Tras haber cumplido 104 días sin ofrecer declaraciones a la prensa, finalmente la presidenta Dina Boluarte rompió su silencio y ofreció este martes a los medios de comunicación un balance de su gestión en medio de una complicada coyuntura que desaprueba su mandato y por los cuestionamientos a su gobierno por el caso Vladimir Cerrón, así como las críticas al titular del Interior Juan José Santiváñez por el fracaso de la lucha contra la delincuencia y los rumores de cambios en el Gabinete y a un día de realizarse el anunciado Paro Nacional.

Durante su balance, realizado desde las 13 horas en Palacio de Gobierno, Boluarte Zegarra expresó que también le duele la criminalidad que afecta al país:

“Me duele en el alma la pérdida de algunos integrantes de la familia. Es mi dolor el dolor que ustedes sienten (…) Un paro o dos no van a resolver el problema, tenemos que unirnos (…) No necesitamos odios ni violencia, ese no es el camino”, afirmó.

Sin embargo, no tuvo más propuestas contra la inseguridad ciudadana. Solo mencionó el tema de los delincuentes extranjeros, y evidenció que lo hizo por la encuesta que acaba de publicarse, pero no porque realmente esté convencida de ello.

“Estamos haciendo todo lo posible para poder terminar con el crimen, la extorsión y el asesinato. Seguiremos afianzando a la policía y el ejército. A los delincuentes extranjeros que están en el país, a ellos les decimos que los botaremos del territorio nacional. No vamos a permitir que se queden un día más en nuestro territorio”, refirió, respecto de las bandas criminales. Sin embargo, tampoco respondió concretamente sobre el tema del prófugo Vladimir Cerrón.

Asimismo, aseveró que la protesta nacional de mañana miércoles 23 de octubre será política y descartó la renuncia del ministro del Interior Juan José Santiváñez: «Los ministros necesitan tiempo para mostrar resultados. Asumir una cartera no es como un trabajo administrativo; es más complejo, hay que darles el tiempo a los ministros para demostrar resultados”.

Las frases de Dina Boluarte y su recurrente ataque a la prensa

Dina Boluarte: “No tengo ninguna investigación por actos de corrupción, sino por aquellas cosas que han inventado y lo han puesto en la prensa. Lamentablemente el Ministerio Público, al parecer, se ha convertido en la mesa de partes de alguna prensa”.

Dina Boluarte, sobre el nivel de desaprobación: “El 93% dizque de desaprobación. Esa cifra me preocuparía si es que fuera de la mano con el crecimiento económico y todo lo que hemos indicado. En el Ejecutivo sabemos lo que hacemos diariamente”.

Dina Boluarte, sobre Vladimir Cerrón: “La presidenta de la República no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame, esa es mi verdad, no protejo a ningún prófugo. La única persona que sube a los denominados ‘cofres’ es la presidenta de la República”. Esa fue su respuesta al referirse a Vladimir Cerrón, enfatizando que no protege a ningún prófugo.

Dina Boluarte: “La presidenta de la República tiene sendas denuncias, nunca me he negado a asistir en cuanto se me citen. Estaremos contestando a la Comisión de Fiscalización dentro del marco que corresponde. Sobre el caso del Cofre, está en el ámbito de la Fiscalía…”

Dina Boluarte, sobre el Paro Nacional de este 23 de octubre: “Se quieren sumar al paro de transportistas un grupo de personas que nuevamente vienen con una agenda política. Hermanas y hermanos del Perú no se dejen sorprender como lo ocurrido en diciembre del 2022”.

En la última encuesta realizada por CPI para Exitosa se ha revelado que más del 93% de peruanos considera que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha fracasado en la lucha contra el crimen organizado. En la encuesta también se indica que en Lima un 94.9% de ciudadanos ha manifestado un mayor rechazo a las políticas del gobierno de Boluarte Zegarra en contra de la delincuencia en comparación con el interior del Perú, que alcanza un 92.2% de rechazo. Sin embargo, el 4.6% ha manifestado todo lo contrario.

Asimismo, en la costa sur, con un 94.7%, de rechazo, es la principal zona que ha expresado su postura descalificadora frente a las políticas de la mandataria. En tanto, oriente con un 58.5%, prácticamente es la zona del Perú con menor número de ciudadanos que consideran que el gobierno de Boluarte Zegarra ha fracasado.

Los distintos Niveles Socioeconómicos (NSE) del Perú también se han alineado con una postura crítica contra la gestión del gobierno en este ámbito. Sin embargo, las dos categorías más distintas son el (NSE) A con un 96.7% y el (NSE) E con un 90.4%. Asimismo, se dio a conocer que el 93.9% de hombres afirman que la gestión de Boluarte sobre la criminalidad ha fracasado y, muy cerca, el 92.5% de mujeres piensan similarmente.  Asimismo, del grupo de ciudadanos que considera que el gobierno de Dina Boluarte no ha fracasado en la lucha contra la criminalidad, el 3.3% provienen de Lima y el 5.4% son del interior del país. Asimismo, el (NSE) E con un 5.8% parece ser el más disconforme con las políticas de gobierno, mientras que el (NSE) A-B apenas el 1.8% ha manifestado que no considera que exista un fracaso.

En pleno paro contra el proyecto Tía María de la minera Southern Perú, el dirigente del Valle del Tambo en Arequipa, Miguel Deza, anunció que no van a permitir que se inicien las operaciones en Cocachacra, y añadió que la medida de fuerza continuará hasta el miércoles 23 de octubre.

El paro es por 72 horas

Deza detalló que en el primer día lograron abarcar parte del Valle Tambo y pudieron llegar hasta la Panamericana Sur, exigiendo que el proyecto Tía María no vaya, ante las provocaciones y los anuncios publicitarios del Ejecutivo y el ministro Mucho Mamani.

«Estamos en una paralización de 72 horas en contra del proyecto tía María y ayer se sumó una muy importante participación en el sector del Valle del Tambo, pero nos trasladamos hasta un sector de la Panamericana Sur, al sector de Ventillata». (…) Son tres días, vamos por el segundo día y mañana es el tercer día. También hubo participación en Puno, en Valle del Tambo y en la propia ciudad de Arequipa. Que no vaya Tía María, ante las provocaciones y anuncios que hace el poder económico y con el Poder Ejecutivo», enfatizó.

Asimismo, detalló que los estudios de afección al ecosistema están desfasados y se necesita de un análisis nuevo y más estricto; sin embargo, añade que esta postura por demás está descartada por la aceptación que tiene el ministro Rómulo Mucho, respecto a estos exámenes antiguos.

“En primer lugar tenemos mucha desconfianza porque sabemos, y lo dicen los profesionales, no convive la agricultura con la minería. En todo caso que pongan un ejemplo claro. Además, hay desconfianza porque Rómulo Mucho trabajó para la empresa minera Southern. Y nosotros decimos que es un peón de la Southern», sostuvo y resaltó en que los intereses del hoy ministro de Energía y Minas Mucho Mamani estarían influenciados por un pasado laboral dentro de la Southern, porque en el pasado, antes de ponerse la faja de ministro, él daba charlas en favor de los intereses de la empresa mexicana Southern. Se le miraba aquí en la provincia de Mollendo dando charlas a favor de la Southern (…) Yo creo que está cumpliendo su trabajo, porque lo han puesto para eso. ¿Por qué creen que no viene al Valle del Tambo?», concluyó.

En una ceremonia realizada en la sede central del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), que contó con la participación del saliente jefe de la institución Peter Abad Altamirano y de los exjefes Alejandro Vílchez de los Ríos y Aníbal Sánchez Aguilar, el doctor Gaspar Morán Flores asumió la jefatura del INEI, luego de que el sábado 19 de octubre del año en curso, mediante Resolución Supremo N.° 220-2024 –PCM, fuera designado como el nuevo titular de dicha institución.

El nuevo titular del INEI es doctor en administración por la Universidad Nacional Federico Villareal, magister en Gestión y Auditorías Ambientales de la Universidad de Piura. Cuenta con experiencia en el INEI, Estadísticas Departamentales, Censos y Encuestas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el INEI, fungiendo en distintos cargos y funciones. 

«Se ha visto por conveniente dar por concluido el citado encargo al señor PETER JOSE ABAD ALTAMIRANO, dándosele las gracias por los servicios prestados. (…) Se resuelve designar al señor GASPAR HUMBERTO MORAN FLORES en el cargo de Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)», señala la publicación oficial. 

Como se recuerda, su antecesor fue encargado mediante una resolución suprema en marzo del presente año. Este, a su vez sucedía a Dante Carhuavilca Bonett, quien fue designado en marzo del 2020. Como es de conocimiento público, Abad fue titular durante la controversia por los resultados del informe de pobreza monetaria del 2023, que comprendía el marco temporal del primer año de gobierno de Dina Boluarte. En su momento señaló que este se suspendió la presentación “por motivos de fuerza mayor”.

Algunos reportes periodísticos de aquella ocasión detallaron además que la presidenta de la República hubo de conocer las cifras por lo que habría ordenado cancelar la publicación del informe. De acuerdo a información de Infobae Perú se reveló que el INEI decidió retrocede en su decisión y publicó los resultados el mismo día de lo ocurrido con la mandataria.

En ese momento, Abad habló para los medios y señaló «como es de conocimiento público, la postergación se debió a una disposición expresa de la Presidencia del Consejo de Ministros«. Así también, existieron trascendidos que indicaban que el gobierno habría preferido no publicar las cifras, empero la gestión de Boluarte, desde la PCM, descartó esas intenciones al asegurar que es un ente técnico especializado (INEI).

Sin retorno hasta nuevo aviso. La esposa del futbolista Edison ‘Oreja’ Flores, Ana Siucho, vio conveniente abandonar el Perú tras recibir una serie de mensajes a su WhatsApp donde se le exhorta a retirar todo lo dicho contra el animador televisivo Andrés Hurtado ‘Chibolín’, caso contrario atentarían contra su integridad. Cabe recordar que ella fue la que dio inicio al sonado caso del presentador que ahora viene cumpliendo 18 meses de prisión preventiva, luego de declarar que ‘Chibolín’ habría recibido una millonaria coima para retirar alrededor de kilos de oro incautas, esto es presunta complicidad con la fiscal Elizabeth Peralta y demás investigados.

“Maldita mujerzuela, retráctate de todo lo que has dicho de Andrés Hurtado… tienes 24 horas para que te retractes… o eres mujer muerta”, se lee en el mensaje enviado a la doctora Siucho.

Luego de ello, Ana Siucho optó por abandonar el país a finales de setiembre, según lo revelado en el programa ‘Amor y Fuego’. De acuerdo al citado programa, la hermana de Iván Siucho dejó el Perú alrededor del 28 de setiembre, lo que coincide con su ausencia durante la concentración de la selección peruana.

Y es que, las amenazas no solo estaban dirigidas a silenciarla, sino que también buscaban que se retractara de sus comentarios, como lo evidenció el contenido de uno de los mensajes que fue mostrado públicamente por el programa ‘Contracorriente’. En uno de los mensajes, un sujeto, que se identifica como sicario del Callao.

Es pertinente mencionar que Ana Siucho no cuenta con ninguna orden de impedimento de salida, pero sí tiene que acudir a las citaciones judiciales que tiene pendientes relacionados precisamente con el infame conductor televisivo.  

Una encuesta realizada por CPI para Exitosa ha revelado que más del 95% de ciudadanos peruanos pide la inmediata expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en nuestro país. Esta cifra obedece a la impotencia de los ciudadanos que cansados de la inseguridad ciudadana y del alarmante incremento de la criminalidad, de un total de 1200 personas encuestadas, el 95.8% respondió de manera afirmativa y contundente a la siguiente pregunta:

«¿Considera usted que se debería expulsar inmediatamente a todos los extranjeros que cometan delitos en el Perú?».

Y apenas, un 2.9% de peruanos de la muestra estadística cree que no se debería expulsar inmediatamente a todos los venezolanos que cometan delitos, mientras que el 1.3% no precisa una respuesta clara a la consulta hecha por CPI.

Peruanos consideran que el aumento de la criminalidad se debe al ingreso de inmigrantes

En cuanto a la pregunta: «¿Qué tanto considera usted que la inmigración ha contribuido con el incremento de la criminalidad en el país?», los ciudadanos respondieron:

De 1200 personas encuestadas, el 88.3% de ellas respondió que el actual escenario «ha contribuido mucho». No obstante, el 9.1% consideró que dicha situación «ha contribuido poco», y el 2.2% respondió que la inmigración «no ha contribuido nada», mientras que el 0.4% prefirió no responder.

La jueza Inés Rojas ha sido contundente en su mensaje y ad portas de dictar sentencia contra el expresidente procesado por el caso Interoceánica, informó que el Poder Judicial ha concluido que Alejandro Toledo, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata sí se reunieron en 2004 en Río de Janeiro, Brasil. Durante la audiencia, la magistrada ha precisado que los implicados sostuvieron encuentros los días 4 y 5 de noviembre del 2004, e indicó que allí se confirmó el pago de sobornos con el fin de adjudicar la buena pro del proyecto de la IIRSA Sur tramo 2, 3 y 4 a la empresa Odebrecht y a su consorciadas.

«Estas declaraciones, no solo confirman, que los días 4 y 5 de noviembre del año 2004, las tres partes contratantes estuvieron en el mismo lugar Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Josef Maiman Rapaport y Alejandro Toledo Manrique, Río de Janeiro, Brasil, sino también que se dio la confirmación del pago de sobornos a costa de adjudicar la buena pro del proyecto de la IIRSA Sur tramo 2, 3 y 4 a la empresa Odebrecht y a su consorciadas», expresó. Asimismo, la jueza apuntó que se concluyó que Josef Maiman Rapaport fue el intermediario entre el dinero que entrego la empresa Odebrecht a Alejandro Toledo.

«Cabe indicar y concluir que, en Río de Janeiro si se dio la conversación y también la aseveración de la aceptación de Josef Maiman, quien iba a ser el intermediario para canalizar los dineros que Odebrecht iba a pagar al señor Toledo, esto para ser favorecido con la buena pro de la IIRSA Sur tramo 2, 3. Inclusive, el tramo 4 que no es tema de este proceso», añadió.

En el año 2024, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y agosto se registraron 14 220 denuncias de extorsión a nivel nacional. Esto son números de denuncias, sin embargo, la cifra negra la vuelve mucho más grande y difícil de estimar. En promedio tenemos 59 denuncias diarias lo que equivale a una denuncia cada 24 minutos. Es decir, mientras uno se toma su café tranquilo ya se tiene al menos un caso notificado. Las regiones más afectadas por dicha problemática son Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, Callao e Ica, concentrando dichas regiones el 84% de denuncias a nivel nacional. También hay que señalar que demográficamente el 65% de la población se concentra desde Piura a Ica. Según informó la Policía el distrito limeño de San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana, seguido del Cercado de Lima y Comas. Por otro lado, conforme detalló la Asociación de Bodegueros del Perú, debido a las extorsiones se cerraron alrededor de 3000 bodegas en Lima de manera definitiva. Esto es un impacto en el sector que agrava aún más la recuperación económica del país andino que todavía viene recuperándose de un año de recesión.

Aunque el origen de la ola extorsiva proviene del norte peruano, en gran parte por extorsionadores extranjeros, el aumento de la criminalidad se debe a la ineficacia de los organismos de justicia, algunos acusan a la reforma del ministro Carlos Basombrío en el año 2016 que llevó a que el ministerio del interior (MININTER) dejara de estar a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) lo que incidió a que no se elaboraran planes de seguridad ciudadana de forma anual, y por ende se llevó a la actual situación. El impacto de la presencia de organizaciones criminales de origen extranjero en el Perú y la subsecuente alianza entre dichas organizaciones criminales, ha acentuado la crisis. Una de estas organizaciones es el Tren de Aragua, la cual llevó a la «desaparición» de diversas organizaciones criminales locales, muchas de las organizaciones criminales nativas se han terminado alineando a las organizaciones extranjeras para trabajar junto a ellas. Algunos expertos en el tema señalan que conforme pasaba el tiempo y los operativos policiales capturaban a los principales líderes de las organizaciones extranjeras, se detectó que las organizaciones peruanas empezaron a ocupar su lugar. Pero el nexo con el tren de Aragua no se ha roto, sino que como si se tratara de un Mcdonald’s, en Perú como en Chile funcionan a modo de un sistema de sucursales.

Además de ello se viene visibilizando una crisis en las instituciones como la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Se ha denunciado el montaje de falsos operativos por parte de algunos elementos de la policía para obtener ascensos, al igual que la integración a alguna organización criminal. Por el lado de la fiscalía, se ha denunciado que la labor fiscal ha permitido la liberación de más de 8000 delincuentes capturados en flagrancia en los primeros seis meses del 2024. Es decir, los sicarios matan, y algunos malos jueces y fiscales matan las investigaciones.

La cual coyuntura hace recordar la tesis de José Antonio Russo, sobre las instituciones, y como la clave de la solución de los problemas pasa por una cuestión institucional. Sin embargo, la evidente situación no se percibe de parte de los poderes del Estado Peruano, una intención de afrontar la presente situación de caos que a su vez es alentada por instituciones podridas. Por ejemplo, la digitalización del sistema de seguridad se reduce a solo cámaras y no pasa por un desarrollo de monitoreo informático, además se trabajan en muchas ocasiones y por lo general con herramientas de la época de 1990 mientras las organizaciones criminales han incorporado sistemas de tercerización, sucursal, además de trabajar como transnacionales del crimen.

En octubre de 2024, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público denunció que la Morgue Central de Lima había alcanzado su capacidad máxima para atender cadáveres, ya que había aumentado 10 veces con respecto al año pasado. En resumen, institucionalmente no existen respuestas y el número de muertes de este año podría acabar en un récord histórico.

Hace no mucho, el exministro del Interior, Rubén Vargas, consideró que la actual crisis de seguridad es la más significativa de la historia republicana. No obstante, habría que preguntar que logros obtuvo en su gestión. Afirmó el ex ministro que en este país «aún no hemos tocado fondo» debido a que esta crisis involucra a autoridades políticas. Y por ende es una situación institucional que exige respuestas institucionales. Una encuesta de Datum de octubre de 2024 señaló que los encuestados responsabilizaron de la crisis de inseguridad a las dos instituciones principales: un 44 % señaló a la Presidencia de la República y un 40 % al Congreso. Tenemos entonces un empate técnico en cuanto a la culpa.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 26,9% de la población peruana a partir de los 15 años a nivel nacional urbano, fue víctima de algún delito. Esto es uno de cada cuatro personas lo que se traduce en que prácticamente todas las familias peruanas han pasado por esta situación.

Entre los delitos que se cometen con mayor frecuencia en Perú, encontramos: Hurto agravado: es el apoderamiento mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea mayor a una remuneración mínima vital. Y ahora es el ascenso como la espuma de la extorsión, un crimen mucho más grave que acaba en muchas ocasiones en bala y morgue.

Hay tres variables a considerar en cuanto a la seguridad: el nivel de victimización, o sea, cuántas personas fueron víctimas de un delito, el nivel de percepción de inseguridad, y el número de muertes violentas. En todas Perú está fatal. La situación solo es comparable en Chile donde se ha dado el salto de sicarios que hace poco después de matar a una persona y herir a otras tres, en lugar de huir persiguieron a la ambulancia que llevaba a un herido para rematarlo.

«Todavía no hemos tocado fondo, el escenario que se viene es mucho peor y estamos ante un gobierno a la deriva, con ministros que no solamente son parte del problema, sino que son personajes casi inimputables», cuestionó.

Para Vargas, «lo más peligroso del nuevo escenario criminal es que hay estructuras criminales transnacionales que se están insertando en las economías ilegales con nuevos mecanismos de violencia, que todavía no terminamos de entender».

La próxima inauguración de Chancay en lugar de una bendición podría traducirse en más crímenes por el poder de los mercados ilegales como también los de la economía formal. Oremos. Porque como estamos solo nos queda la fe.