Tras más de 48 horas desde que se inició el incendio en Barrios Altos, en el Centro de Lima, que ha afectado a media docena de edificios y a varias viviendas y quintas, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, apareció para responder los cuestionamientos, por hallarse como ‘no habido’ y justificó su ausencia durante el siniestro, argumentando que este tipo de emergencias no le son habituales, debido a que proviene del mundo corporativo.

Lopez Aliaga responde a la prensa 

López Aliaga, criticó a los medios periodísticos por señalarlo como un alcalde ausente ante un desastre; y comparó su administración edil con las gestiones de la exalcaldesa Susana Villarán, y el expresidente Martín Vizcarra; remarcando que en esos casos la prensa no los cuestionó por estar ausentes en momentos de crisis.

“Lamento las expresiones de cierta prensa, que son muy fáciles para criticar esta gestión, pero que no dijeron nada durante muchos años con gobiernos claramente corruptos, como el de la señora Villarán o el señor Vizcarra. Ahí sí, no se preguntaban nada”, refirió López Aliaga.

Reconoce que es ‘corporativo’ y no ‘edil’

Asimismo, el burgomaestre metropolitano, justificó su falta de intervención directa en el incendio y alegó que se debe a su experiencia como empresario corporativo y no como un servidor que atiende situaciones de emergencia, y mencionó a Mario Casaretto, presidente de Emape, quien sí se mantuvo activo atendiendo la emergencia y adoptando medidas ante el siniestro.

“Yo tengo un estilo distinto. Yo vengo de un mundo corporativo. Le quisiera decir al señor Miró Quesada que tiene El Comercio, Canal N, a temas directos que corresponden a un comandante. O a la señora Aljovín, a que se apersone a hacer reportajes. Se está trastocando la función de un alcalde. Que pongan orden en sus canales, que lamentablemente están quebrados, pero aquí no hay mermelada”, arremetió contra el Grupo El Comercio.

Rafael López Aliaga se defendió de no haber estado presente en los medios durante el devastador incendio argumentando que no es un “alcalde figuretti”. En su declaración, hizo referencia a otras autoridades que, según él, suelen mantenerse en contacto constante con los medios durante las emergencias. En contraste, el alcalde argumentó que, como “alcalde gerente”, su objetivo es centrarse en las soluciones para la población sin necesidad de estar presente en el lugar de los hechos.

“Yo soy un alcalde gerente, no un alcalde figuretti. Ese trabajo del alcalde no es estarse paseando en medio de una catástrofe”, expresó.

Con él no es. Miles de familias en el norte del Perú viven con el agua hasta el cuello, suplicando por un poco de asistencia de sus autoridades, sobre todo de su gobernador regional César Acuña, quien no ha visto mejor ocasión que volver a irse de viaje, abandonando nuevamente a sus votantes a su suerte.

A través de un oficio se informó que Acuña estará ausente desde el 6 hasta el 15 de marzo de 2025, dejando el despacho de Gobernación bajo la responsabilidad de la Vicegobernadora, Joana del Rosario Cabrera Pimentel, pese a que el Centro de Emergencia Regional (COER) La Libertad informara que hasta el momento va 10 personas fallecidas a consecuencia de los huaycos y deslizamientos de tierra.

El documento, fechado el 5 de marzo, fue emitido por el propio César Acuña, quien notificó al Consejo Regional de su decisión alrededor de las 8 de la mañana de ese día. En su comunicación, Acuña menciona que hará uso de su “goce vacacional correspondiente al año 2023″, según lo establecido en el artículo 23° de la ley 27867.

La anunciada toma de vacaciones de Acuña Peralta coincide con la reciente declaratoria del Poder Ejecutivo, que establece el estado de emergencia por 60 días en 90 distritos de 18 regiones, incluyendo La Libertad, debido a los daños causados por intensas lluvias.

Cabe mencionar que, el gobernador regional de La Libertad acumuló 111 días de ausencia en su cargo durante 2023 y 2024. Las inasistencias se debieron a licencias sin goce de haber, un viaje a China en comisión de servicio y vacaciones.

En 2024 se ausentó durante 45 días por licencia sin goce de haber y 40 días más por otro tipo de licencia, ambas aprobadas por el consejo regional, donde Alianza Para el Progreso tiene mayoría. Además, estuvo 11 días en China entre el 4 y el 14 de abril en una comisión de servicio, donde asistió a un evento tecnológico invitado por la empresa Huawei. En 2023, disfrutó de 15 días de vacaciones.

El exministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), investigado por el presunto delito de negociación incompatible y obstrucción a la justicia, Julio Demartini Montes, continúa gozando de la protección de la presidenta Dina Boluarte, y seguirá insertado en el aparato estatal, pese a los serios cuestionamientos que pesan sobre él, respecto del caso ‘Qali Warma’ y porque se especuló que habría intentado salir del país para huir de la justicia.

En esa línea, el denominado ‘exministro carne de caballo’ fue designado en el cargo de asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y ya no asumirá como embajador político del Perú en el Vaticano, debido a un pedido de impedimento de salida del país contra él tramitado por la Fiscal de la Nación. Y en lo sucesivo despachará en la cartera que lidera Úrsula Desilú León Chempén. Asimismo, según información del Ministerio, Demartini Montes percibiría un sueldo de S/15 mil.

Niegan que contratación sea para evitar impedimento de salida

De acuerdo a La República, Fernando Silva, defensa legal del exministro Demartini, confirmó que su patrocinado ha sido contratado bajo la modalidad de ‘Fondo de Apoyo Gerencial’ (FAG) en marzo de 2025. Asimismo, el letrado habría negado que dicha contratación sea una estrategia para evitar que se dicte impedimento de salida del país contra Julio Demartini, y añadió que la denuncia penal contra su patrocinado será archivada.

Con unos kilos de más, distintivo de que está bien alimentado, el ex presidente Pedro Castillo pretendió convertir la audiencia del juicio oral en una plaza pública donde el desorden y el griterío son válidos. Aún cuesta entender cómo existen personas que continúan defendiéndolo pese a su pobre capacidad de razonamiento jurídico.

El ex presidente chotano esta mañana intentó escaparse de la audiencia bajo el pretexto de que no quería contar con un abogado y que además se sentía “incómodo”, como si se tratara de un niño engreído que empieza a hacer su pataleta. Cabe recordar que el ex mandatario enfrenta un proceso por el presunto delito de rebelión y abuso de autoridad y por ello la Fiscalía solicita 34 años de prisión preventiva.

El exmandatario volvió a rechazar la presencia de su defensa pública y manifestó su desacuerdo con el tribunal. “No necesito de esos servicios. El único delito que cometí es defender este pueblo”, dijo antes de señalar que el Ministerio Público ha “forzado el tipo penal” para encarcelarlo.

Posteriormente, intentó abandonar la sala, pero los magistrados negaron su requerimiento. “No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme? (…) Estoy aquí contra mi voluntad», dijo. En otro momento, también criticó a la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha calculado una reparación civil de 65,4 millones de soles a ser pagados entre los eventuales condenados por este caso.

El titular de la sala, el juez supremo José Neyra, le invocó a mantenerse presente y le advirtió que podría ordenar medidas si se oponía. Además, destacó que Castillo había expresado su negativa a contar con un abogado particular y subrayó que todo lo ocurrido estaba siendo registrado en video.

El dato:

Junto al exjefe de Estado son procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres ex policías, para los cuales el Ministerio Público solicita penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.

Este jueves 6 de marzo el Pleno del Congreso de la República rechazó admitir a debate para evaluar la moción de censura (Número 15442) contra el presidente de esa Institución, el congresista Eduardo Salhuana Cavides.

El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) se salvó de ser debatido y probablemente destituido de la Mesa Directiva, gracias a los 63 votos en contra de su censura (ejercidos por Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Acción Popular y Avanza País), frente a los apenas 17 votos a favor, y las 13 abstenciones que aseguraron su presidencia, a pesar de haber sido acusado por presunto incumplimiento de funciones al no aclarar sobre las razones de su cuestionado viaje a China, en medio de las investigaciones sobre una presunta ‘red de prostitución’ en el Congreso, de la cual, su gestión guardó un notorio hermetismo.

Salhuana no aclara sobre ‘Red de prostitución’

El documento presentado en su contra pedía explicaciones sobre la supuesta ‘red de meretricio’ dentro del Poder Legislativo, que conforme a las investigaciones se presume que existiría una organización enquistada para estos servicios y también por los motivos de su viaje a China.

“Por el incumplimiento de funciones en la adopción de medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral relacionada con el escándalo vinculado a presuntas acciones de proxenetismo y contratación irregular de personal del servicio parlamentario, así como el inoportuno viaje a la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China», se lee en una parte de la moción.

Salhuana anunció que no renunciará

A pesar de los constantes cuestionamientos y llamados a dejar el cargo, el congresista de Alianza para el Progreso (APP) reafirmó en varias oportunidades que no renunciará, argumentando que, siempre enfrentó los problemas y las responsabilidades de sus funciones.

«En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro a hacerlo. Yo acostumbro, en mi vida política y personal, encarar los problemas y ser responsable del cargo que ocupo. Yo soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles», declaró Salhuana ante los medios.

Con 64 votos en contra archivan moción de censura contra Eduardo Salhuana por caso 'red de prostitución'. pic.twitter.com/7DCfReWxIV

— Revista Lima Gris (@Limagris) March 6, 2025

El parlamentario por la región de Ayacucho, Alex Flores Ramírez, presentó una denuncia constitucional contra el ministro Juan José Santiváñez Antúnez, por infracción a la Constitución; específicamente por «mentir y deshonrar a la Nación» e infringir los artículos 38° y 39° establecidos en la Carta Magna. Por lo que recomienda inhabilitar de la función pública por diez años al titular del Mininter.

De acuerdo al documento de la denuncia presentada por el legislador de la bancada Socialista, se indica que Santiváñez Antúnez incurrió en infracción de los dos artículos constitucionales en mención. El primero se refiere a la obligación de honrar al país como peruano; mientras que el segundo artículo indica que los funcionarios públicos están obligados a servir a la Nación. En tanto, Flores Ramírez considera que el ministro del Interior no cumplió con ello por haber mentido.

Asimismo, el legislador señala que, el último domingo 2 de marzo, un programa periodístico informó que un ‘testigo protegido’ señaló al ministro Santiváñez como autor de presuntas coimas para «arreglar procesos judiciales», y según su versión, el titular del Mininter habría recibido $60 mil dólares: la primera mitad en su cuenta bancaria, y los otros $30 mil, directa y personalmente.  

«Es claro que un ministro que ha mentido a la Nación de esa manera y se ha burlado del país ha incurrido en flagrante infracción a la Constitución Política, porque con su nefasto, falaz y mentiroso proceder ha deshonrado al Perú. Y al hacerlo ha quebrantado sus deberes de respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación», manifestó el congresista de izquierda.

“Hay un espíritu de blindaje dentro del Congreso”   

La denuncia presentada por Alex Flores será derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña Peralta, donde deberá ser debatida para definir su aprobación o rechazo. Sin embargo, se teme que ese grupo de trabajo dilate el trámite, como ha sucedido con la denunciada impulsada por el congresista Elías Varas en octubre del 2024, contra el titular del Interior y que aún no se agenda.

Asimismo, el parlamentario Flores Ramírez, culpa a varias bancadas del Congreso de blindar al ministro del Interior; en especial, respecto de la nueva moción de censura que un grupo congresal viene impulsando a través de las firmas.   

“Ahora hay una moción de censura en camino. No quieren firmar los de la bancada fujimorista, los acuñistas. No quieren firmar Avanza País, Acción Popular, Perú Libre, la Bancada Magisterial. Es decir, están blindando de una manera descarada a un ministro incapaz, a un ministro que miente y en plena crisis de inseguridad ciudadana se va fuera del país”, culminó el parlamentario.

El ocio, la madre de todos los vicios. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, presentó al presidente del Congreso de la República un Proyecto de Ley (PL) que regula la aprobación de feriados nacionales y días no laborales. Esta iniciativa legislativa tiene la finalidad de fortalecer la atención del servicio público a la ciudadanía, la productividad y competitividad del país, ante el alto número de días de descanso que se han establecido en los últimos cuatro años en perjuicio de la economía y los derechos fundamentales de las personas.

En el proyecto presentado se da a conocer los efectos negativos que produce la aprobación de feriados y de días no laborables para la productividad de las entidades y los conflictos de carácter laboral que se generan, posicionando al Perú en el ranking de los países con el mayor número de días de descansos remunerados en Sudamérica.

El titular de la Defensoría del Pueblo indicó que en el 2020 el Perú contaba con 12 feriados no laborables declarados por ley; no obstante, en los últimos años se aprobaron 4 nuevas festividades no laborables, por lo que suman 16 los días de descanso remunerado para los trabajadores del sector público y privado, aumentándose a 46 si consideramos los 30 días de su periodo vacacional.

Este número elevado de feriados genera un impacto en el PBI, según ha sostenido el Banco Central de Reserva (BCR) en su Reporte de Inflación de setiembre 2023, refiriéndose a los efectos producidos por el aumento de feriados adicionales en la economía. El BCR señala que este incremento de feriados adicionales podría tener efectos diferenciados, y en algunos casos no deseados sobre las actividades económicas, además de elevar los costos laborales, afectando la contratación formal, con un impacto susceptible en los sectores no primarios.

Otro impacto significativo sustentado por la Defensoría del Pueblo es que los feriados para el sector público generan consecuencias negativas para los ciudadanos, debido a que la disminución de horas de atención al público frustra las gestiones que las personas quieren realizar en torno a sus derechos civiles, sociales y económicos. Sobre todo existe una afectación en los servicios esenciales, como en la educación, y por consecuencia a los miles de estudiantes de escuelas públicas de todo el país.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | La propuesta busca establecer una evaluación económica y social antes de aprobar feriados, con el objetivo de equilibrar la productividad del país y evitar los impactos negativos en la economía y los servicios públicos.

📻 95.5 FM
📡 6.1 señal… pic.twitter.com/KNOB9hU7u4

— Exitosa Noticias (@exitosape) March 6, 2025

Por estos motivos, el PL establece la obligación de realizar una evaluación técnica económica y social previa a la aprobación de feriados nacionales y no laborables para evaluar sus efectos a corto y largo plazo, asegurando que el porcentaje de beneficios para la población sea inferior al de sus costos. De igual manera, precisa que la competencia para declarar feriados le corresponde exclusivamente al Congreso de la República y no a los Gobiernos Regionales y Locales.

El cuestionado Ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez anunció que no renunciará al cargo, a pesar de los alarmantes indicadores de inseguridad que ponen en zozobra al país, por causa de la incesante ola criminal que se encuentra enquistada en todos los rincones del Perú.   

Santiváñez Antúnez, en una entrevista para Exitosa, remarcó que su despacho ministerial, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú (PNP), viene realizando un trabajo «denodado» en la lucha contra la criminalidad.  

«Yo no voy a renunciar porque para mí una renuncia significaría rendirme. Nosotros en el despacho del Interior, conjuntamente con la Policía Nacional, estamos haciendo un trabajo denodado en la lucha contra la criminalidad. Somos una gestión que ha inaugurado comisarías, estamos comprando armamento, hemos logrado la donación de nueve helicópteros blancos de Estados Unidos», expresó el ministro.

Asimismo, y debido a las evidencias que muestran su estrecho vínculo y cercanía con la mandataria Dina Boluarte, negó ser el presidente del Consejo de Ministros «de facto» y aseguró que el líder de la PCM es Gustavo Adrianzén.

«Nosotros en el Consejo de Ministros tenemos un líder muy claro; un jefe del Consejo de Ministros que es el doctor Gustavo Adrianzén. Nosotros nos debemos a los lineamientos que nuestro líder nos dicta y yo soy sumamente respetuoso con él», añadió como respuesta.

Acusó a la Fiscalía de liberar criminales

Asimismo, el ministro Santiváñez Antúnez responsabilizó al Ministerio Público del distanciamiento con su institución el Mininter y los acusó de liberar delincuentes luego de que la PNP los captura.

«Yo no he presentado una demanda de inconstitucionalidad para querer tumbarme una norma que establece que la Policía tiene las prerrogativas para investigar. Nosotros no hemos iniciado el conflicto de esta supuesta guerra mediática. Nosotros no somos los que liberamos a los delincuentes cuando los capturamos», remarcó, respecto de la Fiscalía. Sin embargo, aclaró que tiene una buena relación con el Poder Judicial y que incluso, han trabajado en los juzgados de flagrancia.

«Nosotros estamos trabajando conjuntamente con todos los poderes del Estado. Mira nuestra relación con el Poder Judicial, es excelente. Desde que estaba el Dr. Arévalo en la Presidencia, nosotros incentivamos los juzgados de flagrancia. juzgados donde el Ministerio Público nunca pisó. Ahora con la señora presidenta del Poder Judicial estamos igualmente incentivando propuestas», culminó el cuestionado ministro.