El congresista Alejandro Muñante Barrios, de la bancada de Renovación Popular, nuevamente ha expuesto la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el Perú. Esto lo hizo en declaraciones a la prensa y pidió al gobierno de Dina Boluarte denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), un tratado internacional creado el 22 de noviembre de 1969, al que el país está suscrito y que a lo largo de los años se ha presentado como una institución que garantiza la protección de los derechos humanos. Sin embargo, según Muñante Barrios, la denuncia de este pacto es el primer paso necesario para abrir las puertas legales a esta medida extrema de ajusticiamiento.

Muñante señala que el debate sobre ‘pena de muerte’ siempre estuvo en agenda

El legislador argumentó que el debate sobre la pena de muerte no es reciente en el país y que los peruanos consideran esta opción como una respuesta acertada para delitos graves, como los casos de agresores sexuales, feminicidio, y crímenes de demasiada violencia.

«El debate ya se inició hace años, no es un término apropiado, si realmente quieren iniciar el debate deberían empezar por denunciar el Pacto de San José, por parte de la presidenta más acciones que dichos», declaró a la prensa.

¿De qué trata el Pacto de San José?

El Pacto de San José, conocido formalmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tratado internacional suscrito el 22 de noviembre de 1969, al que Perú está suscrito y que limita la aplicación de la pena de muerte en los países signatarios, entre ellos nuestro país. De acuerdo al artículo 4° de esta convención, los Estados parte se comprometen a respetar la vida desde la concepción y a restringir al máximo la pena capital, permitiéndola únicamente en casos excepcionales, establecidos previamente en sus legislaciones internas.

«La ley establece la sanción y destitución administrativa para aquellos jueces y fiscales que apartándose de sus deberes funcionales deciden poner en libertad a delincuentes capturados en flagrancia, cuyas penas sean mayores de 5 años. Estamos hablando de delitos graves que ya hemos visto en varios casos, los cuáles se busca corregir con esta ley» añadió Muñante Barrios.

En Perú solo se aplica ‘pena de muerte’ por traición a la patria

En el caso peruano, la Constitución permite la pena de muerte únicamente para delitos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo. Sin embargo, cualquier intento de ampliar su aplicación colisionaría con los compromisos internacionales asumidos al adherirse a este tratado. La denuncia del Pacto de San José, implicaría que el Perú renuncie formalmente a estas obligaciones.

El Gobierno de Dina Boluarte oficializó la norma que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal con el objetivo de asegurar el principio de presunción de inocencia y la mayor protección a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida se oficializa a través de la publicación de la Ley 32181 en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, se establece modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635 y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957; a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal policial. Uno de estos cambios se produce en el artículo 292-A del nuevo Código Procesal Penal, donde se indica que se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288° al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad. Ello cuando, en el ejercicio de su función policial, hace uso de su arma de reglamento, o medios de defensa en forma reglamentaria y, «como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte».

Asimismo, agrega que queda prohibido que el fiscal y el juez soliciten y dicten el mandato de detención preliminar y prisión preventiva, respectivamente, contra agentes de la policía, bajo responsabilidad funcional.

«El fiscal se encuentra impedido de solicitar detención preliminar judicial, contra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en cuadros que, en el ejercicio de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte», indica en la incorporación del artículo 261-A al nuevo Código Procesal Penal.

De igual modo, incorpora el párrafo tercero en el artículo 22° del Código Penal, Decreto Legislativo 635, referido a la responsabilidad restringida por la edad.

«Los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288° o 290° del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957», agrega.

¿A quién favorece realmente la ley?

Esta norma, busca dar mayor protección a los efectivos del orden, e incluye la derogación de algo muy importante: la detención preliminar en caso de no flagrancia. Para algunos expertos y miembros de la Fiscalía han alertado que esta norma, que salió de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que tuvo como autores a los legisladores Américo Gonza, Waldemar Cerrón y Víctor Flores, podría complicar la lucha contra las organizaciones criminales.

Esta ley modifica diversos artículos del Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal para que fiscales y jueces estén prohibidos de solicitar y dictar detención preliminar y prisión preventiva contra policías en caso de herir o dar muerte a un criminal en operativos o acciones contra el crimen. Sin embargo, lo extraño es que al final de la norma se incluye una disposición que deroga un inciso del artículo 261° del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención preliminar en caso de no flagrancia.

Actualmente, un juez puede dictar detención preliminar, a solicitud de la Fiscalía, contra una persona que es investigada por presuntamente cometer un delito mayor a los 4 años, porque existe el riesgo de fuga, y la obstrucción a la justicia.

Según el abogado penalista James Rodríguez, la norma podría ser usada por miembros de organizaciones criminales para evadir a la justicia. “Se deja sin efecto un artículo importante que da una puerta abierta para que organizaciones criminales y bandas delincuenciales puedan hacer uso de esta ley”, advirtió.

Agregó que la norma tendría un impacto negativo en la labor de los jueces. “En casos emblemáticos, como ‘Los Waykis en la Sombra’ o ‘Los Galácticos’, ahora los jueces, con esta nueva disposición, estarán con los brazos cruzados y no podrán aplicar la ley con toda rigurosidad. Y se le quita facultades para pedir prisión preliminar, porque esta norma protege a las organizaciones criminales”, recalcó el letrado.

La alerta se extiende al Ministerio Público. El flamante vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, señaló que lo aprobado en el Congreso dificultaría la labor de la Policía para intervenir a las redes criminales. «Derogar este literal del Código Procesal Penal, imposibilitaría a la PNP a investigar a miembros de organizaciones criminales. No podrían intervenir y solo les quedaría solicitar detención en flagrancia, pero ya se habrían fugado», enfatizó

¿Qué actividades ilegales se verían beneficiadas si esta normativa entra en vigencia? Entre estas se encuentran el tráfico de armas, la minería ilegal, la trata de personas y la tala ilegal. «Solo se limitaría para robos, hurtos, agresiones y pequeñas estafas», argumentó el exfiscal Víctor Cubas.

Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, advierte del peligro de un inminente peligro de fuga. En referencia a la posibilidad de que el expresidente de la República Martín Vizcarra se escape del Perú. Según Caya, la amistad y cercanía del “lagarto” con el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, y sus nexos con Odebrecht en el Brasil, le facilitarían una ruta de escape, aprovechando las fiestas de navidad y de fin de año.

Asimismo, aclaró que existe un fuerte peligro de fuga en alusión de su permiso para viajar a la región del sur con motivo de las fiestas navideñas y de año nuevo. Para Caya, la cercanía de la región peruana con el país altiplánico, configura un inminente riesgo, de que Vizcarra Cornejo pueda recibir ayuda para escapar del Perú.

«Vizcarra definitivamente va a ir a la cárcel y existe un peligro. Vizcarra va a acudir; tiene autorización para ir a Moquegua a pasar fiestas navideñas y fiestas de Año Nuevo; no vaya a ser, Bolivia queda a unos pocos kilómetros. ¿Quién es el presidente actual de Bolivia? Uno de los amigos de Vizcarra que fue trasladado en la avioneta pagada por Obrainsa», sostuvo para Exitosa y remarcó la cercanía del exmandatario peruano con el presidente de Bolivia, quien es relacionado también con el caso Obrainsa y con otras conexiones que incluirían también al otrora presidente Evo Morales.

«(Luis Arce) Es muy cercano a Vizcarra, que le va a dar el salvoconducto para que llegue a Brasil. Y en Brasil Vizcarra tiene mucha cercanía a Odebrecht. Vizcarra es muy cercano a Odebrecht en toda esta investigación y se va a saber más adelante», agregó Caya.

Requiere prisión domiciliaria, de lo contrario habría fuga inminente

Finalmente, el exconsejero regional de Moquegua, indicó que de acuerdo a su teoría, de no existir una prisión domiciliaria o alguna otra medida restrictiva que pueda evitar el desplazamiento de Vizcarra Cornejo hacia el sur del país, entonces es inminente su fuga del país.

«Tenemos esa teoría de que Vizcarra se va a fugar. El próximo año Vizcarra no va a estar; siempre y cuando el Poder Judicial, de repente, no determine, alguna detención domiciliaria en alguno de los casos», culminó Luis Miguel Caya.

En pocas palabras deberían de ganar más que el promedio de los peruanos. Con 17 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones, la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el legislador Fernando Rospigliosi (FP), aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6215/2023-CR, que propone una nueva Ley de Nacionalidad.

La propuesta tiene por objetivo establecer un régimen jurídico aplicable a los trámites y procedimientos de obtención, recuperación y renuncia de la nacionalidad peruana, así como la expedición de los correspondientes títulos de nacionalidad, garantizando el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y la normativa supranacional ratificada por el Estado peruano.

“Tiene por finalidad regular los vínculos jurídicos, políticos y sociales que genera la nacionalidad peruana, con observancia del marco previsto en la Constitución Política del Perú, los tratados, convenciones y acuerdos ratificados por el Estado peruano”, sostuvo.

De acuerdo con el artículo 17 de la iniciativa, las personas extranjeras podrán solicitar la obtención de la nacionalidad peruana por naturalización, cuando expresen su voluntad ante la autoridad competente, para cuyo efecto deben cumplir los requisitos del artículo 11 de la presente ley, además de otros.

Una valla económica

Uno de los requisitos es que debe acreditar el ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad empresarial u otra actividad que le permita generar ingresos económicos anuales de fuente lícita de 10 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/51,500, y tributar formalmente, a fin de solventar sus gastos en el territorio nacional.

Del mismo modo, acreditar un periodo de residencia migratoria mínima de 5 años en el Perú, sea de forma continua e inmediata anterior a la presentación de la solicitud.

Durante el debate, el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) señaló que el requisito de ingresos de 10 UIT para poder nacionalizarse es una cifra “arbitraria y beneficiaría a los que ganas más”. Por lo que planteó que sería ideal que, más allá del monto de que gane un extranjero, sse tome en cuenta que pague impuestos. “Creo que eso podría ser un requisito más idóneo”, dijo.

Por su parte, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) señaló que el sueldo promedio nacional del año 2023 es de 20 mil soles anuales, por lo que no tiene sentido exigir un nivel de ingresos ampliamente superior. “Solo deberíamos exigir formalidad, por lo que la propuesta de tributación es razonable”, acotó.

Al respecto, la parlamentaria Lady Camones (APP), autora de la iniciativa, señaló que su propuesta busca tener un mayor control sobre la nacionalización de muchos extranjeros de diversos países que viven el país. “Se quiere que el país sea atractivo y que haya extranjeros que generen ingresos”, dijo.

Se hunde más en su charco. El ex ministro de Agricultura José Hernández afirmó que el ex mandatario Martín Vizcarra Cornejo solicitó el pago de un soborno de 1.3 millones de soles para otorgar la buena pro de la obra Hospital de Moquegua cuando se desempeñaba como gobernador regional de dicha región (2011 -2014) y aseguró que la entrega del dinero se concretó entre los años 2014 al 2016.

Así lo reveló en la audiencia del juicio oral abierto contra Vizcarra Cornejo por el presunto delito de cohecho pasivo propio, cuya acusación también incluye el presunto cobro de una coima de un millón de soles para la obra Lomas de Ilo en la región Moquegua.

Durante el extenso interrogatorio a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, Hernández -quien declaró en calidad de testigo- abundó en detalles sobre todo el proceso del presunto acto ilícito, desde el momento en el que Vizcarra habría solicitado la coima, hasta la supuesta entrega de un último saldo del dinero mal habido. 

De acuerdo al testimonio de Hernández, en el año 2013 fue contactado por Rafael Granados, entonces gerente comercial de la empresa ICCGSA, para que intercediera entre su compañía y Vizcarra, en ese momento Gobernador Regional de Moquegua, con el fin de conversar sobre el proceso de la buena pro del Hospital de Moquegua.

ICCGSA, que estaba en consorcio con la empresa INCOT S.A.C, «quería asegurar» la adjudicación de la obra, y el contacto con Vizcarra se concretó a fines de noviembre de 2013 a través de una de llamada telefónica. Hernández y Granados se encontraban en la CADE que se realizaba en Paracas, Ica, y según el relato del exministro, él fue el intermediario de la solicitud de la coima.   

«Vizcarra le pide a Granados que me dé el teléfono y ahí empieza una conversación diferente. Ahí (Vizcarra) me pregunta si los conozco (a ICCGSA) y si son serios y que si habría algo adicional; o sea un premio […] que ellos se comen la torta solos. Se me quedó grabado porque nunca le había escuchado una expresión de ese tipo», dijo Hernández.

«Y la conversación devino en ‘si había algo para él’, y le digo que hable directamente con Granados. Me dice ‘mejor tú dile’ y le digo ‘de qué estamos hablando’ y él me habla de un monto de dinero: 1 millón 300 mil soles. Le digo a Granados «esto es lo que está pidiendo para otorgar la buena pro y firma de contrato», agregó el exministro. 

El exministro dijo en la audiencia que el pago del millón 300 mil soles de coima se realizó en varias entregas, y de acuerdo a su relato fue testigo de ello hasta en seis ocasiones.  

Indicó que el primer pago se realizó entre fines de marzo e inicios de abril del 2014. Según contó, Vizcarra le insistía en que se comunicará con los representantes del consorcio para que la entrega del dinero se concretara. Hernández dijo que hacía estos pedidos a través de mensajes en WhatsApp, en donde se referían a Vizcarra como ‘el amigo del sur’, por su origen moqueguano. 

Hernández afirmó que no fue hasta 2016, cuando tanto él (Midagri) como Vizcarra (MTC) integraban el gabinete de ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue testigo de la última entrega del pago de la coima.   

«(Vizcarra) me dijo en dos o tres oportunidades» que Fernando Castillo, «el mandamás de ICCGSA» le tenía un saldo», recordó en la audiencia. 

Como se conoce, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos Oliveros, a través de su grupo de trabajo, se encuentra inmerso en las investigaciones contra la mandataria Dina Boluarte. En tal sentido, hoy declaró para un medio y mencionó que la presidenta habría pedido un «perfil bajo» respecto a ciertos detalles, lo que genera más dudas y sospechas.

Asimismo, Burgos Oliveros indicó que algunas bancadas han estado bloqueando las investigaciones, lo que complica el trabajo de los congresistas que buscan esclarecer la situación. Sin embargo, añade que su grupo se mantiene firme y continuará con las indagaciones y en su pedido de facultades para crear una comisión investigadora; pese a las dificultades presentadas anteriormente donde no se alcanzaron los votos necesarios en el pleno. Sin embargo, el titular del grupo de trabajo sigue decidido en avanzar con las indagaciones. Y a pesar de las resistencias, confían en que pueden seguir adelante con el trabajo y la investigación, asegurando que sus motivaciones no están influenciadas por intereses externos.

Juan Burgos: “No busco la vacancia de la presidenta, sino la verdad”

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, abordó las declaraciones de Alberto Otárola, extitular del Consejo de Ministros, quien comentó sobre un posible vacío de poder en la mandataria Dina Boluarte.

En declaraciones a la prensa, el congresista menciona que según informes de medios la cirugía estética realizada a la presidenta Dina Boluarte, sí se habría dado. Por lo que ha generado fundadas especulaciones sobre un posible vacío de poder durante su recuperación, lo que, según algunos expertos, podría haberse dado una «usurpación de poderes» por parte del expremier Alberto Otárola.

Al respecto, Juan Burgos considera que si hubo alguna infracción constitucional, al mencionar el artículo 114° de la Constitución, que trata sobre el funcionamiento del gobierno, y la ausencia de la presidenta en las reuniones del Consejo de Ministros; entonces, puede ser considerada como una infracción. Asimismo, comentó que ya ha solicitado documentos, como las actas del Consejo de Ministros, para verificar la participación de la mandataria en las sesiones. Sin embargo, aún no se ha entregado toda la información solicitada, lo que ha generado dudas sobre posibles obstrucciones a la indagación.

Aunque algunos miembros del Congreso están considerando la posibilidad de una vacancia presidencial, el presidente de la Comisión de Fiscalización aclara que el objetivo no es buscar la vacancia, sino simplemente llegar a la verdad sobre lo sucedido, respecto de la intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte.

Este martes 10 de diciembre, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso que es presidida por el legislador Juan Burgos Oliveros, Jesús Poma, abogado defensor del suboficial Félix Montalvo, chofer del vehículo presidencial denominado ‘Cofre’, aseguró que la persona que acompañó el 24 y 25 de febrero pasado a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, al condominio Mikonos, fue Kelly Jaramillo Lima.

«Quien habría acompañado a Dina Boluarte en su presunto ingreso a Mikonos, de acuerdo a la ‘info’ que hemos recibido de Mikonos, sería la señora Kelly Jaramillo Lima, una persona de más de 40 años, propietaria de un inmueble en el condominio Mikonos», reveló el abogado Poma.

Luego de la presentación del abogado del chofer de Dina Boluarte, el presidente de la Junta de propietarios del complejo Mikonos, Gabriel Herrera, también se presentó ante la Comisión de Fiscalización y confirmó que efectivamente, Kelly Jaramillo Lima y su esposo son propietarios de una casa con vista al mar en el condominio situado en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en Playa Sarapampa en la exclusiva zona de Asia.

Hay que precisar que el esposo de Kelly Jaramillo, Hipólito Mejía Valenzuela, es presidente de la Caja Raíz. Esta caja fue intervenida en agosto del año pasado por la SBS, al ser señalada de maquillar su contabilidad. Asimismo, el 22 de agosto de 2023, Kelly Jaramillo Lima presentó su carta de renuncia a la compañía financiera ProEmpresa, donde tenía el cargo de Directora y Vicepresidenta del Directorio.

El ‘mochado’ ahora será él. El Poder Judicial (PJ) autorizó levantar el secreto bancario del congresista José Arriola Tueros (Podemos Perú) investigado en la Fiscalía por un presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho congresal durante el periodo comprendido entre diciembre del 2021 a marzo del 2023.

Fue el juez supremo Juan Carlos Checkley quien declarara fundado el requerimiento que hizo el Área Especializada en Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación para que se ejecute esta medida sobre las cuentas bancarias y financieras de dicho legislador y de un grupo de trabajadores de su despacho congresal que se encuentran en calidad de “afectados” dentro de este caso.

El magistrado precisó que el levantamiento del secreto bancario de estas personas se efectuará respecto al periodo comprendido del primero de octubre del 2021 al 30 de marzo del 2023.

Mediante una resolución emitida el último 2 de diciembre, Checkley Soria precisó que la medida requerida por la Fiscalía es idónea, necesaria y proporcional, ya que permitirá comprobar la existencia de depósitos y transferencias bancarias para determinar la presencia o no de movimientos dinerarios que habría solicitado Arriola Tueros a los trabajadores del despacho congresal, los cuales ascenderían al 10 y 15% por conceptos de ingresos por remuneraciones e ingresos por bonificaciones, respectivamente.

“Al ponderar la intensidad de la limitación de los derechos fundamentales y el interés socialmente protegible frente a la gravedad de la infracción penal que se atribuye al investigado, se puede concluir que el levantamiento del secreto bancario para Arriola Tueros y los terceros afectados reúne suficientes razones que la justifican para lograr recabar los datos que aclaren los hechos incriminados que son de interés público”, precisa el magistrado en su resolución.

Juan Carlos Checkley dispuso que la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones cumpla con remitir a la Fiscalía el reporte de cuentas bancarias y financieras, cerradas, vigentes y/o en liquidación de ahorros cuentas corrientes, mancomunadas si las hubiera y otras registradas a nombre del legislador José Arriola y los trabajadores del despacho congresal del investigado, movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los movimientos, informar el número total de las transferencias, depósitos o cualquier otra operación bancaria que se hubiera realizado en las cuentas activas y pasivas del investigado y los afectados, entre otras informaciones, respecto al periodo señalado.