientes para imputar a la presidenta. El documento fue aprobado por mayoría durante la sesión encabezada por la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña.

Jerí, voceado para ser el nuevo titular de la Mesa Directiva del Congreso, mencionó que este archivamiento no bloquea el trabajo de la Fiscalía. Es decir, el proceso penal sigue su curso, quitando de esa manera cualquier responsabilidad política al Legislativo.

Esta decisión del Congreso tiene impacto en cómo se gestionan las responsabilidades del Gobierno. Al archivar el caso, se limita la posibilidad de un juicio político contra Boluarte, lo que genera críticas de algunos sectores que esperaban una mayor fiscalización.

Además, pone en evidencia cómo el Congreso y el Ejecutivo pueden protegerse mutuamente en temas sensibles. Sin embargo, la Fiscalía aún puede encontrar pruebas y llevar el caso por la vía penal, lo que podría cambiar el escenario más adelante.

De esta manera, la jefa de Estado ya no enfrentará un proceso político en el Congreso, pero las investigaciones seguirán su curso desde la Fiscalía. En caso de encontrarse nuevas pruebas que comprometan a la autodenominada “mamá de todos los peruanos”, el Ministerio Público podría presentar una nueva denuncia en un futuro no muy lejano.

Embarrado y descarrilado. El infame burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga, no para de soltar una retahíla de sinsentidos que solo lo celebra su portátil y sus cientos de trolles en las redes sociales. Está de más decir sobre su fantasía con el tren de Lima a Chosica, ya que no cuenta con ningún tipo de estudio técnico ni el aval del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), repitiendo una y otra vez que este año entrará en funcionamiento cuando la realidad es que los vagones solamente fueron desembarcados para estar almacenados hasta nuevo aviso.

Ahora, para no desentonar con sus disparates, ‘Porky’ nuevamente no pensó lo que salía de su boca para insultar a varias dirigentes de las ollas comunes de San Juan de Lurigancho (SJL), entre ellas la ama de casa Abilia Ramos, calificándola de “ladrona”, “mentirosa” y hasta de “asesina”, solamente porque las madres reclamaron que la sangre de pollo entregada por la gestión municipal presentaba un fuerte olor y no se encontraba en condiciones aptas para el consumo humano.

"PORKY" SIENDO GROTESCO, Y UN CRETINO TOTAL… DIFAMANDO A UNA MADRE QUE DIRIGE UNA OLLA COMUN SOLO POR PROTESTAR POR LA SANGRECITA HEDIONDA QUE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA HA ENTREGADO Y @saludconlupa Y @Plataforma_SAN HAN DENUNCIADO . pic.twitter.com/8qjkWFnTyj

— Salud en Casa (@Salud_en_casa1) July 17, 2025

Tras esas indebidas declaraciones del alcalde que dijo que iba a traer drones que iba a explotar delante de los ladrones, las organizaciones integrantes del Grupo Impulsor del Pacto de Gobernabilidad de SJL emitieron un comunicado rechazando categóricamente las vomitivas declaraciones de ‘Porky’, y expresar tu total apoyo para Abilia Ramos.

“Condenamos la intimidación ejercida por el alcalde metropolitano mediante frases como “una olla común que estamos localizando, que es politizada y está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona. Una olla dice que huele mal, pero el resto de ollas la usa. Estoy viendo lo que se puede hacer”, se lee en el comunicado.

Tras varias declaraciones absolutamente condenables de parte del alcalde Rafael López Aliaga, ya resulta necesario cuestionar su perfil psicológico y si ello le impide poder ejercer de manera ordinaria sus funciones dentro de la municipalidad de Lima, pues ya son varias las veces en que se desaparece por varios días, y las veces en que da declaraciones se le ve desorientado y poco lúcido.

Una guerra sin cuartel. La Fiscalía de la Nación acaba de presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria y el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a quienes se le atribuye la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado peruano. el documento, elaborado por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, expone una supuesta red de intercambio de favores entre ambos funcionarios y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas.

De acuerdo con el documento, los hechos habrían tenido lugar entre finales de agosto de 2022 y noviembre de 2023, periodo en el que se habría concretado una serie de acuerdos entre los ahora denunciados y la exfiscal Benavides. A Checkley Soria se le atribuye aceptar la promesa de ventaja ofrecida por la entonces fiscal de la Nación, que consistió en archivar la investigación seguida en su contra ante la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del entonces fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a cambio de declarar fundado el sobreseimiento de las imputaciones realizadas contra Enma Benavides Vargas, programando la audiencia en una fecha oportuna para los intereses de esta.

En tanto, a Helder Uriel Terán Dianderas también se le atribuye aceptar la promesa de ventaja realizada por Benavides, que consistió en conservarlo en dicho cargo, a cambio de que mantenga en trámite la investigación seguida contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, por hechos relacionados a su actuación como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Piura, la cual se tramitaba en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

De esta manera, se evidenciaría un mecanismo entre ambas figuras y Patricia Benavides, que le habría permitido a la exfiscal desarrollar una estrategia favorable para cumplir sus objetivos en favor de su hermana Enma Benavides quien ya retornó al Poder Judicial, luego de que la Junta Nacional de Justicia anulara la destitución que había recaído en su contra.

Una cosa es ser partidario y otra un lamebotas. En el mundo de la política todo aquel que quiere seguir ascendiendo en la escalera del poder es consciente de que tiene que embarrarse hasta el cuello y besar varias manos para conseguir sus objetivos. Es así que cada cierto tiempo aparecen personajes patéticos que tratan de defender lo indefendible.

Cómo olvidar aquel expremier que gritaba a los cuatro vientos que el expresidente Pedro Castillo no recordaba nada de lo que había dicho durante su mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022; o ese otro expremier que era capaz de inmolarse por la chalhuanquina, pese a que todas las evidencias la dan como responsable.

Tanta será la efervescencia por el poder que termina embriagando a muchos, como el caso del teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, saliera a decir muy tranquilo durante la presentación de los trenes de segunda traídos por Rafael López Aliaga que él “será un gran presidente” cuando se le consultó si iba a postular a la presidencia el popular ‘Porky’.

Ante ello, el Jurado Electoral Especial (JEE) emitió un documento donde señala con claridad que Reggiardo habría infringido el principio de neutralidad durante esa presentación en el Parque de la Muralla.

De acuerdo al JEE, tales comentarios de Reggiardo favorecerían directamente al partido Renovación Popular y a López Aliaga.

«El regidor provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante los mensajes que pronuncia en la inauguración de obras ejecutadas por la MML y que de forma directa estaría favoreciendo a la organización política ‘Renovación Popular’ cuya imagen representativa es Rafael López Aliaga», indica dicho oficio.

Ahora, este documento será evaluado por el Pleno del JEE Lima Centro para que notifique el mismo a Reggiardo a fin de que ofrezca los descargos. Luego, el tribunal determinará si el teniente alcalde efectivamente vulneró la neutralidad electoral.

En un país que constitucionalmente se declara laico, el reciente anuncio del gobierno de Dina Boluarte ha reavivado el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha confirmado la inversión inicial de 40 millones de soles en la llamada “Ruta del Papa León XIV”, un proyecto turístico centrado en los lugares que recorrió el actual sumo pontífice, Robert Prevost, durante su vida pastoral en el Perú. Esta inversión, sería parte de los S/ 540 millones que se emplearán en la ruta religiosa.

La ministra del sector, Úrsula Desilú León, informó durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que ya se ha aprobado la transferencia de recursos a distintas entidades públicas para el desarrollo del circuito turístico. “Ya hemos dispuesto de 40 millones de soles para impulsar la ruta del papa, a través de una ley que autoriza el financiamiento de acciones en el marco de este proyecto”, precisó.

Los beneficiarios incluyen al Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, entre otras instituciones. Según el Ejecutivo, esta inversión busca promover el turismo religioso con un enfoque patrimonial y espiritual, en línea con una estrategia más amplia de dinamización económica en regiones históricas y de alto valor cultural.

El circuito abarcará cuatro regiones del país: Piura, Lambayeque, La Libertad y el Callao. Entre los puntos más destacados del recorrido figuran el Obispado de Chulucanas, el Santuario de la Cruz de Motupe, la Catedral de Chiclayo y la Diócesis del Callao, todos ligados a la trayectoria eclesiástica del cardenal Robert Prevost, hoy Papa León XIV.

El lanzamiento oficial del proyecto está programado para el 21 de julio y se realizará simultáneamente en las cuatro regiones involucradas. “Estamos mapeando una inversión más amplia, que podría alcanzar hasta 540 millones de soles, priorizando también obras de transporte, vivienda y saneamiento en las zonas donde pasará la ruta”, explicó la ministra León.

Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de cuestionamientos. Diversos especialistas en derecho constitucional y defensores del laicismo han recordado que el artículo 50 de la Constitución del Perú reconoce la independencia del Estado frente a cualquier confesión religiosa. Aunque la Iglesia Católica mantiene un vínculo especial con el Estado por razones históricas y culturales, este no debería traducirse en un trato preferencial financiado con fondos públicos, afirman.

Aún no se han anunciado rutas equivalentes para otras tradiciones religiosas presentes en el país, lo que ha generado dudas sobre la equidad del enfoque gubernamental. Mientras el Ejecutivo defiende el proyecto como una apuesta por el turismo y la recuperación económica regional, el debate de fondo —¿puede un Estado laico financiar una ruta explícitamente católica? — sigue sin resolverse.

No solo en julio se escuchará el himno nacional. Durante las últimas décadas, el Perú viene sufriendo por una crisis de identidad de los símbolos patrios; atrás quedaron cuadras enteras cubiertas por los colores patrios, en las formaciones se cantaba, a todo pulmón, obligatoriamente el himno nacional, y miles de escolares ansiaban formar parte de la escolta para así poder marchar el 29 de julio.

A propósito de esa crisis, el Ministerio de Defensa (Mindef) viene proponiendo que todos los medios de comunicación que emitan señales de manera regular incluyan en su parrilla el himno nacional al menos dos veces al día. «Las transmisiones deben realizarse a las 08:00 y las 18:00 horas», señala el documento oficial, destacando la importancia de esta práctica para reforzar la identidad nacional.

De acuerdo al documento oficial elaborado por el Mindef, los canales y emisoras, tanto público como privadas, están obligados a seguir la versión oficial del himno nacional.

«La difusión, incluyendo subtítulos y lenguaje de señas para las emisiones televisivas, pública y en vivo, debe cumplir con el himno nacional oficial a las 08:00 y las 18:00 horas», se indica en la regulación. Esta medida busca garantizar que la ciudadanía acceda a una representación unificada del símbolo patrio, promoviendo su valor cultural en todos los hogares.

No se podrá alterar el himno nacional

La norma también prohíbe modificaciones arbitrarias en la ejecución del himno. «Queda prohibida la difusión de versiones no oficiales, con arreglos, modificaciones, superposición de imágenes, sonidos de fondo u otros efectos», según el artículo 47 de la Resolución Ministerial n.° 00836-2025-DE. Esta restricción asegura que la esencia del himno se mantenga intacta, respetando su diseño original y evitando alteraciones que puedan desvirtuar su significado.

Finalmente, la implementación de estas reglas recae en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), ente encargado de supervisar su cumplimiento.

Críticas

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su desacuerdo con el proyecto que obliga a los medios a transmitir el himno nacional en horarios fijos, como contempla el pre reglamento elaborado por el Ministerio de Defensa. Gutiérrez consideró que esta medida no aporta una solución real y subrayó que la difusión de los símbolos patrios debería ser parte de la política institucional de cada medio de “manera voluntaria”.

El funcionario advirtió que, aunque los medios utilizan el espectro radioeléctrico que pertenece a todos los peruanos, el compromiso de promover valores cívicos no se debe imponer desde el Estado. En su opinión, una alternativa sería incorporar mensajes patrióticos u homenajes a héroes nacionales, especialmente durante festividades como Fiestas Patrias.

Aquí la palabras del congresista José Cueto.

Desde su celda, el expresidente Pedro Castillo ha vuelto a alzar la voz. Esta vez, no por su propio proceso judicial, sino para defender a su incondicional exprimera ministra, Betssy Chávez Chino, quien enfrenta su propia batalla tras iniciar una huelga de hambre en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. La medida extrema, según su defensa, responde a presuntas agresiones y restricciones que vulnerarían sus derechos fundamentales.

Castillo Terrones, procesado junto a Chávez Chino por su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, utilizó su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) para solidarizarse públicamente con ella. No solo exigió garantías para su integridad, sino que la describió como “víctima del odio” de un “régimen usurpador”, acusando al actual gobierno de ser cómplice de su situación.

“Expreso mi total solidaridad con la compañera Betssy Chávez, ex primera ministra del Perú, hoy víctima del odio y la persecución. Exigimos garantías para su vida, el cese del hostigamiento y el respeto pleno a sus derechos humanos”, escribió el exmandatario, reiterando la narrativa de persecución política que ha sostenido desde su detención.

Las denuncias de Betssy Chávez no son menores. A través de su abogado, Raúl Noblecilla, ha señalado que sufre tratos vejatorios: se le prohibiría el uso de los baños los fines de semana, el libre tránsito por los pasillos del penal, y el acceso regular a su defensa técnica y a sus visitas familiares. Además, hace apenas unas semanas denunció ante la opinión pública un intento de chantaje sexual dentro del centro penitenciario.

El actual primer ministro, Eduardo Arana, fue consultado por la prensa sobre estas acusaciones. Aunque no confirmó los hechos, sí declaró que “cualquier forma de maltrato será rechazada y, de comprobarse, se tomarán las medidas correctivas necesarias”.

Castillo Terrones, quien enfrenta un pedido de 34 años de cárcel por presunta rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, ha encontrado en Betssy Chávez una aliada política firme. Ella, por su parte, afronta una posible condena de entre 15 a 25 años. La huelga de hambre que ha iniciado Chávez recuerda el mismo acto simbólico adoptado por Castillo al comenzar su juicio oral, reforzando la narrativa de resistencia frente al poder que ambos comparten.

En medio de procesos judiciales y aislamiento carcelario, el exjefe de Estado no duda en defender a quien considera parte esencial de su círculo más leal. Para Castillo, Betssy no es solo una exministra: es una íntima compañera de causa, hoy —según su visión— víctima del mismo aparato que lo derrocó.