El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de conflicto competencial presentada por el Poder Ejecutivo, representado por Dina Boluarte Zegarra, contra la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial (PJ), ello para evitar que se investigue a la presidenta mientras ejerza el cargo. Las partes involucradas disponen de un plazo de 30 días para presentar su respuesta a la notificación correspondiente.

La decisión del Tribunal Constitucional se da luego de que la mandataria subsanara la demanda competencial presentada para que el máximo intérprete de nuestra Carta Magna se pronuncie y defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser investigado y acusado.

“Se resuelve admitir a trámite la demanda de conflicto competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, y correr traslado de esta a los demandados para que se apersonen al proceso y la contesten dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución”, se lee en el oficio.

Hace unas semanas, específicamente el 23 de enero, el Tribunal Constitucional había declarado inadmisible la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo y le concedió un plazo de cinco días hábiles para que subsane las observaciones advertidas, bajo “apercibimiento” o “advertencia” de declarar improcedente la demanda.

Dina Boluarte rápidamente subsanó la ‘demanda competencial’ que presentó

Tras una semana de haber presentado la demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público; el pasado 30 de enero, la presidenta Dina Boluarte subsanó la demanda que finalmente fue admitida a trámite este miércoles 5 de febrero.

En la demanda presentada, la mandataria apela a su inmunidad y argumenta que existe un “menoscabo en el ejercicio de sus funciones”, debido a las múltiples investigaciones en su contra y se basa en la interpretación del Artículo 117° de la Constitución, que establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la Patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver la Cámara de Diputados (a excepción de los casos en que la Cámara de Diputados censura o niega su confianza a dos Consejos de Ministros) o impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral.

Como se sabe, un presidente de la República podría ser acusado constitucionalmente, tanto por infracción a la Constitución (juicio político), como por delito cometido en el ejercicio de sus funciones públicas (antejuicio político). Sin embargo, este procedimiento debe interpretarse en conjunto con el artículo 117° de la Constitución. Es decir, para que se pueda presentar una acusación contra la presidenta de la República por un supuesto distinto a los expresamente señalados en el artículo mencionado, esta debe ocurrir únicamente una vez que haya finalizado su mandato presidencial, y no antes.

El parlamentario de la bancada de Acción Popular Wilson Soto presentó un Proyecto de Ley (PL) que propone que seis feriados que ahora figuran como no laborables para los trabajadores del sector público y privado, se conviertan en laborables, con el fin de fortalecer la productividad y optimizar los días no laborables.

Según el PL 10133/2024 CR, estas seis fechas seguirían siendo feriados, pero laborales.

7 de junio, en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera

23 de julio, en conmemoración de la Fuerza Aérea del Perú  

6 de agosto, en conmemoración de la Batalla de Junín

30 de agosto, en conmemoración de Santa Rosa de Lima

8 de octubre, combate de Angamos; y

9 de diciembre, en conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

“Para establecer que las fechas señaladas en las referidas leyes (que crearon los feriados) y del artículo 6 del Decreto Legislativo 713 sean conmemorativas y laborables en el sector público y privado, con la finalidad de fortalecer la productividad”, señala el proyecto en su parte ejecutiva.

La iniciativa de Soto también propone la conformación de una comisión multipartidaria en el Congreso, con apoyo técnico del Ejecutivo y del Banco Central de Reserva, para evaluar los otros feriados que figuran en el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

En esta evaluación se incluiría a prácticamente todos los feriados del calendario nacional: Año Nuevo (1 de enero), Jueves y Viernes Santo (móviles), Día del Trabajo (1 de mayo); San Pedro y San Pablo (29 de junio); Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre); y Navidad (25 de diciembre).

En la propuesta legal, esta misma comisión se encargará también de revisar la sustentabilidad de los feriados decretados por los gobiernos regionales y locales.

Cada feriado equivale a 1400 millones de soles no producidos

De acuerdo a las estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cada feriado implica una pérdida del 0.4 % del Producto Bruto Interno (PBO), equivalente a un máximo de S/ 1,400 millones.

Previamente, la Asociación de Exportadores (ADEX) exhortó al Congreso a reducir los feriados nacionales a 12, eliminando los establecidos recientemente en el calendario: 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 9 de diciembre.

El escudero presidencial y ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, aseguró que la presidenta, Dina Boluarte Zegarra, da la cara mediante las obras que inaugura y que dialoga con los peruanos. Asimismo, afirmó que el Perú seguirá trabajando en coordinación con los Estados Unidos para la cooperación en aspectos de educación.

En declaraciones para la prensa, el exasesor presidencial y hoy ministro de Estado subrayó que el gobierno no cree en cortinas de humo y que, a diferencia de otros, la presidenta sí demuestra su trabajo con la inauguración de obras.

«Nosotros no creemos en cortinas de humo. El Perú somos todos los peruanos a la vez, quien quiera representar al Perú desde una fracción partidista, ideológica o de intereses de grupo personal, está cometiendo un error imperdonable. Y el trabajo de la presidenta de la República es dar la cara a través de las obras que va inaugurando. (…) de las primeras piedras como las de ayer en Abancay y trabajar dialogando con todos los peruanos», concluyó Quero Gaime.

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Morgan Quero, ministro de Educación: El trabajo de la presidenta Dina Boluarte es dar la cara a través de las obras que va inaugurando. En su momento se verá posibilidad de que ofrezca entrevista a la prensa

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¡Más dilatación de parte del Congreso! Con 17 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el texto sustitutorio sobre la detención preliminar en casos de no flagrancia; pese a haber sido ampliamente cuestionado, por no ejercer celeridad en aprobar por insistencia la autógrafa de ley anterior, que fue observada por el Gobierno de Dina Boluarte.

Asimismo, diversas entidades como el Colegio de Abogados de Lima piden que se apruebe la restitución de la anterior ley de detención preliminar.

Congreso dilata ‘aprobación por insistencia’ de ley de detención preliminar

Cabe resaltar que no se ha puesto a votación el texto observado por el Ejecutivo. Algunos legisladores criticaron este hecho, y han señalado que determinados sectores están buscando dilatar el debate.

Tras esta aprobación, se requiere de 78 firmas necesarias para poder convocar un pleno extraordinario y que se ponga en debate este nuevo texto aprobado por la Comisión de Justicia.

La Comisión de Justicia elaboró un predictamen que modifica la regulación de ‘la detención preliminar en casos de no flagrancia’

En lugar de insistir en la norma inicial que fue observada por el Poder Ejecutivo, el grupo de trabajo optó por presentar un nuevo texto que amplía el artículo 261° del Código Penal. El predictamen responde a las observaciones del Ejecutivo sobre la autógrafa de ley derivada de los proyectos 09733/2024-CR, 09760/2024-CR y 09764/2024-CR.

Además, se incorporan nuevos numerales para detallar los criterios de aplicación de esta medida, asegurando que solo se dicte cuando exista riesgo de fuga u obstaculización de la investigación.

La iniciativa también incorpora disposiciones sobre la individualización del imputado, los medios de comunicación válidos para emitir la orden de detención y los procedimientos que deben seguirse tras la captura. En este sentido, se establece que la orden deberá contener los datos personales del investigado y ser ejecutada por la Policía con la celeridad necesaria.

Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte viene capitalizando esta dilatación de la ley que de aprobarse pondría ‘tras las cuerdas’ a su vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien se libró de una eventual detención preliminar.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigación preliminar contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, por una denuncia ciudadana referida al proceso de validación de firmas para revocar al alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, en el departamento de Ica.

La Denuncia Ciudadana 1396-2024-JNJ presentada por la ciudadana Milagros de la Cruz Mendoza, según informa la JNJ, atribuye a Velarde Koechlin presuntamente no haber cumplido diligentemente el proceso de validación de firmas para revocar al alcalde distrital de Marcona, Ica, y que funcionarios y servidores de la citada institución no habrían cumplido con sus funciones. 

Según el expediente N.º 1396-2024-JNJ, la denuncia sostiene que la entidad invalidó más del 80% de las firmas presentadas, reduciendo el total a 2.672, cuando el mínimo requerido para proceder con la revocatoria es 3.409. De la Cruz Mendoza aseguró que se anularon firmas de sus familiares sin justificación. Un dato clave en la denuncia es que más de 800 ciudadanos de Marcona presentaron declaraciones juradas certificadas ante notario, respaldando el reclamo y asegurando que sus firmas fueron invalidadas de manera arbitraria por la jefa del Reniec.

Ante la denuncia, la JNJ solicitó a la titular del Reniec, el pasado 24 de enero, informar al organismo constitucional sobre las acciones adoptadas al respecto.

El pleno de la JNJ abrió la Investigación Preliminar 001-2025 contra Carmen Velarde y concedió el plazo de diez días para que informe de manera documentada lo que estime pertinente en relación con los hechos observados, adjuntando los medios probatorios necesarios. 

Cumplido el plazo otorgado, «no se habría remitido la información completa que permita establecer si, en el marco de sus funciones y competencias, ha impulsado, con diligencia y de acuerdo a ley, la debida tramitación de los hechos denunciados», señala la JNJ.

La respuesta de la titular del Reniec

Ante las acusaciones, Velarde Koechlin ha defendido la actuación del Reniec, asegurando que la entidad sigue criterios técnicos y jurídicos en la validación de firmas. Explicó que, en este caso, se presentaron declaraciones juradas de personas que afirmaban haber firmado el documento de revocatoria, pero enfatizó que estos documentos no forman parte del procedimiento oficial de verificación.

“Nosotros no lo podemos saber porque solo la persona es quien puede decir eso directamente, pero las declaraciones juradas no son parte del procedimiento de revisión de firmas”, declaró en entrevista con Canal N. Asimismo, mencionó que en la revisión se detectaron múltiples firmas duplicadas o que no coincidían con los registros, lo que impidió que se alcanzara el número necesario para proceder con la revocatoria del alcalde.

El congresista representante de los peruanos en el extranjero, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, dio su opinión respecto a la posibilidad de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) sean fusionados en uno solo, y cuestionó la permanencia de la cartera de la Mujer, al sugerir que el Estado no lo necesita, y que, si fuese así, también debería existir un «Ministerio del Hombre».

El parlamentario que en 2021 ingresó al Legislativo con Fuerza Popular y que luego de renunciar al partido naranja, en 2024 se incorporó a Alianza para el Progreso (APP), fue consultado por la prensa, respecto a la probabilidad de que dichos ministerios sean unificados. La pregunta surgió luego de que las nuevas titulares de ambas carteras, Fanny Montellanos Carbajal y la reciclada Leslie Urteaga Peña, confirmaron que la medida está evaluándose desde la PCM.

En ese sentido, Lizarzaburu indicó que su postura sobre este tema obedece a la funcionalidad de los portafolios y que no debería crearse más ministerios.

Cuando se le preguntó sobre la supuesta fusión de las carteras del MINP y el MIDIS, Lizarzaburu respondió: “Yo estoy de acuerdo con que las cosas funciones. No crear Ministerios. ¿Por qué no hay un Ministerio del Hombre? ¿No somos iguales? ¿No hablamos de igualdad?

Esta chalhuanquina sí que sabe ahorrar comiendo todos los días con “10 solcitos” desayuno, almuerzo, cena y hasta postre. La jefa de Estado, Dina Boluarte, podrá salir todos los días a gritar a los cuatro vientos que dejará su gobierno “con las manos limpias”, pero los números nunca mienten, pues su última declaración jurada indica que no le ha ido nada mal con el dinero.

Según la última declaración jurada presentada por la mandataria ante la Contraloría General de la República ydifundida este martes por Canal N, en 2024 sus ingresos anuales alcanzaron los S/792,167.99, lo que representa un aumento considerable en comparación con los tres años anteriores.

Última declaración jurada de la presidenta Dina Boluarte consigna incremento de patrimonio: S/631,000 más que en el 2021

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En 2021, año en que se desempeñaba como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Boluarte reportó un ingreso de S/160.415,060, monto consignado en el rubro ‘otros’, que incluye bienes de valor, propiedades arrendadas o cedidas, así como intereses generados por la colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, entre otros.

En 2022, sus ingresos aumentaron a S/389,519.23 en la misma categoría y, al año siguiente, alcanzaron los S/593,347.31. Cabe recordar que ella juró como presidenta a finales de ese año.

Particularmente, entre 2023 y 2024 —cuando se destapó el escándalo ‘Rolexgate’, en el cual es investigada por presunto cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito—, el patrimonio de Boluarte experimentó un incremento de S/198,820.68.

Los detalles de las otras 13 declaraciones juradas presentadas por Dina Boluarte a la Contraloría entre 2021 y 2023 fueron difundidos por el diario La República en marzo del año pasado, semanas después de que una investigación periodística revelara que la mandataria utilizaba relojes de lujo entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, presuntamente a cambio de partidas presupuestales para su región.

En ese momento, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado dijo al citado medio que “no es normal que las cantidades se tripliquen en un lapso de solo dos años” por “cuestión de aritmética”. Consideró, además, que si la mandataria no llegara a detallar todos los ingresos correspondientes a ese apartado de las declaraciones juradas habría indicios de desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito. Asimismo, remarcó que debe existir una máxima rendición de cuentas porque, de lo contrario, dejaría una vacío de efecto en la prevención de la corrupción.

Al parecer, el vocero presidencial Fredy Hinojosa Angulo viene perdiendo la cordura ante las pesquisas fiscales que se vienen adicionando. En esa línea, él salió a defenderse de las acusaciones en su contra con relación al ‘caso Qali Warma’ y luego de que el Ministerio Público confirmara su impedimento de salida del país por seis meses. A través de sus redes sociales, el hombre de confianza de la mandataria Dina Boluarte alegó ser «blanco de una campaña mediática sin precedentes».

El vocero de Dina Boluarte, dejó entrever que existiría un complot político en su contra, rechazando tajantemente cualquier investigación que se le sigue por presuntas irregularidades durante su gestión en el programa ‘Qali Warma’.

El funcionario de Palacio de Gobierno es acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de organización criminal con fines de colusión agravada, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Por lo cual, la Fiscalía Superior Anticorrupción consiguió la confirmación de su impedimento de salida del país, así como de otros 11 imputados.

«En los últimos meses, he sido blanco de una campaña mediática sin precedentes, construida sobre un cúmulo de mentiras y falsedades. Estos ataques, lejos de buscar la verdad, han intentado socavar mi reputación y desviar la atención de los hechos reales», se lee en la primera parte del post de Hinojosa Angulo.

Fredy Hinojosa asegura que no hay pruebas en su contra

Seguidamente, Hinojosa Angulo aseguró que no existen pruebas que lo vinculen con los actos ilícitos que se le investigan y por ello, cuestionó la labor de las instituciones judiciales por no cumplir adecuadamente con el debido proceso.

«Hoy, nuevamente, se magnifica una situación que, según el Juzgado y la Sala Superior, es una INVESTIGACIÓN INCIPIENTE. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los indicios razonables? No existen. No hay nada que me vincule con los actos ilícitos que se investigan. Esta es una campaña de desprestigio, por ser yo un objetivo político», sostuvo y agregó que «no se callará, “ni permitirá que la mentira se imponga”.