La ministra de Cultura, Leslie Urteaga anunció que su portafolio realizará una restructuración del otorgamiento de los Estímulos Económicos para el fomento de producciones cinematográficas, porque consideran, que como se trata de fondos públicos, realizarán un proceso participativo, donde intervengan todas las voces, con el objetivo de promover el desarrollo de la industria del cine, pero esta vez a cabalidad, para brindar producciones de calidad a los ciudadanos del país.

La ministra Urteaga Peña, tomó esta decisión, tras las masivas críticas sobre el financiamiento de S/670 mil soles que el Ministerio de Cultura le otorgó al director de la película “La piel más temida” y luego de haber constatado que durante años diversos realizadores en lugar de rodar sus películas con el dinero que recibieron de los estímulos económicos que les otorgó el Mincul, se gastaron el dinero público en otros proyectos, como autos y departamentos.

Comunicado de la ministra de Cultura, en el que anuncia una restructuración de los financiamientos para proyectos cinematográficos.

Por ello, nuevamente se pone en discusión el tema de los manejos que se hacen en la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Mincul.

Incluso, la artista Pilar Roca, viuda del director de cine Federico García, publicó el libro “Misterdafo: Perú: Cine, política y corrupción”. Precisamente esta publicación se lanzó tras la muerte del director de la cinta “Tupac Amaru”, luego de que fuera discriminado por dicha dirección cinematográfica en el Mincul, porque en lugar de otorgarle un estímulo económico para restaurar su emblemática película, prefirieron dárselo a un realizador italiano.

El libro de Pilar Roca desentraña con lujo de detalles estadísticos e informativos, la catadura ética y moral de la cinematografía nacional, e incluso menciona con nombre propio a cada uno de los agentes de la entidad de los audiovisuales y demuestra las limitaciones y carencias de la Ley del Cine. Y finalmente, indica quiénes integran la “argolla” de los premios y estímulos económicos que brinda el Ministerio de Cultura.    

Libro Misterdafo que aborda la realidad de los financiamientos de los proyectos de cine en el Mincul.

No obstante, ante este escenario ciudadano que exige una responsable inversión del erario publico para el estimulo de obras cinematográficas la ministra respondió:

“Se ha decidido reestructurar los procedimientos de los Estímulos Económicos para el cine. Será un proceso participativo, escuchando a todos, con la finalidad de promover a cabalidad e desarrollo de la industria. Y a su vez, promover la Política Nacional de Cultura, que tiene como principio brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Este proceso se llevará a cabo a través del reciente creado Laboratorio de Innovación Cultural- CulturaLAB, para lo cual se ejecutarán actividades de co-creación que garanticen un proceso participativo amplio”.

Además, indicó que respetarán la libertad artística, en base a una política clara de paz y memoria histórica de nuestra nación.

“Refirmamos que el otorgamiento de Estímulos Económicos para la Cultura es una intervención necesaria para el fomento de la industria cultural en el país, en este caso la cinematográfica, teniendo siempre el firme compromiso de cautelar los recursos del Estado. Respetando, para ello, la libertad artística, en base a una política pública clara, promoviendo una cultura de paz, la democracia y la memoria histórica de nuestra nación, que permitan una reflexión integradora de nuestro desarrollo como país”, remarcó la titular de Cultura. 

Finalmente, la ministra Urteaga invitó a todos los actores del sector cinematográfico y audiovisual a sumarse a esta iniciativa y a trabajar conjuntamente por un futuro prospero y diverso para todos los peruanos.

Congresista Rosangella Barbarán exige a la ministra Leslie Urteaga explicación sobre el financiamiento de películas con temática terrorista

Hace unos días, congresista Rosangella Barbarán envió una carta (Oficio N° 443-2023/2024-RABR-CR) a la ministra de Cultura Leslie Urteaga, para que dé explicaciones con carácter de urgencia con un informe escrito a través de un reporte indicando cuáles fueron los procedimientos y criterios de asignación de presupuesto que tiene el ministerio para financiar películas nacionales.

Aquí más información del tema https://limagris.com/congresista-rosangella-barbaran-exige-a-la-ministra-leslie-urteaga-explicacion-sobre-el-financiamiento-de-peliculas-con-tematica-terrorista/

El expresidente de la República, Alberto Fujimori, tras ser indultado solicitó formalmente al Congreso que se le asigne una pensión vitalicia establecida en la Ley N° 26519, así como el pago de un asistente personal y gastos por combustible, según el Acuerdo de Mesa 078-2016-2017/MESA-CR. Dicho pedido, fue redactado en tres oficios, en los que figuran las firmas del exmandatario excarcelado y de su abogado Elio Riera.

El 26 de enero pasado, se envió el primer oficio al Congreso y se solicitó la contratación de Óscar Demetrio Paredes Estrada, bajo la modalidad CAS, para que trabaje desempeñándose en calidad de asistente del exjefe de Estado.

Fuente Latina.

Tras dos meses, el 20 de marzo llegó a la Oficialía Mayor del Congreso un oficio en el que el propio Fujimori solicita que se le otorguen vales de combustible, como parte de sus beneficios en calidad de exjefe de Estado. Asimismo, señala que el vehículo que utilizará es un auto Honda de placa AXX-588, el cual, según verificó Latina, está registrado a nombre de su fallecida exesposa Susana Higuchi.

Fuente Latina.

Finalmente, el 24 de abril el Oficial Mayor del Congreso Giovanni Forno recibió otro oficio. En dicho documento el expresidente solicita el pago de una pensión vitalicia, tal como se establece en la Ley N° 26519, la cual asciende a un monto de S/ 15,600, similar al sueldo básico de un congresista de la República.

Documento del 24 de abril en el que Alberto Fujimori pide su pensión como expresidente. Fuente Latina.

Abogado de Alberto Fujimori confirma el trámite de las solicitudes

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, confirmó a Latina que los beneficios presidenciales, en efecto, vienen tramitándose ante el Congreso de la República.

“Sí, los he mandado yo, con firma del expresidente también. Le corresponde la pensión, los vales de combustible y el asistente. Además, hemos solicitado escolta presidencial al Ministerio del Interior. Todo esto le corresponde por ley”, afirmó Riera.

Expresidente Alberto Fujimori aún no paga la reparación civil

Tras declarar fundado en diciembre de 2023, según la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que el indulto a Alberto Fujimori fue legítimo, inmediatamente la Procuraduría General del Estado publicó un comunicado en el que aclaró que la deuda por reparación civil que afronta el expresidente, asciende a S/57 millones, por los casos de allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de CTS a Vladimiro Montesinos, casos por los que fue sentenciado. En esa línea, la Procuraduría aclaró que, a pesar del indulto, la deuda de Alberto Fujimori tampoco se ha extinguido.

En el kilómetro 286 de la carretera Panamericana Sur, en Ica, opera la empresa china Tengda sin licencia y a pesar que no tiene permiso de construcción, ni permiso para explotar agua, y mucho menos de funcionamiento, construyeron una inmensa planta de 40 hectáreas, que sería una de las fábricas de cerámica más grandes del país y los empleados trabajan sin que ninguna autoridad pueda fiscalizarlos y en condiciones informales, sin beneficios sociales.

¿Por qué esta firma china tuvo tanta suerte?  ¿Acaso esa suerte radica a su cercanía con Nicanor Boluarte?

Resulta, que la persona que Tengda (Perú) contrató para servicios legales, se trata de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República Dina Boluarte.

Según, fuentes de Latina, el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, asesora a esta empresa china Tengda (Perú) Cerámica SAC.

Tengda contrató los servicios del abogado Boluarte Zegarra, en dos ocasiones: en mayo de 2023 y en enero de 2024. En el informe de Punto Final, se presentó las pruebas que demuestran que efectivamente Nicanor Boluarte asesoró a la empresa en fecha clave para el cambio de zonificación.

Uno de los Recibos por Honorarios que emitió Nicanor Boluarte a la empresa Tengda.

Ni la Municipalidad de Ica, ni de Salas Guadalupe otorgaron licencia a empresa china

El año pasado la solicitud de Tengda para modificar la zonificación fue rechazada por la Municipalidad Provincial de Ica. A pesar de no contar con permisos municipales ni la licencia de construcción correspondiente, la empresa presentó su plan de participación ciudadana al Ministerio de la Producción, que también fue objetado. Como parte de este trámite, la empresa registró una dirección en Los Olivos, en Lima, que resultó ser un restaurante de comida china, como su domicilio procedimental.

Trabajadores denuncian explotación laboral

Los trabajadores de la planta Tengda (Perú) protestaron por las condiciones de explotación que enfrentan. Afirman que no fueron registrados en planillas y que los contratos firmados carecen de validez. Asimismo, no tienen seguro social ni aportes a la AFP. Cerca de 127 empleados organizaron una manifestación y paralizaron sus actividades, dejando solo al personal chino trabajando.

Este viernes 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha que conmemora la valentía y compromiso de muchos periodistas en ofrecer las noticias de la manera más imparcial posible, arriesgando muchas veces su vida.

Durante los últimos años este oficio ha sido atacado tanto desde las calles como de los escaños de algunos parlamentarios que no quieren que los hombres de prensa indaguen sospechosas negociaciones o esos apretones de mano realizados por debajo de la mesa.

Al respecto, el ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteras ha revelado que en el Perú es el país con menor libertad de prensa en Sudamérica solo por detrás de Venezuela que como todos saben viene siendo liderada por el régimen autoritario de Nicolás Maduro.

Reporteros Sin Fronteras publicó su lista actualizada correspondiente al año 2024, que da cuenta de una caída de 15 posiciones de nuestro país respecto a la versión del año pasado.

Bajo parámetros políticos, económicos, legislativos, sociales y de seguridad, Perú fue ubicado en el puesto 125 de un total de 177. A detalle, tuvimos una calificación de 47, 76 puntos, muy lejos de las naciones con el contexto ideal (91,89 unidades por parte de Noruega, primero a nivel mundial).

En ese sentido, Reporteros Sin Fronteras dilucida los siguientes problemas en el país: “A pesar de que la libertad de prensa está garantizada por la legislación, los periodistas son objeto de frecuentes agresiones y hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad. El periodismo de investigación se mantiene en medios digitales, y aumenta el uso de redes sociales para coberturas en vivo, mientras que la desinformación persiste”, señaló.

En cuanto al tema de seguridad a los comunicadores, Reporteros Sin Fronteras aludió que la caída de nuestro país -de 48 puestos en dos años- responde a que a partir del 2022 la “policía intensificó el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas” que documentan detenciones arbitrarias, muertes y golpizas durante protestas.

En el continente sudamericano, Uruguay es la nación con mejores condiciones para los hombres de prensa. “Tiene un contexto propicio para un diálogo constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país”, dijo el organismo internacional.

Así quedó la lista a nivel Sudamericano:

• Uruguay (Puesto 51)
• Chile (Puesto 52)
• Argentina (Puesto 66)
• Brasil (Puesto 82)
• Colombia (Puesto 119)
• Ecuador (Puesto 110)
• Paraguay (Puesto 115)
• Bolivia (Puesto 124) 
• Perú (Puesto 125)
• Venezuela (Puesto 156)

El pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, la iniciativa de ley que duplica el plazo de prescripción del delito por omisión de pensión de alimentos.

El texto sustitutorio aprobado establece que “en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales el plazo de prescripción se duplica, así como en los casos del delito previsto en el artículo 149 del Código Penal”.

Al sustentar el dictamen, la congresista Martha Moyano Delgado (FP), presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, señaló que la norma establece mayor plazo para accionar y hacer efectiva la tutela jurisdiccional en materia de prestación de alimentos.

Además, agregó que fomenta el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, lo que permitirá que se mitigue el nivel de afectación actual que recae sobre todo en niños y adolescentes, y que afecta severamente el interés superior de estos seres humanos en desarrollo.

A su turno, hizo lo propio el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza Castillo (PL), quien dijo que el dictamen tiene como fin atender las más de cien mil denuncias sobre omisión de asistencia familiar, y evitar a través de las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial que muchos menores queden desprotegidos.

En otro momento, el congresista Edgard Reymundo Mercado, autor de una de las iniciativas del texto sustitutorio, señaló que el proyecto que presentó estaba orientado a la imprescriptibilidad porque en muchos casos se pretende “sacar la vuelta” en procesos por omisión por asistencia familiar. 

“Existiendo ya una sentencia judicial, a pesar de ello, se busca la prescripción por eso me parece oportuno hacer esta reivindicación por el interés superior del niño y adolescente“, dijo Reymundo, quien se mostró de acuerdo con el dictamen aprobado en las comisiones de Justicia y Constitución. 

El dictamen recaído en los proyectos de ley 4394 y 4900, que modifica el último párrafo del artículo 80 del Decreto Legislativo 635 — Código Penal, obtuvo 86 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, llegó a París (Francia) para participar en la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la exposición del tema ‘Caminos creíbles hacia el Crecimiento Sostenible en las Crisis Globales Interrelacionadas’.

Dicho viaje, en el que también lo acompaña el ministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea, fue autorizado mediante la Resolución Suprema N° 117-2024-PCM.

Mediante su cuenta de ‘X’, el premier informó:

“Fui invitado la tarde de hoy a encender la llama en honor al Soldado Desconocido en el Arco del Triunfo de París, con ocasión de conmemorar el 80.° aniversario de la Liberación de dicha ciudad en la Segunda Guerra Mundial”, escribió Adrianzén.

El evento se llevará a cabo el 02 y el 03 de mayo del 2024, bajo el lema ‘Cocrear el proceso de cambio: liderar el debate global a través de un enfoque objetivo y fiable hacia un crecimiento sostenible e inclusivo’.

Gustavo Adrianzén intervendrá en la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la OCDE, en donde junto con otros ministros de diversos países explorarán el camino para una respuesta global coordinada para promover el desarrollo sostenible e inclusivo.

La periodista de Exitosa Huancayo, Lina Cuba, mostró una conversación de WhatsApp del 22 de diciembre de 2020 entre el excongresista César Combina y el exalcalde distrital de la provincia de Jauja que probaría el “trato” que habrían tenido.

En el programa Hablemos Claro, Cuba mostró la captura del diálogo donde el burgomaestre le exige al exparlamentario Combina que cumpla con el trato acordado entre ambos.

Según escribió el alcalde, César Combina debía llamarlo un día sábado; sin embargo, ante el incumplimiento de la llamada, el alcalde le pidió que le devuelva “su dinero” (S/ 50 mil) y quedar como “amigos”.

“Congresista, buenas tardes, le escribe el alcalde. La última vez quedamos que usted me llamaría el sábado para tener una audiencia con su persona y hasta hoy no me ha llamado. Quedamos en un trato. Si no se pudo, creo que lo mejor es que se quede ahí y se me devuelva el dinero, que es lo más justo, y quedamos como amigos”, se lee en parte del chat.

Incluso, en vista que no tenía respuestas del excongresista Combina, la autoridad municipal le recordó que tenía en su posesión la grabación de una llamada telefónica donde participaba el exlegislador.

Chat de conversación de WhatsApp de César Combina con alcalde de Jauja. 

El modus operandi de César Combina

Tras la revelación de esta conversación de WhatsApp, la conductora de Exitosa Huancayo Lina Cuba dio más detalles del modus operandi que habría realizado César Combina. Según la periodista, Edgar Paul Nestares Coronación, hombre de confianza del excongresista de APP, se contactó con los alcaldes elegidos en 2018 para ofrecerles y trasmitirles la oferta de Combina.

Fiscal de la Nación denunció a César Combina por presuntos cobros a alcaldes a cambio de obras

Las revelaciones de la periodista Lina Cuba se dan luego de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentara una denuncia constitucional contra César Combina, acusándolo de haber ejercido el presunto delito de tráfico de influencias agravado, por haber recibido dinero de aproximadamente 50 alcaldes para que sus proyectos sean incluidos en la Ley de Presupuesto del 2021.

En el documento dirigido al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, el titular del Ministerio Público (MP) indicó que Combina Salvatierra es acusado por supuesto tráfico de influencias en el marco de su actuación como integrante de la representación nacional.

“Interpongo denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra, en su actuación como congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario, ilícito previsto y sancionado en el artículo 400 (primer y segundo párrafo) del Código Penal, en agravio del Estado”, se lee en el documento de la denuncia.

Denuncia Constitucional contra excongresista César Combina por tráfico de influencias.

La tesis fiscal, sustenta que Combina Salvatierra habría alardeado a los exalcaldes Cruger Miranda Rosales (Yanacancha), José Luis Cerrón Nastares (Colca) y Wilmer Felicio Catay Trucios (San Marcos de Rocchac), tener influencias en el Parlamento y habría ofrecido interceder sobre su “compadre” Héctor Acuña, expresidente de la Comisión de Presupuesto, para el financiamiento de obras, a cambio de S/50 mil soles por proyecto.

En la denuncia constitucional también se adjunta un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que reveló que César Combina recibió un depósito de S/45 mil soles por parte del exalcalde de Colca, Cerrón Nastares en octubre de 2020, justo cuando en el Congreso se debatía la Ley de Presupuesto 2021.

Justamente, sobre el exburgomaestre José Luis Cerrón Nastares, César Combina aseguró que “él creó esta noticia falsa, no con un ánimo de justicia, sino con la voluntad de manchar una honra”. Sin embargo, el Ministerio Público argumenta que el excongresista “no explica la razón o motivo por el cual una persona con la que no tuvo ningún vínculo, como es el caso de Cerrón Nastares, le haya depositado S/45 mil soles a su cuenta personal bancaria”.

Denuncia del Fiscal de la Nación será vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

¿En qué cosiste el caso Combina?

Se debe recordar que, en el 2020, la página Portal Central informó que el entonces congresista de Alianza para el Progreso (APP) habría pedido y luego recibido dinero de aproximadamente 50 alcaldes de Junín, Huancavelica y Pasco y de empresarios de la construcción, a cambio de beneficiar con financiamiento a los proyectos ediles y que fueran incluidos en la Ley de Presupuesto del 2021.

No obstante, tras los pagos, Combina no habría cumplido con su parte conforme a los acuerdos, lo que originó la ira de los alcaldes y empresarios implicados. Este sería el motivo real de su exilio en España, aunque él se defendía y sostenía que todo se trataba de una persecución política por parte del partido Perú Libre.

Sin embargo, luego Combina Salvatierra retornó al Perú y fue precandidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, por Fuerza Popular (FP), ya que abandonó el país con un discurso de hostigamiento un año atrás.

César Combina responde que acusaciones en su contra son parte de un ‘acoso político’

El excongresista de APP se pronunció en su red social X y tildó la denuncia del fiscal de la Nación como parte del “acoso político” al que es sometido. “Lamento que coincidentemente la Denuncia Constitucional se haya elaborado de forma exprés y presentada el día que entregué 29,800 firmas ante el JNE para inscribir un movimiento político”, escribió Combina.

El abogado Abraham Siles Vallejos envió una carta el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, informándole que no aceptará asumir el cargo como nuevo miembro de dicho colegiado; esto tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspendió la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) y restableció la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello.

“Lamento que mi respuesta tenga que ser no”

Siles Vallejos respondió hoy al Oficio N° 105-2024-PRE-JNJ, que fue enviado a su vivienda el lunes 29 de abril, y en el que le convocan a cubrir una plaza vacante en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Carta enviada por Abraham Siles al presidente de la JNJ, en la que rechaza el puesto. 

“Lamento que mi respuesta, ciertamente, tenga que ser «no». No estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia”, se lee en la carta que envió al presidente de la JNJ, este martes 30 de abril.

Siles Vallejos explicó que lamenta su respuesta negativa, porque considera que la vacante generada en la JNJ tras la inhabilitación de Tello y Vásquez, es “arbitraria e inconstitucional” y que se da en un contexto de “grave deterioro democrático”.

Para el abogado, “la extrema gravedad de las presentes circunstancias” se debe a “la intervención del Tribunal Constitucional, que viola de modo flagrante la Carta Fundamental de la cual es el guardián último”.

“El TC afecta la esencia misma de la jurisdicción constitucional -tutelar los derechos fundamentales y garantizar los límites en el ejercicio del poder-, desvirtuando su propia razón de ser como órgano de cierre del sistema constitucional peruano”, indica Siles Vallejos.

También refirió que el TC no tiene una debida argumentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos que se requiere para otorgar de la medida cautelar, “en favor del Congreso de la República”. Por ello, “Dejan en evidencia la orfandad de su razonamiento”, agrega.

“Algunos operadores políticos o gestores de intereses subalternos parecen torcer las razones del Derecho y la justicia para alcanzar ellos o sus mandantes posiciones de poder ilegítimo (…) Toca ahora al Poder Judicial, ser el último bastión del orden constitucional y democrático peruano”, concluyó.